Adrián Ortiz Romero Cuevas

AL MARGEN || Susana Harp: los claroscuros de su imagen como promotora de la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Como Senadora de la República, Susana Harp fue promotora de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esa sería una buena noticia, de no ser porque ella fue aliada de quienes, desde el Consejo Regulador del Mezcal, intentaron despojar a los pueblos indígenas de Oaxaca, y del país, de la posibilidad de seguir llamando mezcal… a su mezcal.

En efecto, se dice que la señalada ley de protección cultural de los pueblos indígenas, tiene como objetivo el reconocimiento y protección al derecho colectivo de propiedad del que son titulares los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales.

Con esa ley, en términos generales, se pretende que los pueblos originarios no sean despojados de sus textiles, gastronomía, telares, bordados y demás. Pero, ¿esa misma preocupación tuvo la senadora Harp en el caso del mezcal? La verdad es que no.

Entre 2020 y 2021 Susana Harp apadrinó el intento de perpetuación de Hipócrates Nolasco Cancino al frente del Consejo Regulador del Mezcal. Es cierto, que Nolasco hizo crecer la industria, pero a costa del crecimiento de prácticas indebidas en la producción masiva de mezcal; del llamado “huachicoleo” del producto; y del despojo de la propiedad originaria de los pueblos indígenas oaxaqueños respecto a su bebida.

Además, fue acusado de promover indiscriminadamente los trámites de ampliación de la Denominación de Origen Mezcal. La que ya de por sí es más grande del mundo, obviamente en detrimento del producto. Incluso, ellos pretendieron endurecer los requerimientos para que un destilado de agave pudiera llevar el nombre de mezcal, para que sólo los grandes productores pudieran cumplir con la norma, y los pequeños productores (los indígenas de Oaxaca y del país), no pudieran conseguirlo.

¿La razón? Los lazos familiares: Susana Harp es pareja de un hermano de Jaime Muñoz, dueños de la Destilería Los Danzantes. Muñoz fue el eterno tesorero durante las tres gestiones consecutivas de Hipócrates Nolasco al frente del Consejo Regulador del Mezcal. Intereses, complicidades y secretos, evidentemente, había muchos entre ellos. La mayoría, en contra de los pueblos indígenas oaxaqueños y del país, productores originarios de mezcal. Y apenas en 2021, la senadora Harp respaldó públicamente el intento de Nolasco de perpetuarse al frente del CRM, a través de terceros afines a su grupo.

En aquel momento, Susana Harp ya era Senadora de la República y por ende debió estar enterada que, además, Hipócrates Nolasco y su cuñado Jaime Muñoz, entre otros, pretendieron excluir a los verdaderos magueyeros y mezcaleros —en su gran mayoría provenientes de pueblos indígenas— de la Asamblea General de Socios del CRM. Los pretendieron suplantar por la figura —a todas luces ilegal— de “delegados”, los cuales no fueron electos por nadie en ninguna asamblea. Esos delegados pretendían representar a miles de verdaderos productores de Oaxaca y del país.

Nolasco y Muñoz defendieron su intento hasta que fueron finalmente atajados, primero por una nutrida asamblea de socios, y luego por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien intervino personalmente para que se respetara la voluntad de los verdaderos mezcaleros, que estaban hartos de las tropelías y los intentos de despojo que reiteradamente cometió en su contra el grupo que pretendió eternizarse en el Consejo Regulador, y que finalmente se fue en medio de señalamientos e irregularidades, y sin entregar cuentas de los recursos captados por la certificación del producto durante más de 10 años.

Con esos antecedentes, ¿cómo puede ahora Susana Harp presentarse como promotora de la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas mexicanos, si con el mezcal, que es uno de los productos más apreciados de ese patrimonio colectivo, del que no deberían ser privadas las comunidades originarias, ella fue voluntaria o involuntariamente, cómplice de ese intento abierto y público de despojo?

El problema aquí, y como siempre, es de intereses y de incongruencias. Y aún así —escondiendo la basura bajo el tapete, de su desafortunada participación en la política y los intereses del mezcal—, con la bandera de la promoción y la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, basó sus poco claras aspiraciones políticas de ser candidata a Gobernadora de Oaxaca.

