Adrián Ortiz Romero Cuevas

Lección china para cuidar del medio ambiente

Carlos Villalobos

Cuando pensamos en China probablemente lo primero que viene a nuestra mente es la inmensa cantidad de productos con los que inundan los mercados en todo el mundo o seguramente también su cultura milenaria; sin embargo, algo que se ha esparcido en el mundo, al menos los últimos 20 años, es que justamente ese poderío manufacturero ha generado grandes impactos en el medio ambiente, justo ahora que por fin en el ámbito mundial hablamos en voz alta del cambio climático.

Sin embargo, vaya sorpresa que nos hemos llevado, de acuerdo con un reciente análisis realizado por el sitio web especializado Carbón Brief, ha revelado que al menos durante tres trimestres al hilo, el país asiático ha logrado realizar la mayor disminución de emisión de gases invernadero en la última década, durante los tres trimestres consecutivos.

Esta buena noticia para el mundo, luego de la realidad tan caótica a la que nos enfrentamos en el presente, es palpable gracias a los análisis de la información comercial del país asiático. Esta nación ya había registrado cifras positivas en la reducción de producción de gases invernadero durante su disminución de velocidad de crecimiento entre 2013 y 2016, sin embargo, lo observado entre 2021 y 2022 ha dado pie a que el mundo entero voltee a verlos para aprender un par de cosas al respecto.

Evidentemente la crisis por COVID-19 ha tenido mucho que ver al respecto, la desaceleración de la economía y el rompimiento de algunas cadenas de producción frenaron el crecimiento exponencial que el país habría mostrado al menos en la primera mitad de la década pasada.

A pesar de que aún existe una gran inversión en combustibles fósiles en el gigante asiático, lo cierto es que al mismo tiempo se ha impulsado la adopción de fuentes alternas y de energía limpia, lo cual ha impactado directamente en su disminución de emisión de contaminantes a la atmósfera.

Aunado a todo lo anterior, dentro de su mercado interno la industria del cemento para el primer trimestre de 2022 ha caído en al menos un 12%, lo cual promueve que uno de los sectores que más contaminan el mundo paren de forma local y promuevan menores emisiones. Y eso no es todo, China también se ha caracterizado por tener un sector inmobiliario, es decir la construcción de casas y edificios, extremadamente pujante el cual ha realizado un giro de 180 grados en donde el cemento ha pasado a segundo plano para la realización de obra y el acero incremente su rol.

Habiendo reportado el aumento del uso de energía eólica, hidroeléctrica y solar en al menos 15% en cada uno de los rubros, ha generado que el consumo de carbón y combustibles fósiles disminuya considerablemente.

Aquí viene lo interesante, justo China al ser un país que se ha estigmatizado por el nivel de producción y de consumo de recursos naturales, ha entendido que los combustibles fósiles son recursos finitos y que hoy es tiempo de apostarle a las energías limpias no solo por tema moral, también por un tema de eficiencia energética, la cual se puede apoyar en recursos renovables como el sol o el aire.

Tocará ver como cierra el año China, pero al menos las cifras que tenemos a la mano nos permiten tener una hoja de ruta, que, sin importar filiación política o inclinación a alguna ideología, con cifras la República Popular China nos ha comenzado a mostrar, QUE SÍ SE PUEDE mejorar el ambiente y que se debe apostar a las energías limpias, si es que apuntamos a tener futuro en un planeta maltratado por el cambio climático.

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AL MARGEN || Pueblos indígenas oaxaqueños: ¿El siguiente gobierno sólo continuará con la política de dádivas?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy terminan las campañas rumbo a la gubernatura del Estado en Oaxaca, y a ninguno de los candidatos se les escuchó alguna propuesta real para avanzar en el establecimiento de un auténtico pluralismo de sistemas jurídicos, respecto a los pueblos indígenas. En lugar de ello, a lo mucho alguno de los aspirantes alcanzó a esbozar algunas líneas relacionadas con únicamente mantener política de dádivas que ya debería estar superada —o al menos complementada con otras acciones— en la atención de las comunidades originarias.

