Que (también) sea derecho reparar – El Derecho a la reparación

Carlos Villalobos

¿Cuántas veces, cuando fallan, los dispositivos o tecnología de nuestra vida diaria hemos pensado en comprar una versión nueva o más actualizada? Si cuentas con los recursos, el primer movimiento es adquirir uno nuevo, si no, muy probablemente pensaste en repararlo por tu cuenta o mandar con un especialista lo más rápido posible para contar con ese bien de manera inmediata.

Con el avance de la digitalización de nuestra vida, aumentada por la pandemia en la que nos vemos inmersos, la reparación es, al menos para el caso mexicano, una conducta evidentemente natural. Con el avance de internet y la globalización, poder contar con herramientas de última generación y partes de repuesto ha generado que el remiendo sea parte de nuestro contexto, empujado principalmente por la imposibilidad de adquirir o reemplazar dispositivos regularmente, poder contar con la posibilidad es a lo que debemos considerar el derecho a la reparación.

Para sociedades de mayor holgura en cuestión de recursos, como la norteamericana o la europea, sustituir bienes es mucho más sencillo que reparar, sin embargo, esto tiene que dejar de ser. 

Mantener nuestros dispositivos, como teléfonos celulares, tendría que ser mucho más sencillo si tuviéramos acceso a instrucciones, esquemas y herramientas para reparar de forma más simple y que disminuya los precios.

La Ley del derecho a la reparación, es una propuesta que se ha impulsado a nivel global, que ha encarado a quienes ven en la reparación una alternativa no solo financiera, sino también ecológica, en contra de las grandes corporaciones que a través de maniobras extremadamente sucias propician la obsolescencia programada, que no es más que poner una fecha de caducidad y que nuestros dispositivos dejen de funcionar o presenten fallos a pesar de que íntegramente todavía cuenten con vida útil.

En México el derecho a reparar es algo que no está regulado, pero sí que es una práctica común, si no, no pudiéramos explicar el boom de esos quioscos de reparación de dispositivos electrónicos de diez años para acá y justo por ello tendría que ser abanderada en la cámara alta y baja de nuestro congreso el derecho a la reparación, para ampararnos ante agravios de las grandes corporaciones tecnológicas.

Recuperemos y conservemos dispositivos, démosle vida extra a dispositivos para que no solamente nuestros bolsillos y nuestras economías no se vean afectadas, démosle un respiro a nuestros ecosistemas, ya que el conservar la vida útil de nuestros dispositivos sin duda es un impulso para que haya menores daños en el ambiente.

Reparar para conservar nuestra economía, para u impulsar la economía de técnicos independientes, para preservar el planeta, pero sobretodo para forzar a la compañías que nos ofrecen bienes se vean en la necesidad de generar innovaciones más poderosas, antes que solo dispositivos de otros colores, con características extremadamente similares entre dispositivo y dispositivo.

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Desgracia anunciada, sin protección ante desastres

Carlos Villalobos

Con la irrupción del Huracán Grace en costas de la república mexicana, una vez más ha quedado constatado la importancia de fondos que atiendan eventualidades por desastres naturales, como en su momento lo realizó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

A través de un acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado 26 de julio, se abrogaron las Reglas Generales del FONDEN, sellando así la crónica de su muerte anunciada, desde la campaña electoral en 2018, pero oficializado en octubre del año pasado.

Simpatizantes y expertos en beatificar cada una de las órdenes emitidas desde palacio nacional saldrán al ataque y justificarán este movimiento como una “reestructura”, ya que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, menciona ahora a través de un agregado que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, será la encargada de ejecutar políticas de protección civil, entre las que se encuentran la prevención, auxilio y apoyo a la población en situación de desastre.

Si ponemos atención al apartado 30 Bis. de la ley mencionada en el párrafo anterior, podemos notar que habla simplemente de la ATENCIÓN y no habla de suministros o necesidades que se generan derivado de las catástrofes y la propia página web, cuando todavía era pública, del FONDEN mencionaba que su objeto era “proporcionar suministros de auxilio y asistencia en situaciones de emergencia”.

