SEDESOL en Oaxaca

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Desde que la capital del país dejó de ser DF, Distrito Federal, y se convirtió en uno más de los Estados Unidos Mexicanos,  la CDMX, deja de ser el distrito, la sede donde se concentraba el poder de la federación y control nacional y, en consecuencia, si es otro estado, sus atribuciones de concentrar dependencias federales han desaparecido, por lo que la idea de AMLO de descentralizar dependencias federales trasladándose a los estados, entre ellas, SEDESOL a Oaxaca, es una decisión lógica que beneficiará al resto del país al transferir recursos, empleos, servicios, transporte y todo lo que implica que una Secretaría de Estado y sus funcionarios convivan en provincia.

La CDMX ha sido un lugar privilegiado que siempre se ha beneficiado de todo lo que produce el país, porque en el territorio que es la ciudad de México no se produce ni un solo alimento consumido por sus 25 millones de habitantes, no se genera ni el 10 por ciento del agua que utilizan, no se produce ni un solo metal ni cualquier sustancia de la que se benefician los defeños, ni un solo litro de gasolina de los miles que consumen en sus autos, pero, disfrutan de todo el dinero, prerrogativas, servicios, bienes, bajos precios, entretenimiento, transporte colectivo, metro, uber y demás privilegios, gracias a los estados, porque la CDMX  es una ciudad parásita, como 25 millones de bacterias que consumen todo lo que produce el país, sin proporcionar más que servicios administrativos o burocráticos; es más, ni siquiera generan los millones de kilovatios diarios de electricidad que le suministran los estados, así que comenzar a descentralizar y quitar privilegios es una magnífica decisión, porque según dice AMLO, se acabarán los privilegios para quienes no se los merecen y, los chilangos han vivido desde la Conquista con privilegios que no han tenido el resto de los estados y, por algo se tiene que comenzar. Después también, en congruencia AMLO debiera llevarse Palacio Nacional a Macuspana o Tabasco, para que durante cada sexenio, los presidentes del país vivieran en cada estado, llevando los beneficios que eso implica y que hasta ahora únicamente los han tendido los chilangos Y NO El resto de la nación.

Cuando SEDESOL se transfiera a Oaxaca deberá tener su propio edificio y ojalá se construya en un lugar donde cuando se hagan manifestaciones y protestas no estrangulen la circulación de miles de automóviles, como sucede actualmente en la ubicación de la delegación de SEDESOL, a un costado donde se encontraba el IEEPO que cada semana es secuestrado por inconformes que bloquean la carretera. Como sea, lo cierto es que la idea de AMLO es óptima para estados que como Oaxaca se encuentran en el peor nivel de desarrollo social, donde los únicos ingresos son por turismo, así que esta transferencia federal podría traer dinero extra que gastarán funcionarios y burócratas que vendrán de CDMX, por supuesto, los que acepten la decisión; los que no quieran, que los indemnicen de acuerdo con la ley y contraten algunos de los miles de oaxaqueños desempleados.

Avilés alienta la presunción sobre activismo electoral desde Sedesol

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+ Viola la Constitución al hacer propaganda institucional con su nombre


Acostumbrado a ser un individuo que no guarda las formas, Alejandro Avilés Álvarez asumió la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, y menos de una semana después él mismo está reviviendo sus fantasmas sobre actos indebidos. Por un lado, ya sostuvo, en oficinas y con logotipos del gobierno federal, una reunión —de trabajo o social, da lo mismo— con delegados del PRI en la entidad; y desde el inicio emprendió una inexplicable —y poco útil— campaña de promoción personal utilizando recursos institucionales. Avilés viola la Constitución, quizá pensando equivocadamente que en este regreso ya nada puede perjudicarlo.

