Por una nueva relación entre empresas y pueblos indígenas


Mariana Yáñez Unda

Vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A.C.

José es el artesano mayor y enseñó el oficio de la carpintería a Jesús de Nazareth, por eso, ayer 19 de marzo, día de San José, celebramos en México el día de las artesanas y artesanos. Es atinente entonces realizar el siguiente apunte.

Las grandes empresas son voraces con el trabajo de los artesanos. Los empresarios de la vanidad se han “inspirado” en el trabajo de las etnias del mundo. Han ido a África y se han apropiado de la herencia de pueblos y la han vendido como una fusión como estilo tribal, han “rediseñado” prendas, diseños, iconografía y han creado “tendencias de la moda” con diseños creados por los pueblos indígenas del mundo.

Con los dientes afilados acuden a África, India, Oriente, América Latina y bajo la idea de que rediseñan lo étnico, se apropian de sus saberes, lucran y obtienen grandes beneficios. Los pequeños artesanos locales no tienen la capacidad para oponerse a este expolio.

En México la situación no es distinta. Cito como ejemplo a Isabel Marant, la youtuber Yuya, cerveza Cucapá, Nestlé y Chocolate Abuelita, quienes se apoderaron de diseños, imágenes y saberes de los pueblos y comunidades indígenas.

Lamentablemente, son los gobiernos los que han propiciado este apoderamiento: es curioso que la propia Ley Federal del Derecho de Autor permita el apoderamiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. El artículo 159 establece que es de “libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal” siempre que se mencione el lugar de origen y sólo las protege contra la deformación

Como un reconocimiento a la labor de artesanas y artesanos, el legislador federal debería propiciar una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor para prohibir la utilización del patrimonio cultural de los pueblos indígenas de manera gratuita.  Desde la Ley deberán sentarse la base de una nueva relación entre artesanos de pueblos indígenas y empresas, si éstas quieren utilizar diseños de las artesanías indígenas deberán contratar la utilización de tales imágenes y diseños bajo las reglas justos o economía naranja. En Panamá los kunas lo hicieron muy bien. Sigamos ese ejemplo.

¿La cuarta transformación no entiende nada sobre el federalismo en México?


Tiene razón el Presidente Electo cuando dice que no se dejará chantajear por nada ni por nadie, incluidos los gobernadores de las entidades federativas. En lo que no parece haber claridad, es en el entendimiento del poder que históricamente ha tenido el federalismo en México, y que por ese solo hecho el nuevo Presidente debería afianzar intereses y alianzas con los mandatarios estatales antes que pelear con ellos. Razones y referencias existen de sobra, y por eso mismo es indispensable que él y sus aliados entiendan mejor el federalismo que, le guste o no, nos rige y nos debe seguir determinando.

En efecto, una de las decisiones del nuevo gobierno federal que más ha incomodado a los gobernadores es la del establecimiento de la figura de “súper delegados federales”, que a partir del 1 de diciembre sustituirán a los actuales representantes de las dependencias y programas federales y concentrarán las funciones en una sola persona. En varios casos, la incomodidad tiene que ver con la ruptura a la regla no escrita de que cada Gobernador podía opinar e influir en el nombramiento de los delegados federales en su estado; pero sobre todo, tiene que ver también con el retorno del resabio del centralismo que, sin exagerar, en México ha provocado asonadas, conspiraciones y rebeliones armadas. Andrés Manuel López Obrador debería voltear a ver esas referencias para repensar hacia dónde quiere dirigir los esfuerzos de la cuarta transformación.

Y es que la semana pasada, el senador Félix Salgado Macedonio —guerrerense y legislador por Morena— hizo una referencia sensible para el país: aludió a la facultad que el artículo 76 de la Constitución federal le otorga al Senado para declarar la desaparición de poderes en las entidades federativas, para advertir a los Gobernadores que se deben adaptar a la nueva realidad relacionada con los súper delegados federales y para decirles que quien no esté de acuerdo puede enfrentarse a dicha intervención federal en los poderes estatales.