Toda documentación y operatividad del fondo de desastres ha sido eliminada y transferida o a la Secretaría de Hacienda o a la secretaría de seguridad, esto abre la conversación a dos puntos que creo que son relevantes; si la Secretaría de Hacienda va a tener que emitir recursos financieros en un breve periodo de tiempo ¿En estos tres años en qué eventualidad se ha visto a dicha secretaría reaccionar de manera eficiente y eficaz ante alguna eventualidad (por ejemplo el coronavirus)? y la segunda si la secretaría de Seguridad solo se encargara de auxiliar y no de dotar insumos de emergencia ¿Cómo se atenderán futuras eventualidades?

Es cierto, la operación del FONDEN en el pasado ha sido de dudosa reputación, sin embargo se contaba con recursos de los que se podían echar mano en cualquier momento para poder atender catástrofes naturales, las cuales hasta hoy muchas no se pueden predecir, ni anticipar la capacidad de devastación.

Cabe recalcar que la creación de este tipo de fondos y de mecanismos muchas veces vienen después de desgracias que han marcado al país, por ejemplo, el FONDEN nació luego de la devastación ocurrida en septiembre de 1985, en donde derivado de la devastación se dieron cuenta de lo complejo que era gestionar recursos “en caliente” para la atención de damnificados, por ello, generar un mecanismo similar, daría mayor certeza a las y los mexicanos ante eventualidades que no estén en nuestras manos.

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¿Son constitucionales las restricciones a la movilidad de las personas en comunidades indígenas de Oaxaca?


Adrián Ortiz Romero Cuevas

En diversas comunidades indígenas de Oaxaca, se establecieron importantes restricciones a la movilidad de las personas frente al riesgo de contagios por el Covid-19. Aunque hubo cuestionamientos respecto a si esas medidas restrictivas son violatorias de derechos humanos —fundamentalmente porque limitan el tránsito de las personas, así como el ingreso o la salida de personas a esas comunidades—, en este momento resulta importante entender la lógica jurídica, social y de seguridad comunitaria de esas determinaciones; y por qué sí resultan importantes para impedir una propagación mayor del nuevo virus.

En efecto, en México la Constitución de la República reconoce la pluralidad de sistemas jurídicos. Esto significa que en nuestro país coexisten en el mismo tiempo y espacio, tanto el derecho positivo como los sistemas normativos indígenas, que tienen plena vigencia y que están reconocidos constitucionalmente. El artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación para, entre otras cuestiones, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. El único límite que expresamente tienen es el respeto a los principios constitucionales, la dignidad humana y los derechos humanos.

Entender esto es relevante, porque las determinaciones que han tomado diversas comunidades indígenas en Oaxaca de cerrar los accesos a sus demarcaciones territoriales, limitar el tránsito de las personas, e incluso establecer disposiciones que restringen o sancionan la movilidad de las personas en ciertos horarios, lugares o para la realización de ciertas actividades, en la mayoría de los casos surgió de decisiones tomadas al seno de sus asambleas comunitarias. 

Esto es importante entenderlo, desde la lógica de que las asambleas comunitarias son el máximo órgano de toma de decisiones en una comunidad indígena, y que esas determinaciones no sólo tienen que ver con sus determinaciones políticas o electorales, sino que en realidad la asamblea comunitaria funge como un órgano incluso superior al del cabildo municipal, porque al seno de la Asamblea se dirimen asuntos de todo tipo, incluyendo los que tienen que ver con la administración de la justicia y la toma de decisiones generales cuando es toda la comunidad la que está implicada por la relevancia de lo que intentan preservar o regular.

Otro aspecto que es relevante considerar, es que en el derecho consuetudinario hay por regla general una tasación superior del interés colectivo, por encima del individual. En el derecho positivo, nosotros estamos acostumbrados a pensar y entender el derecho a partir de lo que implica o afecta a la persona. Así, mientras en el derecho positivo es la persona quien se encuentra en la cúspide del sistema jurídico, en el derecho consuetudinario que entienden y práctican tradicionalmente las comunidades indígenas, es la comunidad o colectividad quien tiene la primacía sobre los derechos individuales de las personas.

RESTRICCIONES, ¿VIOLATORIAS DE DERECHOS?