En efecto, la noche del lunes el autor de este espacio dio a conocer a través de su cuenta de Twitter (@ortizromeroc) una imagen en la que se ve al delegado Alejandro Avilés Álvarez acompañado de un grupo de personas que son ampliamente conocidos como delegados del PRI, pero que carecen de vinculación institucional como empleados, integrantes de organizaciones, o gestores ante Sedesol. Uno de los que aparece en la imagen es Orlando Acevedo, quien fue director de Gobierno durante el breve paso de Avilés por la Secretaría General de Gobierno, y que antes había sido uno de sus operadores políticos precisamente en el PRI. Luego del cese de Avilés, Acevedo regresó a sus antiguas labores políticas dentro de su partido, y hasta ahora no ostenta responsabilidad pública alguna.

En esa lógica, el problema no es que Avilés se reúna con sus amigos, colegas o compañeros de partido, o que lo haga fuera del horario de trabajo. El problema, en realidad, es que lo haga en instalaciones con logotipos del gobierno federal, y que lo haga en medio del cúmulo de sospechas y cuestionamientos —que han alcanzado a toda la clase política estatal, incluyendo al Titular del Poder Ejecutivo en Oaxaca— derivados del reciclaje de un personaje políticamente tan cuestionado, por haber sido un operador electoral acostumbrado a tomar cualquier ventaja posible de las labores que ha tenido bajo su responsabilidad, y precisamente por haber sido colocado en el espacio institucional en el que la entrega de apoyos sociales y de combate a la pobreza, los puede hacer susceptibles de manipulación o coacción, en los periodos de campañas electorales.

Bajo esa perspectiva, parece claro que Alejandro Avilés parece seguir sin entender que la función pública no se conduce de la misma forma que los liderazgos de partido, a los que él está acostumbrado. En los temas políticos, él estuvo acostumbrado a generar una percepción compleja de sí mismo, y a llevar su actuación a los límites con tal de que todos advirtieran sus capacidades y sus alcances como dirigente y operador político. El problema, en este caso, es que la conducción de un servidor público no puede ser la misma de la de un líder político; éste último no está anclado al cumplimiento de ninguna norma ni a la vigilancia de los órganos administrativos de control. El servidor público, en cambio, sí lo está. Y máxime cuando se trata de responsabilidades como las que ahora encabeza.

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Por si eso fuera poco, todo servidor público debe estar dotado de legitimidad, que parte del hecho mismo de no tener ni generar cuestionamientos derivado de sus funciones, y de las apariencias. En este último caso, queda claro que Alejandro Avilés no ha aprendido nada. Pues en el entrelazamiento de sus antecedentes como operador político y los cuestionamientos surgidos desde el mismo día que fue nombrado delegado de Sedesol, con las reuniones —sociales, de trabajo, políticas, da igual— que sostiene con los delegados de un partido político, da como resultado el abono al descrédito que tanto debería estar cuidando de evitar para poder sostenerse en el cargo, si es que de verdad algo quiere hacer en beneficio del desarrollo social y de la dependencia que representa en nuestra entidad.

AVILÉS VIOLA LA CONSTITUCIÓN

Hay una especie de moda entre muchos políticos, líderes partidistas y, lamentablemente, también servidores públicos, que los ha hecho tener fotógrafos personales y community managers que se dedican a alimentar permanentemente sus redes sociales con imágenes de sus actividades. En muchos de los casos, esas imágenes son intervenidas para agregarle logotipos oficiales, descripciones y, en el caso de Alejandro Avilés, también su nombre al mismo nivel que los logotipos e identificadores de la Secretaría de Desarrollo Social y del Gobierno de la República.

En su cuenta de Twitter, por ejemplo, Alejandro Avilés tiene, en su calidad de funcionario federal, imágenes de eventos en la costa oaxaqueña, el Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales, entre otros, en las que aparecen los logotipos e identificadores antes mencionados, e incluso el sello alusivo a los 25 años de existencia de la Sedesol, y al lado de ello aparece su nombre completo y una leyenda que dice “Delegado de Sedesol en Oaxaca”.

¿Qué nadie le habrá advertido a Alejandro Avilés que eso puede constituir un delito electoral pero que, además, ello significa una violación franca a lo que establece el artículo 134 de la Constitución federal en materia de propaganda gubernamental? Puede ser una cuestión accidental.