En esa lógica, parece que sin dimensionarlo los aliados de la cuarta transformación comienzan a jugar con fuego en un tema eminentemente político —no económico o de violencia—, pero no por ello menos relevante. En cada uno de los periodos de autoritarismo presidencial en México ha ocurrido la utilización de dicha facultad de desaparecer los poderes de las entidades federativas, y en todos los casos se usó con fines distintos a los que de manera natural establece la Constitución. Ocurrió durante el régimen de partido hegemónico priista, pero también ocurrió en los periodos previos a la segunda y tercera transformación —la República Restaurada y la Revolución—, cuando cada presidente intentaba exceder su poder interviniendo en la soberanía de las entidades federativas.

En ese sentido, quizá López Obrador olvida o no sabe que una de las discusiones nacionales de fondo que ocurrieron luego de la restauración de la República, tuvo que ver con la reinstauración del Senado como una forma de dar voz a las entidades federativas, pero también con el riesgo del doble filo de que, a través de esa figura, el gobierno federal pudiera intervenir en las decisiones soberanas de las entidades federativas. El presidente Juárez murió sin haber resuelto de fondo dicha polémica, y fue el régimen de Porfirio Díaz quien consolidó la existencia del Senado junto con el establecimiento de la figura de los “jefes políticos” —que es de alguna forma similar a la actual figura de los súper delegados federales en los estados de la república.

FEDERACIÓN, CONTRA EL FEDERALISMO

La facultad establecida en la fracción V del artículo 76 constitucional sobre la desaparición de poderes en las entidades federativas, es una de las vías de protección de la federación a los estados y no una amenaza, como hoy la presentan algunos integrantes de Morena. ¿Por qué? Porque igual que como otros artículos disponen diversos mecanismos para que la federación preste auxilio a las entidades federativas en caso de trastornos sociales o amenazas, también establece las bases mínimas, extraordinarias, para la reorganización de los poderes estatales en caso de que hubieren desaparecido todos los poderes.

Así, dicho precepto dispone: “Son facultades exclusivas del Senado: Fracción V.- Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa.” ¿Qué significa eso? Que dicha norma es únicamente instrumental y que, de darse el caso, de todos modos sería con base en las leyes estatales —y sólo con el nombramiento de un gobernador provisional, de transición hacia el restablecimiento del orden político— como tendrían que reorganizarse los poderes de una entidad federativa dicha situación, evitando así un posible vacío total de poder, que sería previsible justamente en una situación de violencia o incertidumbre.

El problema es que, en contraposición a ello, hoy pareciera que los poderes federales se encuentran intentando socavar el federalismo en aras de la cuarta transformación, o del proyecto de gobierno que plantean. Es cierto que se debe transitar del feuderalismo al federalismo —es decir, dejar esa idea de que los gobernadores son virreyes o pequeños señores feudales cobijados por el federalismo—; pero ello no significa que se desmantele el poder de esos virreyes en aras del establecimiento de un imperio federalizado.

La pugna centralismo-federalismo provocó la secesión de Texas en 1836 —como doloroso preámbulo de la intervención estadounidense en México de 1847 para legitimar la anexión de Texas, Nuevo México y la Alta California, con la vastísima extensión territorial que éstas implicaban—; y, antes, la discusión sobre el establecimiento de un modelo de República unitaria o uno de República federal, en los prolegómenos de la Constitución de 1824, casi provoca el desmantelamiento anticipado del país cuando varias de las antiguas provincias virreinales —Oaxaca, entre ellas— proclamaron su independencia antes que acudir a un Congreso constituyente que planteara el establecimiento de un modelo centralista de gobierno.

Es cierto que hoy muchas de las ideas políticas están matizadas por los intereses. Pero una de las cosas que la propia historia mexicana deja en claro es que hay algunos puntos sensibles que deben ser tratados con cuidado. Convertir en una amenaza las potencialidades del federalismo constituye una afrenta al modelo de gobierno y a la Constitución en México, y ni una mayoría legislativa amplia, ni una simple coyuntura política —como lo es en realidad esta tercera alternancia de partidos en el poder federal en México— debe revivir los fantasmas de las tragedias que esas disputas han provocado en el país a lo largo de otros tiempos.

¿Y LOS GOBERNADORES?

A partir del 1 de diciembre veremos qué gobernadores comprenden su papel y relevancia política en el sostenimiento de la Constitución y del pacto federal. El servilismo y la sumisión al nuevo régimen federal significará ahondar los daños que esto le puede provocar al país. No sólo se trata de ver qué actitud tendrá el nuevo Presidente, sino también de ver de si entre los mandatarios estatales hay sólo intereses o si hay verdaderas personas con visión de Estado. Al tiempo.