Este es un asunto que genera un gran debate. Pues no sólo en tiempos de pandemia, sino en general, existen innumerables comunidades indígenas que restringen el derecho al libre tránsito de las personas en ciertos horarios, actividades e incluso procedencias. 

No es raro encontrar aquí mismo, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, municipios indígenas que a ciertas horas de la noche no permiten el tránsito de vehículos, o que no permiten el acceso a la comunidad, ni siquiera a pie, a personas que no sean oriundas o vecinas de la población. Esas disposiciones se aplican de manera permanente, y dentro de la comunidad nadie las discute o impugna, porque saben que ello fue decidido en función de salvaguardar la seguridad de toda la comunidad frente a asaltantes, pandilleros o personas extrañas.

Incluso, en las circunstancias actuales derivadas de la crisis sanitaria, el gobierno estatal reconoció que más de cien comunidades indígenas tomaron determinaciones generales, que van desde inspeccionar a las personas o mercancías que entran o salen de sus comunidades, hasta impedir por completo el tránsito de las personas por sus territorios. 

Hoy en día, en muchas de esas comunidades sólo se permite que personas que viajan en vehículos de motor pasen por sus territorios, pero sin poder descender del automóvil o autobús en el que viajen. La explicación que ofrecen los habitantes que instalan los retenes o puestos de revisión, es que con ello su asamblea determinó proteger la salud de sus habitantes impidiendo que convivan con gente proveniente de otros sitios, que probablemente pudiera ser portador del virus.

En esta lógica, habría que preguntarse qué tanto eso es violatorio de derechos fundamentales. Sabemos que por regla general, el libre tránsito de las personas está garantizado por el artículo 11 constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. 

Dicho precepto, también establece que el ejercicio de este derecho se encuentra subordinado, en el ámbito administrativo —que va desde la declaratoria de emergencia tomada por el Consejo de Salubridad General; los decretos emitidos por el Gobernador del Estado frente a la crisis sanitaria, y también las decisiones tomadas en el ámbito por los municipios, evidentemente incluyendo a los indígenas a través de su máximo órgano de decisión, qu es su asamblea comunitaria— “por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República…”.

Así, lo que en un momento dado puede parecer un acto arbitrario, en realidad toma forma cuando se considera no sólo el derecho al libre tránsito como una libertad absoluta, sino también cuando se considera que en los municipios indígenas hay una regla general de tasación superior de los derechos colectivos sobre los individuales. 

Al menos en medio de la crisis sanitaria, no se tienen reportes de habitantes de municipios indígenas quejándose por las determinaciones tomadas por su respectiva asamblea, respecto a limitar el ingreso o la salida de personas de la comunidad; establecer sanciones económicas y hasta arrestos administrativos a quienes no acaten los horarios o reglas establecidas para salir a espacios públicos, etcétera.

¿De qué se trata, al final? De que las comunidades indígenas decidieron, bajo sus propios principios, asumir la protección de sus habitantes a través del aislamiento. Ya en otro momento se estudiará si dichas disposiciones, caso por caso, pudieron haber llegado a ser excesivas o violatorias de los derechos de las personas, a la luz del derecho positivo. Pero lo relevante en estos momentos, es que esas disposiciones tomadas al seno de las asambleas comunitarias, son las que en alguna medida han impedido que en Oaxaca se desborde la ola de contagios.

@ortizromeroc

¿Son constitucionales las restricciones a la movilidad de las personas en comunidades indígenas de Oaxaca? #ColumnaAlMargen

La intención de AMLO sobre el control presupuestal, es un fraude a la Constitución


Adrián Ortiz Romero Cuevas

El pasado 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que pretende que al Ejecutivo se le otorgue la facultad de reorientar recursos del Presupuesto de Egresos ante emergencias económicas. Esto, a pesar de la aparente legalidad de la propuesta, es ejemplo de una clara intención de cometer un fraude a la Constitución.

En efecto, según información dada a conocer respecto a la propuesta presidencial, la iniciativa plantea la adición de un artículo en el que se establece que en caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, se podrían reorientar recursos asignados en el presupuesto de Egresos para destinarlos a “mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias” de la administración (https://bit.ly/3bIBSeO).