Sobre eso, la senadora Harp le debe una explicación a los pueblos originarios oaxaqueños, más allá de sus líos y desencuentros con el grupo contrario al interior de Morena, con quien se disputa la candidatura a la gubernatura, en una clara medición de fuerzas basada en intereses políticos, pero no en una preocupación genuina por la preservación de la riqueza cultural de los pueblos indígenas.

EPITAFIO

Aunque sigan instalados en la soberbia, la dirigencia y cúpula de Morena en Oaxaca deben reconocer que la elección extraordinaria en Santa Cruz Xoxocotlán, el pasado domingo, les deja varias lecciones: deben dejar de privilegiar los cacicazgos, el nepotismo y la torpe visión de que pueden mantener las castas nobiliarias que engendraron y heredaron de grupos como el PRD o la COCEI. Con todo y el poder de su marca partidista, la gente los rechazó. Así que en un acto de honestidad deberían bajar de su ladrillo y reconocer el mensaje que les mandó el pueblo bueno a través de las urnas.

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Agenda de medios en Oaxaca: van de la mano la impunidad y la discrecionalidad en el ejercicio del gasto publicitario

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La agenda de los medios de comunicación en Oaxaca no sólo está determinada por las constantes e impunes agresiones de las que cotidianamente son objeto compañeros reporteros y fotógrafos que cubren casi cualquiera de las fuentes informativas; también está delineada por la falta de claridad —que ya no se resolverá en esta administración— respecto al gasto en publicidad gubernamental. Hoy los medios informativos oaxaqueños no sólo viven bajo las amenazas constantes, sino también en una condición de precariedad que ha sido promovida desde el propio gobierno. La agenda de medios, por tanto, es de dos temas y no sólo de uno, como perniciosamente se intenta enmascarar desde la vocería gubernamental.

En efecto, desde antes del 10 de febrero —fecha en que fue arteramente asesinado el reportero Heber López en el puerto de Salina Cruz— ya había una preocupación clara respecto al clima de impunidad que impera no sólo en contra de los comunicadores sino de todos los oaxaqueños. Cuatro homicidios más perpetrados en contra de comunicadores son el contexto por el que alzó la voz el gremio periodístico oaxaqueño: el 10 de enero fue privado de la vida José Luis Gamboa, en Veracruz; los días 17 y 23 del mismo mes, fueron ultimados Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, respectivamente, en Tijuana, Baja California, y el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán, se perpetró el homicidio de Roberto Toledo.

Ante este panorama funesto, los periodistas oaxaqueños espontáneamente se manifestaron. Organizaron diversas protestas en espacios públicos y las agrupaciones de comunicadores —con la histórica Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) como punto de referencia de las expresiones, no obstante que otras organizaciones y comunicadores en solitario hicieron sus propias demostraciones de indignación— hicieron patente su preocupación e indignación por los constantes hechos de violencia y delitos que se cometen en contra de periodistas. La tenue respuesta gubernamental a todas las expresiones de irritación, fue convocar a una reunión a algunos comunicadores en particular, que sin menoscabo de su presencia en medios, por la propia naturaleza heterogénea del sector no constituyen una representación del gremio periodístico.

¿De qué se habló en esa reunión? Básicamente, de dos cuestiones: primero, la largamente esperada ley de protección a periodistas; y segundo, la posible creación de un fondo o fideicomiso de protección al gremio. Nada más. El Ejecutivo del Estado no se refirió en concreto a la necesidad urgente de que las instancias de procuración de justicia den seguimiento y concluyan las diversas carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía por agresiones a periodistas.

Tampoco hubo manifestaciones concretas sobre la necesidad de terminar, en general, con el clima de impunidad que invita a casi cualquier persona a cometer delitos en contra de los comunicadores al ver que la autoridad —estatal, federal— tolera actos de violencia en prácticamente todos los casos. El gremio periodístico es también objeto de las agresiones que impunemente todos los días se cometen en todos los contextos. Si los agresores no tienen miedo por las consecuencias por atentas en contra de la vida o integridad de cualquier persona, tampoco la tienen de ejercer algún acto violento en contra de algún periodista.

Por eso se dice que, para terminar con las agresiones contra periodistas, antes que cualquier ley nueva para crear un marco específico de protección, lo primero que debe ocurrir es el combate frontal y real a la impunidad que asola día a día a la ciudadanía. Pero sobre eso no se dice, ni se dijo, absolutamente nada.

