AL MARGEN || Avilés y los ‘chalanes’ que se cansaron de militar en el PRI

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Ante las recientes renuncias de militantes al Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, el excandidato a la gubernatura Alejandro Avilés Álvarez soltó una frase que dibuja perfectamente una de las razones de fondo de la debacle priista entre sus militantes. En la red social Twitter, Avilés espetó: “El que es chalán es chalán… aquí o allá… sea rojo o sea verde…”. Instalado en la arrogancia y quizá sin querer, el también diputado local dibujó exactamente la razón por la que su partido perdió estrepitosamente no sólo los comicios, sino también gran parte de su base social y su militancia en la entidad. 

En efecto, la semana pasada se realizó una reunión entre militantes y representantes populares emanados del Partido Verde con el gobernador Salomón Jara. Ahí aparecieron dos personajes que hasta entonces se habían considerado priistas, los cuales se sumaron a otros más que también han dejado las filas tricolores en el pasado reciente para integrarse a esa fuerza política aliada a Morena. Las reacciones no se hicieron esperar, desde aquellos que lamentaron la decisión de sus ex compañeros de partido, hasta aquellas que rayaron en el franco insulto. Pero de entre todas ellas resaltó la postura Avilés, quien tildó de “chalanes” a los que se fueron. 

En esto, habría que preguntarse si no en medio de la ira Avilés fue traicionado por sus propias emociones. ¿Por qué llamar “chalán” a alguien? Un chalán, todos los sabemos en México, es un ayudante. En la albañilería, un chalán es el peón, que se encarga de las tareas más pesadas y menos relevantes; en prácticamente todos los demás oficios se les denomina así a las personas que son aprendices o que no poseen ninguna categoría dentro del escalafón técnico. 

En lo político y en lo partidista, igual que en todos los demás trabajos, se supone que esos rangos son de formación y de entrenamiento. Así, si el término chalán se equiparara a lo político entonces estos serían quienes llevarían a cabo las tareas básicas: activismo, propaganda, rutas y promoción del voto. Y, paradójicamente, se supone que esa fue una de las razones de mayor peso por las que fue designado Alejandro Avilés como candidato a la gubernatura: porque al haber sido un militante de base, se supone que había “chalaneado” lo suficiente como para conocer todos los estratos de la estructura electoral y ser aceptado por todos. 

La memoria es muy corta, pero cuando fue anunciada su candidatura, propios y extraños dentro del PRI reconocieron que Avilés era un elemento aglutinador de todas las corrientes internas, por haber sido alguien que recorrió todas las estructuras y todas las responsabilidades dentro del partido. Así lo dijeron prácticamente todos los militantes distinguidos del priismo en la entidad. Y lo expresaron además porque Avilés representaba la contracorriente al sentido cupular y patrimonialista con el que se había manejado el partido en el sexenio que concluía: mientras el gobierno estaba en manos de una sola familia que se sentía con una especie de derecho de sangre para gobernar, él representaba el encumbramiento de las bases a través de su candidatura. 

Avilés no podía sustraerse de la inercia de su partido, y parecía ser el dique de contención a ello: durante la administración de Alejandro Murat, un puñado de familias —sí, de familias— se encumbraron en el poder y establecieron las prioridades del partido: todos debían trabajar para que los integrantes de esas familias siguieran ocupando los cargos relevantes. En algunos casos por la vía de los cargos en la administración pública; otros, por la vía de los procesos electorales, y los más encumbrados a través de la vía plurinominal. 

Todos debían trabajar para que esas familias ocuparan los cargos, como si éstos fueran los tiempos de la España borbónica que distinguía entre criollos y peninsulares como referente esencial para el reparto de las responsabilidades públicas, y como si unos fueran los designados para las tareas públicas a partir del linaje y no del trabajo de campo, y los “chalanes estuvieran exclusivamente destinados a ser los ejecutantes de las tareas esclavizantes para que los elegidos de arriba gozaran de los ya conocidos privilegios.

¿QUE SE VAYAN…?