En efecto, en medio de toda la parafernalia de las campañas —máxime que ahora hubo candidatos que hicieron proselitismo temático—, vale la pena rescatar una de las problemáticas de fondo a las que todo el mundo dice referirse pero que nadie atiende, y que incluso desdeña: las propuestas sustantivas. Las relativas a los pueblos indígenas son de la primera importancia porque, aun cuando éstos son tratados institucionalmente como una minoría, la realidad en Oaxaca indica que los oaxaqueños que se auto adscriben como indígenas representan alrededor de las dos terceras partes del total de la población.

Así, aunque son una evidente mayoría poblacional, y que hoy la Constitución federal y los tratados internacionales les reconocen una serie de libertades y derechos individuales y colectivos, lo cierto es que pareciera que nada de eso es prioridad para la esfera gubernamental, que prefiere mantenerse en la política de darles recursos a cambio de que no pidan algo más —como mayor reconocimiento a sus derechos. Queda claro que los pueblos indígenas representan una complejidad mucho mayor, que no sólo no ha sido atendida, sino que incluso no es comprendida.

¿De qué hablamos? De que hoy la Constitución mexicana, y por ende la legislación oaxaqueña, reconocen la existencia de la multietnicidad y multiculturalidad de la sociedad, así como diversas garantías para lograr progresivamente la igualdad —jurídica, política, social, económica— de todas las personas aceptando el principio de la pluralidad. Ello implica el hecho de que en México existen y conviven no sólo diversas culturas sino también diversos sistemas jurídicos: tanto el de derecho positivo como los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca es epicentro de esa realidad nacional, al tener más de 400 municipios que se gobiernan jurídica y constitucionalmente de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones.

A partir de ello, y de que han mantenido una lucha que ha sido siempre cuesta arriba, los pueblos indígenas oaxaqueños han ido ganando terreno en el reconocimiento de sus derechos, y de la vigencia plena de sus sistemas normativos internos, frente a un Estado que se ha visto orillado a reconocer su existencia y la convivencia de los sistemas jurídicos, pero que en las últimas dos décadas no ha tenido mayor voluntad o convicción para seguir escalando en el establecimiento de políticas que no sólo atiendan la problemática social inmediata —las carencias sociales, la pobreza, la marginación, la desigualdad—, sino que contribuyan a un proceso de integración institucional entre el ámbito de gobierno estatal, y los municipales que se rigen por sus sistemas normativos internos.

¿De qué hablamos? De que los pueblos indígenas oaxaqueños siguen esperando una reforma de segundo nivel para integrar a la ley, por ejemplo, el amplio conjunto de acciones afirmativas a través de las cuales han ganado espacios y logrado el reconocimiento de sus derechos en diversos aspectos; la integración asimismo administrativa para tener relaciones más eficientes entre ámbitos de gobierno, así como un proceso de reconocimiento mutuo y progresivo de la vigencia y aplicación de la justicia indígena en las comunidades originarias, entre muchos otros tópicos que hoy existen únicamente como normas declarativas, cuyo reconocimiento luego se debe litigar y casi arrancar al Estado a través de tribunales y mecanismos de control constitucionales.

¿UNA MINORÍA?

En el caso del candidato del PRI-PRD a la gubernatura Alejandro Avilés, su equipo de campaña ubicó la atención de los pueblos indígenas dentro de las minorías poblacionales a pesar de que, como se dijo, ellos constituyen el sector poblacional mayoritario en Oaxaca. Al respecto, y de acuerdo con información de su sitio web, alcanzan a esbozar algunas ideas, aunque lamentablemente sin lograr superar la política de las dádivas.

Señala, por ejemplo: “Impulsaremos un nuevo marco jurídico que fortalezca y garantice los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se trata de una serie de reformas, de la mano del Poder Legislativo, que impulsen los derechos y garanticen el desarrollo de nuestros pueblos originarios en aspectos sustantivos como la educación, la salud, los servicios, el medio ambiente, la justicia y la seguridad. Estas reformas deben estar enfocadas en una refundación del estado que resuelva los pendientes históricos en materia de exclusión y reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.”

