AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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Comisión de la Verdad: que sus finalidades sean más que electorales

Comision de la verdad

+ Deben citar a los involucrados, pero sin anclas al calendario político


El fin de semana el presidente de la Comisión de la Verdad (CV), Alejandro Solalinde Guerra aseguró que dicho organismo citará al ex gobernador Ulises Ruiz a que rinda su testimonio sobre los hechos ocurridos en Oaxaca durante los años 2006 y 2007. Informó además que giró citatorios a otros ex funcionarios del periodo. Si consideramos el momento político del anuncio, y la fecha establecida para la entrega de las conclusiones de la memoria histórica que se supone que la CV está realizando, no hay más que concluir que los trabajos de dicha Comisión están perfectamente calculados en base al calendario político de la entidad.

En efecto, según una nota de Proceso, Solalinde Guerra destacó que los integrantes de la Comisión de la Verdad tomaron la decisión de llamar a declarar a Ruiz. “No importa que saque una biblioteca de libros, de todos modos lo vamos a llamar, porque es el principal presunto perpetrador (de la represión en Oaxaca), no cabe duda, pero además vamos a llamar a otras personas que están siendo señaladas”, resaltó. Este anuncio, ocurre en un contexto político inundado por la efervescencia electoral, en la que Ulises Ruiz insiste en ser uno de sus principales protagonistas.

Esta es una tragedia doble para Oaxaca: por un lado, la Comisión de la Verdad tiene una misión encomiable que, sin embargo, no está cumpliendo; por el otro, priva una especie de socarronería por parte de los ex funcionarios involucrados en la crisis social de 2006 y 2007, debido a que los resultados de la investigación no tienen ningún efecto vinculatorio, además de que saben que la propia CV está haciendo una investigación parcial, más cercana a la consigna política que a la rememoración de fondo del periodo, por lo que saben que también dicha investigación carga con cierto nivel de descrédito. Y finalmente porque saben que si la facultad de investigación de la Suprema Corte sobre violaciones graves a derechos fundamentales, y las investigaciones ministeriales, no fueron capaces de llevarlos ante los tribunales, esta investigación tampoco.

¿Por qué es trágico lo que está haciendo la CV? Básicamente, porque lo que hace es cumplir una consigna política de perseguir al régimen anterior a través de señalamientos y acusaciones, pero sin cumplir con el papel de fondo que debiera tener una Comisión de la Verdad. Si consideramos que organizaciones como Amnistía Internacional señalan que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad, entonces lo que la CV tendría que estar haciendo es cumplir con la búsqueda de la verdad y no cumplir con una consigna política.

Amnistía Internacional, dice además, que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, dice, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

¿Verdaderamente está haciendo eso la Comisión de la Verdad en Oaxaca? No lo sabemos, porque la Comisión nunca estableció una ruta específica para su investigación; no ha demostrado estarla haciendo con base en criterios reconocidos para una investigación de esta magnitud, y porque más bien se la ha pasado señalando, acusando a priori a los responsables, y utilizando momentos y formas que lo que demuestran es un linchamiento político y no la intención de resarcir —al menos con la verdad— a todas las víctimas de aquellos episodios, fueren integrantes del movimiento popular o simples civiles que resultaron afectados por aquella crisis social.

ULISISMO, IMPUNE

Desde el momento en que se creó la Comisión de la Verdad, varias dependencias estatales, como la Procuraduría de Justicia, o los tribunales dependientes del Poder Judicial del Estado, debieron fijar una posición sobre la aceptación implícita de las deficiencias estructurales que les impidieron tener la estatura para conocer de los hechos relacionados con el conflicto magisterial, y llegar a conclusiones no sólo, declarativas sino incluso vinculatorias, para quienes resultaren responsables de violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, de la comisión de delitos. Crear una Comisión de la Verdad trae aparejado el reconocimiento de la incapacidad de las instancias ordinarias de ofrecer certidumbre sobre qué ocurrió en un periodo específico. Este fue el caso.

