Política

H. Ayuntamiento2019-2021

Carlos R. Aguilar Jiménez.

Con el beneficio de la duda propio de escépticos informados, la ilusión necesaria de creyentes en MORENA, el espejismo de los enojados con el sistema y la incertidumbre de los decepcionados por lo que se ha dado en llamar viejo régimen, el Municipio de Oaxaca de Juárez inicia una Nueva Era, deseando todos que con perspectiva de la Cuarta Transformación, las condiciones, circunstancias y ambientes de la capital mejoren y tengamos una mejor calidad de vida.

El reto para el presiente municipal Oswaldo García Jarquín y Cabildo es complicado, porque la inercia social y política de décadas en el poder de gobiernos que arreglaban todo conflicto o inconformidad repartiendo dinero, licencias o permisos a lideres venales de vendedores ambulantes o grupos de inconformes, constructores, concesionarios y todo aquel que pretendía hacer o conseguir algo ilícito, será difícil de eliminar pretendiendo que únicamente con la aplicación de ordenanzas municipales se realice, no obstante, si el presidente municipal con determinación aplica la ley, con la autoridad que le otorga el alto cargo que ostenta y el apoyo de sus colaboradores y regidores, seguramente

a la ciudad y sus habitantes nos ira bien, porque todo es cuestión de don de mando y principio de autoridad dado que las leyes existen y únicamente es cuestión de aplicarlas, suprimiendo a los miles de vendedores ambulantes, invirtiendo honestamente el dinero en obras, servicios municipales e infraestructura urbana, ordenando el transporte, seguridad, salud, cultura, vialidad, barrido y muchas otras acciones que competen al H. Ayuntamiento, que si realiza serán excelente ejemplo de la Cuarta Transformación a la que se ha sumado el Presidente Municipal OGJ, iniciando quizá, con el rescate de los portales del zócalo expropiados para usar como cantina y que si los dueños pueden argumentar tener permiso para ocupar como bar en vía pública, lo cierto es que los obtuvieron por corrupción, contexto que sirve de argumento lógico para para los vendedores ambulantes al argumentar ¿por qué a ellos exigen su retirada de la vía pública y no a los invasores de los portales?, pero, como sea, lo cierto es que inicia una nueva administración municipal que ilusiona a los oaxaqueños porque OJG probablemente cumplir sus promesas al tener apoyo de AMLO y quizá del gobernador, aunque sea del partido en extinción, por lo que quienes votaron a favor de MORENA y OGJ con esperanza que la ciudad Patrimonio Cultural sea digna de esa distinción, cuente también

Consulta AMLO a conveniencia

Carlos R. Aguilar Jiménez.

Sin que aún haya asumido el alto cargo que consiguió luego de más de una década en campaña política para la presidencia de México, AMLO afirmó hace días que cuando sea presidente del país cumplirá con sus promesas y de inmediato hará todo lo correspondiente para cancelar la Reforma Educativa y de esa forma quedar bien con todos los que pretenden que los niños pobres que no pueden asistir a clases en una escuela privada, sigan hundidos en mediocridad e ignorancia académica, al menos en el caso de Oaxaca, donde los profes de la Secta 22 y normalistas del magisterio saben bien y enseñan con el ejemplo cómo bloquear calles, secuestrar empresas, saquear camionetas repartidoras o instalar barricadas, pero poco les importa enseñar con calidad y responsabilidad docente a los niños más humildes.

