Se deben generar acciones coordinadas entre todos los órganos de gobierno para disminuir índices de criminalidad, sugiere el doctor en Derecho Constitucional egresado de la UNAM, Jorge Ojeda Velázquez
Magistrados de las salas penales, así como jueces de control; de ejecución de penas, y secretarios de estudio y cuenta del Poder Judicial del Estado, nutrieron sus conocimientos al participar en el curso “Derecho de Ejecución de Penas” que impartió el doctor en Derecho Constitucional egresado de la UNAM, Jorge Ojeda Velázquez, quien es Magistrado de Circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Primer Circuito en el Distrito Federal.
Al abordar la necesidad de comprender la importancia que tienen los juzgadores ante el dictamen de una pena conocida comúnmente como sentencia, Ojeda Velázquez señaló que a lo largo de la historia se han abordado diversas teorías de cómo castigar a quien comete un hecho delictivo, como es el caso de la teoría alemana, que señalaba que el mal se retribuye con el mal y el bien amerita un precio, mientras que la teoría francesa apuntaba a la prevención del delito.
“La conciencia moral exige un castigo; hay un llamado no solo personal, sino colectivo de ejercer un castigo. Si se castiga el delito, la sociedad se siente tranquila; cuando el Estado no puede castigar a los delincuentes, se genera la zozobra”, expuso el ex director de penitenciarias en el estado de Guanajuato.
Ojeda, cuestionó sobre qué cantidad de pena y cómo se encuentra el castigo adecuado para que la gente no repita el delito, para que las personas se alejen de la tentación del delito, para así evitar que sólo se castigue el mal con el mal.
“Se debe realizar un análisis de los costos que implica una detención de un probable responsable; de su enjuiciamiento y de dictar una condena para así generar acciones coordinadas entre todos los órganos de gobierno que permita generar resultados óptimos y disminuir índices de criminalidad”, precisó el Premio Internacional de Investigación Jurídico Penal “Maestro Francisco González de la Vega.
El autor del libro Derecho Punitivo, precisó que esto es necesario para evitar que las acciones de los ministerios públicos, jueces y todos los involucrados en aclarar un delito, no sean realizadas en vano y cumplan el objetivo de lograr una pena para el culpable del hecho.
De esta manera, el académico apuntó que los juzgadores de penas deben analizar las situaciones alrededor de un delito para así dictaminar una pena justa, que esté en relación con el nivel de culpabilidad del delito; para lograr esta culpabilidad, dijo, el imputado debe tener conocimiento que su acción tiene un sentido negativo.
Sostuvo que en siglos pasados, el Código Penal señalaba 960 tipos de crímenes; dependiendo del delito, el juez dictaba la pena señalada; en caso que un delito no estuviese contemplado, la persona era absuelta, situación que ha evolucionado al incluirse delitos y modificarse las penas.
En este Curso de “Derecho de Ejecución de Penas” participaron los magistrados, Gerardo Adelfo Carmona Castillo, el magistrado Arturo Lázaro León de la Vega, y el magistrado José Luis Reyes Hernández.