Además, si el objetivo de la CV es conocer la verdad sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante el conflicto de 2006, las organizaciones que impulsaron la creación de dicha Comisión —e incluso los mismos integrantes de la misma— debieran dejar constancia específica de su disposición a que, de verdad, se conozca toda la verdad. Es decir, a que esa Comisión se encargue de indagar todos los hechos que posiblemente atentaron contra la dignidad y derechos de las personas, y que no fuere sólo un tribunal creado ex profeso para enjuiciar al gobierno, porque eso sería conocer —en el mejor de los casos— una parte de la verdad, pero no toda.

Todo esto ha sido trágico, porque la CV parece más bien un montaje encaminado a enjuiciar mediáticamente a Ulises Ruiz —cosa que a él no le interesa, ni le afecta en lo más mínimo—, pero que en el fondo lo que hace es convalidar su impunidad frente a todos los hechos de los que se le acusa responsabilidad.

Aunque han pasado casi 10 años, las heridas del conflicto magisterial siguen abiertas, y sus agravios continúan vigentes. Y hacer todo esto sólo para empatar las conclusiones de la investigación con los tiempos electorales, sólo refleja que están desdeñando la verdadera justicia frente simples cálculos políticos. La responsabilidad de Ulises Ruiz debiera ser investigada a fondo y no ser utilizada como un mecanismo más del año electoral.

FIN ELECTORAL

“Seguramente —apuntamos aquí hace 12 meses (Al Margen 26.11.2014)— las conclusiones de la Comisión serán dadas a conocer en marzo de 2016… en un momento ideal para que esto sirva como un eficaz proyectil del gobierno y la coalición contra sus adversarios, en plenos tiempos electorales”. ¿Alguien sigue dudando que todo esto se va a cumplir a pie juntillas? Ver para creer.

URO: un audio le mina su proyecto para regresar a Oaxaca

Ulises Ruiz Ortiz (grabación[)

+ Audio deja abiertos varios frentes de batalla rumbo al 2016


Al margen de la intención específicamente electoral que tiene la grabación, que la noche del lunes fue difundida en la red de Youtube de una conversación entre el ex gobernador Ulises Ruiz y el consultor Hugo Scherer Castillo, es indispensable entender los múltiples frentes de guerra que esta conversación traerá. Sin dejar de señalar la ilegalidad de este tipo de intervenciones telefónicas, es necesario revisar y enumerar los efectos políticos traerá la revelación de este audio.

En efecto, la primera intención, evidentemente, es la electoral. No sorprende que Ulises Ruiz hable de sus adversarios políticos; tampoco sorprende que siga hablando del proyecto sucesorio del senador Eviel Pérez Magaña como si fuera el propio, y que desde esa lógica se refiera a las personas con las que habla y planea el futuro político de quien fuera su Candidato a Gobernador en 2010.

¿Qué sí sorprende? Que en las primeras declaraciones que el senador Pérez ofreció a medios locales luego de la difusión del audio, abiertamente se desmarcó del ex Gobernador argumentando que todo esto constituye una forma poco seria de concebir su proyecto político rumbo a 2016. El problema —que implícitamente sí reconoce el senador Pérez— es que este audio provoca un efecto contrario a la percepción que en todos estos él ha tratado de generar, de que él es un político que tiene una ruta propia más allá del ex gobernador Ruiz. Por eso su lógica de renegar de su mentor político.

El segundo efecto que tendrá este audio al interior del ulisismo, es el posible distanciamiento con el director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. ¿De qué hablamos? De que antes y durante el tiempo que ha sido funcionario federal, Ramírez Puga ha sido un fiel integrante del grupo del ex gobernador Ruiz, a quien siguió considerando y ponderando aún cuando éste terminó siendo un apestado de la política nacional.

Al final, sus nexos, y el padrinazgo de Ruiz hacia Ramírez, terminaron siendo superiores al costo político que éste pagaba por mantenerlo cerca. La lógica de Héctor Pablo era la de ser él el abanderado de ese grupo político rumbo a la sucesión oaxaqueña de 2016. Pero éste audio revela que Ramírez no es, y nunca fue, el proyecto de Ruiz para buscar la gubernatura. En ese sentido, dicho audio tendrá sus propios efectos al interior del grupo compacto ulisista que irremediablemente se verá mermado, y que cambiará algunas variables rumbo a la elección de Gobernador.