Quizá no lo pensó demasiado y Avilés lo soltó como una más de las puntadas de creatividad que ha demostrado tener para enviar mensajes en las redes sociales. El problema es que el arrebato venía cargado de una verdad que les está explotando en la cara. Es hoy imposible explicar por qué los únicos espacios con los que cuenta el PRI en Oaxaca —y ni se diga en la anterior administración— son ocupados por los hijos, los hermanos, las esposas y los socios de la cúpula priista, y no por militantes de base. 

Evidentemente, eso es algo que les está haciendo mucho daño. Más allá de si Rafael Vichido fue o no un militante priista relevante, si hizo o no trabajo político para su ex partido —que sí lo hizo— y que si son intereses económicos lo que hoy lo están moviendo a cambiarse de partido, lo cierto es que el diagnóstico va mucho más allá de él. 

Implícitamente, es lo que está demostrando el gobernador Salomón Jara al incluir en la administración pública a toda una pléyade de personajes que nunca habían tenido un espacio más allá del chalaneo de los partidos: silenciosamente, está haciendo la reivindicación con sus aliados de abajo, que el PRI nunca supo hacer. Ahí pesaron siempre más los apellidos, los linajes y el ius sanguinis, que la militancia real que se forma en la fila para acceder algún día a las responsabilidades públicas. Por eso el gobierno de Alejandro Murat fue como fue —lleno de frivolidades—, y terminó como terminó —en la derrota.

Quizá en este punto el PRI debía de ser más modesto en la autocrítica y reconocer los errores, no de la dirigencia actual, sino de sus manejadores del pasado. Hoy Avilés, Javier Villacaña y demás están recogiendo un desastre que ellos no provocaron, pero del que sí están conociendo las consecuencias. Debían preguntarse con seriedad cuál sería su postura si a ellos les llamaran ligeramente “chalanes” cuando han entregado su vida y sus convicciones políticas a una causa que ha encumbrado inmerecidamente a muchos, pero que al mismo tiempo ha despreciado reiteradamente a mujeres y hombres que han dado todo para ver ganar a su partido, aunque al final los dejen en las mismas. 

Este tendría que ser el punto de abandonar la soberbia y reconocer que ellos son lo que son, y están donde están, gracias al trabajo de los chalanes y de todos los militantes y simpatizantes de su partido. A ellos no habría que despreciarlos sino reconocerlos, máxime hoy que enfrentan un acelerado proceso de desmantelamiento orquestado desde el poder. Asumir la postura fácil de “no te necesito” y apartarse de cualquier forma de autocrítica, simplemente revela el estupor que silenciosamente les provoca no que los abandonen sus militantes distinguidos, sino los elementos a los que incluso en la devastación continúan menospreciando. 

Avilés no debía olvidar su origen. Es justo lo que lo hace ser ese personaje querido y aceptado por sus propios militantes. Chalanear no es indigno. Lo indigno es servirse del trabajo de los demás y ni siquiera tener pudor para reconocerlo. En fin… 

EPITAFIO 

Más allá de los arranques y las poses políticamente correctas, tanto en la Fiscalía General como en el Poder Judicial deberían establecer con precisión cuáles fueron las razones por las que le cambiaron la medida cautelar a Juan Vera Carrizal y, sobre todo, qué están haciendo para garantizar que no se sustraiga de la justicia. El derecho penal no se aplica por mayoría de razón. No bastan posturas ni indignaciones, sino acciones para dar certidumbre de que el juicio continuará hasta resolver las cuestiones de fondo.

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Ratifica Gobernador del Estado, la alianza legislativa y municipal con el Partido Verde en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó este día un encuentro de trabajo con legisladores federales y locales, así como con autoridades municipales del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca. Ahí, el Ejecutivo estatal refrendó su compromiso de trabajar codo a codo con las y los representantes populares emanados de este partido, para hacer realidad en Oaxaca los principios y metas de la Cuarta Transformación y del proyecto de gobierno que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y por el Diputado Federal José Antonio Estefan Gillessen, las y los diputados locales integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca manifestaron su respaldo a las iniciativas y propuestas presentadas por el Titular del Ejecutivo ante el Congreso, ya que éstas representan la ruta política y legislativa por la que el pueblo de Oaxaca votó en los comicios del año pasado.