AMLO dice que llevará a consulta popular la continuidad y construcción o cancelación del nuevo aeropuerto de CdMx, como si taxistas, boleros, burócratas o campesinos supieran algo de aeronáutica, sustentación aérea, diseño de pistas de elevación y aterrizaje, operación de torres de control, logística aeroportuaria y todo lo que implica y requiere la operación de un aeropuerto internacional, donde absolutamente toda actividad requiere de expertos y profesionales que garanticen la seguridad de pasajeros, tripulaciones y personal de tierra; mientras que, para la cancelación de la Reforma Educativa, no hace lo mismo, no propone una consulta popular o con expertos para analizar si la respeta o cancela, porque en el caso de la educación escolar, en actitud incongruente y absolutista afirma que por su omnímoda, omnisciente y todopoderosa voluntad presidencial la cancelará, sin preguntar o consultar a quienes realmente saben de educación, pero respecto del aeropuerto, lo consultará a conveniencia, porque da imagen política arremeter contra quienes con dinero suficiente utilizan aviones para viajar y no se trasladan en camiones de “fletes y corajes” cumpliéndole a los profes qu lo apoyaron para ganar la presidencia, porque es políticamente correctamente, aunque los perjudicados sean los niños escolares ya que, si para bien o mal, la Reforma Educativa no es ideal como ha iniciado, al menos, como casi todo en principio no es perfecto, pero con una consulta a expertos psicólogos, pedagogos e intelectuales, no a padres de familia o taqueros, se puede perfeccionar, por lo que, si AMLO fuera congruente en sus declaraciones y gobierno, sometería a consulta con expertos la construcción del nuevo aeropuerto y por igual la Reforma Educativa, de la misma forma que todas las posteriores propuestas de su gobierno, no únicamente las que le conviene y otras no, porque no se trata de quedar bien únicamente con los morenos, sino con todos los mexicanos, especialmente con los niños de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde los sindicatos magisteriales estatales han hundido en la mediocridad la instrucción escolar, porque no es igual la enseñanza escolar básica en Querétaro que en Oaxaca, o en la Salle y el Federico Froebel que en la primaria pública de la Volcanes.

La mayoría legislativa de AMLO no debe ser vista como un cheque en blanco frente a la ley

Andrés Manuel López Obrador gozará de una mayoría legislativa sin precedentes durante la primera mitad de su gobierno, pero ello debe constituir una oportunidad y no una amenaza frente a la Constitución y las leyes. Para que sea así, su mayoría legislativa debe ser vista como un elemento a favor para la reestructuración del gobierno y los factores de poder, pero no para el cumplimiento de caprichos o ambiciones no relacionadas con la cuarta transformación que AMLO le prometió a los electores, y por la que más de 30 millones de ellos votaron por él. Para ello, debe haber mayorías y minorías acordes con la democracia en evolución que se supone que queremos.

En efecto, López Obrador ha planteado una serie de cambios relacionados con su proyecto de nación. Aunque éste no ha sido más que esbozado, el Presidente Electo ha hecho diversos anuncios que, para ser cumplidos, tendrían necesariamente que pasar por reformas legales e incluso a la Constitución. Cuenta con la valiosísima herramienta de la holgada mayoría legislativa que los electores le dieron en las urnas el 1 de julio. Y no sólo eso: contará también con el control de más de 17 legislaturas estatales, que son las necesarias para complementar el proceso dificultado de reformas a la Constitución federal, previsto en su artículo 135.

Frente a ello vale la pena preguntarse no sólo qué papel jugarán las fuerzas opositoras a partir del 15 de septiembre —fecha en que se renueva la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión—, sino también qué papel jugará la amplia mayoría de Morena, y quienes puedan ser sus aliados. Lo natural y lo lineal será pensar, en primer término, que como partido, el Movimiento de Regeneración Nacional se plegará a las necesidades de nuevas leyes y reformas que pueda plantear el nuevo Presidente, y que las respaldaría incluso inopinadamente.

En esa misma lógica, podría también plantearse una cuestión concomitante: qué papel jugará la oposición, que si bien será minúscula frente al poder que la voluntad popular le dio al partido del nuevo Presidente, sí será el espacio que podría llegar a representar a las minorías que no votaron por Andrés Manuel ni por Morena, y que ahora parece que se encuentran en una especie de situación de orfandad frente al poder avasallante de los ganadores.

En la búsqueda de equilibrios entre ganadores y perdedores existe —o debería existir— una gama enorme de matices, para que ni los ganadores terminen siendo la oficialía de partes legislativa de los cambios y necesidades del Presidente, ni los opositores terminen siendo un grupúsculo arrinconado que decide colaborar con la mayoría a cambio de algunos favores, o para evitar la pérdida de algunos de los privilegios que le pudieran ofrecer desde el sector público.

¿Qué se necesita? Se necesita, en este nuevo contexto, una oposición que sea firme y congruente, independientemente de su número y posición; y también se necesitaría un oficialismo capaz de no ser un satélite del nuevo Hombre Fuerte del país, sino un contrapeso interno frente a las decisiones que pueden ser parte de un proyecto de país, pero que también pueden ser el dintel para las tentaciones no democráticas. En la definición de mayorías y minorías deberá quedar definido mucho del rumbo que necesita México no sólo para sostener este cambio de rumbo, sino sobre todo para fortalecer su democracia.