Sin embargo, como es bien sabido, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley para justificar su inobservancia. Y en este caso, los tres últimos párrafos del precepto antes mencionado señalan lo siguiente: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

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“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Es muy probable que nadie le haya dicho a Avilés que ya no es ni líder partidista ni tampoco legislador local, como para seguir siendo ajeno al régimen que establece la Constitución para los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de comunicación social o propaganda gubernamental. Pudiera ser entendible que esté muy contento de volver a la escena política, y que esté tratando de que todos se enteren de su regreso. El problema es que, de nuevo, está haciendo a un lado las normas, y está poniendo en riesgo la ya de por sí desgastada legitimidad con la que asumió el cargo hace apenas unos días.

EL MISMO ERROR, DOS VECES

Al final, las muestras de desdén hacia una actuación personal e institucional correcta y moderada, y la irresponsabilidad en su propia conducción, fue lo que ya lo llevó a perder uno de los cargos más importantes de su carrera política. Quizá esté empeñado en repetir esa misma “hazaña”.

Con Avilés queda demostrado que en Oaxaca sí se premian los excesos

Aviles

+ No es buena noticia su arribo a delegación de Sedesol; pago, ¿a qué?


Ayer finalmente se consumó el arribo del ex titular de la Secretaría General de Gobierno en la entidad, Alejandro Avilés Álvarez, a la delegación en la entidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto ocurrió —aparentemente— como una forma de resarcimiento luego de su cese como funcionario estatal por el uso indebido de una aeronave gubernamental para fines particulares. Públicamente, nunca se aclaró la dimensión de ese acto indebido, ni tampoco de los resultados de la investigación administrativa que se prometió a la ciudadanía sobre el hecho. A pesar de todo, Avilés regresa a la función pública, ahora como funcionario federal, a pesar del negro historial que arrastra tanto en la función pública como en su actividad como líder legislativo y partidista.

En efecto, la asunción del nuevo Titular de la Delegación de la Sedesol en la entidad fue un acto político. A él acudió toda la clase política estatal que vio el regreso triunfante de quien hace apenas tres meses era símbolo de los excesos. Quién sabe de qué tamaño será el acuerdo o los débitos políticos que el régimen tiene con Alejandro Avilés, que a pesar no sólo del escándalo por el uso del helicóptero, sino de todo su historial político, fue revivido políticamente para asumir la representación de una de las delegaciones federales más importantes de la entidad.

Esta, de hecho, no debería ser una buena noticia para Oaxaca, ya que si se atiene a los antecedentes políticos de Avilés en la entidad, lo único esperable es que, por un lado, todos los beneficios sociales que otorga el Estado mexicano a través de la Sedesol quedaran nuevamente sujetos a los condicionamientos y las transacciones que son ampliamente conocidas como prácticas comunes de Avilés para hacerse de recursos; y que, por el otro, hubiera un manejo abiertamente político-electoral de los recursos destinados a los programas sociales federales.

En cualquiera de los supuestos, la situación es escandalosa. A Avilés no se le conocen dotes de destacado servidor público; tampoco se le conoce ascendencia académica, social o intelectual como para suponer que tiene alguna posibilidad de incidir en la política social del país aplicada a Oaxaca; mucho menos se le conocen antecedentes de sensibilidad social o política, como para asegurar que ha ayudado desinteresadamente a los sectores vulnerables, o que cuenta con trabajo social de bases. En esencia, Avilés ha sido un operador político que ha aprovechado cada una de las circunstancias políticas que ha tenido para sacar un provecho, tanto a nivel personal como para su partido, en ese orden.

Por esa razón no deja de ser una interrogante la motivación de la Secretaría de Gobernación, y de la de Desarrollo Social, para haber impulsado y autorizado su nombramiento como nuevo delegado de la Sedesol en la entidad; y tampoco cuáles fueron los motivos del gobierno de Oaxaca para impulsar y permitir su reincorporación a la vida pública estatal, cuando es perfectamente sabido que él no cuenta con ninguna experiencia ni ascendencia administrativa, y que sus únicos antecedentes son como operador electoral, en un contexto en el que ahora más que nunca se le cuestiona al gobierno federal de utilizar los recursos públicos con fines electorales.