Magistrados del Tribunal Electoral de Oaxaca, frente al espejo de las ilegalidades


La recentralización de la organización y resolución de los comicios en México, decidida por los poderes federales a través de la reforma constitucional electoral de 2014, tuvo como uno de sus mensajes de fondo la reprobación a las entidades federativas por haber sido promotoras del desorden, la inequidad y la ilegalidad en los procesos electorales que le tocó organizar durante el tiempo que ejercieron su soberanía para ello. El hecho de que la federación le quitara a las entidades dichas facultades, implicó un mensaje de reprobación por la “minoría de edad” demostrada. Hoy, cuando se supone que debía haber mayor confiabilidad y certidumbre en la actividad electoral —máxime la jurisdiccional—, con sus resoluciones inconstitucionales, los magistrados electorales de Oaxaca demuestran que sigue sin ser así.

En efecto, a lo largo de los últimos años el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha sido ejemplo de inestabilidad e incapacidad en el desempeño de sus funciones. Son reiteradas las ocasiones en que tanto la Sala Xalapa como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han revocado fallos emitidos por el tribunal estatal al considerarlos indebidos.

Uno de los casos más recientes, fue aquel en el que los magistrados locales aplicaron un criterio inexplicable en la decisión relacionada con la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional, y sin base jurídica que soportara su resolución, decidieron quitarle diputados a un partido para asignárselos a otro, bajo la extraña consideración de que el primero debía ser considerado como coalición y el segundo como partido (Morena y el PRI, respectivamente), cuando por separado, ambos participaron en alianza con otras fuerzas políticas en el reciente proceso electoral.

No obstante, si esa fue una resolución extraña y polémica —que ya le fue revocada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, y que se encuentra en vías de ser resuelta definitivamente por la Sala Superior ante los alegatos de violaciones constitucionales que siguen pendientes de ser resueltos—, ninguna resolución podría ser tan reveladora de la extrañeza —por decir lo menos— de los criterios y las capacidades demostradas por los magistrados electorales oaxaqueños, como la recaída ante la pretensión del Partido Encuentro Social de conservar su registro como partido político estatal, a pesar de no haber cumplido con el requisito constitucional fundamental para ello; y de que, aún con eso, y para beneficiarlo indebidamente, el Tribunal Electoral oaxaqueño lo haya reconocido como un partido político indígena.

SENTENCIA INEXPLICABLE


¿De qué hablamos? De que en el proceso electoral reciente, el Partido Encuentro Social (PES) no alcanzó el porcentaje de votación mínimo establecido en la Constitución federal para mantener su registro como partido y, lo más importante, el acceso a los recursos económicos por concepto de prerrogativas y a los tiempos oficiales de radio y televisión, entre otras cuestiones. En sus márgenes de votación para los cargos de elección popular del orden estatal, el PES no llegó al umbral de captación del tres por ciento del total de la votación emitida.

Esa fue la razón por la que el IEEPCO le revocó su registro como partido político estatal. Como era de esperarse, el PES se inconformó ante el tribunal electoral local, argumentando diversas cuestiones, entre ellas que su composición era la de un partido político de composición indígena. ¿Por qué argumentó esto? Porque la fracción XIV del artículo 25 de la Constitución local establece que cuando se trata de partidos políticos con registro estatal y reconocimiento indígena, sólo deben acreditar la captación del dos —y no del tres— por ciento de la votación válida emitida para cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo.

El problema es que dicha disposición fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 Y 63/2015. En ella, en el punto 85 y siguientes, la Corte estableció que existen lineamientos específicos que el texto constitucional federal marca a los Estados, de los cuales no es posible permitir modulaciones o modificaciones. Entre uno de estos mandatos se encuentra la exigencia de cierto apoyo ciudadano para la conservación del registro de los partidos políticos de carácter local, el cual está establecido, sin excepciones, en la captación de por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en comicios estatales.

En esa lógica, la Corte estableció que, alejándose de un mandato constitucional expreso, el legislador de Oaxaca disminuyó arbitrariamente el porcentaje requerido para la conservación del registro como uno de los derechos de los partidos políticos locales, por lo cual contradice abiertamente el texto de la Constitución Federal. Incluso, la SCJN aclara que esta declaratoria no se ve afectada por el hecho de que pudiera tratarse de partidos políticos con “reconocimiento indígena”, ya que, en ningún precepto de la legislación estatal, o federal, se advierte una definición de lo que es un partido político con registro estatal y reconocimiento indígena y si éstos difieren de los partidos políticos con simple registro estatal.