MAYORÍAS Y MINORÍAS

México no había tenido mayorías legislativas desde los tiempos del régimen de partido hegemónico. La última mayoría absoluta del PRI fue desmantelada en la elección federal intermedia de 1997, y desde entonces la pluralidad ha sido el signo distintivo del ejercicio legislativo, y de su relación con los presidentes de entonces a la fecha.

Ernesto Zedillo no sólo fue quien perdió la mayoría legislativa del PRI, sino que también entregó la Presidencia al PAN. Vicente Fox no logró nunca la mayoría y, de hecho, Felipe Calderón fue un Presidente que ejerció los seis años de su mandato con minoría en las cámaras legislativas federales. Enrique Peña Nieto cambió las coordenadas, al construir una mayoría artificial a través del Pacto por México.

Muchos de los que ahora militan y nutren la fuerza de Morena, fueron los mismos que señalaron y criticaron tanto el hecho de que el Pacto era producto de un acuerdo político entre cúpulas, y no de la voluntad popular para reformar la Constitución; y que las características del Pacto, y las condiciones bajo las que establecieron el catálogo de reformas, desconsideraban a la ciudadanía y degradaban al Poder Legislativo al haberlo convertido en una especie de oficialía de partes de los proyectos reformistas que se habían discutido y acordado en otras arenas que no eran las del debate legislativo.

Hoy, esas personas y grupos que en aquel entonces denunciaron las arbitrariedades y la desconsideración del Pacto respecto a la voluntad popular, ¿serán capaces de establecer sus propias coordenadas frente a las necesidades y los dictados de Andrés Manuel, o serán la versión renovada de aquella “oficialía de partes legislativa” que tanto denunciaron, cuando el acuerdo cupular constituyó una mayoría artificial a través del Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD?

Evidentemente, lo sano y lo democráticamente coherente, sería que Morena fuera una mayoría aliada con el Presidente, pero no una mayoría acrítica. Lo primero tendría que significar la posibilidad de que las bancadas de Morena tanto en las dos cámaras legislativas federales, como en los Congresos estatales —todo ello es necesario para llevar a cabo una reforma constitucional— tuvieran sus propias consideraciones respecto a los proyectos reformistas del nuevo Presidente. El problema es que tanto Morena como Andrés Manuel no se han caracterizado, hasta ahora, por ser afines y tolerantes a los disensos y a las alternativas frente a los planteamientos establecidos desde la verticalidad del poder.

DISYUNTIVA

En realidad, una de las cuestiones que resultan más relevantes en este sentido, es la relativa a que el poder público y las mayorías no terminen siendo la herramienta propia del autoritarismo. La voluntad popular en México volvió a otorgar una mayoría 21 años después, quizá con la consideración de que el estado de madurez de nuestra democracia permitirá que, aún así, existan modificaciones equilibradas y que la mayoría sea sinónimo y muestra de civilidad, y no el preámbulo de las tentaciones que han ahogado a otras naciones frente a líderes absolutos. En el fondo, mucha de esa responsabilidad está depositada no en las minorías, sino justamente en la mayoría legislativa que debe ahora hacer su trabajo para bien de México, y no para poner en entredicho el delicado avance democrático de las últimas dos décadas.

Sin memoria, quienes luego del 1-J, insisten erróneamente en vivir en un país sin matices

Hoy es común en redes sociales, ver que quienes antes de la jornada electoral del 1 de julio atacaban denodadamente al agonizante régimen gobernante, sean hoy quienes defiendan hasta la ignominia decisiones como la “propuesta” (¿ante quién?) de que Manuel Bartlett Díaz sea el director de la Comisión Federal de Electricidad en la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. La discusión sin matices, lleva a todos a la estratagema de atacar y defender sin distingos, como si esta tercera transición fuera producto de la generación espontánea y no resultado de un largo proceso democratizador en el que todos —‘priistas’ y ‘chairos’— fueron igualmente participantes.

