Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados. 

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria. 

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración. 

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO 

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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Poder Judicial: en su crisis, hay más razones que ahorcamiento de Sefin

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+ Tribunales contrastantes: carencias y sobrepoblación de alta burocracia


El ahorcamiento presupuestal decidido desde la Secretaría de Finanzas, es sólo la primera de las razones que explican la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial del Estado. Junto a ella, hay otras causas que son igualmente determinantes para que hoy los tribunales de justicia de la entidad pasen no sólo por una situación crítica en su funcionamiento, sino también en su credibilidad y equidad interna. Cualquier estudio serio e integral de la situación que prevalece en los juzgados y salas de segunda instancia, así como de los demás tribunales que dependen del Poder Judicial, tendría que pasar por causas que hasta ahora todos han evadido.

En efecto, recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Alfredo Lagunas Rivera, reconocía que el Poder Judicial del Estado atraviesa por una crisis económica profunda que se traduce en el retraso en el pago al personal, y también en la cobertura de pago a sus múltiples proveedores. Según sus palabras, el Poder Judicial tiene adeudos de meses, y hasta de años, a causa del ahorcamiento presupuestal generado por la Secretaría de Finanzas en la administración de Gabino Cué no sólo en contra de los tribunales de justicia locales, sino de prácticamente todo el aparato público estatal, que incluye a los tres poderes del estado y órganos autónomos que igualmente se quejan de los desfases en la ministración de los recursos que les correspondían.

Según la entrevista realizada por nuestro compañero Misael Sánchez, Lagunas Rivera reconoció que los problemas financieros y la falta de recursos para nómina no es una situación que afecte sólo al Poder Judicial sino que se presenta también en otros ámbitos de la estructura gubernamental del Estado, incluso a nivel nacional. “No es que nosotros de manera negligente tengamos el recurso guardado y no queramos pagar es una circunstancia imperante a nivel general en las finanzas del estado y a nivel nacional, lo que tenemos que hacer es ser prudentes y solidarios”, apuntó.

A esta situación habría que agregar la inversión que el Estado ha tenido que realizar en la infraestructura y tecnología necesaria para la implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial, que también representó un problema para las arcas estatales, a grado tal de que luego de que Oaxaca fuera pionero a nivel nacional en la modificación de su sistema para la ejecución de los juicios del orden penal —en el año 2005—, tuvo muchos problemas para poder cumplir —y, de hecho, no lo ha hecho cabalmente— con la fecha dispuesta por la Constitución federal para la implementación plena del nuevo sistema, que venció en junio del año pasado.

MUCHA ALTA BUROCRACIA

Una de las cosas que nadie aborda en el Poder Judicial del Estado es el exceso de magistrados que tiene dicho poder. Según el directorio que publica el sitio web oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado (www.tribunaloaxaca.gob.mx), éste se encuentra integrado por 21 magistrados, de los cuales uno es el Presidente del Tribunal y los otros veinte son los integrantes del Pleno.

Junto a ellos hay otros tres magistrados que únicamente integran la Sala de Justicia Indígena, y otros cuatro que integran una Sala Auxiliar, que no son parte del Pleno pero que tienen la misma calidad de magistrados y, lo más importante, los mismos salarios y prestaciones que los demás magistrados. Éstos fueron los magistrados heredados del antiguo Tribunal Electoral, que fue desintegrado por la última reforma política, que disponía que los magistrados salientes fueran integrados a las estructuras del poder judicial que correspondiera.

En eso, el Tribunal ya tiene un problema de sobrepoblación de magistrados. Por ejemplo, la Sala Constitucional asumió las funciones de Cuarta Sala Penal, en alguna medida por el exceso de trabajo que tienen las otras tres salas penales, pero sobre todo, porque resultó un fracaso la implementación de una Sala Constitucional local, que a la fecha no ha conocido más que una docena de asuntos que, además, no revistieron ninguna relevancia para la justicia estatal y tampoco para el constitucionalismo local.

Ahí no termina el problema. Del Poder Judicial del Estado dependen también los doce magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, cinco de los cuales son de la Sala Superior, y los otros siete de las salas de primera instancia —que, de hecho, deberían tener la calidad de jueces y no de magistrados. Esa abultada integración resulta de las sucesivas reformas que unificaron a los tribunales de Justicia Administrativas, y el de Fiscalización, y que mantuvieron en su estructura a toda la alta burocracia judicial que hoy indudablemente presiona el presupuesto del Poder Judicial del Estado.

CONTRASTES

Cada magistrado tiene un salario mensual superior a los 70 mil pesos, además de algunas prestaciones —varias de ellas, discrecionales, y no comunes a todos los magistrados— como choferes, vehículos, teléfonos celulares, escoltas y gastos de representación. Hay, a su vez, un claro contraste entre el cómodo salario de un magistrado, y los castigadísimos salarios de todos los demás trabajadores del Poder Judicial, que son los que verdaderamente trabajan y que son quienes más han resultado afectados por las carencias presupuestales. Algo que, indudablemente, debería ser reconocido y revisado al interior de los tribunales estatales, a la par del prolongado ahorcamiento decidido desde la Secretaría de Finanzas a lo largo del último año.