¿Y EL GASTO PUBLICITARIO?

La discusión sobre la violencia e impunidad que priva contra el gremio periodístico pasa por otro tema: la precarización de los medios informativos y del trabajo de los comunicadores oaxaqueños en general. Hoy en día no queda claro cómo y bajo qué premisas se decide el ejercicio del presupuesto destinado a la publicidad gubernamental, y por qué se prefiere a los medios de la capital del país sobre los locales. Se pretende crear un fondo de protección a periodistas, pero en general al gremio oaxaqueño se le ha dejado al garete al cortar la gran mayoría de los recursos destinados a publicidad gubernamental —de los que depende en gran medida la subsistencia de la mayoría de los medios, independientemente de la latitud de que se trate.

En esa lógica, el Estado no ha querido comprender —porque no le importa; porque no le conviene a sus intereses— reconocer que la publicidad gubernamental ya no debiera funcionar bajo la lógica del “no te pago para que me pegues”, sino para garantizar la subsistencia mínima de todas las expresiones relacionadas con la libertad de expresión, independientemente de si son afines o no a los intereses o a la línea gubernamental. A eso se ha sumado el afán de figurar siempre en la capital del país, en detrimento de lo que se puede y debe hacer respecto a los medios informativos oaxaqueños, que en el contexto real —aquí y en todas las sociedades del mundo— necesitan de la publicidad gubernamental para subsistir.

Pero ¿qué ha pasado en Oaxaca? Que antes había medios informativos ricos y periodistas pobres, en algunos casos. Hoy unos y otros están en la misma situación —de crisis—, porque no hay una preocupación real del gobierno sobre cómo subsisten no los dueños de los medios, sino los comunicadores. Con su política de “campañas publicitarias”, concedida discrecionalmente a cada medio por la vocería gubernamental, lo que ocurre hoy es el premio y castigo según la afinidad o rebeldía del medio. Al que publica todo y se pliega al gobierno, se le concede todo; pero al que no, simplemente se le cierra la llave de la publicidad, como un castigo por tener una agenda independiente a la de la comunicación o los intereses gubernamentales. Y en todos los casos, el problema es que en medio de la transición digital, en la que siempre se apela al “todo gratis” entre medios y consumidores, al comunicador/empleado que recibe —o que debería percibir— un salario a cambio de su labor, se le pone a sufrir permanentemente porque hoy ya no tiene seguridad sobre su ingreso mínimo.

Eso ha generado un clima de informalidad en el trabajo periodístico que, en cualquiera de sus aristas, es nocivo para la libertad de expresión. Porque, de entrada, todo buen periodismo cuesta; y dejar de reconocer eso implica un quebranto no sólo para el gobierno o el gremio, sino también para la sociedad que ve mermada la calidad del periodismo que se le pone al alcance, y que consume. Hoy, por ejemplo, muy pocos comunicadores cuentan con seguridad social porque los medios están cada vez más pulverizados; y mientras, el gobierno vive de guiños discretos —con los que disfrazan la amenaza— a los comunicadores para pagarles para que no les peguen, pero sin la preocupación real de si tienen o no medios mínimos de subsistencia en un contexto de respeto mutuo.

EPITAFIO

¿Por qué este tema es fundamental, en el contexto de las agresiones? Porque para garantizarle la seguridad al gremio, lo primero que tendrían que hacer es estimular sus medios de subsistencia. Sin embargo, lo que priva hoy es la informalidad y la coacción disfrazada de premios o castigos. Ningún medio o periodista debería prestarse a ese juego de juego de incentivos perversos en el que quien siempre pierde es el comunicador. Por eso, si no existe un periodismo sólido e independiente, ¿cómo pretenden hablar de impunidad, de fideicomisos o de fondos de protección, si no existe un piso mínimo de dignidad promovido a partir del uso correcto de los recursos públicos destinados para la publicidad gubernamental?

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Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados.

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria.

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración.