En efecto, pocas de las muchas decisiones anunciadas en las últimas semanas por el ganador avasallante de la jornada electoral del 1 de julio, ha sido tan polémica —y cuestionada, y hasta rechazada— como la relativa a la propuesta de Bartlett Díaz como próximo titular de la CFE. El pasado viernes 27 de julio López Obrador hizo el anuncio, y ante el rechazo a la propuesta de Bartlett, por parte de innumerables voces que antes habían respaldado el proyecto lopezobradorista —incluso de su ex coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, que se pronunció en contra de dicha propuesta—, justificó su decisión argumentando que el ex Secretario de Gobernación ha sido uno de los más importantes opositores a la reforma energética concretada durante el presente sexenio, y que su presencia en la CFE garantiza la defensa de la industria eléctrica nacional.

Esto, además, ha generado un intenso e interesante debate en redes sociales, entre quienes rechazan el nombramiento de Bartlett y las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, y quienes pretenden defenderlas con argumentos que no siempre son sustantivos, sino que más bien apelan al pasado, a la antidemocracia, al autoritarismo, al priismo y a una cantidad enorme de circunstancias que no están directamente relacionadas con los argumentos que se esgrimen. Por ejemplo, cuando en redes alguien cuestiona la nominación de Bartlett, hay docenas de cuentas que cuestionan las razones por las que en el pasado, esa misma persona que ahora cuestiona las decisiones del nuevo gobierno, no atacó a los priistas —como Bartlett— que tuvieron responsabilidades públicas y que dejaron al país en las circunstancias en las que se encuentran.

¿Existe conexión entre los argumentos? Evidentemente, no. Lo cierto es que es una cosa es lo que ocurrió en otras administraciones —particularmente la que está a punto de concluir, del presidente Enrique Peña Nieto— y otra muy distinta lo que ahora está ocurriendo. ¿Por qué? Por una cuestión básica de democracia. Quienes antes cuestionaban son los que ahora defienden, así como había muchos que antes defendían al priismo o panismo, y ahora cuestionan a López Obrador o a Morena; aunque también hay muchos que han evitado caer en el garlito de las justificaciones o descalificaciones sistemáticas, y que por eso de manera permanente han mantenido una postura crítica con todos los gobiernos.

Así, si esa falsa discusión no lograría pasar ni la más mínima prueba de la lógica del pensamiento por las falacias en las que incurren sus participantes, también es cierto que dicha discusión pretende inhibir el hecho de que la pluralidad y la riqueza en el intercambio público, fue lo que en gran medida ha impulsado este proceso democratizador del país que ahora abre la puerta a una tercera alternancia de partidos en el poder presidencial en México, en menos de dos décadas.

PLURALIDAD Y LIBERTADES

Muchos de los que ahora defienden, antes cuestionaron y lo hacían con fuerza. Qué bueno que haya sido así, porque esa convicción denodada de millones de personas por no permitir la reinstauración de un régimen de partido hegemónico en México luego del año 2000 —primero con las dos administraciones panistas, y luego con la actual emanada del PRI que está a pocas semanas de entregar el poder presidencial—, fue la que se dejó sentir de manera permanente a través de la crítica y el cuestionamiento a las decisiones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esas mismas voces, ahora deben reconocer que ellos representan a una porción del país que fue creciendo gracias a la convicción que paulatinamente fueron generando en más personas, sobre la necesidad de reprobar a los dos partidos que gobernaron el país del año 2000 a la fecha, y de buscar una tercera alternancia.

En esa misma medida, deberían también reconocer que si bien la democracia está determinada por una mayoría que se sobrepone en las decisiones —todos los que le dieron el triunfo no sólo a Andrés Manuel, sino a una cómoda mayoría de diputados federales, senadores, diputados locales y alcaldes emanados de Morena—, en el otro extremo existe una minoría que asume sus costos, pero que debe ser respetada tanto en sus convicciones como en la posibilidad de establecer posturas críticas, sin ser aplastada, cuestionada o perseguida por no estar de acuerdo. De hecho, en ello ha radicado la construcción de la democracia mexicana en los últimos tiempos.

