AL MARGEN || Oaxaca capital: el aparente progresismo municipal respecto a la mariguana, es un engaño 

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Sin preguntarle a nadie, y sin considerar la más mínima ponderación entre la estratagema del progresismo frente a los derechos de los habitantes de la capital oaxaqueña, el edil Francisco Martínez Neri decidió convertir el Paseo Juárez en un espacio “amigable” para la gente que desea fumar mariguana en la vía pública. Pensando en que esto lo ubicaba como un gobernante de avanzada, desdeñó no sólo a los niños y las familias oaxaqueñas que usan ese espacio público como zona de recreación y esparcimiento, sino también a la ley. 

En efecto, en abril pasado el Edil citadino emitió una autorización —que no hizo del conocimiento previo del Cabildo, y que por ende éste no avaló— para que en el parque El Llano se permitiera que las personas que desearan consumir mariguana lo hicieran libremente, con el único límite de que no afectaran a terceros. Esto, seguramente emulando al gobierno morenista de la Ciudad de México que también ha dado su anuencia para que en ciertos espacios abiertos se pueda consumir dicho producto sin restricción, a partir del hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el uso lúdico de la mariguana no es ilegal, y que por ende las personas pueden hacerlo sin reserva alguna.

En todo esto, el problema es que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el municipal de la capital oaxaqueña, han malentendido el sentido de la resolución de la Suprema Corte. Pues si bien el Alto Tribunal consideró que el uso lúdico de la mariguana no contraviene la ley y que, por ende, las personas no pueden ser perseguidas ni criminalizadas por poseer la cantidad necesaria para su consumo o —literalmente— por fumarla, lo cierto es que con esa declaratoria la Corte no dijo que su uso está ajeno a la regulación y, a la luz de un concepto denominado “parámetro de control de regularidad constitucional”, queda claro que el derecho que tienen las personas a fumar mariguana, o cualquier otro producto como el tabaco, no los exime —ni a ellos ni a la autoridad— de considerar y respetar los derechos de los demás. ¿A qué nos referimos?

A que por un lado está la posibilidad libre de las personas para fumar mariguana, el cual se funda en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; pero frente a ello se encuentran otros derechos como el de la salud, la recreación, el deporte y la cultura, así como con relevancia los derechos de la niñez —que están considerados como de interés superior para la sociedad, tanto en la legislación nacional como en la internacional— así como el derecho que tienen todas las personas a vivir y convivir en espacios libres de contaminantes.

Y es que, aunque pareciera que la disposición emitida por el Edil citadino para que el Parque El Llano fuera un espacio amigable con los consumidores de mariguana, y con ello envolverse en un halo de progresismo con el que intentan suplir y esconder diversas insuficiencias de la gestión municipal, lo cierto es que todo esto es una estratagema. La Corte definió como legal el consumo de la mariguana, pero con ello no le dio carta abierta para que su consumo sea libre en cualquier espacio.

Ello no ocurre hoy ni siquiera con el tabaco, que es el producto fumable más usado por la gente, y que además de ser cada vez más rechazado socialmente hoy su consumo está sujeto a fuertes regulaciones en espacios abiertos y cerrados en los que conviven más personas. Por ello, suponer que las regulaciones del tabaco no son de inicio equiparables frente a la mariguana, no sólo constituye un error, sino que deliberadamente es un desprecio a su propia figura como autoridad, y a la inteligencia e integridad de la ciudadanía.

LA AUTORIDAD, FUERA DE SÍ

Lamentablemente, el Parque El Llano hoy es zona de encuentro para fumadores de mariguana que han aprovechado la artimaña municipal de autorizarles ese espacio público para consumir dicho producto. Lo hacen, ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero en medio de niñas y niños que ocupan también ese espacio para aprender a patinar, para montar bicicleta, para bailar, o simplemente para jugar; lo hacen frente a familias y personas de la tercera edad que acuden a ese lugar a ejercitarse; o a familias que van a respirar aire fresco; a pasar la mañana o la tarde entre los árboles y las fuentes del parque o, lo que es tradicional, a comer un elote o un esquite.