En concreto, la iniciativa enviada por el Presidente al Congreso, pretende la adición de un artículo 21 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispondría —de ser aprobado— lo siguiente: “En caso de que en el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. 

“Para efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos y traspasarlos a la Secretaría. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría pueda realizar los ajustes correspondientes.

“La Secretaría establecerá las disposiciones específicas para la realización de los ajustes a las asignaciones autorizadas a las dependencias y entidades en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal que corresponda. El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las acciones realizadas en términos del presente artículo” (Oficio No. SG/UE/230/742/20 de fecha 23 de abril de 2020, girado por la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la que se contiene dicha iniciativa).

¿Qué significa esto? Que el Presidente pretende tener un marco de discrecionalidad en la reasignación del gasto público, contraviniendo uno de los principios fundamentales de la división de poderes en materia presupuestal, el cual establece que todo gasto ejercido por el Ejecutivo debe ser autorizado por la Cámara de Diputados. 

Así lo dispone de manera expresa la fracción IV del artículo 74 de la Constitución federal, que establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Incluso, ahí mismo dispone que la Cámara baja podrá autorizarle al Ejecutivo erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen, y que esas erogaciones —como puede ser en la inversión de los proyectos prioritarios establecidos por el presidente— deberán incluirse en los subsiguientes presupuestos anuales. 

El problema, como podemos ver, no es de planeación o de ejecución, sino que el presidente pretende hacerle fraude a la Constitución queriendo quebrantar, a través de la reforma a una norma ordinaria, un principio constitucional relacionado con la división de Poderes.

FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

El derecho mexicano está relativamente poco familiarizado con figuras como la del fraude a la ley. En términos simples, incurre en esa conducta quien pretende validar la realización de un acto al amparo de una norma, a sabiendas de que esa conducta se encuentra prohibida por otra disposición jurídica también vigente en el mismo tiempo y espacio. 

Una segunda escala del fraude a la ley es lo que estudiosos del derecho como Manuel Atienza han denominado como los “ilícitos atípicos”, a través de los cuales una norma no quebranta el ámbito estricto de la legalidad, pero sí rompe un principio establecido en la Constitución. Eso fue lo que se determinó en México, por ejemplo, cuando se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, a principios de 2016. 

Aunque en aquella ocasión la Corte consideró que dicha norma sí cumplía con los requisitos de legalidad —fue emitida cumpliendo todas las reglas constitucionales para la creación de una norma—, estableció que dicha norma quebrantaba el principio constitucional de que, en tiempos de paz, no podía autorizarse la presencia ni las acciones de las fuerzas armadas en el espacio público del país, sino que éstas no pueden ejercer “más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129 constitucional). Por eso, en la votación de un proyecto presentado por el ahora presidente de la Corte, el Alto Tribunal decidió declarar inconstitucional dicha norma. 

¿Por qué hablamos hoy de un nuevo intento de fraude a la Constitución? Porque queda claro que, a través de la reforma a una ley ordinaria, el presidente pretende quebrantar no sólo una norma, sino un principio constitucional de amplia importancia. El hecho de que la Cámara de Diputados sea la que determine anualmente la orientación del gasto público, tiene que ver no sólo con una manifestación de la división de poderes y de federalismo, sino también con el hecho de que es la representación popular directa —la Cámara de Diputados representa directamente a la población, y la de Senadores a las entidades federativas—, y por eso es la que establece el destino del gasto público, así como la forma en que éste se va a solventar a través del cobro de los impuestos a toda la población.

Además, si bien parece que el Ejecutivo simplemente está ejerciendo su facultad de presentar iniciativas de ley, en realidad el imperativo constitucional básico y lógico debiera establecer que no sólo debe presentar iniciativas, sino que debe presentar esas propuestas de modificación que contribuyan a la constitucionalidad, y no que intenten romperla. 

Del mismo modo, deberá ser tarea del Congreso no sólo procesar esa o cualquier otra iniciativa presidencial desde la perspectiva de si ésta es legal o no, o si ésta cumple con mantener los límites normativos de la Constitución, sino también de evitar incurrir deliberadamente en actos formalmente legislativos que contravengan el sentido general de la Constitución. 