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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¿Tiene futuro el Proyecto Interoceánico de Salina Cruz?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El proyecto del Tren Interoceánico, que se desarrolla entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, representa uno de los mayores retos, y uno de los mayores dilemas, para el Estado mexicano. De su conclusión depende no sólo el éxito de la presente administración federal, sino también el desarrollo en el mediano y largo plazo del sureste del país. El conjunto de obras se enfrenta a interrogantes relacionadas no con la posibilidad de que técnicamente logren ser concluidas, sino con la capacidad del gobierno mexicano de generar condiciones reales de gobernabilidad y de Estado de Derecho para lograr su conclusión antes de que obras similares en la región centroamericana le ganen en atracción, viabilidad y practicidad a este proyecto que cruzará el Istmo de Tehuantepec para unir el Océano Pacífico con el Golfo de México.

En efecto, la historia del puerto está ligada a su actividad como puerta de entrada a mercancías y productos del exterior transportados por vía marítima. Hasta principios de la segunda mitad del siglo XIX el sitio utilizado como puerto fue la Bahía denominada como Ensenada la Ventosa —una playa al oeste de Salina Cruz—, en la que incluso se encuentra un faro cuya construcción se atribuye al conquistador Hernán Cortés, junto el astillero en el que armó la flota con la que exploró el que ahora es conocido como Mar de Cortés, el Golfo de California.

A partir de 1870 los barcos comenzaron a llegar a Salina Cruz, en cuyo periodo también se ubica su fundación como población, compuesta fundamentalmente por pescadores provenientes de Tehuantepec, que extraían sal para venderla en los pueblos adyacentes. Ya antes, en la década de los 50s del siglo XIX, las condiciones geográficas del Istmo de Tehuantepec habían sido exploradas por ingenieros norteamericanos, en el contexto de los estudios que dieron paso a la negociación del Tratado McLane-Ocampo, firmado en 1859 entre los gobiernos mexicano y estadounidense de los presidentes Benito Juárez y James Buchanan, respectivamente.

No está de más anotar que, de haberse ratificado dicho tratado, nuestro país habría concedido a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos un derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec; y en el que, entre otras cuestiones, el gobierno mexicano se habría comprometido a no imponer derechos a las mercancías estadunidenses que circularan por el mencionado paso interoceánico, salvo las destinadas a consumirse en México.

Así, derivado de los estudios hechos por los norteamericanos, en 1871 el gobierno juarista dispuso que la aduana se trasladara de Tehuantepec a Salina Cruz porque ésta resultaba más práctica y amplia. Al año siguiente, Juárez firma un contrato con la Compañía de Ferrocarril Nacional de Panamá, para que sus barcos ingresaran a los puertos ubicados en Soconusco, en el Estado de Chiapas; y a Puerto Ángel y Salina Cruz en el litoral oaxaqueño. En los registros históricos de Salina Cruz está establecido que, en su calidad oficial de puerto, el Barco Winchester fue el primero que arribó el 13 de julio de 1872.

Al ver incrementada su actividad portuaria, y manteniendo la atención en la necesidad de conectar al Pacífico con el Golfo de México, en 1878 comenzó a construirse el Ferrocarril Interoceánico, durante el primer periodo presidencial del General Porfirio Díaz, concluyéndose en 1894. Dicha obra inicial, presentó problemas técnicos que fueron corregidos a partir de la firma, en 1899, del acuerdo para la construcción de los Puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz con la empresa norteamericana Pearson. Para ese efecto, se constituyó una empresa denominada Compañía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.

En el año de 1900 se inició formalmente la construcción del Puerto, obras que incluían, a saber: las escolleras o malecón, el muelle, el dique seco, el faro, la estación eléctrica, las grúas, los patios y un conjunto de chalés, que se añadieron a la edificación de la ciudad, con las obras de urbanización que persisten hasta la actualidad. Por eso, la pequeña población zapoteca antiguamente compuesta por pescadores y vendedores de sal fue trasladada a su ubicación actual, pues originalmente ésta se hallaba donde hoy se encuentra la dársena de maniobras. Y finalmente el 23 de enero de 1907 el general Porfirio Díaz inauguró el conjunto de obras del puerto y ferrocarril de Salina Cruz.

¿HAY FUTURO?

En el contexto de la Revolución Mexicana el puerto de Salina Cruz perdió relevancia, hasta quedar prácticamente en el abandono. El general Lázaro Cárdenas lo reactivó, pero no volvió a tener la preeminencia que se le proyectó inicialmente, y nuevamente fue rebasado por otras regiones portuarias. Aunque desde siempre se conoce la importancia y la ubicación privilegiada del Istmo —tiene una distancia entre mares de alrededor de 300 kilómetros—, no se le volvió a dar relevancia hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió reactivarlo como proyecto estratégico de desarrollo.