Así, los fumadores de mariguana pueden hacerlo libremente en sus domicilios, pero la autoridad dio un brinco equivocado, precipitado e irreflexivo, y les autorizó la utilización de dicho espacio sin tener ninguna atribución para dicho efecto. ¿Quién regula el uso de la mariguana? La Corte dijo que el uso debe ocurrir previo a la obtención de un permiso emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y que su uso estaba restringido a no causar ningún tipo de molestias a terceros. Y si bien la autoridad municipal es la constitucionalmente encargada de la regulación de parques y jardines, también es cierto que su potestad tiene como límite no causarle molestias o amenazar la integridad o los derechos de las demás personas.

Y lamentablemente pareciera que el gobierno de la capital está aprovechando el desánimo ciudadano frente a la propia autoridad. Los oaxaqueños hemos visto cómo la ciudad continúa en un franco proceso de deterioro sin que nada ni nadie pueda o quiera detenerlo; que la connivencia —la complicidad, pues— entre autoridades y exautoridades municipales es a tal nivel, que los antecesores dejaron a la capital desfondada y desmantelada, y la autoridad actual no ha movido un dedo para perseguirlos, que por eso pareciera que los oaxaqueños ya perdieron la confianza en la autoridad y en la ley.

Pues cometer tal despropósito como convertir en un espacio recreativo y familiar para los niños y las familias, en un espacio “friendly” para el consumo de mariguana, implica diversos riesgos y afrentas que la autoridad municipal debía ver con más seriedad. La posesión de mariguana y su consumo son legales, pero no la venta. Y el riesgo que corre la ciudadanía es tener que convivir no sólo con consumidores sino también con vendedores del producto que, ellos sí, realizan una actividad ilegal. Y a nadie le gustaría que luego de batallar tanto para que sus hijos o familia dejaran de ser fumadores pasivos de tabaco, ahora lo sean inopinadamente, pero de mariguana.

Francisco Martínez Neri debería ver con seriedad este asunto y tomar medidas para evitar que este espacio público deje de ser familiar y recreativo. Debe ponderar por encima de sus engañosos anhelos progresistas, los derechos de los niños y de las familias. 

Quizá el Edil no lo sabe o deliberadamente no lo recuerda, pero el octavo párrafo del artículo 4 de la Constitución federal dice a la letra: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” 

Por encima de cualquier suposición, es obligación del Edil de la capital oaxaqueña cumplir con este mandato constitucional.

EPITAFIO 

La ciudadanía se quedó sola ante la sinrazón. Y si la autoridad municipal está mal, queda claro que el Gobierno del Estado y la Federación están igual o peor, porque simplemente han esquivado el tema, cuando debía ser su obligación —igualmente constitucional—, exigirle a la autoridad municipal, incluso a través de una controversia ante la Corte, que revoque dicha autorización que pisotea los derechos de la niñez oaxaqueña.

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AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa. 

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político. 

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno. 

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL 

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué? 

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial. 

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010. 

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO 

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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AL MARGEN || Oaxaca: algunas impresiones del debate

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La tarde de ayer 15 de mayo se realizó el único debate entre candidatos a la gubernatura de Oaxaca que, dadas las circunstancias, estará en condiciones de realizar el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque el ejercicio intentó poner en la picota algunos de los temas sustantivos más importantes para el debate electoral, lo cierto es que tanto la organización del debate, como las propuestas y las posturas de los aspirantes, le quedaron mucho a deber a la ciudadanía oaxaqueña. Veamos algunas impresiones.

