Conspiración de fuego, Oaxaca y el eco del 2006

+ Bicentenario: temor por guerrilla ¿y anarquismo?

 

Al arrancar el presente año, ocurrieron varias explosiones con petardos y materiales explosivos de fabricación casera, en una decena de puntos dispersos de varias entidades de la República mexicana. La acción fue reivindicada por una organización anarquista denominada “Conspiración de fuego”, que dice tener presencia en algunas regiones del país, entre ellos Oaxaca. Casi de inmediato, comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener nuestra entidad en todo ese asunto, y de nuevo se agudizaron algunos de los fantasmas de la insurrección social que rondan sobre el año que transcurre. Es necesario comprender a cabalidad esta situación.

Oaxaca ha tenido una presencia destacada en cuanto a la insurrección social. De aquí han surgido líderes sociales históricos, que en su momento emprendieron la lucha no sólo por la vía política, sino también por la vía armada y también por el anarquismo. No es casualidad que de Oaxaca emergieran algunos de los más acendrados cuadros de los grupos subversivos que existieron en los años de la llamada “guerra sucia”, ni de que el anarquismo aquí tenga una figura icónica en los hermanos Flores Magón, a principios del siglo XX. Incluso, el referente más próximo se encuentra en el conflicto magisterial y popular de 2006, en el que todos esos grupos tuvieron presencia física, y contribuyeron de modo importante en la determinación el rumbo de la revuelta y la agitación social.

Sin embargo, así como nuestra entidad se aparece como un potencial foco rojo en las advertencias de los grupos anarquistas que desde septiembre del año pasado se hicieron presentes en el país, es necesario comprender que anarquismo no es lo mismo que guerrilla, ni que tampoco es una condición indispensable que la ejecución de actos de propagandismo convierta a toda una entidad, o a todo un país, en un inminente escenario de riesgo para las acciones de los grupos armados. Es necesario, pues, ubicar las cosas en sus dimensiones justas y no en incertidumbres infundadas.

A grandes rasgos, los grupos subversivos como los conocemos en México, tienen no sólo finalidades armadas, sino que más bien sus objetivos y sus estructuras son de tipo político, pero contando con brazos ejecutores que adquieren la calidad de “ejército”, “milicias insurgentes”, “comandos” o “brigadas”. Además de ello, todo grupo armado tiene una estricta formación militar, pero sobre todo ideológica, fines políticos, postulados ideológicos bien delineados y encaminados, elementos de investigación e inteligencia, y relaciones de fraternidad y camaradería con núcleos sociales y con sus propias estructuras políticas y de acción armada.

En ese sentido, es necesario comprender al anarquismo no con descalificaciones y mucho menos con contrasentidos, sino como grupos que tienen una estructura política, ideológica e incluso de organización para fines de propagandismo y autodefensa armada, mucho menos elaborados que los de la guerrilla.

A diferencia de los grupos subversivos —que buscan instaurar un modelo de Estado y una forma de gobierno distintas a las existentes, tomando el poder por la vía violenta y no a través de las vías institucionales—, los grupos de anarquistas simplemente buscan extinguir al gobierno, pero sin plantear formas o esquemas específicos que pudieran regir a la sociedad en el momento en que ellos alcanzaran sus objetivos.

Así, en lo general, podría pensarse que, con los alzamientos que cada uno de esos grupos propone, esas dos tendencias buscan el mismo objetivo, que es el de declararle la guerra al Estado. En lo particular, es evidente que, independientemente de las relaciones que pudieran existir entre la guerrilla y el anarquismo, sus objetivos son ampliamente distantes entre sí.

 

Y OAXACA, ¿QUÉ?

La pregunta es pertinente. Porque aquí manifiestan tener presencia importantes grupos subversivos, y ahora también la organización anarquista de la que ahora hacemos mención. Para nadie es oculto, que esas dos tendencias tuvieron presencia en Oaxaca durante el conflicto magisterial del 2006, y que fueron las principales estrategas de las acciones de autodefensa que entonces emprendieron —y, en muchos casos, lograron con éxito— los grupos que encabezaban la revuelta.

