Votos de ingenuos

Carlos R. Aguilar Jiménez.


El candidato a la presidencia Ricardo Anaya, en uno de sus millones de anuncios publicitarios que se transmiten por radio, en base a malévolas intenciones de marketing, para condicionar a los ciudadanos para que voten por él, utiliza maquiavélicamente la ingenuidad de los niños a su favor, porque en una serie de preguntas respecto de quien será el campeón mundial de fútbol en Rusia 2018, los adultos conscientes e informados de nuestra realidad y posibilidades declaran que será campeón del mundo: Alemania, Francia, Argentina o Brasil, mientras los niños afirman que será México el triunfador, y si bien o mal no será así porque las posibilidades de los “ratones verdes futbolistas” son mínimas lo cierto es que en ingenuidad o inocencia si se puede creer que México llegaría a la final.

Y, en asuntos electorales, de la misma forma que con la ingenuidad de los niños, que por su misma naturaleza y edad, carecen de información, experiencia, conocimientos y hasta imaginación, en México la mayoría de ciudadanos carecen de lo mismo, siendo además de analfabetos funcionales, también ciudadanos poco informados, incultos y lo que es peor, ajenos a la estadística y probabilidad que como disciplinas son fundamentales para contar y así entender de dónde puede salir el dinero para hacer todo lo que prometen los candidatos, sabiendo que México es un país de tercer mundo o nación de quinto patio, donde si se reparte la poca riqueza que existe, esta se convierte en absoluta pobreza, porque no bastan los recursos naturales y extensión territorial, minas, mares y litorales, porque lo que actualmente, en un mundo globalizado, vale y tiene plusvalía son las ciencias aplicadas, la tecnología, know how, patentes, fórmulas, marcas registradas y franquicias que convierten la materia prima en productos terminados, marcas o logos; donde como ejemplo podemos considerar ¿cuánto vale como materia prima un teléfono móvil descompuesto? quizá unos cinco pesos, pero vale miles más como producto funcional con tecnología que no es mexicana; igual que facebook vale más que todo el territorio oaxaqueño, así que con la ingenuidad de los niños este candidato quiere que voten por él los mexicanos, y del mismo modo lo hace el candidato populista que promete igual que los padres que dicen a los niños Santa Claus o los Reyes les traerán regalos del Polo Norte o del lejano Oriente. Si se ha de votar debe ser con información, lógica y perspectiva para las nuevas generaciones y la nuestra, no con ingenuidad creyendo que México será campeón del mundo en fútbol o porque votando por cierto individuo, como por arte de magia o repartiendo el dinero del petróleo o lo que se roban los políticos alcanzará para hacer de México, no una nación de quinto patio, sino de primer mundo, como Alemania, que muy probablemente será finalista del campeonato de fútbol y no México que ni al quinto partido, como siempre, no llegará y, eso lo puedo apostar con expectativa basada en información, experiencia, lógica y objetividad, no con la ingenuidad de los niños y de votantes que creen en promesas imposibles de cumplir, de quien no dice la verdad, sino los que nos deje contentos.

Sin voluntad y trabajo, las campañas en Oaxaca quedarán eclipsadas ante la carrera presidencial

Es una paradoja que en la elección más amplia y compleja de la historia de nuestro país, haya también un fenómeno de autofagia entre sus propios procesos electorales. Toda la atención nacional se encuentra puesta en la carrera por la Presidencia de la República, pues ello implica la decisión más importante que tomaremos los ciudadanos en las urnas el próximo 1 de julio. No obstante, la concurrencia entre procesos electorales y la poca solidez ciudadana genera el riesgo de que esa elección termine anulando —políticamente hablando— a las demás. A estas alturas, ¿merecemos los oaxaqueños, y los mexicanos, a representantes populares electos por arrastre y no por convencimiento?