  1. El formato. Es cierto que la autoridad electoral tiene el deber de procurar la equidad en los tiempos y las formas en las que participan todos los candidatos. Sin embargo, siguen sin encontrar la fórmula que equilibre un ejercicio de debate en el que no prive la rigidez y el acartonamiento. No hay un debate verdadero, cuando no se ponen las condiciones mínimas para que el contraste de ideas pueda ser sustantivo entre los candidatos, y para que los temas no se desvíen —accidental o deliberadamente— en el intercambio personal entre los aspirantes. La ciudadanía escuchó ataques inopinados entre ellos; fue testigo de más silencios que ideas frente a cuestionamientos sobre propuestas y políticas de gobierno; y los candidatos ofrecieron una cantidad inmensa de lugares comunes con los que intentaron sustituir —y esconder— su falta de proyecto frente a los problemas de la entidad.
  2. La conducción del debate. Fue la periodista Carolina Hernández Solís, de Código Magenta, la encargada de moderar el debate. ¿Lo destacable? Que el formato aprobado por la Comisión Temporal de Comunicación del IEEPCO era tan rígido, que era por demás improbable que hubiera algún imprevisto. Hubo un control estricto —y qué bueno— de las cámaras y los micrófonos frente a los intentos de los candidatos por rebasar los tiempos o las formas de sus participaciones, y por eso en la conducción del debate no hubo sorpresas. ¿Lo cuestionable? La moderadora del debate se equivocó en varias ocasiones al nombrar a los candidatos y no fue capaz de argumentar algo fuera de lo contenido en el guion que previamente le proporcionó la autoridad electoral.
  3. La foránea conducción del debate. Un punto relevante: no es chovinismo ni mucho menos, pero valdría la pena que el IEEPCO considerara la invitación a actores locales —periodistas, académicos, intelectuales, etcétera— para moderar los encuentros entre candidatos. Es increíble que se siga prefiriendo a personas traídas de otras entidades, por ese solo hecho, cuando eso resulta más costoso y no otorga ninguna garantía respecto a que la persona conductora del debate conozca el ambiente, los personajes y el contexto político —tanto de los partidos y candidatos, como de la entidad— del encuentro que va a moderar. Ayer se dio una demostración más de las consecuencias de esa tozudez por preferir a personajes foráneos, frente a una posible oferta local de conducción que no sería nada despreciable.
  4. Los ataques. Alejandra García Morlán y Natividad Díaz Jiménez fueron a jugar su papel de atacantes. Lo hicieron incluso sin que mediara provocación por parte de los candidatos punteros en las encuestas e iban preparadas para eso, más que para debatir ideas y propuestas. Es entendible su postura —mas no justificable— en el contexto de que ambas necesitan alcanzar una votación mínima decente que les permita seguir vivas en sus partidos rumbo a las elecciones federales de 2024 donde buscarán capitalizar lo poco o mucho que puedan hacer aquí. Quién sabe si los ataques vertidos en el debate les reditúen en algo frente a los electores. Pero lo que sí demostraron es su preferencia por el pleito frente a las ideas.
  5. Los “punteros”. Tanto Salomón Jara como Alejandro Avilés, de Morena y el PRI-PRD respectivamente, iban preparados para dar y recibir ataques, pero sobre todo para ser blanco de los candidatos de los otros partidos. Jara se dedicó a esquivar los señalamientos de todos los aspirantes bajo el guion exacto de la 4T: prometer a los oaxaqueños lo mismo que ha dicho siempre el eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y omitir todos los demás señalamientos y cuestionamientos. Le cuestionaron la presencia de sus hermanos —aspecto que sí debe cuidar si no quiere terminar siendo un émulo de la llamada ‘familia real’ de la UABJO—, los antecedentes de sus operadores políticos y de su trabajo legislativo. Él, incluso en momentos en tono socarrón, sólo esquivó los ataques y sólo en algún momento lanzó un discreto ataque a Avilés. Éste por su parte fue más abierto en los señalamientos a Jara, pero tuvo que resentir las consecuencias naturales del desgaste y los errores del gobierno actual, que le fueron adjudicadas a él por ocupar esa posición tan paradójica de ser el candidato del oficialismo oaxaqueño, que hoy se ve más cargado en la preferencia hacia Morena que hacia el PRI.
  6. Los disparates. Al candidato indígena independiente Jesús López Rodríguez le urge que alguien le dé un curso básico de derecho constitucional, o que al menos le expliquen que: a) la pena de muerte está prohibida expresamente en la Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; b) que por esa prohibición expresa en todo el país, sería imposible volver a legislarla; c) que legislar lo anterior no sería tarea de un Ejecutivo estatal, como lo que él aspira a ser, sino del Congreso; d) que Oaxaca ya es un estado libre y soberano; e) que su sola idea de “independizar” a Oaxaca —idea que nos queda claro que no ha pensado en su dimensión real— es una peligrosa semilla de separatismo que traería mucho dolor y miseria para los oaxaqueños; f) que, independientemente de que lo sepa o no, el artículo 2 de la Constitución federal, garantiza que la nación mexicana es única e indivisible por lo que esa propuesta es, además, un disparate; g) que no está mal que hable de una nueva Constitución, pero lo que es lamentable es que confunda eso con un nuevo Estado oaxaqueño o, aún peor, con un nuevo país. Si no tiene ideas asequibles, y si en él priva la ignorancia, debería asesorarse mejor para no hacer quedar las candidaturas indígenas como una burla para la inteligencia de los oaxaqueños, porque con sus disparates no sólo queda mal él sino esta novedosa —aunque claramente despreciada hasta por la ley— figura democrática.
  7. No hay ganadores. Acaso el más prudente y claro en sus ideas fue el candidato indígena independiente Mauricio Cruz Vargas. Fue el único que no se enganchó en ataques y estableció algunos puntos de referencia, desde la perspectiva del indigenismo y el asambleísmo de los pueblos oaxaqueños, que debían ser considerados por cualquiera que gobierne Oaxaca.