A pesar de lo loable de la intención, los constructores de las propuestas de Avilés se enredaron en las ideas y las finalidades. Derechos como el acceso a la salud, educación, medio ambiente, justicia o seguridad, se encuentran plenamente reconocidos por la Constitución federal en su artículo 2 apartados B. ¿Para qué seguir reiterando la necesidad de legislar lo que ya existe en la ley? Quizá tendrían que comenzar por reconocer que el Estado ha sido incapaz de cumplir con ese programa constitucional de acciones, y al menos bosquejar reformas que mejoren el cumplimiento por parte del Estado oaxaqueño de los derechos individuales reconocidos en la legislación federal, e incluso en la estatal pero cuyo acatamiento está lejos de ser voluntario y espontáneo.

Luego esboza otras ideas loables pero insuficientes: fortalecimiento de la Secretaría de los Pueblos Indígenas; la creación del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; la creación de un Programa Emergente de Servicios e Infraestructura en municipios indígenas y afromexicanos o la implementación de un programa de becas para artistas indígenas. Es decir, con todo y lo bueno que eso pudiera tener, no pasa de la continuación del sistema de dádivas y atención de urgencia de necesidades de los pueblos, pero sin avanzar en el reconocimiento e integración de sus respectivos sistemas jurídicos.

El caso del candidato Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) es escalofriante. Ni el ser de origen indígena, el ser candidato del único partido indígena de Oaxaca, o el haber tenido una campaña y un respaldo social esencialmente basado en los pueblos originarios oaxaqueños, parece haberlo puesto en la lógica de la atención sustantiva a sus necesidades. No tiene página web en la que se contenga algún tipo de documento con sus propuestas; y ninguno de los ejes de gobierno (gobierno honesto, estado de bienestar, seguridad, infraestructura y desarrollo económico) delineados en su campaña se refirió a las comunidades indígenas, y tampoco tiene alguna idea en concreto ni siquiera para la continuación de la política de dádivas. Pareciera que para él los indígenas no existen más que como votantes.

EPITAFIO

Al final, unos y otros candidatos hablaron de propuestas pero lo único que hicieron fue distraer y engañar a la ciudadanía. Tratan como minoría a la mayoría poblacional oaxaqueña, y desprecian y desconocen las discusiones y las acciones sustantivas que, más allá de las dádivas, han ganado los pueblos originarios oaxaqueños a punta de juicios, de amparos y de acciones de reconocimiento que le han arrancado al Estado.

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Imagen: Heriberto Paredes / Gatopardo

AL MARGEN || Alejandro Murat: la ruta posible después del 30 de noviembre

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Más que para ser candidato presidencial, Alejandro Murat Hinojosa tiene marcada la ruta rumbo a la dirigencia nacional del PRI, una vez que termine su periodo como Gobernador de Oaxaca. Las circunstancias políticas nacionales, las de su partido y las del oficialismo morenista, parecen estarle generando un panorama favorable para consolidarse como un impulsor del diálogo nacional que, hoy, está ávido de consensos pero que está inundado de polarización y señalamientos. El Mandatario tendrá que jugar sus cartas con habilidad e inteligencia para no terminar avasallado por las discordias que hoy empantanan a la política en México.

En efecto, Murat Hinojosa terminará su periodo como Gobernador el 30 de noviembre, pero entre el domingo próximo —día de la jornada electoral— y esa fecha pueden ocurrir muchas cosas. En el escenario local, la elección de su sucesor marcará la recta final de su administración. Gane quien gane, Murat tendrá que comenzar formalmente el proceso de desincorporarse del poder público en la entidad, y de preparar la entrega de la administración estatal. Lo que aquí en Oaxaca pueda ocurrir en términos electorales ha sido largamente previsto, y por eso un resultado electoral atípico sería casi imposible. Más bien, lo que Murat no parece dejar de ver es el escenario nacional, que cada vez luce más enrarecido y con menos posibilidades de consensos entre los actores actuales.

