Magistrados del Tribunal Electoral de Oaxaca, frente al espejo de las ilegalidades


La recentralización de la organización y resolución de los comicios en México, decidida por los poderes federales a través de la reforma constitucional electoral de 2014, tuvo como uno de sus mensajes de fondo la reprobación a las entidades federativas por haber sido promotoras del desorden, la inequidad y la ilegalidad en los procesos electorales que le tocó organizar durante el tiempo que ejercieron su soberanía para ello. El hecho de que la federación le quitara a las entidades dichas facultades, implicó un mensaje de reprobación por la “minoría de edad” demostrada. Hoy, cuando se supone que debía haber mayor confiabilidad y certidumbre en la actividad electoral —máxime la jurisdiccional—, con sus resoluciones inconstitucionales, los magistrados electorales de Oaxaca demuestran que sigue sin ser así.

En efecto, a lo largo de los últimos años el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ha sido ejemplo de inestabilidad e incapacidad en el desempeño de sus funciones. Son reiteradas las ocasiones en que tanto la Sala Xalapa como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han revocado fallos emitidos por el tribunal estatal al considerarlos indebidos.

Uno de los casos más recientes, fue aquel en el que los magistrados locales aplicaron un criterio inexplicable en la decisión relacionada con la asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional, y sin base jurídica que soportara su resolución, decidieron quitarle diputados a un partido para asignárselos a otro, bajo la extraña consideración de que el primero debía ser considerado como coalición y el segundo como partido (Morena y el PRI, respectivamente), cuando por separado, ambos participaron en alianza con otras fuerzas políticas en el reciente proceso electoral.

No obstante, si esa fue una resolución extraña y polémica —que ya le fue revocada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, y que se encuentra en vías de ser resuelta definitivamente por la Sala Superior ante los alegatos de violaciones constitucionales que siguen pendientes de ser resueltos—, ninguna resolución podría ser tan reveladora de la extrañeza —por decir lo menos— de los criterios y las capacidades demostradas por los magistrados electorales oaxaqueños, como la recaída ante la pretensión del Partido Encuentro Social de conservar su registro como partido político estatal, a pesar de no haber cumplido con el requisito constitucional fundamental para ello; y de que, aún con eso, y para beneficiarlo indebidamente, el Tribunal Electoral oaxaqueño lo haya reconocido como un partido político indígena.

SENTENCIA INEXPLICABLE


¿De qué hablamos? De que en el proceso electoral reciente, el Partido Encuentro Social (PES) no alcanzó el porcentaje de votación mínimo establecido en la Constitución federal para mantener su registro como partido y, lo más importante, el acceso a los recursos económicos por concepto de prerrogativas y a los tiempos oficiales de radio y televisión, entre otras cuestiones. En sus márgenes de votación para los cargos de elección popular del orden estatal, el PES no llegó al umbral de captación del tres por ciento del total de la votación emitida.

Esa fue la razón por la que el IEEPCO le revocó su registro como partido político estatal. Como era de esperarse, el PES se inconformó ante el tribunal electoral local, argumentando diversas cuestiones, entre ellas que su composición era la de un partido político de composición indígena. ¿Por qué argumentó esto? Porque la fracción XIV del artículo 25 de la Constitución local establece que cuando se trata de partidos políticos con registro estatal y reconocimiento indígena, sólo deben acreditar la captación del dos —y no del tres— por ciento de la votación válida emitida para cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo.

El problema es que dicha disposición fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 Y 63/2015. En ella, en el punto 85 y siguientes, la Corte estableció que existen lineamientos específicos que el texto constitucional federal marca a los Estados, de los cuales no es posible permitir modulaciones o modificaciones. Entre uno de estos mandatos se encuentra la exigencia de cierto apoyo ciudadano para la conservación del registro de los partidos políticos de carácter local, el cual está establecido, sin excepciones, en la captación de por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en comicios estatales.

En esa lógica, la Corte estableció que, alejándose de un mandato constitucional expreso, el legislador de Oaxaca disminuyó arbitrariamente el porcentaje requerido para la conservación del registro como uno de los derechos de los partidos políticos locales, por lo cual contradice abiertamente el texto de la Constitución Federal. Incluso, la SCJN aclara que esta declaratoria no se ve afectada por el hecho de que pudiera tratarse de partidos políticos con “reconocimiento indígena”, ya que, en ningún precepto de la legislación estatal, o federal, se advierte una definición de lo que es un partido político con registro estatal y reconocimiento indígena y si éstos difieren de los partidos políticos con simple registro estatal.

Según la sentencia de dicha Acción de Inconstitucionalidad, en el resolutivo octavo se declaró la inconstitucionalidad de la fracción XIV del artículo 25 por 10 votos de los ministros, por lo que dicha resolución tiene el carácter de declaratoria general de inconstitucionalidad. En ese precepto, a todas luces inconstitucional, se apoyaron los magistrados oaxaqueños para emitir la sentencia con la que decidieron extender indebidamente la vida jurídica del Partido Encuentro Social.