Por su parte, el Mandatario estatal hizo patente el compromiso de trabajar con las y los concejales oaxaqueños emanados del Partido Verde, ya que dijo que sólo con una ruta conjunta de trabajo y esfuerzos podrá cambiarse el panorama desde las propias comunidades. Recalcó la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades municipales pues dijo que ese es un factor esencial en la construcción de una auténtica gobernabilidad y desarrollo para las comunidades oaxaqueñas.

En el encuentro el Gobernador Jara Cruz reconoció la importancia y solidez de la alianza política con el Partido Verde, y celebró el marco de unidad y acuerdos en el que las autoridades municipales y representantes populares del PVEM trabajan día a día a favor de Oaxaca. Esto garantiza, dijo, un trabajo conjunto perdurable y consistente para lograr la transformación que tanto anhela el pueblo de Oaxaca.

AL MARGEN || En Oaxaca no serán los nombramientos, sino la voluntad y el presupuesto, lo que sí cambiaría el panorama de la procuración e impartición de justicia

Adrián Ortiz Romero Cuevas

En Oaxaca estamos próximos a renovar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y tres magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Debe quedarnos claro que eso no será suficiente para cambiar el panorama actual de la procuración y la impartición de justicia en la entidad. Aunque siempre la renovación en la composición de las instituciones genera expectativa, debemos tener bien claro en dónde están los puntos medulares de ese posible cambio. Mientras esos aspectos sigan intactos, entonces los nombramientos serán francamente intrascendentes frente a la necesidad de verdaderos cambios.

En efecto, desde los primeros días del año fueron emitidas sendas convocatorias tanto para la elección de Fiscal General como para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Superior de Justicia. En el primero de los casos la Constitución del Estado establece la posibilidad de que se inscriba como aspirante cualquier ciudadano que cubra los requisitos constitucionales, y que luego de un proceso de interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo se pueda establecer una terna de entre la que deba electa la persona a ocupar ese cargo. 

Y es que más allá de los nombres y los currículums de las diez personas que fueron seleccionadas por el Congreso del Estado para que de ahí el Ejecutivo elija una terna, la contundente realidad revela que la Fiscalía General lleva una inercia muy lamentable de insuficiencias y carencias presupuestales, que son las que verdaderamente impiden que la procuración de justicia pueda tener un mejor panorama. 

En ese sentido, podemos hacer un contraste muy claro entre dos personajes diametralmente opuestos en formación académica, atención a sus funciones e incluso experiencia en tareas jurídicas o de gobierno, que en Oaxaca sucesivamente ocuparon el cargo de Fiscal General: Rubén Vasconcelos Méndez y Arturo de Jesús Peimbert Calvo. El primero, más allá de cualquier cuestión política, es un abogado de inmejorables credenciales profesionales y académicas, que durante su periodo como Fiscal estuvo dedicado de tiempo completo a atender sus funciones, y que incluso se hizo de enemistades en el propio gobierno por intentar cumplir con sus obligaciones. 

En el lado opuesto, se encuentra Peimbert, que podrá gozar de relaciones políticas, pero no de respeto académico (su cédula profesional de licenciado en derecho la obtuvo apenas en el año de 2013, cuando ya ocupaba el cargo de ombudsman estatal), que además nunca estuvo presente ni atento a sus funciones como Fiscal, y que durante su corto periodo como titular del Ministerio Público no logró resolver ninguno de los asuntos relevantes que le tocó conocer.

¿El común denominador? Que ambos se enfrentaron a los problemas estructurales de la Fiscalía, que más tienen que ver con el presupuesto y con la verdadera intención del Estado oaxaqueño porque se procure justicia al público tanto en los casos de alto impacto como en los de la justicia cotidiana, que con la persona titular del órgano. Tendría que existir un verdadero consenso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para dotar a quien sea el nuevo titular de la Fiscalía, tanto del presupuesto como de las funciones que necesita para poder tener un mejor panorama en el desempeño de sus funciones. 