En ese sentido vale la pena revisar lo que pasa no sólo en el priismo nacional, sino también en las principales fuerzas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Morena mismo. Vayamos por partes. Pues en el lado del tricolor, es evidente que el escenario se le descompone cada día más al dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas. No sólo por el hecho de que no parece posible que gane una sola de las seis gubernaturas que estarán en juego el domingo próximo, sino porque si alguna vez tuvo algún acuerdo con el presidente López Obrador, éste quedó atrás.

Hoy, además de no tener un escenario electoral halagüeño —y recordemos que siempre las evaluaciones de los líderes partidistas son los resultados electorales—, Moreno Cárdenas sufre una metralla sostenida de ataques y filtraciones provenientes de su natal Campeche pero que tienen como evidente origen el gobierno federal. La gobernadora Layda Sansores se ha dedicado a lo largo de las últimas semanas a exhibir grabaciones de conversaciones —obtenidas ilegalmente— entre Moreno Cárdenas y diversos personajes, en donde habla de extorsiones a proveedores, de cómo obtener financiamiento ilegal para campañas electorales e incluso de “cómo se debe tratar” a los periodistas.

La razón es evidente, igual que la ya conocida venganza presidencial: Moreno Cárdenas encabezó la oposición tajante que mandó al basurero la iniciativa de reforma constitucional relativa a la industria eléctrica, y ante la presión lopezobradorista endureció sus posiciones. El todavía Dirigente Nacional del PRI dejó la postura tradicional de centro izquierda del PRI y en los últimos meses ha venido coincidiendo y transitando al lado de las posiciones más intransigentes de la ultraderecha mexicana, que son las que se encuentran en la posición exactamente contraria a los ultramorenistas que cada día ganan más presencia e influencia política en el ánimo presidencial.

A ese polo de la ultraderecha se tuvo que ceñir Alejandro Moreno para hacerse fuerte en su oposición a las reformas del Presidente. No queda claro si al hacerlo verdaderamente rompió algún pacto previo con López Obrador; o si en el afán de generarse una imagen de líder opositor terminó perdiendo la posición intermedia que siempre había tenido el priismo respecto a todas sus fuerzas políticas contrarias.

Lo cierto es que independientemente de cuál sea la razón, hoy Moreno Cárdenas se ve más cerca de la oposición más pertinaz a la que, valga decirlo, el Presidente ubica no en el PRI sino en el PAN, y a la que está decidido a no darle tregua. Y a la par de eso, perdió toda capacidad de interlocución con todas las demás fuerzas y posiciones que no están en los extremos de la polarización nacional.

ABRIR EL DIÁLOGO

Es muy probable que Movimiento Ciudadano transite solo hasta la elección presidencial. Tratará de cultivar la imagen del alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas para convertirlo en candidato presidencial; y justamente intentará ser la fuerza política que aglutine a todos sectores de la política y de la población en general, los que no están ni a favor de las posiciones radicales del Presidente, pero que tampoco coinciden con la ultraderecha, que hoy parece estarle ganando la partida a las posiciones moderadas dentro del PAN.

Ese mismo es el reto que tendrá Alejandro Murat, pero desde la sede priista, si finalmente Moreno Cárdenas no pasa la aduana del 5 de junio como dirigente, y termina de perderse entre la ira presidencial y su descrédito como interlocutor con todas las fuerzas políticas y no sólo con el PAN. A diferencia de Moreno Cárdenas, Murat ha sido constante y cuidadoso en el llamado permanente al diálogo entre todas las fuerzas políticas. No se cerró ante la posibilidad de dialogar respecto a la iniciativa de reforma eléctrica y ha evitado chocar frontalmente con el Presidente incluso cuando han tenido posiciones discordantes. Sabe que vale más como interlocutor y como ente dialogante, que asumiendo una posición como la que hoy tiene al país sumergido en el desencuentro permanente.

A Murat se le va a combinar el escenario catastrófico de su partido —que quedará sólo con dos gobernadores priistas— con la posibilidad de pervivir en la política para los próximos años como dirigente nacional. No quedan tantas cartas al interior del priismo como para pensar en un abanico de posibles sucesores. Y en la política activa no quedan muchos priistas que puedan devolver a ese partido al centro izquierda del que inopinadamente lo sacó Moreno, para tratar de sortear —fallidamente— la turbulencia a la que está siendo sometida su dirigencia, y a los malos resultados electorales que se le auguran.