Es evidente que independientemente de sus diferencias y afinidades, esos grupos tenían fines paralelos. Podría decirse, incluso, en un sentido más específico, que los anarquistas que se apersonaron en Oaxaca durante el conflicto magisterial —junto con los profesores radicales, algunas organizaciones de defensa de los hechos humanos que participaron activamente, y otros núcleos sociales como los panchosvillas o los atencos— eran algún tipo de grupos periféricos de la guerrilla.

¿Por qué? Porque dichos grupos buscaron, por distintas vías y con distintos métodos, un mismo resultado. Dicho resultado, era en primera instancia lograr el derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz, y después buscar la instauración de un régimen afín a sus intereses. Evidentemente fallaron. Y fue así no sólo porque, todos juntos, no lograron la caída del gobernador Ruiz, sino porque tampoco fueron capaces de conducir su esquema de lucha más allá de la momentánea confrontación violenta, y porque no tuvieron la capacidad suficiente para sostener sus bases más allá del momento excepcional de insurrección que fue el 2006 en Oaxaca.

Nadie puede negar que grupos como el EPR tienen presencia en Oaxaca; del mismo modo, sería imposible sostener que Conspiración de fuego, u otras organizaciones están ausentes del Estado. Sin embargo, tales circunstancias no necesariamente deben llevar a pensar que su presencia tiene potencial para convertirse en una nueva cuna de la insurrección.

 

SENSACIONALISMO

Sin duda, alguno de esos grupos podría, en cualquier momento, manifestar su presencia en el Estado a escalas importantes. Sin embargo, los antecedentes más bien apuntan a que aquí su presencia es disimulada, o de acciones de orden político pero no de sabotaje o propagandismo. Desde agosto de 2007, no ha habido en la entidad manifestación física alguna (petardazos, bombazos o algo similar) por parte de la guerrilla. En el inter, se les ha querido responsabilizar por la ejecución de algunos ex jefes policiacos (Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez) aunque éstos han negado toda relación con los hechos. Así, Conspiración de fuego debería ser entendida como lo que es, pero sin ser convertida en vehículo de especulaciones o sensacionalismos que no tienen fundamentos sólidos sobre nuestro Estado.

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Comed: reiniciar lucha por eperristas desaparecidos

+ Derechos Humanos: condena a gobierno para 2010

Casi a la par de las dos sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas y violaciones probadas a los derechos humanos, se anunció la posibilidad de que la Comisión de Mediación reactive sus gestiones e interlocución ante el gobierno federal, a fin de esclarecer lo ocurrido con los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en la ciudad de Oaxaca, en mayo de 2007. Así, tal parece que el año próximo será también complicado para el gobierno federal en cuanto al respeto y protección que brindan sus instituciones a los derechos humanos.

El pasado 11 de diciembre, la CIDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado mexicano, en el caso denominado “Algodonero vs México”. En dicho expediente, fueron analizados los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cadáveres fueron encontrados con signos de tortura.

De acuerdo con información del periódico Excelsior, el reporte llegó al tribunal luego de que Benita Monárrez, una de las quejosas, cuya hija fue asesinada, acusó al Estado de encubrir a los culpables. Además de que hace dos años, la CIDH emitió recomendaciones al gobierno federal, las cuales fueron ignoradas.

En su resolución, la CIDH ordenó que las autoridades mexicanas tenían el deber de reconocer, en un acto público, su responsabilidad y ofrecer disculpas a las madres de las mujeres que perdieron la vida. La responsabilidad que recayó sobre el gobierno mexicano radicó no en que el autor de dichos crímenes hubiera sido un servidor público, sino en sus omisiones para investigar los asesinatos, para tratar de esclarecerlos y dar con los responsables.

Apenas ayer, fue dada a conocer una segunda sentencia que, por sus alcances, habrá de ser trascendental. La CIDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, y la violación de la integridad personal de sus hijas, Tita y Andrea Radilla. Según lo establecido en el propio fallo del caso, los hechos se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Radilla, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México.