¿BURLAR “LEGALMENTE” A LA CONSTITUCIÓN?

Es impensable que desde el propio poder público se pretenda quebrantar la Constitución, pero lo es mucho más que esto pudiera ocurrir “coordinadamente” entre dos poderes federales. Por eso, el intento de hallar una “vía alterna” para que el Ejecutivo disponga del destino del gasto público a través de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bordeando y burlando las disposiciones en materia presupuestal establecidas en el artículo 74 constitucional, es inadmisible por ser un abierto intento de cometer un fraude a la Constitución.

Crisis por Covid-19 debe poner fin a la era del ‘feuderalismo’ en México


Adrián Ortiz Romero Cuevas

La crisis sanitaria, económica y potencialmente social generada por la pandemia del Covid-19 en México, deberá ser determinante para poner fin a la larga era del llamado “feuderalismo” mexicano. Recientemente, varios gobernadores del país entraron en choque con el gobierno federal a partir de lo que ven como una desigualdad en el ámbito fiscal. Quizá, esos mandatarios estatales vieron el ángulo más frívolo de un problema mucho más profundo, que pasa por la necesidad de los gobiernos locales de asumir todas las responsabilidades y deberes que impone el régimen federal; y de la federación, de asumir que no podrá seguir sosteniendo el tufo centralista que no ha perdido a pesar de las tres alternancias ocurridas en la Presidencia de la República en las últimas décadas.

En efecto, ante el Covid-19 existe una ruta de choque ya bien conocida entre un grupo de gobernadores —fundamentalmente del norte del país— y el ámbito federal, en la disputa de los recursos económicos disponibles por la recaudación. Esos mandatarios, dicen que el pacto fiscal es injusto porque las entidades que gobiernan producen más de lo que la federación les regresa en aportaciones y participaciones fiscales a sus presupuestos. Quizá eso sea cierto. Aunque también lo es, que ponerse a discutir sobre el reparto de los recursos en medio de una crisis pandémica sin precedentes, es tanto como una familia que prioriza la disputa por la herencia de un ascendiente que agoniza, pero que aún no ha sido declarado muerto.

Es cierto que en una emergencia como la que vive hoy el país, la disponibilidad de recursos es un tema de gran relevancia. Sin embargo, también lo es que la historia mexicana del reparto de recursos entre la federación y las entidades federativas estuvo también determinada por la discrecionalidad, la opacidad, la corrupción y el mal uso de esos recursos por parte de los gobiernos estatales; además de que en la gran mayoría de los casos, las administraciones federales —de los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto— utilizaron el envío extraordinario de recursos a las entidades federativas, más con criterios políticos o en la búsqueda de los “equilibrios” con los gobernadores, que por la existencia real de necesidades por parte de las entidades federativas.

¿De qué hablamos? De que lo que bien conocido como el “feuderalismo”. Dicho esquema fáctico, por lo menos desde la primera alternancia de partidos en el poder federal en el año 2000, se nutrió desde dos frentes: por un lado, el del ejercicio de un federalismo aparente que enmascaraba la profunda vocación centralista por parte del gobierno federal; y por el otro, el del feuderalismo propiamente hablando, en el que los gobernadores fueron investidos con un manto amplísimo de discrecionalidad, opacidad e impunidad en el ejercicio de los recursos disponibles —muchos de ellos, provenientes de aportaciones y participaciones ordinarias y extraordinarias de recursos federales—, a cambio de que apoyaran ciertas iniciativas de interés presidencial, a través de “sus” legisladores en ambas cámaras federales.

Esto era, en alguna medida, un problema propio de la pluralidad que en 20 años nunca le dio la mayoría a un partido —a las fuerzas opositoras, o al partido del presidente—, y por eso hubo que buscar la “convivencia” entre un Presidente sin mayorías legislativas sólidas, y gobernadores que rápidamente encontraron el esquema para “aprovechar” —lucrar— el número de curules y escaños en las cámaras federales, de diputados y senadores provenientes de sus entidades federativas e impulsados —económicamente— desde los gobiernos estatales, independientemente de la fuerza política que los postulara a dichos cargos. 