Por eso, casi por exclusión, el destino más asequible para Murat Hinojosa será el de asumir la presidencia nacional de su partido, quién sabe si después del 30 de noviembre, o antes. Es un priista que, al igual que el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, mantiene una interlocución sana con el Presidente; es un personaje al que la edad —46 años— le juega a favor; y que está llegando al final de su periodo como Gobernador en una coyuntura que muy probablemente le permita seguir activo en la vida política. Tendrá que cuidar el final de su administración, y orientar sus posiciones políticas hacia un diálogo alejado de los extremos y los ultras que tanto enrarecen día a día el panorama político nacional.

EPITAFIO

Ayer le gritaron “Presidente”. Y lo será, pero de su partido, para construir desde ahí la ruta priista hacia el 2024… porque Roberto Madrazo legó al priismo en 2006 el imperativo de que nunca más una candidatura presidencial fuera construida desde la presidencia nacional del Partido.

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AL MARGEN || Oaxaca capital: el aparente progresismo municipal respecto a la mariguana, es un engaño

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Sin preguntarle a nadie, y sin considerar la más mínima ponderación entre la estratagema del progresismo frente a los derechos de los habitantes de la capital oaxaqueña, el edil Francisco Martínez Neri decidió convertir el Paseo Juárez en un espacio “amigable” para la gente que desea fumar mariguana en la vía pública. Pensando en que esto lo ubicaba como un gobernante de avanzada, desdeñó no sólo a los niños y las familias oaxaqueñas que usan ese espacio público como zona de recreación y esparcimiento, sino también a la ley.

En efecto, en abril pasado el Edil citadino emitió una autorización —que no hizo del conocimiento previo del Cabildo, y que por ende éste no avaló— para que en el parque El Llano se permitiera que las personas que desearan consumir mariguana lo hicieran libremente, con el único límite de que no afectaran a terceros. Esto, seguramente emulando al gobierno morenista de la Ciudad de México que también ha dado su anuencia para que en ciertos espacios abiertos se pueda consumir dicho producto sin restricción, a partir del hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el uso lúdico de la mariguana no es ilegal, y que por ende las personas pueden hacerlo sin reserva alguna.

En todo esto, el problema es que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el municipal de la capital oaxaqueña, han malentendido el sentido de la resolución de la Suprema Corte. Pues si bien el Alto Tribunal consideró que el uso lúdico de la mariguana no contraviene la ley y que, por ende, las personas no pueden ser perseguidas ni criminalizadas por poseer la cantidad necesaria para su consumo o —literalmente— por fumarla, lo cierto es que con esa declaratoria la Corte no dijo que su uso está ajeno a la regulación y, a la luz de un concepto denominado “parámetro de control de regularidad constitucional”, queda claro que el derecho que tienen las personas a fumar mariguana, o cualquier otro producto como el tabaco, no los exime —ni a ellos ni a la autoridad— de considerar y respetar los derechos de los demás. ¿A qué nos referimos?

A que por un lado está la posibilidad libre de las personas para fumar mariguana, el cual se funda en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; pero frente a ello se encuentran otros derechos como el de la salud, la recreación, el deporte y la cultura, así como con relevancia los derechos de la niñez —que están considerados como de interés superior para la sociedad, tanto en la legislación nacional como en la internacional— así como el derecho que tienen todas las personas a vivir y convivir en espacios libres de contaminantes.

Y es que, aunque pareciera que la disposición emitida por el Edil citadino para que el Parque El Llano fuera un espacio amigable con los consumidores de mariguana, y con ello envolverse en un halo de progresismo con el que intentan suplir y esconder diversas insuficiencias de la gestión municipal, lo cierto es que todo esto es una estratagema. La Corte definió como legal el consumo de la mariguana, pero con ello no le dio carta abierta para que su consumo sea libre en cualquier espacio.