Los problemas no son sólo domésticos, sino regionales, y deben considerarse con esa dimensión e importancia. En lo interno, el proyecto actual del Tren Interoceánico se enfrenta a retrasos provocados por las constantes presiones que ejercen las organizaciones de transportistas y materialistas de la región, además de los no pocos problemas que está generando el acaparamiento de tierras en los alrededores de la amplia zona a desarrollar. La especulación de terrenos para desarrollos turísticos y para establecimiento de infraestructura privada relacionada con la zona portuaria, están despertando ambiciones inimaginables, a la par de la nociva presencia —que no es sólo privativa de la región, o de Oaxaca, sino que está en todo el país— de la delincuencia organizada.

En lo regional, se encuentra el hecho de que Honduras tiene ya muy avanzado un corredor logístico que unirá, mediante una carretera, el Atlántico con el Pacífico, en una suerte de canal seco de casi 400 kilómetros. De acuerdo con información del diario español ABC, el propósito del corredor es conectar Puerto Cortés, la principal infraestructura portuaria de Honduras, en la costa atlántica, con el puerto salvadoreño de La Unión, en el Pacífico. Todo depende que El Salvador culmine las obras faltantes para activar esta vía como un corredor interoceánico que competiría directamente con el Istmo de Tehuantepec. Existe, además, otro proyecto de canal interoceánico en Nicaragua, que en 2013 se intentó impulsar con capital chino. Aunque inicialmente fracasó, el dictador Daniel Ortega insiste en que éste se construirá, aunque no existen datos sobre algún avance en la planeación de la obra.

Ante este panorama vale la pena preguntarse: ¿De verdad el gobierno del presidente López Obrador está viendo el proyecto interoceánico del Istmo con la relevancia y preocupación que merece? Sin duda, es la obra más trascendente, necesaria y útil de todos los proyectos estratégicos y de infraestructura que ha impulsado su administración.

El problema es que pareciera que la administración federal enfrenta tantos retos y dilemas —como eficientar la construcción de las obras; o reconocer y atender los riesgos relacionados con la inseguridad, el crimen organizado y el Estado de Derecho en la región, entre varios otros—, que sería muy paradójico y desconcertante que una obra realizada en territorio centroamericano le terminara nuevamente negando el papel protagónico que debió siempre tener el Istmo de Tehuantepec como alternativa al transporte marítimo entre los océanos Pacífico y Atlántico.

EPITAFIO

Debe haber Estado de Derecho, como premisa para garantizar la integridad y la seguridad de los trabajadores de la información en Oaxaca. Ese sería el paso inicial para abrir una discusión más compleja y profunda —a la que en cinco años la vocería del gobierno estatal nunca quiso entrar— sobre qué rol y utilidad debe tener ejercicio del presupuesto de publicidad gubernamental para bienestar de todos los periodistas, antes o a la par que de las empresas informativas.

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¿Llegó la hora de la transición en la UABJO?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Existen indicios claros de que se avecina un cambio de circunstancias políticas en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En ese contexto, vale la pena considerar algunas claves determinantes para entender su situación actual, así como la posibilidad de un acuerdo político que logre garantizar la viabilidad de la Máxima Casa de Estudios en el mediano y largo plazo.

En efecto, el repentino cambio de medida cautelar —que pasó de prisión preventiva justificada, a prisión domiciliaria— impuesta al ex rector, Eduardo Martínez Helmes, respecto a la acusación penal que le formuló la hacienda pública oaxaqueña por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, pareció ser el banderazo de salida para un intento de transición en la conducción académica, política y administrativa de la UABJO. A la par de la excarcelación de Martínez Helmes, comenzaron a sonar nombres y expresiones tanto universitarias como gubernamentales, que abren la posibilidad de la construcción de un acuerdo político para el cambio en la Rectoría. Al respecto, estas son algunas de las claves que es necesario considerar:

La UABJO vive una crisis líquida y de liquidez. Presupuestalmente, la Universidad está ahogada y en ese aspecto su capacidad de maniobra actual no sólo es nula: es deficitaria. Esa circunstancia no le genera mayor preocupación a los ámbitos de gobierno federal y estatal sino hasta el momento en que esa circunstancia le genera una crisis política. Y por eso, paralelamente al ahogo presupuestal, la UABJO vive una crisis de dilución, porque sus condiciones sociales y políticas están marcadas por lo inestable y dúctil que siempre resulta el interés gubernamental ante ella. Sólo se le voltea a ver en la crisis, pero se le desatiende en todas las circunstancias que no resultan de su interés o ganancia política.
La llamada “Familia Real” —los Martínez Helmes, comandados por su patriarca Abraham Martínez Alavez— llegó al límite de su poder, y se convirtió en un elemento pernicioso para la sostenibilidad de la vida universitaria. Tuvieron tanto poder que, igual que como le ocurre a los virus más letales, terminaron matando al organismo huésped antes de poderse replicar, por lo que hoy ya les resulta imposible transmitir su linaje.
El cambio de medida cautelar al ex rector Eduardo Martínez Helmes, sí constituye el campanazo de salida para la búsqueda de un arreglo consensado entre los universitarios. Los delitos por los que se le persigue actualmente, nada tienen que ver con su actuación —también escandalosa, a decir de los propios universitarios— como Rector de la UABJO. Lo bueno o lo malo, que haya hecho durante los cuatro años de su rectorado, no son la razón por la que hoy enfrenta procesos judiciales. Y ese no es un elemento menor, frente a todo lo que está ocurriendo alrededor de la UABJO.
La renovación de la Rectoría por la vía de la elección universal —en la que participan normalmente trabajadores administrativos, personal académico, y alumnos universitarios—, está anclada a un regreso a actividades presenciales que luce imposible, al menos en todo lo que resta del presente año. ¿Cómo, quién, y a qué costo, podrían generar un consenso entre la diversidad de sindicatos para reabrir la Universidad? Y por ende, es indispensable reactivar la vida presencial universitaria para que primero haya clases, e inmediatamente después pueda organizarse y realizarse el proceso electoral. Todo esto, claro, tendría que lograrse dentro de los 80 días siguientes, porque de acuerdo con la determinación actual del Consejo Universitario, debe haber un nuevo rector antes de que concluya la primera quincena de mayo próximo.
Ante la imposibilidad de una elección definida por votación universal —los tiempos simplemente no dan—, queda claro que el proceso de designación de un nuevo Rector está en manos del Consejo Universitario. Éste es el único órgano colegiado con la posibilidad y la legitimidad para impulsar y afianzar un gran acuerdo político a favor de la Universidad, antes que terminar reaccionando a una injerencia abierta —un manotazo, pues— de factores externos.
Lo que está en juego no es sólo la academia, también la gobernabilidad de la Universidad. A ese último, no sólo deben abonar los actores universitarios, sino también los gobiernos estatal y federal. El problema es que todos han guardado silencio. Los únicos que han hecho manifestaciones, con más candidez que convencimiento, son dos de los seis sindicatos universitarios, que están más preocupados por sus intereses que por respaldar al rector Eduardo Bautista en sus cada vez más complicados esfuerzos por mantener a flote la institucionalidad universitaria. No habrá arreglo alguno si no hay manifestaciones políticas claras tanto de los ámbitos de gobierno en la aportación —económica y política— a la gobernabilidad universitaria, pero en el marco del respeto a su autonomía académica y presupuestal.
Existen antecedentes concretos de que los consensos a favor de la Universidad sí son posibles. En 1978 fue impulsado como Rector el hoy extinto Ildefonso Zorrilla Cuevas, a través de un acuerdo político impulsado desde el gobierno federal, y avalado por el Gobierno del Estado y los grupos universitarios. De aquel momento de crisis, ocurrido en el contexto del conflicto y la ruptura entre universitarios ocurrida en 1977, surgió un rectorado de consenso —que llegó a buen término en 1983— en el que pesó más el reencauzamiento de la Universidad que los recelos entre los grupos y sindicatos de la Máxima Casa de Estudios.
¿Héctor Anuar Mafud sería un elemento de consenso? Él ha asumido sus limitantes frente a lo que dicta la Ley Orgánica de la Universidad, pero no se ha descartado. Parece entender con toda claridad que la decisión final sobre el futuro de la Universidad está en las manos del Consejo Universitario, y así lo ha manifestado al tiempo de remarcar que han sido voces dentro y fuera de la Universidad las que lo han mencionado como un posible elemento de transición, pero que él sólo exploraría la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de existir una definición pacífica y civilizada para la UABJO, y para Oaxaca.
Lamentablemente, todos los que representan facciones de poder al interior de la Universidad, han sido parte de su panorama actual. Para los propios universitarios es difícil hallar un liderazgo al interior de la UABJO que genere consenso. La larga lucha entre los mismos factores universitarios hace que unos y otros se descarten y descalifiquen recíprocamente. Lograr unidad entre ellos, que han sido aliados y adversarios crónicos en los acomodos de cada cuatrienio, parece una labor imposible dado que todos han sido parte del mismo juego.