PERSONAJE CONOCIDO

Las dudas sobre sus sucesivos nombramientos han sido ampliamente señaladas en este espacio. El 29 de junio señalamos en esta columna, que no parecían ser suficientes todos los negativos políticos con los que cargaba, y tampoco parecieron ser suficiente las muestras de opacidad toleradas en el Congreso durante el periodo trianual en el que, independientemente de las posiciones orgánicas, él fue el verdadero líder cameral. Durante la LXII Legislatura, fue escandalosa la forma en la que se administraron los recursos del Congreso del Estado; además, la Junta de Coordinación Política —que siempre estuvo bajo su potestad— nunca permitió la realización de auditorías y, al contrario, sistemáticamente bloqueó cualquier intento por transparentar la utilización de los recursos que les eran transferidos.

Asimismo, fueron ampliamente conocidos y documentados los mecanismos a través de los cuales se transferían recursos económicos, en efectivo y en especie, para que cada diputado hiciera labores de gestión legislativa con total opacidad; y cómo todos juntos se dedicaron a sangrar al presupuesto estatal a través de la realización de obra pública en los municipios que nadie sabía cómo era adjudicada, cuáles eran sus costos reales y quiénes sus beneficiarios de fondo.

Si todo eso fue lo que hizo Avilés en el tiempo que fue diputado y coordinador de la fracción priista en la LXII Legislatura, las cosas no cambiaron mucho durante su efímero paso por la Secretaría General de Gobierno.

Ahí, dos temas fueron particularmente ruidosos: primero, el afán que tuvo por mantener el control en el nombramiento y control político de los administradores municipales —a partir de la vieja práctica de nombrarlos, primero por los diputados y ahora por la Secretaría General de Gobierno, para luego pedirle ‘moches’ extraídos de los recursos del municipio adjudicado, para comprar la protección y el respaldo político para no ser removido de la administración municipal— aún contraviniendo las indicaciones del Titular del Poder Ejecutivo de que todos los administradores durarían en su cargo sólo el tiempo indispensable para el establecimiento de condiciones de gobernabilidad para la realización de elecciones, sin acceder ni administrar recursos municipales.

Y segundo: la utilización discrecional que desde su primer día como Secretario, hizo de los recursos de la Segego. De hecho, menos de una semana antes de ser removido por el escándalo por la utilización de un helicóptero oficial para la transportación de su hijo a un destino vacacional, se habían hecho públicas listas que detallaban el uso de recursos públicos para temas como el equipamiento de sus negocios personales, pagos sin sustento a particulares, y otros rubros que además nunca fueron explicados.

Incluso, en aquella ocasión dijimos que en esa idea del “PRI renovado” que muchos intentan impulsar para lavarle un poco la cara a su partido frente a la abrumadora realidad, ¿cómo podría encajar un candidato como Avilés, que carga con uno de los pasados y presentes más cuestionables de la clase política estatal? ¿Esa sería una demostración de que los excesos y los actos indebidos se perdonan, y hasta se premian? ¿Cómo pensarían sostener la idea de un “nuevo PRI”, pero que pondera los acuerdos entre grupúsculos por encima del deber mínimo de ofrecerle a la ciudadanía candidatos presentables y medianamente honorables? Incluso, ¿cómo hacer una comparación entre Avilés y Martín Vásquez Villanueva, sobre quién aún pesan innumerables interrogantes sobre su gestión como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca en el periodo del gobernador también priista, Ulises Ruiz?

FUTURO DESALENTADOR

En aquella entrega del 29 de junio nos hacíamos una pregunta que ahora cobra particular valor moral y político en el contexto de crisis que vive Oaxaca y el país, y que se agrava con gente como el nuevo delegado federal: ¿de veras vale tanto políticamente Avilés, como para que el Gobernador se juegue su propio futuro político con él, o con cualquier otro de los impresentables que día y noche ambicionan con seguir siendo candidatos a algo, o cuando menos aprovechándose de cualquier circunstancia favorable —para ellos— que esté a su alcance?