Pensar de otra manera, y rechazando los argumentos de quienes hoy son minoría —argumentando que en otros tiempos ellos no cuestionaron ni rechazaron como ahora lo hacen frente a las decisiones del próximo Presidente—, lo único que hacen es descalificar su propio papel y relevancia como opositores en el pasado. Es cierto que muchos de los que ahora cuestionan fueron quienes defendieron o sirvieron en regímenes anteriores. Pero también lo es, que quienes entonces ejercieron ese papel no fueron aplastados a partir de argumentos engañosos ni de las descalificaciones que ahora se pretenden validar, como una forma propia de nuestra democracia.

Al final, queda claro que la democracia está construida con base en la pluralidad, y que ese es un valor que nadie, ninguna sociedad, debiera perder. En México no habrá forma de que se inhiba el intercambio público, porque los mexicanos tenemos más de dos décadas no sólo ejerciéndolo, sino haciéndolo piedra angular del proceso democratizador que periódicamente evalúa a los gobernantes.

¿ACTO DE FE?

Queda claro que la victoria de López Obrador es un reconocimiento al enorme liderazgo y reconocimiento que goza entre la mayoría de los ciudadanos; pero también lo es, que muchas de las personas que votaron por él o por su partido, lo hicieron en rechazo de otras fuerzas políticas o de otras prácticas, y no necesariamente como un acto de fe. Eso debería quedarnos claro a todos, y por eso mismo deberíamos todos nutrir el intercambio libre de ideas —independientemente de su contenido— y no proscribirlo. Incurrir en ello equivaldría a dinamitar la democracia que hemos construido los mexicanos desde la victoria, y desde la derrota.

Disminuir los salarios de la burocracia, otra expresión del ‘síndrome del cangrejo mexicano’

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador estableció como una de las coordenadas iniciales para el inicio de su gestión, la reducción de los salarios que percibe la alta burocracia en México. Lejos de populismos y de consideraciones superficiales, lo cierto es que esa determinación, parece en realidad un reflejo del llamado ‘síndrome del cangrejo mexicano’. Vale la pena entender las circunstancias de fondo, más allá del voto inconforme o enojado de millones personas, para ver el tamaño del riesgo que implica el —aún mayor— abaratamiento del servicio público que podría avecinarse con el nuevo gobierno.

En efecto, en términos generales esto es lo que dice la fábula de los cangrejos, de la que se extrae esa especie de síndrome que nos caracteriza en temas sensibles como la ayuda mutua, el reconocimiento y, como en este caso, en lo que tiene que ver con algo tan importante como el salario que se percibe como producto del trabajo y el despliegue de talentos y destrezas.

Dicha fábula va más o menos así: En el puesto de un mercado había tres canastas con cangrejos. Ante la curiosidad de un cliente, el encargado le explicó: “Son de diferentes nacionalidades, por eso los tengo separados. La primera canasta tiene cangrejos norteamericanos. Está tapada con una tabla porque si no trepan por su propio esfuerzo y escapan”.

Y continuó explicando: “La segunda canasta”, una más alta y tapada con ladrillos, “contiene cangrejos japoneses. Ellos se apoyan mutuamente. Forman una pirámide, y cuando la mayoría ya está afuera ayuda a salir a los demás. Por eso el cesto tiene ese tamaño y está tapado de esa forma”. “Y la tercera, ¿por qué está destapada?”, preguntó el cliente. “Ah, ahí no hay problema: son cangrejos mexicanos, y cuando uno quiere salir los demás lo jalan hacia abajo.”

De acuerdo con un texto de Enrique Martínez publicado en Milenio (https://bit.ly/2Le9ZSO), estudios como el realizado por el economista Robert H. Frank, demuestran que la inmensa mayoría de las personas preferiría ganar 100 mil dólares al años si sus vecinos y conocidos ganaran 85 mil, en lugar de 110 mil si el resto ganara 200 mil. Esto es algo que ahora cobra un sentido distinto cuando grandes porciones de la población se manifiestan a favor de deprimir los salarios de la burocracia en México, sin considerar que en muchos sentidos el Estado debe ser administrada con eficiencia, como una gran empresa que es propiedad de todos los habitantes, por personas que estén plenamente comprometidas y recompensadas por ella.