Según la sentencia de dicha Acción de Inconstitucionalidad, en el resolutivo octavo se declaró la inconstitucionalidad de la fracción XIV del artículo 25 por 10 votos de los ministros, por lo que dicha resolución tiene el carácter de declaratoria general de inconstitucionalidad. En ese precepto, a todas luces inconstitucional, se apoyaron los magistrados oaxaqueños para emitir la sentencia con la que decidieron extender indebidamente la vida jurídica del Partido Encuentro Social.

EN CAPILLA

Los magistrados electorales oaxaqueños hoy están expuestos a todo, por su contradictoria convicción de reconocer deliberadamente como partido indígena a quien no lo es, y por extenderle la vida a una de las fuerzas políticas aliadas al nuevo grupo gobernante. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional, dice: “Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo”. Dicho procedimiento establece que la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada como inconstitucional, será separado de su cargo, inhabilitado, multado e incluso recluido en prisión. Los magistrados son, por definición, abogados y por ende peritos en derecho. ¿Cómo alegar, en esas circunstancias, el desconocimiento de que una norma había sido declarada inconstitucional, y que por esa razón la aplicó sin dolo? Imposible.

¿Por qué AMLO es tan proclive a recabar la opinión ciudadana, al margen de los parámetros constitucionales?


Más de cincuenta días antes de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya delineó dos temas fundamentales para el país, que según sus dichos serán decididos a partir de la opinión de la ciudadanía recabada a través de consultas, sobre las que no se conocen ni sus mecanismos ni sus alcances reales. Un tema, inminente, es el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se encuentra en construcción; y según las afirmaciones de AMLO, en los comicios federales intermedios de su mandato, se realizará una consulta para que el pueblo decida si él debe continuar en la Presidencia, o si debe irse.

En efecto, sobre la encuesta relacionada con el NAIM, hay más incertidumbre que respuestas, aunque al mismo tiempo existe una convicción preconcebida sobre el inminente resultado (negativo) que podría tener dicha consulta. Con la sola fuerza de su legitimidad actual, el Presidente Electo decidió que la consulta sobre el nuevo aeropuerto debía llevarse a cabo antes incluso de comenzar su mandato, y que ésta debía hacerse a través de un mecanismo ajeno a los existentes en el marco jurídico vigente.

Con esa decisión, que hoy AMLO puede darse el lujo de tomar luego de su arrolladora victoria y del control que tiene del Poder Legislativo a través de sus respectivas mayorías, desdeñó los mecanismos y los tiempos constitucionales para impulsar una consulta y, de cumplirse la promesa vertida por el próximo titular de SCT sobre el posible fin de la obra “al día siguiente de que se conozca el resultado de la consulta”, podría incluso darse el lujo de lograr que la administración saliente del presidente Enrique Peña Nieto, terminara cancelando la obra que ellos mismos impulsaron.

En esa lógica, uno de los varios cuestionamientos que pesan sobre la consulta para el destino del aeropuerto, radica en el hecho de que nadie conoce exactamente cuál será el método para realizar la consulta, quiénes los encargados de recabar la opinión de la ciudadanía, y cuál el valor que podría llegar a tener el resultado de la consulta a partir de su confiabilidad y del grado de reflejo del sentir de las personas consultadas.

En el otro extremo, el gobierno electo ha sido muy poco cuidadoso sobre la supuesta imparcialidad que guardaría frente a la consulta. Su posición ha sido de abierta promoción a la opción de la cancelación de la obra, aunque en un video publicado a inicios de la semana pasada, el propio AMLO dejó abierta la posibilidad de que, de haber inversionistas dispuestos, la obra continuara su curso, pero totalmente concesionada a capitales privados. Esto último generó fuertes tensiones e irritación entre los propios partidarios de Morena, que podrían ser los primeros en valerse de la poca claridad sobre el método que se seguiría en la consulta, para demostrar los riesgos que implicaría una práctica desregulada como esta.