EPITAFIO

En el debate se habría agradecido que los candidatos explicaran temas como las cuentas pendientes en sus respectivas gestiones como servidores públicos; o en qué sanciones administrativas terminaron los faltantes en la Secretaría de Agricultura, o episodios como el del uso de un avión gubernamental por particulares. Se supone que esos señalamientos tuvieron como consecuencia procedimientos administrativos hoy concluidos. ¿De verdad los hubo? ¿O todo fue parte —también— de arreglos políticos? 

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AL MARGEN|| Además de los árboles, Oaxaca capital se nos cae a pedazos

Adrián Ortiz Romero Cuevas

No sólo son los árboles centenarios los que caen sin remedio ante cada ventarrón o tormenta: la capital oaxaqueña, entera, se nos cae a pedazos ante la apatía y la incapacidad de la autoridad de proveer respuestas asequibles a las necesidades de la ciudad. ¿De qué hablamos? De que nada parece lograr detener el acelerado deterioro del espacio público, y que los gobiernos lejos de proveer respuestas parecen vencidos ante la realidad y sus circunstancias adversas.

En efecto, hace algunos días vimos caer uno más de los árboles notables que poblaban el paisaje citadino. En el Paseo Juárez, históricamente conocido como El Llano de Guadalupe —por ser el espacio abierto contiguo al atrio del templo que lleva ese nombre—, cayó un fresno cuya plantación se atribuye al generalísimo don José María Morelos y Pavón, durante su estancia en Oaxaca alrededor de 1813. 

Previo a ello, hace algunos meses cayó otro árbol emblemático para la historia de la ciudad, ubicado en la actual Calzada de la República, en un espacio adyacente a la calle de Los Libres y el barrio de Jalatlaco. Su plantación se atribuye al general Guadalupe Victoria, quien a la postre se convertiría en el primer presidente de México, en conmemoración a que en ese sitio ocurrió aquel episodio en el que lanzó su espada “en prenda” al otro extremo del entonces crecido Río Jalatlaco, durante una batalla con el ejército realista, en tiempos de la Guerra de Independencia. 

El periodista Renato Galicia Miguel recuerda, en un texto publicado en el portal Oaxaca.Media, que existe un tercer árbol notable por ese rumbo, ubicado en el mismo Llano, pero en la esquina noreste del parque, exactamente en el límite con la calle Pino Suárez, también atribuido al general Morelos. 

Al igual que el fresno de Morelos y el higo de Guadalupe Victoria —que hoy ya son sólo un recuerdo—, pareciera irremediable que en algún momento —con la lluvia o el ventarrón de cualquier día— dicho árbol corra la misma suerte que los anteriores, igual que como ha ocurrido ya con la mayoría de los árboles centenarios que estuvieron en el zócalo citadino. 