En efecto, el pasado 30 de marzo inició el periodo de campañas para quienes buscarán puestos de elección popular en el ámbito federal. Tanto los candidatos presidenciales, como quienes aspiran a diputaciones federales y senadurías se dijeron listos para iniciar los trabajos proselitistas. A pesar de ello, al menos en Oaxaca ninguno de los candidatos a diputados federales y senadores, ha podido sustraerse de la tentación de subirse en las campañas de los candidatos presidenciales de sus mismos partidos, como una forma de poder navegar en el mar turbulento que siempre significa un periodo de proselitismo electoral.

Esa tentación es perfectamente explicable: el coste económico de una campaña proselitista, la que sea, es alto cuando el trabajo y la inversión se hace en solitario. En un periodo en el que hay campañas concomitantes, existe la posibilidad de aprovechar el impulso de algunos candidatos para mantenerse en la arena electoral. No obstante, ello sería positivo si a pesar del provecho mutuo del impulso de algunos, todos se mantuvieran en el ánimo de proponer y trabajar ante la ciudadanía, y no sólo de simular el trabajo de campaña esperando que la ausencia de voto diferenciado haga en automático el trabajo de convencimiento que ellos no quisieron hacer.

En Oaxaca ese es un riesgo mayor. Por ejemplo, entre los candidatos al Senado de la República tendría que haber un sentido, nutrido y consistente, de propuestas y compromisos concretos en algunos de los temas más relevantes para el país. Hasta ahora, sin embargo, los candidatos a Senadores por las tres principales coaliciones se han limitado a tratar de explicar por qué son candidatos, sin establecer para qué quieren llegar a la Cámara Alta.

El escenario nacional implica retos formidables que se resuelven en el Senado. Por ejemplo, una de las primeras tareas de relevancia para la próxima camada de senadores, será el nombramiento del Fiscal General de la República, la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción; lo que le corresponda al Senado —como representante de las entidades federativas ante la federación— respecto a temas torales como las decisiones sobre la continuación o cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto, de las reformas educativa y energética, o el futuro de los incentivos económicos que desbordadamente están ofreciendo los candidatos presidenciales.

De hecho, es de entrada ominosa la posición que han asumido los candidatos al Senado en Oaxaca, de simplemente ser repetidores de las propuestas y los planteamientos de sus candidatos presidenciales, sin imprimirle a ello su impronta, sus consideraciones y los ofrecimientos concretos que deberían ya estarle haciendo a la ciudadanía sobre los asuntos nacionales, que son los que finalmente se resuelven en el Senado.

Lamentablemente, todos prefieren ofrecer la faceta de ‘gestor’, cuando queda claro que esa no es la tarea sustantiva de un legislador, y sí es fuente de mucha de la corrupción y opacidad en la asignación de obra, presupuestos y beneficios sociales, que hoy ahoga la reputación de los diputados y senadores, y los exhibe justamente como lo que la gente rechaza de la clase política.

CAMPAÑAS ANULADAS

Aún cuando hubiera un sentido elevado de responsabilidad en los candidatos, de todos modos hay un riesgo que subsiste: que el aluvión de las campañas electorales termine arrastrando y nulificando a los candidatos a todos los demás cargos públicos. En Oaxaca, por ejemplo, junto con los presidenciables, se definirá también la integración de las respectivas bancadas en las dos cámaras federales; la integración del próximo Congreso local, y más de cien presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos.

¿Qué va a pasará si nadie escucha a esos candidatos; si ellos prefieren no hablar y sólo montarse en las otras campañas, o si finalmente todo se resuelve por el voto no diferenciado, independientemente de lo que hayan hecho? Las preguntas no son ociosas. En el mejor de los casos, cada voto cautivado por un candidato debía ser producto de su trabajo, de su convencimiento y de su capacidad de interactuar con la ciudadanía.

El problema es que en nuestro escenario electoral doméstico, ese anhelo es intercambiado, primero, por el convencimiento a través de dádivas o mecanismos de coacción o compra de votos; y segundo, por la confianza en el arrastre de las campañas mayores sobre las menores. En ello, es evidente que queda anulado todo sentido de responsabilidad y trabajo entre los candidatos, y que todo queda supeditado a la decisión tomada por la cúpula de los partidos que dispone de la postulación de candidatos.

Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, en Oaxaca de Juárez hay un candidato que tiene amplias posibilidades de ganar, a pesar de que no ha hecho campaña, no es proactivo, no es propositivo y tampoco tiene arraigo ciudadano ni identidad con la fuerza política que lo postula. Se trata de Oswaldo García Jarquín, quien será el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

Quizá García Jarquín llegue a ser edil citadino, a pesar de que no ha trabajado de manera consistente; de que tampoco tiene arraigo propio entre la gente de la capital, y de que tampoco ha sido promotor del voto como sí lo han sido otros militantes de su propio partido. Ese ejemplo, más común de lo que podríamos suponer, en realidad es reflejo de lo poco que se ha entendido el ejercicio de la política, y de lo mucho que debería trabajar cada uno de los candidatos para convencer a sus propios electores.

TRISTE DESTINO

Finalmente, dejar todo en manos del destino de las campañas mayores, es como resignarse a que la simulación y el conformismo sigan siendo la moneda de cambio para un país que ahora más que nunca, necesita respuestas y compromisos de quienes aspiran a cargos de elección popular.

El gobierno federal usa a la PGR como desecho; dar paso a nueva Fiscalía: momento iniciático del nuevo Presidente

El gobierno federal utiliza a la Procuraduría General de la República (PGR) como un artículo de desecho. Lo hace, sacrificándolo, porque sabe que la estructura constitucional y orgánica actual de la actual PGR hace mucho tiempo terminó su vida útil, y porque asume que la entelequia que hoy subsiste en la procuración de justicia no aguantará más allá del final del presente año. El escándalo en el que está involucrado el Ministerio Público Federal por la investigación que desahoga en contra del candidato Presidencial del frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, no es sino el clavo que faltaba al ataúd de la PGR.

En efecto, hay un entendible clima de polarización por el caso PGR-Anaya. Por un lado, se encuentra el hecho incuestionable de que el gobierno federal, vía su órgano de procuración de justicia, ya logró meter al Candidato de la Coalición “Por México al Frente” en la dinámica de gastar su tiempo —porque ello no constituye una inversión— de proselitismo como Abanderado Presidencial en aclarar los supuestos manejos financieros relacionados con la compraventa de una nave industrial, por los que habría incurrido en el delito de lavado de dinero al triangular recursos para tratar de disimular su origen, y formalizar un negocio realizado a precios exorbitantes, que no corresponden a los valores de mercado de una transacción de ese tipo.

Anaya está defendiéndose, pero eso no quita el problema en el que se encuentra la PGR. Al mismo tiempo que Anaya se defiende, y sin que nadie meta las manos al fuego por él —ni siquiera los de su propio partido que, en su mayoría, ahora lo ven con más recelo que al principio de la precampaña—, diversos grupos de intelectuales y políticos han exigido al gobierno federal que detenga la utilización de la Procuraduría General de la República como un órgano ministerial de consigna que, ex profeso, tiene la misión de perseguir y encarcelar a un Candidato Presidencial que es competitivo en esta campaña proselitista, que es decisiva para el país.

Incluso, hay quienes han tratado de equiparar la persecución de la PGR en contra de Anaya, a lo que en 2005 ocurrió entre el mismo Ministerio Público Federal y Andrés Manuel López Obrador. Aunque pudieran parecer asuntos similares, en realidad existen diferencias sustanciales que, apenas se escudriña un poco en la contrastación de ambos asuntos, salen a la vista. Por ejemplo, a López Obrador intentaron procesarlo, y de hecho lo desaforaron, a partir del incumplimiento a una sentencia de amparo relacionada con el predio El Encino, en cuyo terreno, expropiado irregularmente por el Gobierno de la Ciudad de México antes del periodo de gobierno del tabasqueño, se había construido una vialidad importante por el rumbo de Santa Fe.