Así, en gran medida la fuerza de cada gobernador estaba en las bancadas que representaran a su entidad federativa en el Congreso; y la conveniencia del presidente para no impulsar cambios al régimen constitucional de los gobernadores —que los obligara a terminar con esos márgenes de discrecionalidad— se alimentaba de la conveniencia mutua de intercambiar recursos federales por votos y apoyos en ciertas decisiones relevantes para el país, o para la conveniencia del presidente.

CAMBIO DE PARADIGMA

En la elección presidencial del año 2018 lo que cambió fueron las variables de la relación del presidente con los gobernadores. El partido del presidente —Morena— arrasó en la integración de las dos cámaras federales. Por primera vez en veinte años —luego de tres alternancias de partidos en el poder federal—, habría un presidente —Andrés Manuel López Obrador— con mayoría legislativa absoluta en el Congreso, y con una amplísima facilidad para generar alianzas que le permitieran cambios constitucionales. Ello explica por qué una de las primeras declaraciones que hizo López Obrador como Presidente electo, fue decir que no se dejaría chantajear por nadie, incluyendo a los Gobernadores.

Cuando eso ocurrió, se vislumbró la potencial ruptura de la tradicional relación federación-estados, aunque en ese momento no se sabía exactamente cuándo ni por qué causa. Lo que sí quedaba claro es que durante el mandato de López Obrador como presidente tendría que llegar el momento en que los gobernadores asumieran verdaderamente su papel y contribuyeran a dejar atrás la conveniente relación feuderalista que los gobiernos estatales habían mantenido durante las últimas dos décadas con los sucesivos presidentes de la República.

En noviembre de 2018 aquí apuntamos: “A partir del 1 de diciembre veremos qué gobernadores comprenden su papel y relevancia política en el sostenimiento de la Constitución y del pacto federal. El servilismo y la sumisión al nuevo régimen federal significará ahondar los daños que esto le puede provocar al país. No sólo se trata de ver qué actitud tendrá el nuevo presidente, sino también de ver de si entre los mandatarios estatales hay sólo intereses o si hay verdaderas personas con visión de Estado. Al tiempo” (https://bit.ly/3cuXvzj).

El momento llegó con la pandemia, y ahora lo que tendremos que ver es a los gobernadores y al presidente impulsando un nuevo federalismo. ¿Cómo? El gobierno federal quizá involuntariamente puso la pauta: AMLO “soltó” a los gobernadores, y éstos ahora tienen que asumir una nueva actitud que no sea ni de paternalismo con la federación, ni de sometimiento. La pandemia será la situación idónea para ellos.

Pues no se trata del reparto del dinero proveniente de los impuestos, sino de decisiones de Estado: cada gobernador tendrá que asumir las directrices para sus gobernados respecto a cómo se volverá a la normalidad luego de la pandemia; tendrá que impulsar sus propias medidas de reactivación económica; deberán tomar el liderazgo en sus entidades en temas como salud o educación, que serán cruciales para la vuelta a la normalidad; y tendrán que asumir las responsabilidades que sean necesarias para proteger a sus habitantes frente a la pandemia. 

POR UN NUEVO FEDERALISMO 

Queda claro que el gobierno federal no ha tenido interés, ni lo tendrá, en impulsar todas esas acciones. Lamentablemente, López Obrador no ha tenido la altura de miras para capitanear el país frente a la crisis más profunda y multidimensional del último siglo. Y en su ausencia tendremos que ver a los Gobernadores asumiendo sus respectivos roles, y haciendo lo necesario para que tengamos el nuevo federalismo que tanta falta le ha hecho a México, desde antes de la pandemia.

Covid-19, y la necesidad de un nuevo pacto federal


Adrián Ortiz Romero Cuevas

La crisis global generada por el Covid-19, en México tendría que llevarnos a repensar nuestro federalismo. Ante la crisis sanitaria, económica y laboral generada por las medidas de aislamiento social, se esperaba que el gobierno federal impulsara medidas extraordinarias de apoyo a la economía y a las clases sociales media y baja, que serán las más afectadas económicamente por la pandemia, y capitaneara eficazmente las medidas de protección sanitaria para toda la población. No ha sido así. Y ante el vacío federal, algunos gobiernos estatales están impulsando medidas emergentes que tendrían que derivar en una reformulación de algunos aspectos del federalismo mexicano, que está demostrando su anacronismo y su incapacidad de responder a las circunstancias actuales del país.