¿La razón? Por un lado, el paso irremediable del tiempo; pero, sobre todo por el abandono y la indolencia de las autoridades municipales, estatales y federales por considerar la importancia no sólo de esos árboles notables, sino de todo el arbolado que se encuentra en el espacio urbano de la capital oaxaqueña. Incluso no sólo como una cuestión de preservación, sino como de seguridad para las personas.

Hasta ahora, a ninguno de los tres ámbitos de gobierno —al gobierno que preside el edil citadino Francisco Martínez Neri; a la administración estatal que encabeza el gobernador Alejandro Murat; y qué decir al gobierno federal, que ha mostrado no sólo desinterés sino hasta desprecio por la gran mayoría de las expresiones culturales, tangibles e intangibles, en el país— se le ha ocurrido emprender acciones para la preservación del arbolado y la seguridad de los oaxaqueños.

No se les ha ocurrido, por ejemplo, constituir una comisión técnica integrada por expertos —ingenieros agrónomos, forestales o botánicos— que diagnosticaran con precisión el estado de salud del arbolado citadino, y recomendar —y poner en marcha— acciones para preservarlos, rescatarlos o, en su caso, talarlos.

¿Qué pasa? Que gracias a los falsos ambientalistas —esos que se preocupan por la vegetación sólo cuando intentan negociar prebendas con el gobierno, a cambio de su “anuencia” para la realización de una obra—, los tres ámbitos de gobierno prefieren mirar hacia otro lado y no reconocer que esas son acciones urgentes para la capital. Está por un lado la propia conservación de los árboles, que son parte del paisaje urbano y de la riqueza histórica de la capital; pero sobre todo, está el hecho de prevenir que ocurran más incidentes ante la pasividad general: cada árbol que cae constituye un riesgo para la vida, la integridad y el patrimonio de los oaxaqueños. 

¿Qué habría pasado si al interior del vehículo que destruyó el llamado fresno de Morelos al caer, hubiera habido pasajeros? ¿A nadie le importa que eso ocurrió en un parque cotidianamente visitado por cientos de corredores, niños y adultos mayores? ¿Hay que esperar a que verdaderamente ocurra una tragedia para tomar conciencia, y medidas? Indistintamente, los tres órdenes de gobierno tienen la palabra.

LA CIUDAD, EN EL ABANDONO 

Oaxaca, pareciera, les es indolente. No le duele a la autoridad verla en el estado en que se encuentra. Una ciudad atestada de baches, de grafitis y de paredes torturadas no sólo por las pintas sino sobre todo por el abandono. Calles céntricas que durante el día están invadidas por el ambulantaje, y en las noches por la oscuridad. Espacios por los que antes se podía caminar y hoy son blanco impune de líderes sociales que venden y concesionan la vía pública como si ellos fueran la autoridad. Un zócalo citadino que en otros tiempos fue considerado como una de las plazas públicas más bellas del mundo, pero que hoy es rehén de la protesta social que enmascara el jugoso negocio del comercio informal. Del Palacio de Gobierno ya mejor ni hablamos.

A esto habrá que agregarle un paisaje cotidiano de marchas y bloqueos por doquier. Da lo mismo que sea un grupo de lucha social, que los habitantes de alguna comunidad indígena, o los profesores y los normalistas que desde hace años nos arrebataron a los ciudadanos todo un perímetro del Centro Histórico en el que ellos mandan, protestan, se disputan y hasta utilizan como estacionamiento de cobro, como central camionera para sus propias líneas de autobuses, o como lugar de pernocta en sustitución de lo que antes era conocido como Hotel del Magisterio en División Oriente.

A nadie le duele Oaxaca. No le duele a los encargados de la gobernabilidad, quizá porque ni nacieron ni crecieron en esta tierra, y tampoco les importa su destino. Les dejó de importar también el enojo de la ciudadanía; y ésta, derrotada, hoy prefiere normalizar el hecho de vivir en una ciudad invadida por el ambulantaje, por la lucha social y por la indiferencia de la autoridad. En una ciudad sucia, oscura, insegura, pintarrajeada y vulnerada en todos sus flancos. Ya nadie le preocupa procurarle una mano de pintura a las fachadas; poner un poco de orden en las vialidades; o impulsar acciones para que el espacio público vuelva a ser de los oaxaqueños, y no de los normalistas, o de los líderes del ambulantaje, o de cualquiera a quien se le ocurra tomar las calles. 