Porque lamentablemente, quien sea electo por el Congreso como nuevo Fiscal General se enfrentará a las mismas situaciones que sus antecesores, y ni sus méritos académicos ni el respaldo político con que pueda contar para su elección, será suficiente para lograr que haya más insumos, que el personal gane mejor, que trabaje en condiciones más dignas o que haya la suficiencia de recursos humanos, económicos, técnicos y materiales para brindar un verdadero servicio de calidad a la ciudadanía.

NUEVOS MAGISTRADOS 

En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendría que haber un mejor equilibrio entre los nombramientos de naturaleza política y los de personal especializado y de carrera. ¿Por qué? Porque las magistraturas deben dejar de verse como premios políticos para personas afines al régimen en turno, y debía prevalecer una visión cada vez más enfocada a una justicia especializada. Si propios y extraños se quejan todos los días de las deficiencias en la impartición de justicia en el fuero común, entonces debía comenzar a verse la función judicial más como una labor especializada que como un espacio para premios de orden político.

Y es que existe una visión engañosa de que los magistrados impulsados por un gobernante en realidad podrían protegerlo después de terminar su periodo. En términos estrictos de justicia, la gran mayoría de los asuntos judiciales que normalmente persiguen a un ex servidor público (desde un gobernador hasta un modesto jefe de departamento) por omisiones o excesos en el desempeño de sus funciones, no pasan por el Poder Judicial del Estado sino que, más bien, se dirimen en otras arenas jurisdiccionales, salvo que sean casos extraordinarios (el caso Tenorio es ejemplo de ello) o que las faltas administrativas que hubieran cometido también configurasen delitos del orden estatal. 

Por esa razón, debía impulsarse con mayor ahínco no sólo la integración de las salas del Tribunal con personal especializado y de carrera, sino que además debe seguirse privilegiando la paridad de géneros (el respeto irrestricto a este principio, que lamentablemente no siempre ocurre), para que con esa fuerza puedan irse implementando mejoras sustantivas en la forma en cómo los juzgadores conciben, fundamentan y plasman sus criterios en las resoluciones que emiten. 

Por una razón propia de la naturaleza del federalismo, en México los poderes judiciales nunca terminarán de alejarse de la política. Pero en los hechos, y a contrapelo de la inercia política actual en el marco de la 4T, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado muestras sustantivas del sentido de independencia y legitimidad que reclama la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho en México, y que también debía replicarse en los poderes judiciales locales.

EPITAFIO

No debió caer nada bien en la nueva administración que uno de los fiats otorgados en pleno ocaso de la gestión del gobernador Alejandro Murat, haya sido para la esposa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. No se le regatean méritos a la nueva notaria. El problema son las formas. Aparentemente nada impactó en lo político, porque la renovación de la titularidad del Poder Judicial corresponde por ley para enero de 2024. Ahí se verá la verdadera consecuencia de esa situación.

@ortizromeroc

@columnaalmargen

AL MARGEN || Caso Yasmín Esquivel: el choque de la impostura contra un Poder especializado

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Sobre el caso de plagio que la UNAM confirmó recientemente que cometió la ministra Yasmín Esquivel Mossa con su tesis de licenciatura, vale la pena poner algunos puntos de referencia esenciales. Primero, que este caso esencialmente representa un golpe moral y ético para la Ministra Esquivel. Segundo, que difícilmente podrá continuar ejerciendo legítimamente su alto cargo en el Poder Judicial Federal, dado que ésta es una instancia especializada que no depende de la popularidad entre la ciudadanía. Y tercero, que —a contrapelo de la tendencia actual— este debe ser un punto de referencia urgente para que, de una vez, el Estado Mexicano —los tres poderes, y los tres ámbitos de gobierno— reconozca la urgencia de dejar atrás la informalidad y la impostura, y dar pasos sostenidos hacia una especialización legítima de quienes materializan sus funciones.

En efecto, vale la pena analizar punto por punto. En el primero de ellos, ayer 11 de enero la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM dictaminó que en el caso de señalamiento por plagio de las tesis de 1986 y 1987 que implican a la ministra Esquivel Mossa, se trata de una copia sustancial por parte de ella. De acuerdo con una nota de El Universal, la institución estableció que para su análisis valoró los elementos de importancia para una tesis, tales como: construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, por lo que la que presentó la ministra Yasmin Esquivel es una copia sustancial de la de Édgar Baez de 1986.