Según la sentencia de la Comisión Interamericana, “las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, [a] más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Además de la condena expresa al Estado mexicano por la desaparición forzada de personas —independientemente de que estos hechos hayan ocurrido hace tres décadas—, en el llamado “Caso Radilla” la CIDH condenó a México a modificar los códigos Penal Federal y de Justicia Militar, para adecuarlos a las normas internacionales sobre justicia penal y militar, derechos humanos, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

México, al haber aceptado la jurisdicción de la CIDH, está obligado a acatar los fallos de dicho tribunal, tanto en lo que refiere a los hechos denunciados y probados por los que se le condena, como en lo que toca a las modificaciones legales que debe hacer para adecuar el marco jurídico nacional al internacional. Ese es el alcance actual y real de la protección continental a los derechos humanos, que rebasa la esfera y las resistencias que pudieran existir dentro de los países.

COMED, DE NUEVO

En un comunicado que emitió el EPR desde la ciudad de Oaxaca de Juárez el pasado 13 de diciembre, solicita a la extinta Comisión de Mediación reactivar sus funciones ante el gobierno federal, para dar con el paradero de sus militantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en esta capital, según lo han establecido las propias comunicaciones e investigaciones del grupo insurgente.

¿Por qué es trascendental este hecho? Porque el pasado 18 de diciembre, los integrantes de la extinta Comisión de Mediación establecieron como plazo la primera semana de enero, para reunirse, deliberar y dar a conocer sus consideraciones respecto a la posible reactivación de su trabajo de diálogo e interlocución con el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Aunque estos llamados al diálogo parecieran ir en contra de la vocación armada y violenta de dicho grupo guerrillero, tal parece que sus llamados a la mediación con el gobierno federal tienen propósitos de mayor alcance que los actos de sabotaje iniciales. Tal pareciera que el EPR pretende primero esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con sus integrantes desaparecidos, quién y cómo fueron capturados y cuál fue su destino final, para después dar paso a la justicia internacional en materia de derechos humanos.

Han pasado casi 31 meses desde el momento de la desaparición de los eperristas. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez menos probables, es evidente que de todos modos habrá de prevalecer la exigencia de una investigación clara por parte del EPR y de los grupos periféricos que, aunque con modos y cauces que no rebasan la legalidad, tienen los mismos fines que ellos.

La reactivación de la Comisión de Mediación ayudaría no sólo a reactivar las indagatorias relativas a este asunto, sino que también conminaría al Estado mexicano a no dejar de lado este asunto que, a mediano plazo, podría convertirse en una nueva sentencia condenatoria por parte de la CIDH.

CONDENA, ¿POR QUÉ?

Porque justamente, en los dos referentes inmediatos —es decir, el caso algodoneros y el Radilla— la condena en contra del gobierno mexicano partió de la negativa y las omisiones habidas en las investigaciones sobre casos de desaparición forzada de personas. Con los dos eperristas ha ocurrido exactamente lo mismo: el gobierno se ha negado a emprender una averiguación seria sobre el asunto, y ha preferido dar largas y evasivas al asunto. Las referencias condenatorias dadas por los dos fallos, serán el punto de referencia tanto para el reinicio de la mediación como para las investigaciones sobre los desaparecidos. Sea como sea, por esas y otras razones, 2010 será un año complejo para el gobierno en materia de derechos humanos.

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25 de noviembre: revuelta se disipó; impunidad, no

+ Tres años después, “arreglos” e impunidad: el saldo

Estos son los tres discursos que seguramente se podrán escuchar el día de hoy, en el marco del tercer aniversario del más violento enfrentamiento ocurrido entre la PFP, y los integrantes de la Sección 22 del SNTE y la APPO, durante la revuelta popular de 2006. Los grupos que entonces figuraban como inconformes, evocarán la represión de que fueron objeto; el Gobierno del Estado reiterará la concordia y el diálogo con esas y todas las expresiones ciudadanas; y el gobierno federal se seguirá acogiendo a la declaración de inocencia, que hace unas semanas emitió a su favor la Suprema Corte de Justicia sobre su actuación en el conflicto. Más allá de esos discursos previsibles, el resultado de esa jornada se traduce en dos palabras: impunidad total.