En efecto, si bien como forma de Estado la federación establece un sistema de distribución de competencias para fortalecer integralmente a todas las partes integrantes del conglomerado, lo cierto es que el federalismo mexicano ha sido más bien un espejismo que ha permitido la unión de los estados, pero a partir de un fortalecimiento desproporcionado del ámbito federal. 

En tiempos de tranquilidad, ese modelo tropicalizado a la circunstancia mexicana explicaba su existencia en la comodidad y la conveniencia mutua, particularmente por el hecho de que la federación decidió asumir una actitud paternalista y suplir a las entidades federativas en el cumplimiento de diversas responsabilidades, y éstas lo aceptaron por parecerles lo más conveniente. 

No obstante, en medio de una crisis inusitada y extraordinaria como la generada por el virus Covid-19 —y sus efectos en prácticamente todos los rubros de la vida social y económica del país—, el federalismo tendrá, en el corto y mediano plazo, una de sus más duras pruebas de subsistencia por la necesidad del reacomodo de sus viejos y agotados equilibrios, a partir de las acciones que, frente a la crisis, están tomando los gobiernos estatales para hacer lo que el gobierno federal no hizo. Y en eso, el aspecto fiscal juega un papel determinante.

Y es que a lo largo del siglo XX, el gobierno federal mexicano —un ente centralista en toda su estructura, a pesar de su careta federal— decidió concentrar prácticamente todas las facultades fiscales para sí. De este modo, dejó sólo algunos impuestos menores en la competencia de los estados, pero sin márgenes importantes de maniobra. 

En esos tiempos, esto fue cómodo para todos: el gobierno federal siguió fortaleciéndose —siguiendo las enseñanzas del caudillismo revolucionario— y las entidades federativas y los municipios dejaron de ejercer la engorrosa e impopular labor de cobrar los impuestos de mayor cuantía. Apareció así el sistema de coordinación fiscal, y entonces los estados eran únicamente “ayudantes de cobro” de los gravámenes federales; a cambio recibían porcentajes de esos ingresos federales, independientemente de si éstos cobraban o no los impuestos que les correspondían.

Eso explica por qué los sistemas recaudatorios estatales son pobres e ineficientes. Las entidades federativas se quedaron con poquísimos impuestos —a la nómina y el hospedaje son los más relevantes— y los municipios se quedaron con el cobro de ciertos derechos y el impuesto predial. Todos los impuestos relevantes —ISR, IVA, IEPS, etcétera— los cobra la federación vía el SAT. 

EMERGENCIA ECONÓMICA: ¿Y LA FEDERACIÓN?

¿Por qué todo esto es relevante hoy? Porque la emergencia sanitaria por el Covid-19 ocurre en el contexto de una crisis económica que ya tenía existencia propia. Las medidas de aislamiento social resultan draconianas para una economía que ya de por sí está en aprietos. Por eso el gobierno de López Obrador intentó por todas las vías posibles minimizar la verdadera gravedad de la contingencia y aplazó excesivamente el momento de decretar la emergencia sanitaria —otra decisión que, del mismo modo, tendrá que ser pasado por el tamiz del federalismo—. Y se esperaba que el gobierno impulsara medidas emergentes para paliar la crisis económica, ahora agravada por el coronavirus. 

Nada de eso ocurrió. Por eso, han sido algunos gobiernos estatales los que han emprendido la tarea —difícil, por su propia precariedad recaudatoria— de impulsar apoyos al empleo y a la economía de la clase media. En el caso de Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat anunció medidas que, si bien intentan contribuir a la preservación de empleos y de la economía de las clases trabajadoras y emprendedoras, lo cierto es que éstas se circunscriben a los limitados alcances financieros que tienen las arcas estatales, a partir del hecho de que cobran pocos impuestos y tienen una recaudación baja, si se compara con la federal. 