Ahí es donde surge el fantasma del síndrome de los cangrejos, porque pareciera que de nuevo, en lugar de empujar la eficiencia y la honestidad administrativa a partir decisiones correctas, se está intentando “jalar” a la precariedad a un sector –el de los empleados públicos— que de por sí hace tiempo dejó de estar en jauja, y que en la mayoría de los casos enfrenta grandes responsabilidades en la administración pública, y sus cargos requieren niveles de especialización que no son del todo comunes en el mercado del trabajo.

DECISIONES COMPLEJAS

Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con inestabilidad propia de aquella época, pero también con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En la circunstancia actual, el gobierno debiera tener más prudencia para evitar que, en nombre de la austeridad, regrese al pasado.

Pues resulta que más allá de la típica visión maniquea —que hoy trata de deprimir los salarios de aquellos que básicamente cometieron el pecado de servir a las administraciones pasadas—, hoy para cualquier empleado público es claro que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos, respecto a lo que podría ganar teniendo ese mismo nivel de demanda y responsabilidad, en el sector privado.

Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios —que no corresponden al nivel de responsabilidad que implican los cargos—, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados, como la administración federal que arrancará en diciembre próximo.

En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno una de las mayores fuentes de trabajo en el país, y por esa razón oferta empleos que otorgan cierta seguridad pero en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.

Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.

¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?

Aquí y en China el resultado es exactamente el mismo: los empleados verdaderamente competitivos dejan de ver con atracción el servicio público, y buscan otras opciones de trabajo, en las que sí les ofrezcan las condiciones laborales y el salario que merecen. Y sólo se quedan en esos empleos mal pagados, aquellos que no alcanzaron a acceder a los puestos de trabajo de los primeros.

Es decir, que el servicio público tiende a quedarse no con las personas y los perfiles profesionales que requiere, sino con los que no tienen otras opciones; con los que simplemente se resignaron a trabajar con estabilidad, independientemente del bajo salario… o de quienes ven siempre al sector público como una plataforma para maniobras o actividades indebidas por su relación con el tráfico de influencias, de información, o con corrupción.

PRUDENCIA, PRUDENCIA…

Todo esto, sin embargo, es fuertemente contrastante con las propias expectativas que ha generado, para sí misma, una administración como la de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, deberían tomar con más reserva y cuidado la posibilidad de seguir reduciendo los salarios de la burocracia, sin basarse en un diagnóstico serio sobre el impacto en la atención, servicios o procesos que involucran a la ciudadanía y, sobre todo, con lo relacionado con la corrupción.

AMLO logró una integración mayoritaria en las Legislaturas federal y locales; ¿cómo lo capitalizará?

Dentro de los muchos escenarios inéditos que arrojó la elección del 1 de julio, está uno que resulta particularmente importante: con su victoria electoral, y con su enorme aceptación ante la ciudadanía, Andrés Manuel López Obrador logró una integración mayoritaria de su partido tanto de las dos cámaras legislativas federales, como de más de una docena de legislaturas locales que también se renovaron en los comicios del domingo pasado. Es cierto que con esa ventaja tiene un camino relativamente fácil rumbo a posibles reformas importantes. Pero también habrá que ver de qué forma controla y hace valer su liderazgo frente a los diputados locales y federales, y senadores, que llegaron gracias a él y no a liderazgos ni respaldo ciudadano genuinos.

En efecto, de acuerdo con una nota del periódico El Informador, el empuje que dieron los electores al virtual ganador de la elección por la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, reconfigurará los colores en la próxima Legislatura del Congreso de la Unión, pues ésta quedará conformada con una mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). El llamado al “voto parejo” tuvo eco y la coalición Juntos Haremos Historia alcanza hasta el momento 218 diputados y 55 senadores.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue arrasado. Según el conteo preliminar, con 79% de avance, de ser la primera fuerza política en la Cámara, caería hasta la quinta. La prueba está en que, de los 300 distritos electorales en que está dividido México, apenas ganaría uno con candidatura propia y 14 coaligado con el Partido Verde y Nueva Alianza; en la elección pasada obtuvo 156 distritos. Así, de acuerdo con algunas proyecciones, una vez que se asignen los diputados plurinominales y distribuyan los escaños entre las alianzas, Morena sería la fracción mayoritaria con entre 159 y 174 legisladores, le seguiría el PAN que podría tener entre 75 y 89 curules.