¿Qué ocurrió el 25 de noviembre de 2006? Recordemos algunos detalles de aquellos episodios: las fuerzas federales habían ingresado a la capital oaxaqueña 27 días antes; en varias ocasiones luego de la llamada “toma de Oaxaca” —ocurrida el 29 de octubre— habían ocurrido algunos enfrentamientos menores entre la PFP y células de las organizaciones inconformes. Ya para entonces, la APPO había sido reforzada lo mismo por cegeacheros de la UNAM, que por integrantes de los movimientos sociales conocidos popularmente como “los atencos”, “panchosvillas”, y asesores provenientes de la guerrilla, entre otros, sin dejar de lado a quienes espontáneamente salían a las calles a reforzar la lucha.

El 25 de noviembre de 2006, la APPO llamó a la celebración de la Séptima Megamarcha, en protesta por la represión, por el incumplimiento a sus demandas, y por la presencia de las fuerzas federales en la capital oaxaqueña. Los organizadores de esa movilización, anunciaron el establecimiento de un cerco humano —de duración indefinida— a los elementos federales que se hallaban apostados en el Centro Histórico, con el objeto de minarlos y obligarlos a retirarse. La idea era tenderles un auténtico Estado de Sitio, que los diezmara y les cortara el abastecimiento de todo tipo de insumos.

La APPO, sin embargo, no logró la convocatoria esperada. Para entonces, la constancia de los enfrentamientos, y la violencia que habían mostrado los seguidores más radicales del movimiento social, desanimaron a muchos oaxaqueños que en otras condiciones sí habrían salido a atender el llamado. Ante la escasez de elementos humanos, la APPO no pudo tender el cerco anunciado a la PFP y, en apariencia, la marcha iba a terminar con un mitin político y algunos brotes aislados de violencia.

No fue así. De entre las columnas de inconformes emergieron las células de choque, que en otros momentos ya habían actuado en contra de los federales. El enfrentamiento comenzó, a pesar de que el entonces principal dirigente visible del movimiento, Flavio Sosa, trataba de llamar al orden a sus seguidores. Él mismo fue encarado por quienes ya se enfrentaban a la PFP, perdiendo el control total de la marcha.

El saldo fue negativo para todos: las fuerzas federales detuvieron a 149 personas, bajo los cargos de haber participado en esa jornada violenta. El choque duró varias horas, dejando como saldo una veintena de edificios incendiados en el Centro Histórico, alrededor de un centenar de automóviles incendiados, y una sociedad oaxaqueña agraviada por ser testigo presencial de cómo la ignominia llegaba a su punto crítico en medio de un movimiento que parecía tener más beligerancia que rumbo político.

3 AÑOS DE IMPUNIDAD

Cuando esa jornada violenta ocurrió, la Policía Federal mostró que sus eficaces métodos de disuasión de agitaciones sociales, en realidad no lo eran tanto. A pesar de las detenciones logradas, el costo del enfrentamiento fue alto, porque la ciudad quedó envuelta en llamas, porque cientos de oaxaqueños resintieron agravios en sus derechos, persona o patrimonio, y porque finalmente ninguno de los cargos bajo los cuales fueron aprehendidos los 149 presuntos appistas que participaron de los disturbios, fue sostenible ante los tribunales competentes.

La eficacia del Gobierno del Estado, también quedó en una duda que hasta hoy no puede despejarse. Luego de aquel hecho culminante —en que la PFP retomó por completo el control de la capital oaxaqueña—, la administración estatal prometió aplicar todo el peso de la ley para los responsables de los disturbios.