¿De qué hablamos? De que amplios sectores de Morena —que es un partido eminentemente heterogéneo, por la suma de fuerzas que se adhirieron a la causa electoral del tabasqueño— se sintieron agraviados por la posibilidad planteada por Andrés Manuel, sobre concesionar totalmente la obra. Al interior de esos grupos —los más radicales—, se recordó que AMLO había prometido no una consulta, sino la cancelación de la obra. Con ello han coincidido grupos como los de Atenco, que dicen que independientemente del resultado de la consulta, para ellos es una decisión tomada e inamovible, que irán por la cancelación definitiva de la obra aeroportuaria.

Si no existe un método creíble y verificable; si la consulta la realiza una organización civil carente de legitimidad y confiabilidad; si los resultados son vinculantes únicamente por la voluntad de quien la impulsa, ¿cómo podrían defenderse ellos mismos de un ‘cuchareo’ impulsado desde casa? Ese es el problema relacionado con el NAIM: que hoy, grupos afines a Morena están dispuestos a ‘incidir’ en el resultado de la consulta, a través de los métodos tradicionales del mapachaje electoral.

¿Por qué harían esto? Primero porque muchos quieren ver cumplido el deseo de la cancelación de la obra del NAIM al precio que sea; pero sobre todo, lo harán porque no sería difícil hacerlo: si la consulta carece de método, instituciones y reglamentación, y si se hace como si fuera parte de una kermesse, y no una decisión trascendente, entonces por su propia inestabilidad, cualquier forma de influir sería posible y fácilmente realizable.

REVOCACIÓN DE NADA

Algo más o menos similar ocurrirá, si AMLO impulsa una especie de plebiscito para saber si es del ánimo mayoritario que él continúe o no en el cargo de Presidente. Según sus dichos, en la elección intermedia se entregaría una ‘tarjeta’ en la que los ciudadanos podrían opinar sobre si al Presidente se le debe convalidar o si se le debe revocar el mandato. Esto entraña dos problemas: el primero, que constitucionalmente no existe la revocación del cargo de Presidente; y segundo, que si se hace a través de una ‘tarjeta’ y no de un mecanismo electoral dotado de certidumbre, método y reglamentación, entonces el resultado generará un profundo grado de incertidumbre.

Este no es un problema menor. En el ámbito federal, la revocación de mandato no está contemplada en la Constitución, y por ende tampoco existe una reglamentación respecto a cómo debe realizarse, cuáles son sus alcances y qué reglas deben cumplirse para su procedencia. Siendo así, de nuevo el Presidente se sometería voluntariamente o a una consulta sin método sobre la que él mismo podría influir, pero también —y sobre todo— la estabilidad del cargo de Presidente quedaría sujeta a las destrezas de manipulación electoral de sus no pocos adversarios políticos.

En el fondo, queda claro que en el mediano plazo esto podría significar una especie de efecto boomerang, ya que el Presidente López Obrador podría no ser siempre igual de aceptado y legitimado que ahora; y por ende, su llamado —poco responsable y demasiado abierto y abstracto— a las preguntas plebiscitarias ajenas al marco constitucional, podría poner en un serio problema de incertidumbre política no a su persona, sino a la institución presidencial que se supone que tendrá que subsistir —y fortalecerse— independientemente de quién sea el Presidente y cuál sea el tiempo para el que éste habría sido electo.

LA CONSTITUCIÓN, HOY Y MAÑANA

El otro camino posible es que AMLO y sus amplias mayorías, reformen la Constitución. Sería lo más saludable constitucionalmente hablando, aunque quién sabe si eso no termine ubicando a Andrés Manuel mucho más cerca de sus adversarios políticos, que de su feligresía. Hoy, Morena sí puede reformar la Constitución. El problema es que ellos mismos desdeñan la vía constitucional, que dentro de no mucho tiempo habrán de necesitar.

NAIM, Tren Maya, y la extraña relación de AMLO (y los gobernadores) con el federalismo


Poco se ha notado que, en discusiones paralelas, los principales factores del poder político en México han dejado solo a uno de los grandes proyectos nacionales, mientras que han decidido abrazar inopinadamente a otro que ni siquiera conocen. Es el caso de los destinos concomitantes del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y del llamado Tren Maya. Hoy, ambos proyectos enfrentan sendos déficits de aprobación y consenso tanto entre los representantes del poder, como de la ciudadanía. Y aún así, a la vista de todos —y de esa deficiencia compartida— se está decidiendo temerosamente el destino de ellos.