¿Esto tiene solución? Quizá sí. Cuando tengamos gobernantes más preocupados por sus funciones que por las frivolidades o los intereses partidistas en que se pierden actualmente.

EPITAFIO 

Qué paradoja: hoy reina la apatía; pero el conflicto del 2006 comenzó un año antes, el día en que, por las obras de remodelación que arbitrariamente emprendió Ulises Ruiz en el zócalo, se cayó uno de los árboles centenarios ubicados frente a Palacio de Gobierno. 

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Campañas a la gubernatura en Oaxaca; la elección federal de 2024 define la agenda política

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Ayer arrancó el periodo de campañas proselitistas en Oaxaca, y en otros cinco estados de la república mexicana para elegir a sus respectivos gobernadores. En todos los casos, los procesos electorales estatales están determinados por la agenda política de la elección federal de 2024. Vale la pena revisar el caso Oaxaca.

En efecto, en el arranque de las campañas en Oaxaca existe un falso debate respecto a qué campaña es la mejor, o qué candidato va mejor posicionado. Más allá de las ardientes posiciones respecto a uno u otro candidato, lo cierto es que el inicio del proselitismo no pasa de ser un mero simbolismo, al estar depositadas todas las perspectivas sobre el resultado de los comicios, en las estructuras y no en el trabajo partidista. 

Más allá de la parafernalia, o de los actos representativos realizados ayer por los candidatos —Salomón Jara de Morena; Alejandro Avilés del PRI-PRD; Natividad Díaz del PAN y Alejandra García de MC, además de los dos candidatos indígenas—, lo cierto es que cada uno sabe exactamente en qué posición arranca la campaña, cuáles son sus perspectivas, y qué debe hacer —tanto en estructuras como en el trabajo electoral— si es que quiere modificar parcialmente la posición en la que se encuentra. Ergo: ahí no hay sorpresas ni anhelos. La realidad es una para cada candidato, y fuera de eso todo lo demás en la campaña serán apariencias.

Lo que sí vale la pena revisar son las posiciones de los partidos no de cara a este proceso electoral, sino al federal de 2024. ¿Por qué? Porque tanto en Morena como en la posible alianza PAN-PRI-PRD existen ya perspectivas en juego, independientemente de que, en esta ocasión, sólo se dispute la gubernatura y no las demás posiciones legislativas —diputaciones locales, diputaciones federales y senadurías— en las que Oaxaca también tiene presencia nacional. Comencemos por Morena.

La definición de Salomón Jara como candidato de Morena no sólo consolida su grupo, sino que además confirma el hecho de que, si gana la gubernatura, tendrá la oportunidad —y la responsabilidad— de impulsar a toda una nueva clase política. La puerta de entrada para todo eso serán las posiciones en el gabinete estatal, para impulsar desde ahí a quienes considere que pueden ser las posiciones legislativas de su grupo a partir de 2024. 

Jara tiene el campo abierto al haber terminado venciendo a Susana Harp en los tribunales, y no en un acuerdo político que lo habría obligado a cederle posiciones —para sus allegados— tanto en el gobierno como en la elección federal de 2024. Hoy, de ganar la gubernatura, el escenario en pleno será a favor de Jara y la clase política que pretenda impulsar para tratar de trascender, a través de alguno de sus cercanos, al 2028 cuando culmine su mandato como gobernador. 

Harp dejará de ser senadora hasta 2024; y luego del descalabro actual —el cual denotó su ingenuidad, al ser utilizada por una facción al interior de Morena, y su falta de sensibilidad política en un partido horizontal— no tendrá juego alguno como para lograr ser contrapeso de Salomón Jara, si éste resulta electo gobernador. Quizá podría colarse como candidata a una diputación federal, pero evidentemente ya no en la posición de ser dicho espacio consecuencia de una negociación política, sino de un premio de consolación. Y hasta para eso, quién sabe si le alcance. 