El problema es que, a pesar de haber corroborado el plagio cometido por la Ministra, a través de un comunicado la UNAM —firmado por el propio rector Enrique Graue— reconoció que “la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado” y por esa razón anunciaron que dicho caso sería turnado a la Secretaría de Educación Pública para que ésta tome las medidas que correspondan, pero incluso sin clarificar si la propia SEP tiene o no atribuciones frente a una situación como esa.

Por eso este primer punto es fundamental: no queda claro si hoy existe o no una norma y una institución que esté facultada para regular, conocer y sancionar una conducta como esa. Pero lo que sí queda claro es que independientemente de las consecuencias jurídicas y coercitivas que tenga este caso, lo que sí pesará indefinidamente sobre la ministra —y sobre la persona— Yasmin Esquivel Mossa es la censura social y ética por haber cometido una conducta que profesional y éticamente resulta inaceptable, independientemente de que hoy perviva la duda sobre los efectos jurídicos de ésta. 

CONSOLIDAR LA ESPECIALIZACIÓN 

Ello incide directamente sobre el segundo de los puntos inicialmente planteados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación representa el más alto órgano de impartición de justicia en el país, y es por ende cabeza jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Este conjunto de órganos jurisdiccionales —y excepcionalmente administrativos, como el caso del Consejo de la Judicatura Federal— es muchísimo más amplio que sólo reducir el PJF a la Corte. Existen 32 circuitos judiciales, conformado cada uno a su vez por un conjunto creciente de Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios o de Apelación, y Tribunales Colegiados de Circuito. A diferencia de los otros poderes —Legislativo y Ejecutivo— el Judicial es un poder eminentemente especializado, que no depende de la popularidad ciudadana sino de su legitimidad y de su fuerza coercitiva como ente impartidor de justicia.

Así, si pensamos en ese inmenso conjunto de juzgadores federales y comenzamos a buscar los antecedentes profesionales y académicos de casi cada uno de ellos, en la gran mayoría encontraremos que son personas con un alto grado de especialización. Hoy en día no es exagerado suponer que, en general, el personal jurisdiccional federal cuenta con estudios superiores y de posgrado —especialidades, maestría y doctorado— por ser este Poder de naturaleza especializada.

En el PJF no importa la popularidad. Ni los ministros, ni los magistrados, jueces y demás personal judicial fueron designados por ser aceptados socialmente sino por sus capacidades y destrezas como profesionales del derecho. Todos —o la gran mayoría— están ahí por razones democráticas pero que no tienen que ver con el voto popular. Frente a todos ellos, ¿con qué legitimidad se presentará ante todo el Poder Judicial Federal, una ministra a la que la propia Universidad que le concedió el título de Licenciada en Derecho, aceptó públicamente que ella engañó a su sínodo recepcional con una tesis plagiada? 

Por eso, será muy difícil que Yasmín Esquivel pueda seguir ejerciendo con legitimidad su cargo como integrante del más importante tribunal de justicia en el país. 

Y a su vez, esto nos lleva al tercer e irremediable punto: no sólo en alguno de los poderes, sino en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, se debe ver con mayor responsabilidad la legitimidad profesional y la especialización en las funciones que se ejercen. Es muy lamentable que la dinámica actual de la administración pública federal privilegie la lealtad sobre la preparación profesional, porque una y otra deberían buscarse y preferirse a la par, sin privilegiar o menospreciar a una o a la otra. 

¿Cómo se puede hablar de un desempeño más eficaz de la función pública, o de mejores servicios públicos, cuando la propia ley no exige rangos de preparación académica mínimos demostrables para el desempeño de innumerables cargos? Incluso la Administración Pública Federal prefiere las razones de orden político para el nombramiento de la mayoría de sus integrantes que su preparación, y eso ni se diga a qué nivel se replica en las administraciones estatales o municipales; y qué decir de Poderes Legislativos como el oaxaqueño, que pervive en medio de la total oscuridad y la informalidad casi absoluta respecto a qué personas son las encargadas de desempeñar las delicadas funciones técnico-legislativas que ahí se realizan. 