En efecto, por un lado se encuentra el destino del NAIM, sobre el cual existe un ánimo decidido del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador por maniobrar todo lo necesario hasta lograr su cancelación. Pudiera sorprender el hecho de que frente a esa intención, el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto simplemente ha decidido claudicar todo intento real de defensa; y que al mismo tiempo, la ciudadanía mexicana se encuentra sometida a un diálogo ensordecido entre quienes, desde el equipo de transición, quieren que el proyecto se cancele, y a los que, desde el gobierno saliente, simplemente parece haber dejado de importarle cuál sea el destino de ese mega proyecto, aún con las implicaciones que ello conllevará no para un grupo o para un partido, sino para el país.

En la vía paralela, se encuentra el proyecto del Tren Maya. Éste fue esbozado por primera vez por López Obrador cuando ya era presidente electo. Dijo desde su anuncio, que éste sería un proyecto de reactivación económica para la región sur sureste del país, y de inmediato convocó a los gobernadores de las entidades federativas relacionadas con la eventual construcción de este esquema ferroviario, para que juntos trabajaran generando condiciones para que dicho proyecto lograra cristalizarse. Por lo menos han ocurrido tres reuniones al más alto nivel (entre el presidente electo y su equipo, con los gobernadores de toda la región contemplada en la obra), a pesar de que aún no existe ni siquiera el esbozo ejecutivo —mucho menos los planos, expedientes, estudios de costos, etcétera— de las implicaciones económicas, sociales, culturales, turísticas y ambientales que tendría dicha obra.

En esta lógica, queda claro que ambos proyectos de infraestructura son de alcance nacional, más allá del clasismo que cada uno de ellos representa. Por un lado, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha sido rechazado a partir de la explotación eficaz del sentimiento de rechazo y no pertenencia, que ha tenido como objetivo un sector de la población que por lo menos se declara indiferente —o en abierto rechazo del proyecto— a partir de la idea de que nunca se han transportado a bordo de un avión, y que probablemente nunca lo hará.

A la par de ello, frente a la ciudadanía, el proyecto del NAIM parece estar corriendo el mismo destino político que el régimen gobernante que lo impulsó, independientemente de su viabilidad y utilidad para la economía y el desarrollo del país. El hecho mismo de haber sido un proyecto apadrinado e impulsado por el fustigado Presidente Peña Nieto —depositario de una derrota electoral histórica en el México del último siglo—, parece haber también sellado el destino del NAIM: un proyecto de gran calado que, sin embargo, se quedó solo y sin defensa ante el rechazo de la ciudadanía al régimen que lo impulsó, y sobre el que nadie quiere argumentar a favor ante el temor de ganarse la animadversión del régimen entrante, que rechaza dicho proyecto casi por sistema y porque de hecho esa fue una de sus banderas de lucha electoral durante los tiempos de campaña.

¿Y EL FEDERALISMO?

Lo que quizá no se ha alcanzado a ver con claridad, es que tanto el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, como el Tren Maya —e incluso en mayor medida la terminal aérea que el tren—, representan proyectos detonantes de la economía nacional. Es decir, ni uno ni otro son, o deberían ser vistos como proyectos caprichosos de una u otra administración federal, sino como parte de una visión de país de mediano y largo plazo que lo que busca es seguir estimulando el crecimiento de la economía, la confianza del país frente a la inversión extranjera, y la generación de empleos.

En gran medida, dichas inversiones tienen como objetivo implícito —o deberían tenerlo— la utilidad y la potenciación no de una región, sino de todo el país. Por eso, el aeropuerto está planteado como un proyecto nacional que por esa razón perdió el sentido local de ser sólo de la Ciudad de México, para denominarse únicamente como Aeropuerto Internacional de México. La razón es que su utilidad no sólo beneficiaría a la capital nacional, sino que podría ser un polo de desarrollo económico para todo el país, debido a que éste no sólo fungiría como una terminal de pasajeros sino también como un gran centro de recepción e intercambio comercial entre México y los países con los que sostiene relaciones de negocios y de intercambio de mercancías.