El tercer efecto, es respecto al grupo gobernante actual. La grabación deja clarísima la relación que existe entre el golpeteo de diarios de la capital del país como Reforma, y la estrategia política de Ulises Ruiz para reposicionar a su candidato. A la par de celebrar los “reformazos”, Ruiz y su interlocutor —hijo del insigne fundador de la revista Proceso, Julio Scherer García— anuncian la campaña “de obras inconclusas” que está por comenzar, y que no tiene otro destinatario que la administración saliente del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

En esta vertiente, el efecto puede ser multimodal. Ulises Ruiz parece haber olvidado que varios de sus funcionarios aún tienen cuentas administrativas y penales pendientes, y que esto no hará sino reavivar esa batalla judicial y política que ha durado los cinco últimos años. La revelación también cancela de hecho la campaña que se supone que ya habían preparado sobre las “obras inconclusas” y generará una intención de cobrar el golpeteo generado en los últimos meses.

Todo esto, sin contar con la pésima situación en que quedan el diario Reforma, y los herederos de la revista Proceso, que a pesar de haber tratado de construir una imagen de críticos al sistema, se revelan como cómplices de uno de los personajes con peores antecedentes en el ámbito político nacional actual.

GUERRA CON LA OPOSICIÓN

Por si todo esto no fuera suficiente, el audio de Ulises Ruiz pone en entredicho el proceso interno del PRD para elegir su candidato a Gobernador. Ruiz ve con mucha simpatía tanto la posibilidad de que José Antonio Estefan Garfias sea el abanderado perredista a la gubernatura, como el hecho de que el senador Benjamín Robles Montoya “no tenga espacio” en el perredismo y pretenda migrar a otras fuerzas políticas.

Si la intención de Ruiz que esa ruta siguiera su curso, necesariamente la revelación del audio tendrá que mover las variables al interior de esa y las demás fuerzas políticas de izquierda en el país. ¿Por qué? Porque pareciera, según lo revelado, que Ruiz tuviera aún mano en el PRD, en Morena y en MC. Como esto no es así, entonces lo que ocasionará es que las dirigencias y consejos nacionales de cada una de estas fuerzas políticas replantee sus estrategias actuales para no quedar como las tontas útiles de un político que está intentando aprovecharse de las circunstancias internas de cada una de las fuerzas políticas contrarias al PRI.

Asimismo, abre un frente claro con el senador Robles, a quien intentó presentar como un personaje manejable. Quién sabe cuál sea la intención de Ruiz, pero es evidente que minimiza el hecho de que Robles sea el único competidor claro de su delfín a la gubernatura. Reiteradamente, las encuestas de todos los partidos han revelado la cercanía numérica de Robles y Pérez, y esto también romperá cualquier posibilidad de que éstos pudieran trabar una alianza, si ese fuera el caso. En la circunstancia actual ya no habría forma de que hubiera una “división del voto” en los comicios, como socarronamente lo celebraban Ulises Ruiz y Hugo Scherer Castillo.

Finalmente, en este país donde la ley es de papel y las grabaciones obtenidas ilegalmente son el pan de cada día, la difusión de esta grabación generará un efecto de largo plazo en todas las fuerzas políticas, que harán todo por escabullirse de que los relacionen con un apestado de la política nacional como lo es el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

REPROBADOS

En el manejo de crisis hay algunas estrategias simples, que a veces sirven, como la de quedarse callado hasta que la tormenta pase. Pareciera que eso fue lo que hizo el senador Benjamín Robles, aunque la reacción de sus asesores de comunicación demostró que en realidad las revelaciones los dejaron pasmados. El primero guardó silencio. Pero su vocero desató una imprudente —y contraproducente— guerra de ataques en Twitter en contra de ciudadanos, periodistas y hasta trolles.