Por eso la urgencia de dejar atrás la informalidad y la impostura. Se entiende que hoy la tendencia política del régimen gobernante es exactamente la contraria. Pero lo correcto sería rechazar, censurar y castigar las imposturas entendidas como los engaños con apariencia de verdad, y la informalidad entendida conceptualmente como el hecho de ejercer una función desdeñando el imperativo de cumplir con las reglas y compromisos que ésta conlleva.

EPITAFIO 

Mientras esto no ocurra, seguiremos teniendo malos gobernantes, malas administraciones gubernamentales; malos juzgadores y, en general, un incorrecto desempeño de las funciones del Estado. Nada más. Y nada menos. 

@ortizromeroc

@columnaalmargen

AL MARGEN || Ley de Austeridad: una norma redundante… pero paradójicamente necesaria en Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Recientemente el gobernador Salomón Jara Cruz presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana. Aunque su contenido en realidad no establece más que algunas disposiciones legales adicionales a las ya existentes en el marco jurídico local, lo cierto es que ante las circunstancias parecía apremiante que una ley venga a recordarle a todos los integrantes de la Administración Pública Estatal cuáles son las responsabilidades, obligaciones y límites en el cumplimiento de sus funciones.

En efecto, en la exposición de motivos de dicha Ley, el Gobernador establece que ésta tiene como finalidad alinear los esfuerzos de la administración estatal a los principios y metas establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Si bien es cierto que las consideraciones —y el contenido en general de la Ley de Austeridad— son más teóricas e ideológicas que operativas, lo cierto es que pareciera que el remarcar estos principios y normas resulta algo necesario ante los excesos, el dispendio y la frivolidad con que se han conducido muchos servidores públicos estatales a lo largo de varios sexenios. 

Vale la pena revisar algunos puntos fundamentales de esa iniciativa.

En primer término, no está demás señalar que prácticamente todo el contenido de la Ley de Austeridad podría conceptualizarse en lo que se conoce como “normas programáticas”. ¿Por qué? Porque teóricamente éstas son concebidas como “normas que no contienen proposiciones imperativas ni establecen mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino que se limitan a formular un programa de actuación, criterios u orientaciones de política legislativa, o a declarar derechos cuya consagración definitiva, dotando a las normas declarativas de eficacia plena, se deja a la intervención posterior del legislador secundario”.

Y es que resulta que ésta Ley de Austeridad Republicana no establece nuevos parámetros de austeridad, de honestidad, de control del gasto público o de la contratación de bienes y servicios, sino que más bien remarca y refuerza un junto de disposiciones y principios ya existentes tanto en la Constitución federal como en la local, así como en leyes estatales como la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras. 

En ese sentido, recalca el cumplimiento puntual de la austeridad en diversos rubros: en la no contratación de bienes y servicios no indispensables; el no “derroche” —así dice— de recursos como agua, telefonía o energía eléctrica; la compra de materiales no indispensables; la no contratación de seguros de retiro o médicos; o, entre otras, la prohibición de la compra o arrendamiento de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos. 

En este último rubro, la iniciativa dispone que sólo podrán realizarse operaciones de compra o arrendamiento de vehículos, cuando las unidades no rebasen el valor comercial de cuatro mil 343 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente… algo así como 450 mil pesos netos. Por lo que puede preverse que, de convertirse esta iniciativa en ley, la administración pública estatal no poseerá ni arrendará vehículos más allá de sedanes compactos, porque la disposición no ancla el límite de valor a la operación de arrendamiento sino al valor de mercado del vehículo.

NORMAS PROGRAMÁTICAS 

En otra porción, la ley hace referencia al “tráfico de influencias” aunque no lo define, y tampoco establece una sanción especial que las ya habidas en otras normas vigentes. En el artículo 9 establece: “Los contratos que hayan sido suscritos con empresas que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la hacienda pública serán nulos de pleno derecho, de conformidad con el marco normativo aplicable.” 