De hecho, la sujeción del presupuesto oaxaqueño a los fondos federales —y por ende, la estrechez de sus márgenes autónomos de maniobra— es evidente: en 2019 el gobierno oaxaqueño reportó (https://bit.ly/2VoiIUQ) que, de su gasto anual, que ascendió a 80 mil 879 millones 770 mil 812 pesos, sólo 5 mil 117 millones 993 mil 754 pesos fueron de ingresos generados por impuestos y derechos estatales. Ello deja ver que más de 75 mil millones de pesos —el 93.75% del gasto público estatal— llegaron a Oaxaca por transferencias y participaciones fiscales federales.

En la misma sintonía, los gobernadores del noreste del país anunciaron que presentarán un plan conjunto de rescate de las micro y pequeñas empresas, ante la ausencia federal. Uno de los mandatarios estatales, Jaime Rodríguez de Nuevo León, incluso reprochó algunas de las muchas injusticias fiscales que existen en México: “…recibimos migajas, y aún con eso hemos sabido sacar adelante nuestra región, lo cual se debe precisamente a los empresarios, que no son sólo los grandes, sino también el taquero, el que tiene un restaurante, y el pequeño proveedor que surte al grande”, al tiempo de recordar que debe haber un nuevo pacto fiscal (https://bit.ly/2XtNhuX).

De hecho, las entidades del norte del país se quejan porque ellas aportan más al PIB, que lo que la federación le devuelve en participaciones fiscales. Le reprochan a la región sursureste que recibe más de lo que produce. No es una injusticia en sí, sino el reflejo de un desequilibrio de origen del sistema federal mexicano, que no logró procurar un desarrollo homogéneo en todas las regiones del país, para que todas produjeran riqueza al mismo nivel.

Además, nuestro sistema fiscal está lejos de una distribución justa, en la que tanto el gobierno federal como los estados tuvieran sistemas recaudatorios simétricos, en los que todos gravaran parcialmente la producción de riqueza, la renta y el consumo, y con eso tuvieran mejores márgenes y equilibrios para disponer de manera autónoma de sus recursos.

En realidad, el federalismo fiscal mexicano es totalmente centralizador. Por eso, cuando el gobierno federal decide no invertir —ya sea en temas de salud, infraestructura, apoyos económicos, etcétera—, los estados se quedan totalmente inmovilizados porque no tienen una capacidad recaudatoria al menos aceptable para tomar sus propias decisiones. Se vuelven rehenes de los caprichos o las decisiones federales, y entonces sus medidas emergentes son insuficientes, porque tienen una recaudación pobre de la cual echar mano.

NECESARIO, UN NUEVO PACTO FEDERAL

El rubro fiscal es un botón de muestra de algo mayor: el sistema federal ha venido engullendo muchas de las facultades esenciales que antes eran de concurrencia o de coordinación con lo gobiernos estatales. Hoy, aspectos como la salud, educación, el fomento económico, la organización electoral y muchas más, están totalmente en manos del poder central, a pesar de que en la Constitución federal son facultades concurrentes con los estados.

Hoy, la crisis sanitaria revela la necesidad de un replanteamiento del sistema federal, pues ésta no sólo ha puesto en evidencia las insuficiencias del llamado pacto fiscal, sino también deja en el aire diversas preguntas que tendrán fuertes repercusiones: ¿por qué el Consejo de Salubridad General —un órgano integrado por los tres ámbitos de gobierno— decretó la emergencia sanitaria mucho tiempo después del momento en que los expertos internacionales lo recomendaban? ¿Actuaron los gobernadores en el marco de sus atribuciones llamando al aislamiento social antes que la federación? ¿Qué responsabilidades tendrá el gobierno de López Obrador por sus dilaciones y negativas a intervenir en rubros importantes de la economía, la salud y el bienestar de las personas? 

Una consecuencia indispensable de esta crisis debiera enfocarse en un reordenamiento clarificador de la distribución de competencias federación-estados; y sobre todo, en el hecho de que los gobiernos estatales asuman —por primera vez en décadas— su relevancia dentro del pacto federal, para lograr ahora sí la equidad —tantas veces aplazada, pero justa y necesaria— en su relación con el gobierno central.