El PT alcanzará entre 55 y 66 diputados; mientras que Encuentro Social rondaría entre 54 y 68 espacios. El PRI caería hasta la quinta fuerza con entre 46 y 56 legisladores. El PRD obtendría máximo de 34 y Movimiento Ciudadano entre 18 y 29. El Partido Verde aspira entre 6 y 19 y Nueva Alianza entre tres y ocho. Ningún candidato independiente llegaría a la Cámara baja. Por otra parte, para el Senado, la alianza Todos Por México (PRI, PVEM, Panal) ganaría dos escaños de mayoría y 11 como primera minoría; es decir, como candidatos perdedores con la segunda mejor votación. La alianza PAN, PRD y MC alcanzaría un máximo de 62 curules en San Lázaro y 25 espacios en el Senado.

¿Qué significa esto? Que esencialmente Morena tendrá una integración cómoda; que casi con cualquier alianza que construya en el futuro cercano —quién sabe si con fuerzas como el PAN o el PRD, o con un PRI que podría incluso tener una actitud más revisionista que las otras dos fuerzas— podría conseguir reformas constitucionales; y que no necesitaría ningún tipo de alianza, más que su unión orgánica con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, para lograr reformas a leyes ordinarias.

Con eso quedará claro el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador frente a la ciudadanía y en la papeleta electoral, pero también sería un elemento determinante para conseguir de manera acelerada las reformas que implicara su plan de gobierno, ya que esa integración casi mágica sólo duraría tres años.

Luego de ese periodo, se combinarían varios factores, tales como el hecho de que López Obrador ya no será un participante en la contienda electoral, sino el Presidente; que para entonces ya acumulará desgaste por el ejercicio natural del poder —sin considerar que pueda haber errores en él o en su gabinete, con costo político frente a la ciudadanía—; y que para entonces habrá la posibilidad de que se reconfiguren las fuerzas locales, regionales y nacionales, ante el hecho de que no habrá una elección presidencial de por medio.

¿CÓMO CONTROLARLOS?

Queda claro que, en gran medida, el liderazgo legislativo de Morena es de Andrés Manuel, y no de quienes llegaron gracias a él. En el aluvión electoral, él sumó a propios y extraños, y no dudó en impulsar a gente repudiada, sin liderazgos, tránsfugas, y/o carentes de trabajo político. ¿Cómo controlarlos ahora que todos se sienten empoderados gracias a que llegarán al Congreso no gracias a ellos, sino a una enorme ola —algo así como un tsunami— identificada como López Obrador?

El tema no es menor: el nuevo Presidente necesitará establecer coordenadas muy concretas respecto a que el liderazgo es de él, y que todos los legisladores que llegaron gracias a la inédita circunstancia electoral del 1 de julio, le deben los privilegios y la posición política a quien el 1 de diciembre se convertirá en Presidente. En esa lógica, Andrés Manuel puede permitir el empoderamiento de esos personajes simplemente si los deja al garete, o puede establecer controles específicos para generar simplemente las condiciones que necesitará su gobierno respecto a las reformas estratégicas.

Para nadie, y menos para Andrés Manuel, será un escenario favorable que a partir de ahora todos se sientan empoderados y todos pretendan establecer pequeños feudos a partir de un liderazgo artificial con el que se integraron las cámaras. Puede ser muy cuestionable, pero es la realidad: López Obrador llegará a la Presidencia convertido en un auténtico caudillo que logró colarse en el sistema democrático no sólo con legitimidad sino con el control casi total de casi la mitad de las legislaturas locales, y teniendo a favor a las dos cámaras legislativas federales. Algo inédito en la historia contemporánea de la democracia mexicana.

Habrá que verse si dicho poder es utilizado para bien, o si ello termina alimentando las tentaciones autoritarias de unos u otros. En otros momentos, en este espacio hablamos de la ruptura de la lógica sucesoria que provocaría, en el ejemplo de Oaxaca, la postulación de Susana Harp como primera en la fórmula al Senado. En la lógica tradicional, ella y sus acompañantes se sentirán con derecho a disputar la candidatura a Gobernador cuando llegue el periodo. ¿Andrés Manuel la querrá a ella como proyecto político para una sucesión de gobierno estatal, o simplemente para que apoye a su administración federal a través de votos e iniciativas con sentido y utilidad prácticos?