No dispone qué norma será la específicamente aplicable, ni qué autoridad será la competente para declarar la existencia de ese tráfico de influencias, actos de corrupción o lesivos para la hacienda pública, aunque en las líneas siguientes lo resuelve a través del marco jurídico y las instituciones ya existentes al establecer: “La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial competente”.

Además, en un ejercicio que podría parecer redundante pero que resulta hasta didáctico para un gabinete conformado por personas que en su mayoría han sido ajenas a la administración pública, la Ley establece ciertos límites que ya existen en otras normas pero que aquí son remarcados quizá para que no los olviden. 

Además de algunos de los puntos antes mencionados, en el artículo 15 se establece por ejemplo que: “Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de los entes públicos. Queda prohibido cualquier uso privado de dichos vehículos (fracción II); No se realizarán gastos de oficina innecesarios. En ningún caso se autorizará la compra de bienes e insumos mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de reposición (fracción VI); Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo (fracción VII) …” 

Asimismo, hay varias disposiciones relativas a la prohibición de que los ex titulares del Poder Ejecutivo gocen de recursos económicos, materiales y humanos a cargo del erario. No hacen ninguna referencia a una disposición contenida en el último párrafo del artículo 75 de la Constitución local relativa a ese mismo rubro, la cual dispone que “una vez concluido su periodo, la persona que haya ocupado el cargo de Gobernador no tendrá derecho a haber de retiro alguno, así como tampoco a prestaciones o beneficios humanos, materiales o económicos provenientes del erario estatal”. En su tiempo como diputado local (año 2017), esa disposición fue adicionada por iniciativa del actual Secretario de Gobierno Jesús Romero López.

Finalmente, y pareciera que para que a nadie se le olvide, la Ley de Austeridad remarca diversas obligaciones y prohibiciones, algunas de ellas que parecieran lógicas en exceso, pero no por ello irrealizables. Por ejemplo, subraya el deber de brindar un expedito y buen trato a la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones; la prohibición de acudir al trabajo ebrio o de ingerir bebidas embriagantes en su centro de trabajo; o una a la que han sido muy proclives los funcionarios antes y ahora: recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

EPITAFIO 

La citada Ley establece una prohibición en particular que les debería retumbar a varios que hoy en día, a nombre del Gobernador y presumiendo incluso lazos de parentesco, intentan acaparar plazas de trabajo de todos los niveles en la administración estatal. La fracción V del artículo 20 dispone: “Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.” Ahí, la infracción no la comete quien pide el espacio, sino quien lo concede. ¡Aguas a todos aquellos que se están dejando llevar por ese tipo de peticiones supuestamente a nombre del Ejecutivo!

@ortizromeroc

@columnaalmargen

AL MARGEN EXPRESS || Ovidio Guzmán y la crisis del Estado de Derecho en México

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

La violenta aprehensión del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, ocurrida este cinco de enero de 2023, revela varias de las grietas más profundas del Estado de Derecho en México, a saber: 

  1. EL LLAMADO “CULIACANAZO” Y SU ANTERIOR LIBERACIÓN.

Aquel jueves 17 de octubre de 2019, se registró lo que hoy se conoce como el “culiacanazo”. Ese día fue aprehendido por primera ocasión Ovidio Guzmán López, hijo del tristemente célebre Joaquín Guzmán Loera. En medio de un caos —informativo, político y de violencia— se ordenó su liberación. En los días y semanas siguientes, el Presidente y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron al menos tres versiones sobre tal decisión. De acuerdo con el diario El Universal, la primera versión fue ofrecida el mismo día, cuando Durazo dijo a Reuters que los elementos desplegados “tomaron la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida de nuestro personal”.

La segunda fue al día siguiente, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador precisamente desde Oaxaca: “La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas”.

Y luego, ya cuando fue llamado a cuentas por el Senado, Alfonso Durazo dio una tercera versión declarando bajo protesta de decir verdad frente a los legisladores: “Nadie (en el gobierno federal) decidió liberar Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención, porque en el momento en que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán (Sinaloa) y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable. Y lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal, que como se ha visto en diversos videos que no hemos tenido jamás la intención de ocultar y que con toda transparencia se hicieron de conocimiento público. Así es que los integrantes del gabinete de seguridad, mi almirante Ojeda; el general Sandoval; y un servidor tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.