Por si esto fuera poco, ese fue el momento que marcó la erradicación de la legitimidad y el rumbo político que entonces parecía tener el movimiento popular. La APPO se desentendió totalmente de las exigencias políticas que le marcaba el momento, y prefirieron optar por el aprovechamiento de la bandera de la represión y la existencia de presos políticos, para sostener su existencia para los meses siguientes. Es decir, que las banderas de la democratización de Oaxaca, fueron guardadas para un mejor momento —que, para ellos, aún no llega.

Así, todos fallaron y lo que coronaron fue la impunidad: más temprano que tarde, en 2007, el gobierno estatal y los grupos inconformes volvieron a sentarse a la mesa de diálogo. El entonces secretario General de Gobierno, Manuel García Corpus, estableció como su principal herramienta de negociación con la APPO y la Sección 22, la de la impunidad. Así, el procurador Evencio Martínez se convirtió en asesor de los inconformes, y los recursos de desvanecimiento de pruebas permitieron la exoneración de todos los acusados como responsables.

Pensemos que, en efecto, los 149 detenidos en esa jornada son inocentes. Es —nos guste o no— la verdad legal. El problema, para todos, es que nadie pagó —ni pagará— por los quebrantos a la ley, al patrimonio público, y al de terceros, que entonces se cometieron. Todos se conformaron con transigir sus pretensiones e intereses. Por eso, el 25 de noviembre no debía evocarse ni la represión ni la violencia y el restablecimiento del orden. Es un ejemplo negro de cómo la impunidad en Oaxaca avasalló a todos por igual.

NUESTRA INFAMIA

Esto apuntamos hace un año, y hoy lo reiteramos: “Aunque parezca una afirmación ‘políticamente incorrecta’, ojalá que nadie rehabilite el edificio del Tribunal Superior de Justicia (…) Ojalá que siga así, para que cada que pasemos por ahí, el inmueble en ruinas nos haga recordar de lo que hemos sido capaces de hacer, en contra de nosotros mismos. Ojalá que al menos así, podamos obligarnos a tener un poco de memoria histórica.”

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+ Guerrilla: las “coincidencias” no existen

+ Guerrilla: las “coincidencias” no existen

+ 2010: Un año más; nueva Revolución, no

Hace menos de un mes, el 29 de octubre pasado, fueron liberados Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis, luego de permanecer casi una década en prisión bajo el señalamiento de ser los dos dirigentes máximos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), y de haber encabezado una emboscada, en el estado de Guerrero, en contra del Ejército mexicano en julio de 1996. Hace tres días, la Procuraduría de Justicia guerrerense confirmó la ejecución de Omar Guerrero Solís o Ramiro Salgado López, conocido como el Comandante Ramiro, dentro de la estructura de esa misma organización insurgente. ¿Qué implicaciones políticas y revolucionarias entrañan esos dos hechos?

Por principio de cuentas, una interpretación inicial, aunque a todas luces inexacta, se orientaría en el sentido de que luego de la liberación de los dos máximos dirigentes del ERPI, comenzó una nueva purga dentro de esa organización guerrillera, o que —como también podría ocurrir—, la exoneración de Silva y Arenas, reactivó algunas de las viejas pugnas que existían entre los distintos grupos armados que existen en diversas regiones del país, y particularmente en Guerrero.

Por tanto, esa explicación —cargada de lógica y simplismo, pero también de un profundo desconocimiento de las tendencias políticas y las decisiones que han tomado los grupos armados para garantizar su subsistencia— a lo que nos llevaría es a suponer que esos dos hechos son causa y consecuencia de los reacomodos internos de las organizaciones armadas. Todo esto bien podría entenderse como parte de una nueva guerra fratricida, en la que el Estado estaría totalmente ajeno. Esta podría ser una posibilidad que, sin embargo, parte de argumentos endebles que no le permitirían sostenerse ante una realidad mucho más compleja.