En esa misma lógica, quién sabe qué tanta utilidad nacional podría tener el Tren Maya, comenzando porque nadie conoce la realidad sobre su viabilidad financiera en el mediano y largo plazo, y como un proyecto autofinanciable y autosostenible en todos los aspectos. Podría ser una obra de gran calado, pero siempre subvencionada por las arcas públicas.

El aeropuerto, hasta donde se sabe, es una inversión porque en el largo plazo termina siendo un negocio para quien invierte. Tan es así, que hoy varias de las operadoras de aeropuertos mexicanos son empresas privadas altamente rentables que incluso cotizan en los mercados de valores. En el caso del NAIM, la coinversión del gobierno federal con capitales privados en los mercados de valores, tendría como propósito la rentabilidad y la utilidad financiera en el mediano plazo a favor de las arcas federales.

La incógnita en toda esta discusión, es respecto a qué postura han tomado los gobernadores frente a ambos proyectos. Queda claro que respecto al Tren Maya, hay un consenso de los gobernadores del sureste del país a favor de su construcción. Lo relacionado con el NAIM es una completa incógnita, a pesar de que ésta es una obra de calado verdaderamente nacional.

LOS MIEDOS

Al parecer, la idea del desarrollo nacional está siendo sometida por los resquemores relacionados, primero, con la subida inopinada a la ola del nuevo grupo gobernante que tendrá al país en las manos a partir de diciembre próximo; y segundo, con el hecho de que la oposición al proyecto del nuevo gobierno, o la defensa del polémico y rechazado aeropuerto, podría traer aparejada la animadversión del régimen obradorista, que pinta para ser muy poco, o nada tolerante al disenso, aún cuando éste tenga como base la defensa del federalismo, del que nadie en México parece hoy querer acordarse.

La CNTE abre su juego: fustigando los foros, va por la derogación —sin diálogo— de la reforma educativa

Un abrazo fraterno a mi colega y amiga Carolina Espina, ante el fallecimiento de su señor padre. Respetuosamente.

Hoy queda claro que Andrés Manuel López Obrador no necesitaba ni al SNTE ni a la CNTE para ganar la elección presidencial, pero que se rodeó de ellos —a pesar de que son el agua y el aceite— para afianzar el consenso social que ya tenía a su favor. Lo hizo aduciendo la derogación de la reforma educativa. El problema es que no es lo mismo ser oposición que gobierno, y por eso hoy —que todavía no llega al poder, pero que ya cogobierna fácticamente con la administración federal saliente— cuando intenta dialogar con sus aliados electorales, está recibiendo sus primeras dosis de realidad. La reacción violenta de la CNTE en Guerrero no es sino preámbulo —anunciado— del enorme problema al que se enfrentará por el destino de la reforma educativa.

En efecto, el pasado domingo uno de los foros convocados por el Presidente Electo para recabar propuestas y definir la nueva política educativa del país, fue cancelado luego de que un grupo magisterial irrumpiera y se desataran hechos violentos, agresiones con sillas y otros objetos, en un centro de convenciones de Acapulco.

Maestros de la CETEG —organismo espejo de la CNTE en aquella entidad—, marcharon y llegaron al recinto, acusando que ahí había integrantes del “charrismo sindical”, que aprobaron la reforma educativa; esto, en referencia a maestros del SNTE. Los de la CETEG quitaron vallas, subieron al templete, y lanzaron gritos en contra del SNTE y la exdirigente Elba Esther Gordillo; en respuesta, maestros de la sección 14, comenzaron a corear el nombre de su organización, y de ahí pasaron a los insultos y luego a los golpes, por lo que dicho foro fue cancelado.

Para muchos esta fue una reacción inusitada. En la interpretación lineal, se pensaba que al haber una promesa y un eje discursivo concreto y aceptado —la cancelación de la reforma educativa— por los simpatizantes magisteriales de Morena tanto en la CNTE como en el SNTE, lo único que debían hacer es construir juntos las rutas para llegar a ese resultado, y luego establecer los mecanismos y las reglas bajo las cuales se va a regir el magisterio nacional luego de quedar cancelada la reforma educativa.

El problema es que nadie en Morena vio —porque no quiso ver— que el diálogo y la concertación entre las dos facciones magisteriales es imposible, y que sus diferencias son históricas. No había forma de prever entendimiento cuando las discordancias de la CNTE y la SNTE no tienen su origen en la reforma educativa y, acaso, ésta no ha sido más que una simple coyuntura de coincidencias.