Luego, a López Obrador nunca se le comprobó que el incumplimiento de dicha sentencia hubiera ocurrido por una orden directa de él como servidor público. Quizá su grado de responsabilidad nacía a partir de la imposibilidad material de devolver a sus dueños, un predio expropiado irregularmente pero en el que ya existían las vialidades denominadas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

Aún así, en 2004 la PGR solicitó el desafuero de AMLO para procesarlo judicialmente. Esto ocurrió a inicios de 2005, cuando ya era evidente que había una consigna política del gobierno federal panista, en contra de quien llevaba la delantera en la carrera por la candidatura presidencial del PRD. Finalmente, con el escándalo encima, la PGR de Vicente Fox se desistió del ejercicio de la acción penal, y por ende el juez federal que conocía del juicio de desacato por el que se le intentaba procesar, dejó sin efectos dicho expediente.

¿Cuál es la diferencia de este asunto con el que ahora protagoniza Ricardo Anaya? Simple: que mientras a López Obrador siempre se le consideró como perseguido político, sobre Anaya sí pesa una sospecha fundada de que pudo haber incurrido en actos ilícitos. La PGR no ha logrado ser contundente en la acusación; pero Anaya diariamente pierde terreno en la arena política al gastar el tiempo en la articulación de una defensa que, hasta ahora, no ha convencido ni siquiera a sus partidarios.

LA PGR, EN EL LODO

Desde entonces, desde 2005 cuando ocurrió el asunto del desafuero a López Obrador, la PGR se ha mantenido sumergida en el lodo. Su actuación como órgano de consigna en la procuración de justicia, se ha repetido en casos como el de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y otros muchos en los que finalmente no ha podido acreditar la comisión de los delitos que inicialmente le imputó a varios de los adversarios del régimen. Cada vez que la PGR fue usada para esos fines, se le sumergía más en un fango del que ya no podrá salir bajo ninguna circunstancia.

Frente a eso, un problema importante radica en que, hasta ahora, ninguno de los partidos representados en el Congreso federal —cámaras de Diputados y de Senadores— ha tenido la voluntad y la fuerza suficiente como para lograr la transición que se pactó de la PGR sometida al Ejecutivo federal, a una Fiscalía General de la República como órgano constitucionalmente autónomo, y por ende no comprometido en su actuación con los intereses de algún grupo en concreto.

De hecho, los partidos actualmente han contribuido a la consolidación de este ente abominable que ahora repudian. Primero, al desconocer el acuerdo que ellos mismos habían tomado, de que el Procurador en turno se convertiría en Fiscal General, una vez que ocurriera la emisión de la legislación necesaria para el funcionamiento del nuevo órgano de procuración de justicia; y luego, al reventar —literalmente— la gestión del procurador Raúl Cervantes Andrade, bajo la acusación de que con él se perpetuaría transexenalmente el grupo del presidente Enrique Peña Nieto, para brindarse protección y cuidarse las espaldas a partir de la inamovilidad del Fiscal, y los actos perseguibles judicialmente, en los que habrían incurrido varios integrantes del régimen federal saliente.

En el fondo, todos ayudaron a que la PGR terminara en esta situación. Teniendo como ingrediente de fondo la desconfianza mutua, y ofreciéndose recelo unos a otros, terminaron alimentando la generación de un vacío que vino a llenar el actual encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que llegó de rebote a una ocupar una titularidad de segunda en la Procuraduría, y que está obedeciendo todo lo que ocurre.

INVERSIÓN INICIÁTICA

Al final, eso es tan trágico como la situación de Anaya. Y por eso mismo, lo primero que tendrá que ocurrir, como una especie de iniciación para el nuevo Presidente —sea quien sea—, será invertir su capital político de arranque de sexenio en la consolidación de la nueva Fiscalía General, y empujar el nombramiento en el Senado de un Fiscal que, por la sola presión social vista hasta ahora, tendrá que garantizar en serio su autonomía y su desempeño, alejado de los intereses partidistas y, sobre todo, del régimen.