En realidad, los distintos grupos guerrilleros han buscado entablar diversos mecanismos de coordinación e interlocución entre ellos porque, como lo han manifestado algunas agrupaciones armadas, “ninguna organización insurgente es autosuficiente en la actualidad” (Comunicado ERPI 29/07/09).

En algunos momentos, y particularmente ante la posible liberación de Silva Nogales y Arenas Agis, se había temido que una acción violenta —propia o ajena a ellos— rompiera las posibilidades de construir un proyecto conjunto, como el que parecen estar intentando ahora los diversos grupos. Incluso, en algunos momentos las mismas organizaciones habían advertido de la posibilidad de que ocurriese un hecho aparentemente fortuito que las confrontara de nuevo. (De esto, puede verse un análisis más detallado en www.cedema.org/ver.php?id=3583).

Esto es lo que, justamente, parecería ocurrir con el asesinato del llamado comandante Ramiro. Era, nada menos, que el líder nacional actual —así reconocido— del ERPI; y sucesor natural del comandante Antonio (Jacobo Silva Nogales) y la coronel Aurora (Gloria Arenas).

Su asesinato violento —realizado con cuatro disparos de rifle AK-47— podría comprenderse como un reacomodo doméstico que, en realidad, más bien parece una incesante búsqueda externa de enrarecer el ambiente entre las organizaciones armadas, reavivar sus pugnas particulares, y cancelar definitivamente las posibilidades de que se construya una coordinadora guerrillera nacional que, en algún momento, busque una transformación política por la vía violenta.

¿UNIDAD GUERRILLERA?

Un despacho informativo de la agencia AP, dado a conocer el fin de semana a nivel internacional, catalogaba al ERPI como una “guerrilla pequeña”, y a Omar Guerrero Solís —el comandante Ramiro— como un “integrante” y no como el líder máximo de esa organización armada, cuyo cadáver había sido localizado en una región montañosa de Guerrero (http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=66692). De un modo igualmente simplista, la mayoría de los medios informativos mexicanos tomaron la confirmación de su muerte, y la atribuyeron a la ira de uno de sus escoltas. Muy pocos parecen comprender, y tomar la importancia que merece, a las señales dadas hasta ahora de la construcción de una unidad guerrillera.

La guerrilla en México busca unificarse y coordinarse no sólo para superar sus propias limitaciones, sino esencialmente para sobrevivir y construir un movimiento político y armado que resulte viable ante el fortalecimiento de las fuerzas armadas con las que cuenta el Estado. En razón de ello podría comprenderse con más solidez la trascendencia y el objetivo de desintegración de ese esfuerzo, que podría tener la muerte del comandante Ramiro. Lo cierto es que parecen existir señales genuinas de esos primeros intentos de unificación.

En ese sentido, el periodista Jorge Lofredo señalaba en un artículo difundido hace apenas 11 días, que una de las primeras señales claras que está dando ese intento de coordinación guerrillera, es el de dejar atrás las referencias onomásticas para emitir posicionamientos. Daba, para ello, dos ejemplos claros: ninguna organización guerrillera mexicana se posicionó a través de acciones o comunicados, ni el 23 de septiembre ni el 2 de octubre pasado. Ese silencio, dice, es una señal clara de estar dejando atrás los esquemas antiguos que apuntaban a generar acciones en momentos de alguna trascendencia histórica para ellos o el país. ¿Qué importancia tiene eso?

Que, según Lofredo, a partir de esa pauta las organizaciones armadas podrían estar construyendo nuevos esquemas revolucionarios en los que dejaran de ser determinantes lo mismo las fechas como los ciclos. Es decir, que en todo eso encuentra la explicación la tendencia de las organizaciones armadas a asegurar que 2010 es un año más, y no necesariamente el inicio de una nueva gesta revolucionaria.

Parecen saber que su lucha debe pasar por el replanteamiento de sus viejos postulados; y que todo eso les es determinante para sobrevivir a este doble momento de acoso, en el que lo mismo son perseguidos, que incitados a reiniciar una guerra interna que aplace el fortalecimiento de cualquier viso de rebelión armada en México.

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