De hecho, ayer el portal Diálogos Oaxaca reportaba que a pesar de que Oaxaca es de una las entidades dominadas por la CNTE, es de las que menos propuestas ha aportado a la plataforma de la consulta educativa denominada “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación”, que promueve el gobierno electo de López Obrador. Hasta la fecha, indica la información, se han subido 48 mil 171 ideas a la página “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación” que, junto con los foros que se realizan en el país desde el 27 de agosto, tiene como objetivo la construcción de la política educativa que implementará el próximo Gobierno federal. Del total, Oaxaca registra sólo 50 propuestas, es decir el 0.1 por ciento, en el portal en las cuatro categorías: educación básica, educación media superior, educación superior y otros servicios educativos.

¿Cuál es la razón? La misma nota lo aclara: la Sección 22 acordó realizar un Congreso Político para integrar sus propuestas en la materia y remitirlas de forma directa al Gobierno electo y no a través de los foros organizados por el futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma. “El mecanismo no es exactamente los foros. En los foros lo que hemos ido a manifestar es nuestro posicionamiento político, sobre todo, sobre las consecuencias o los desastres que ha dejado la reforma educativa”, señala la nota, al tiempo de establecer que la disidencia considera que los foros impulsados por Moctezuma son insuficientes, pues una consulta tiene que abarcar la totalidad de los maestros, no sólo los que puedan llegar a los encuentros o registren sus propuestas en la plataforma.

Es decir, que para ellos los foros educativos ni son un mecanismo constructivo, ni son relevantes.

HOY, IGUAL QUE SIEMPRE, IRÁN POR TODO

La postura actual de la Sección 22 en Oaxaca, y de la CETEG en Guerrero —ambos, referentes de la CNTE— eran previsibles. Aquí escribimos el 4 de abril: “Si AMLO se convierte en Presidente, la Coordinadora y la Sección 22 no esperarán a que manifieste voluntad por la derogación de la reforma educativa, sino que desde el primer día de su gestión —y quizá desde antes, porque el cambio de la Legislatura federal ocurrirá desde el mes de septiembre, y posiblemente Morena llegue a tener mayoría— comenzarán a exigirle el cumplimiento de su palabra a través no de las vías institucionales, o las que llegara a plantear AMLO para lograrlo, sino como ellos mismos lo quisieran en forma y fondo.

‘¿Qué querría la CNTE y la Sección 22?’, nos preguntábamos en aquel entonces. Y la respuesta hoy, cobra puntual sentido: “Querrían lo que han dicho, como forma de derogación: es decir, la emisión de un decreto presidencial que deje sin efecto la reforma educativa. Pero además, como fondo del planteamiento, ellos asumirán la postura de que no quieren la reforma actual —por eso piden su derogación—, pero que además tampoco aceptarán cualquier otra forma de evaluación de la educación pública, que no sea las que ellos mismos establezcan.”

Esto es exactamente lo que estamos viendo: grupos políticos que están de acuerdo en la meta inicial (la derogación de la reforma educativa), pero que no están dispuestos a aceptar consensos y tampoco a negociar sus posturas. Ellos no quieren diálogo con el SNTE ni con el gobierno, siempre que uno u otro no estén dispuestos a plegarse a sus consideraciones. Por eso, el foro educativo que se supone que fue creado para recabar propuestas y construir la vía alternativa, para la CNTE no es sino un espacio de denuncia política en el que no caben las propuestas, porque éstas deben emanar de un proceso distinto en el que sólo ellos pueden dictar las condiciones.

DESTINO: EL CAOS

Evidentemente, ni el gobierno de López Obrador ni el SNTE querrán plegarse a las condiciones, o a la visión educativa o política de la CNTE. Unos y otros conocen el valor de sus respectivas porciones de legitimidad. Y por eso, la reforma educativa no parece tener otro derrotero que el del caos, la confrontación y la reiteración de escenarios violentos como el que vimos hace algunos días en Acapulco; o acciones legislativas impulsadas por los diputados federales de la CNTE, que más allá de su planteamiento político no son sino una invitación velada para que las autoridades de la SEP —las actuales y las próximas, obligadas a cumplir y hacer cumplir, mientras viva la actual legislación educativa— violen la ley.