Ello no ocurre hoy ni siquiera con el tabaco, que es el producto fumable más usado por la gente, y que además de ser cada vez más rechazado socialmente hoy su consumo está sujeto a fuertes regulaciones en espacios abiertos y cerrados en los que conviven más personas. Por ello, suponer que las regulaciones del tabaco no son de inicio equiparables frente a la mariguana, no sólo constituye un error, sino que deliberadamente es un desprecio a su propia figura como autoridad, y a la inteligencia e integridad de la ciudadanía.

LA AUTORIDAD, FUERA DE SÍ

Lamentablemente, el Parque El Llano hoy es zona de encuentro para fumadores de mariguana que han aprovechado la artimaña municipal de autorizarles ese espacio público para consumir dicho producto. Lo hacen, ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero en medio de niñas y niños que ocupan también ese espacio para aprender a patinar, para montar bicicleta, para bailar, o simplemente para jugar; lo hacen frente a familias y personas de la tercera edad que acuden a ese lugar a ejercitarse; o a familias que van a respirar aire fresco; a pasar la mañana o la tarde entre los árboles y las fuentes del parque o, lo que es tradicional, a comer un elote o un esquite.

Así, los fumadores de mariguana pueden hacerlo libremente en sus domicilios, pero la autoridad dio un brinco equivocado, precipitado e irreflexivo, y les autorizó la utilización de dicho espacio sin tener ninguna atribución para dicho efecto. ¿Quién regula el uso de la mariguana? La Corte dijo que el uso debe ocurrir previo a la obtención de un permiso emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y que su uso estaba restringido a no causar ningún tipo de molestias a terceros. Y si bien la autoridad municipal es la constitucionalmente encargada de la regulación de parques y jardines, también es cierto que su potestad tiene como límite no causarle molestias o amenazar la integridad o los derechos de las demás personas.

Y lamentablemente pareciera que el gobierno de la capital está aprovechando el desánimo ciudadano frente a la propia autoridad. Los oaxaqueños hemos visto cómo la ciudad continúa en un franco proceso de deterioro sin que nada ni nadie pueda o quiera detenerlo; que la connivencia —la complicidad, pues— entre autoridades y exautoridades municipales es a tal nivel, que los antecesores dejaron a la capital desfondada y desmantelada, y la autoridad actual no ha movido un dedo para perseguirlos, que por eso pareciera que los oaxaqueños ya perdieron la confianza en la autoridad y en la ley.

Pues cometer tal despropósito como convertir en un espacio recreativo y familiar para los niños y las familias, en un espacio “friendly” para el consumo de mariguana, implica diversos riesgos y afrentas que la autoridad municipal debía ver con más seriedad. La posesión de mariguana y su consumo son legales, pero no la venta. Y el riesgo que corre la ciudadanía es tener que convivir no sólo con consumidores sino también con vendedores del producto que, ellos sí, realizan una actividad ilegal. Y a nadie le gustaría que luego de batallar tanto para que sus hijos o familia dejaran de ser fumadores pasivos de tabaco, ahora lo sean inopinadamente, pero de mariguana.

Francisco Martínez Neri debería ver con seriedad este asunto y tomar medidas para evitar que este espacio público deje de ser familiar y recreativo. Debe ponderar por encima de sus engañosos anhelos progresistas, los derechos de los niños y de las familias.

Quizá el Edil no lo sabe o deliberadamente no lo recuerda, pero el octavo párrafo del artículo 4 de la Constitución federal dice a la letra: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”

Por encima de cualquier suposición, es obligación del Edil de la capital oaxaqueña cumplir con este mandato constitucional.

EPITAFIO

La ciudadanía se quedó sola ante la sinrazón. Y si la autoridad municipal está mal, queda claro que el Gobierno del Estado y la Federación están igual o peor, porque simplemente han esquivado el tema, cuando debía ser su obligación —igualmente constitucional—, exigirle a la autoridad municipal, incluso a través de una controversia ante la Corte, que revoque dicha autorización que pisotea los derechos de la niñez oaxaqueña.

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AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad.

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes.

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales.

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados.

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22.

TOMAN DISTANCIA

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello.

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa.

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político.

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno.

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué?

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial.

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010.

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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