EPITAFIO

La transición en la Universidad es necesaria y, muy probablemente, impostergable. El primer paso, obligado, en cualquier transición, será eliminar el voto universal y empujar con toda la fuerza del Estado una nueva Ley Orgánica para la Universidad. ¿Serán capaces los universitarios de ponderar el interés general por encima de sus posiciones particulares? En el corto plazo, lo comprobaremos.

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Elba Esther: su extraña conexión con Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La boda de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, vino a revivir varios fantasmas que históricamente la han conectado con Oaxaca. Ella, que fue referente del viejo corporativismo priista, y que luego tejió alianzas con los gobiernos de la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, ha tenido una larga aversión con algunos de los factores políticos oaxaqueños determinantes, que durante varios lustros la colocaron —según ellos— en la posición de ‘persona non grata’ en la entidad. A contrapelo de ello, la semana pasada vino a casarse a Oaxaca, y con ello a corroborar que aunque esos fantasmas siguen ahí, hoy no son más que reminiscencias de un pasado que, según parece, ya no la persigue.

En efecto, la semana pasada la maestra Gordillo contrajo matrimonio en la capital oaxaqueña con un joven abogado originario del vecino estado de Guerrero. Desde semanas antes se supo que la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación planeaba realizar aquí su boda, y desde días antes se supieron detalles de dónde se realizaría la recepción, quiénes serían algunos de los invitados, e incluso circularon imágenes de la invitación y los requerimientos sanitarios que se solicitaron a las personas que asistirían a dicho evento.

Llamaba la atención, desde el primer momento, que la maestra Gordillo hubiera elegido Oaxaca para un evento de esa naturaleza. Pues si bien es cierto que por su majestuosidad y tradiciones la capital oaxaqueña es uno de los llamados destinos de boda predilectos de las élites sociales en México, y que es también un lugar muy solicitado por extranjeros para venir a realizar eventos de esa naturaleza, también es claro que para alguien como la ex lideresa magisterial en otro tiempo este no habría sido su primera opción para un evento social. Las razones, evidentemente, no habrían sido sociales ni económicas, sino claramente políticas. ¿Por qué?

Porque la maestra ha tenido adversarios históricos relacionados con Oaxaca. Uno de ellos es la Sección 22, históricamente cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —corriente política disidente al SNTE que ella encabezó por más de dos décadas—, que en la región sureste del país se colocó como la principal facción opositora al corporativismo sindical que primero ejerció la maestra Gordillo a favor del PRI, y que luego también rechazó los acuerdos cupulares que desde el SNTE se tejieron con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar proyectos como la Alianza por la Calidad en la Educación, que fueron los primeros intentos por establecer mecanismos de evaluación a los trabajadores de la educación en México.

De hecho, durante décadas la profesora Gordillo fue repudiada en Oaxaca por la Sección 22, que la acusaba de ser la representación del llamado charrismo sindical y la principal orquestadora de los actos de hostigamiento en contra del llamado “magisterio democrático” oaxaqueño. Y, de hecho, uno de los catalizadores del conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca fue sembrado directamente desde la dirigencia nacional del SNTE, con la creación deliberada e intencionada de la ahora prácticamente extinta Sección 59 no sólo para plantarse frente a la Sección 22, sino también a los adversarios históricos priistas de la profesora Gordillo, también asentados en Oaxaca.