Ya después, al margen de las primeras tres versiones, el Presidente aceptó que él había dado la orden de liberarlo.

La impunidad, pues, aceptada y convalidada desde Palacio Nacional. 

  • LA NEGACIÓN DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. 

No es un asunto menor que tanto el Presidente como sus subordinados justificaran ese profundo quebranto al Estado de Derecho bajo el argumento de que no existían órdenes de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. Intentando justificar su incapacidad y su responsabilidad, intentaron engañar con ese argumento: si bien las órdenes de aprehensión las libra un juez —un juez federal cuando se trata de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada—, se supone que quien debe ejecutarlas es el personal ministerial. El problema es que tanto en 2019 como ahora, quien ejecutó materialmente las detenciones fue personal de la Secretaría de Marina Armada de México. Éstos, a diferencia del juez y el personal ministerial, sí son subordinados del Titular del Ejecutivo. Así, decir que no había órdenes de aprehensión es tanto como involucrarse en una cadena de mentiras que no hacen sino revelar la veracidad de la versión relativa a que sin causa ni motivo legal decidieron primero liberarlo y ahora aprehenderlo.

  • LA CADENA DE DISTURBIOS. 

Quizá una de las muestras más graves de la crítica situación que se vive en el país, está en los abiertos disturbios que han ocurrido en el marco de la reaprehensión de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque se supone que en un Estado Constitucional de Derecho no hay más ley ni más violencia que la que se ejerce de forma legítima en nombre y por conveniencia del Estado mexicano. En la situación actual ese argumento ya suena a una tomadura de pelo. No es para menos, según información preliminar, luego de la aprehensión el grupo delictivo realizó 19 bloqueos, entre ellos en el aeropuerto y la zona militar No 10 en Culiacán, Sinaloa, y paralizaron prácticamente todas las actividades en varias ciudades del estado de Sinaloa, como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, entre otras. Todo, evidentemente, sin que hubiera una respuesta concreta de la autoridad. Así, ¿cómo hablar de algún tipo de Estado de Derecho?

  • LA INCAPACIDAD GUBERNAMENTAL FRENTE A PODERES CRIMINALES MAYORES.

Según el portal Infobae, uno de los episodios militares más negros en la historia contemporánea de México ocurrió el viernes 1 de mayo del 2015, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero de la Fuerza Aérea con un lanzacohetes, acabando con la vida de ocho militares y un policía federal. Esto ocurrió cuando los elementos federales perseguían al líder de ese grupo criminal llamado Nemesio Oseguera González, el temido “Mencho”.

Desde aquella ocasión, que ocurrió a la mitad de la administración del presidente Peña Nieto, no se tienen noticias de que fuerzas federales hayan intentado aprehender a ese criminal. ¿Es temor, incapacidad o contubernio? Sea lo que sea, todo ello impacta en la realidad de que hay fuerzas superiores a las del Estado en México. 

  • LA RELACIÓN —TAMBIÉN NEGADA— CON ESTADOS UNIDOS.

Siempre que hay un encuentro importante en la relación México-Estados Unidos ocurre una detención importante. La más reciente, fue la de la reaprehensión del también narco Rafael Caro Quintero, quien fue aprehendido en julio del año pasado también en el marco de un encuentro entre los mandatarios mexicano y estadounidenses. El falso dilema de la soberanía nacional se cae a pedazos cada que los vecinos se encuentran y entonces cae un importante capo de la droga. Desde siempre los servicios de información e inteligencia norteamericanos han operado en México, y hoy quién sabe qué sea peor: negar la relación hasta que la realidad desmiente; o aceptarla pero en un marco de subordinación como también ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia reciente. Sea como sea, lo cierto es que en aras de mantener un falso y viejo dilema de soberanía, se sacrifica la seguridad y el cumplimiento eficaz de la ley en el lado mexicano de la frontera.

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