¿Cuál es el reto de Jara Cruz? Impulsar genuinamente una nueva clase política. Una nueva generación política que emerja de su grupo, y que ataje los intentos de concertacesiones que seguramente desde ya le están intentando ofrecer desde los grupos contrarios, para facilitarle el espejismo de una “transición plena” pero pactada. Oaxaca iría por su tercera alternancia de partidos en el poder. Y más allá de lo que se diga, lo cierto es que existe la madurez suficiente entre la ciudadanía para permitir el paso a un gobierno de filiación distinta a la actual.

REJUEGOS PAN-PRI

Es lamentable el caso del PRD, que con su decisión de aliarse con el PRI sólo abona a su extinción. Lo relevante en este juego de sumas y restas se encuentra en las razones que tuvo el PAN para no ir con el PRI. La perspectiva también tiene que ver con el 2024. ¿Por qué? Porque el PAN ve al PRI como un partido o que está entregado al presidente, o que en cualquier momento lo hará.

De manera concomitante a ello, saben también que el PRI carece de un candidato presidencial fuerte para 2024; y que, en la posibilidad de una coalición entre ellos para los comicios federales próximos, será mucho más fácil y viable que el PRI se una con el PAN para llevar juntos un abanderado emergido de las filas del albiazul. La realidad es innegable: mientras los tricolores van de lado en prácticamente todas las discusiones relevantes de la vida nacional, el PAN ha mostrado una posición mucho más consistente con su condición de fuerza opositora.

En ese contexto, el panismo oaxaqueño consideró que no era viable permitir una alianza electoral estatal con el PRI, porque no tuvieron certeza de que el PRI pudiera hacerlos incrementar su cauda de votación en la entidad —saben que tienen una presencia discreta en el electorado, aunque propia—; y porque independientemente de todo, no había ninguna perspectiva de qué se podría negociar en una elección en la que no hay otra posición más que la de la gubernatura, que ahora menos que nunca el PRI tiene claro si la puede ganar o no.

Al final, de ahí se entiende el enojo que hace algunos días expresó el Gobernador respecto al PAN. No fue el PRI, sino los panistas, los que rechazaron específicamente la alianza electoral en Oaxaca. Y eso se sumó a la necesidad del Gobernador Alejandro Murat de mantener a toda costa su buena relación con el presidente, que no ve al tricolor como su adversario histórico, sino al panismo. Habrá que ver qué tanto incide esta posición en la perspectiva de una coalición nacional para 2024, o qué tanto logra diluirse en la euforia de las campañas electorales.

Al final, tanto Alejandro Avilés como Natividad Díaz están participando como candidatos no sólo en el contexto de la elección actual, sino sobre todo en la perspectiva de qué tanto afianzan sus posiciones para competir en 2024, por alguna de las posiciones que —entonces sí— estarán en juego. El llamado “piñatazo” será hasta entonces. Pero no podrá participar de él, quien no tenga consolidada una posición —y un margen de votación— en la elección actual. Por eso hoy 2024 está jugando más de lo que muchos nos imaginamos.

EPITAFIO

Sólo la embriaguez de poder explica que al final, en la UABJO, puros y conversos estén tratando de asegurar una “transición” en la rectoría que no podría ser más ignominiosa: impulsando, al mejor estilo de Abraham Martínez Alavez, jefe de la Familia Real, a un personaje desconocido, ajeno a la vida universitaria, sin crédito social ni prestigio académico, y sólo como un títere. Utilizar de esa manera a una persona, que es conocida en otros ámbitos —muy cercanos a los negocios desde el poder, lo cual pareció haber sido determinante para impulsarlo— pero no en el académico, para tratar de calmar la efervescencia política universitaria, es como tratar de apagar el fuego con gasolina. En esas condiciones, ¿qué diferencia hay entre impulsar —fallidamente— a Cristian Carreño, que al “Águila”; al difunto Rubén Marmolejo, alias “el dragón” o a “Chava Taquero” como Rector? Abundaremos.

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