LA BODA, SIN CONTRATIEMPOS

La profesora Gordillo se casó el pasado sábado en Oaxaca sin contratiempos. Una pequeña facción de la Sección 22 fue a salvar el honor del magisterio democrático, y realizaron una jornada de lucha pactada y actuada. Un puñado de personas, al que la misma Sección 22 no puede identificar como sus agremiados, fue a causar destrozos a un pequeño espacio del Jardín Etnobotánico del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán donde aparentemente se realizaría el enlace matrimonial de la profesora Gordillo. No hubo protestas ni boicot antes o después del evento. Así, la manifestación fue una pequeña lavada de cara para el magisterio frente a lo que en realidad le permitieron a la maestra Gordillo.

Ella, en el fondo, se rio en la cara de la Sección 22. Dos días después de realizar su fiesta, la maestra Gordillo le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva “…tratamos de ser lo más cuidadosos en cuanto a los invitados y llegaron a hacer esto (los integrantes de la 22) queriéndonos intimidar y dejarme intimidar es una forma que yo había tenido como forma de vida, y se realizó la boda, una boda muy alegre, muy amorosa, muy convencida, muy llena de calor humano y finalmente nos casamos pero lo curioso es que el día viernes nos casamos frente a la iglesia de San Agustín por lo civil a media calle, de la sección 22 y no pasó nada”. Es decir, que en realidad La Maestra hizo su boda formal en las narices de la 22 sin que, sustantivamente, algo ocurriera.

Luego, la profesora Gordillo hizo otra referencia a sus adversarios históricos. En la misma entrevista, responsabilizó de la protesta realizada por “seudomaestros” al exgobernador José Murat. Y es que, si a alguien tenía que echarle la culpa la maestra, aunque fuera un round de sombra para mantener las formas, era a un personaje priista.

Pues en sus viejos antecedentes como militante del PRI, la maestra fue expulsada de la Secretaría General del CEN, y del partido, por la alianza que a principios de la década antepasada tejió el priismo oaxaqueño con el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado para quedarse con la candidatura presidencial en 2006. La referencia al exmandatario en realidad fue un golpe colateral, porque a quien seguramente le habría gustado más responsabilizar la maestra Gordillo es al exgobernador Ulises Ruiz, que fue quien directamente la confrontó en sus tiempos como Gobernador, y a quien le cayó en las manos el incendio que provocó el conflicto magisterial de 2006, en buena medida azuzado por la creación de la Sección 59 para provocar a la 22 y darle más motivos para salir a las calles.

Al final, el cruce de señalamientos y acusaciones, e incluso la dizque protesta que realizaron integrantes de la 22 previo a la fiesta que realizó la profesora Gordillo en Oaxaca, fueron parte de un esquema perfectamente calculado. Ella pudo haberse casado donde le diera la gana, en México o en el extranjero. Le sobran recursos económicos y relaciones políticas para hacerlo. Pero lo hizo aquí, con el mensaje político de consumar un acto frente a todos; a pesar de todos; y con la venia de todos.

De habérselo propuesto, la Sección 22 le pudo haber hecho la vida —y la fiesta— imposible a la profesora durante su estancia en Oaxaca. Le sobran agremiados iracundos, y dispuestos a dedicar el día y la noche a hacer lo que sea con tal de cumplir con las instrucciones sindicales. No lo hicieron, y por eso la Maestra se les casó a media cuadra del llamado “edificio histórico” de la Sección 22, ubicado en la calle de Armenta y López, sin que nadie hiciera aspavientos.

Y finalmente el gobierno pudo haber dejado sola a la profesora, y tampoco lo hizo. Pues en el fondo todos están cuidando las formas, pero sobre todo sus relaciones políticas con el régimen federal morenista. Aunque todos hicieron lo necesario para mantener la dignidad, lo cierto es que nadie quiere poner en riesgo la gracia de su aliado en común, gracias al que de una u otra forma todos están en posiciones de privilegio. Al final todos convergen en el lopezobradorismo que tiene a la Maestra libre, a la Sección 22 en el privilegio salarial y político, y a Oaxaca como uno de los principales receptores de las inversiones federales en infraestructura.

EPITAFIO

Con respecto al entorno de violencia en que sobrevive el gremio periodístico oaxaqueño, la vocería del Ejecutivo llevan a pie juntillas las instrucciones de ese pequeño manual de cómo agravar un problema intentando resolverlo. Pero ya es tarde para querer aprender. Y tampoco han tenido muchas ganas de hacerlo. En fin…

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