Carlos R. Aguilar Jiménez
Mientras el país, luego de tres años de gobierno, sigue igual que antes porque en ninguno de los aspectos sociales, económicos o políticos de los que se prometió transformación, se nota algún cambio, al tiempo que la nación se desmorona entre violencia extrema de cárteles, feminicidios, inseguridad, impunidad, ocurrencias y la misma corrupción que como tradición sujeta a casi todos las instituciones, el gobierno a través de la Fiscalía General de la República (FGR) embiste ahora con un ataque penal contra científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y su desparecido Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. que canalizaba fondos de investigación a proyectos emanados de académicos y de la sociedad, porque para la actual directora de CONACyT, María E. Álvarez Buylla quien se inventó una “ciencia popular” para ajustar la ideología populista actual de austeridad, se ha dedicado a despedir empleados, investigadores, cancelar becas e interrumpir proyectos de investigación.
La nueva Ley de “Ciencia Popular” del CONACyT instituida en 2019 prohibió la transferencia de fondos al Foro Consultivo y estableció una demanda judicial contra el anterior director de CONACyT, llegando la denuncia hasta la Corte, donde la resolución de magistrados fue que en su momento los acusados habían actuado de acuerdo a la ley, pero la demanda siguió llegando a la FGR donde configuraron que los científicos son delincuentes que manejaron recursos de procedencia ilícita y forman parte del crimen organizado, pidiendo la FGR ordenes de aprehensión contra 31 científicos, académicos e investigadores que deberán cumplir prisión forzosa en un penal de máxima, al estilo de las purgas de Stalin, encarcelamientos de Mao o los confinamientos de Castro para eliminar a quienes piensan diferente, ya sean: científicos, artistas, periodistas, intelectuales y todos aquellos que no se someten a la ideología del gobierno, abrazando a narcotraficantes y encarcelando a científicos con la política de “abrazos no balazos”, porque hasta la fecha luego de tres años de gobierno no se ha presentado en ninguna ocasión alguna querella, denuncia o demanda contra narcos, pero si contra 31 científicos a quienes el gobierno acusa de delincuencia organizada, luego de cancelar el presupuesto de 109 fideicomisos de ciencia, para destinarlos a una refinería de petróleo que en menos de una década será obsoleta ante el avance y comercialización a bajo costo de los nuevos automóviles eléctricos, bajo esa dinámica de culpar al pasado de todo, pero reivindicando arcaicas ideologías marxistas: castristas, industrias y procedimientos del pasado petrolífero, sin entender con la miopía de la Ciencia Popular que la ciencia no es un gasto, es una inversión, una inversión profunda, como la educación o la salud, agrediendo el gobierno a todo el sector de ciencia, investigación, academia y cultura.