EN CAPILLA

Los magistrados electorales oaxaqueños hoy están expuestos a todo, por su contradictoria convicción de reconocer deliberadamente como partido indígena a quien no lo es, y por extenderle la vida a una de las fuerzas políticas aliadas al nuevo grupo gobernante. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 72 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional, dice: “Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo”. Dicho procedimiento establece que la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada como inconstitucional, será separado de su cargo, inhabilitado, multado e incluso recluido en prisión. Los magistrados son, por definición, abogados y por ende peritos en derecho. ¿Cómo alegar, en esas circunstancias, el desconocimiento de que una norma había sido declarada inconstitucional, y que por esa razón la aplicó sin dolo? Imposible.

¿Por qué AMLO es tan proclive a recabar la opinión ciudadana, al margen de los parámetros constitucionales?


Más de cincuenta días antes de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya delineó dos temas fundamentales para el país, que según sus dichos serán decididos a partir de la opinión de la ciudadanía recabada a través de consultas, sobre las que no se conocen ni sus mecanismos ni sus alcances reales. Un tema, inminente, es el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se encuentra en construcción; y según las afirmaciones de AMLO, en los comicios federales intermedios de su mandato, se realizará una consulta para que el pueblo decida si él debe continuar en la Presidencia, o si debe irse.

En efecto, sobre la encuesta relacionada con el NAIM, hay más incertidumbre que respuestas, aunque al mismo tiempo existe una convicción preconcebida sobre el inminente resultado (negativo) que podría tener dicha consulta. Con la sola fuerza de su legitimidad actual, el Presidente Electo decidió que la consulta sobre el nuevo aeropuerto debía llevarse a cabo antes incluso de comenzar su mandato, y que ésta debía hacerse a través de un mecanismo ajeno a los existentes en el marco jurídico vigente.

Con esa decisión, que hoy AMLO puede darse el lujo de tomar luego de su arrolladora victoria y del control que tiene del Poder Legislativo a través de sus respectivas mayorías, desdeñó los mecanismos y los tiempos constitucionales para impulsar una consulta y, de cumplirse la promesa vertida por el próximo titular de SCT sobre el posible fin de la obra “al día siguiente de que se conozca el resultado de la consulta”, podría incluso darse el lujo de lograr que la administración saliente del presidente Enrique Peña Nieto, terminara cancelando la obra que ellos mismos impulsaron.

En esa lógica, uno de los varios cuestionamientos que pesan sobre la consulta para el destino del aeropuerto, radica en el hecho de que nadie conoce exactamente cuál será el método para realizar la consulta, quiénes los encargados de recabar la opinión de la ciudadanía, y cuál el valor que podría llegar a tener el resultado de la consulta a partir de su confiabilidad y del grado de reflejo del sentir de las personas consultadas.

En el otro extremo, el gobierno electo ha sido muy poco cuidadoso sobre la supuesta imparcialidad que guardaría frente a la consulta. Su posición ha sido de abierta promoción a la opción de la cancelación de la obra, aunque en un video publicado a inicios de la semana pasada, el propio AMLO dejó abierta la posibilidad de que, de haber inversionistas dispuestos, la obra continuara su curso, pero totalmente concesionada a capitales privados. Esto último generó fuertes tensiones e irritación entre los propios partidarios de Morena, que podrían ser los primeros en valerse de la poca claridad sobre el método que se seguiría en la consulta, para demostrar los riesgos que implicaría una práctica desregulada como esta.

¿De qué hablamos? De que amplios sectores de Morena —que es un partido eminentemente heterogéneo, por la suma de fuerzas que se adhirieron a la causa electoral del tabasqueño— se sintieron agraviados por la posibilidad planteada por Andrés Manuel, sobre concesionar totalmente la obra. Al interior de esos grupos —los más radicales—, se recordó que AMLO había prometido no una consulta, sino la cancelación de la obra. Con ello han coincidido grupos como los de Atenco, que dicen que independientemente del resultado de la consulta, para ellos es una decisión tomada e inamovible, que irán por la cancelación definitiva de la obra aeroportuaria.

Si no existe un método creíble y verificable; si la consulta la realiza una organización civil carente de legitimidad y confiabilidad; si los resultados son vinculantes únicamente por la voluntad de quien la impulsa, ¿cómo podrían defenderse ellos mismos de un ‘cuchareo’ impulsado desde casa? Ese es el problema relacionado con el NAIM: que hoy, grupos afines a Morena están dispuestos a ‘incidir’ en el resultado de la consulta, a través de los métodos tradicionales del mapachaje electoral.

¿Por qué harían esto? Primero porque muchos quieren ver cumplido el deseo de la cancelación de la obra del NAIM al precio que sea; pero sobre todo, lo harán porque no sería difícil hacerlo: si la consulta carece de método, instituciones y reglamentación, y si se hace como si fuera parte de una kermesse, y no una decisión trascendente, entonces por su propia inestabilidad, cualquier forma de influir sería posible y fácilmente realizable.

REVOCACIÓN DE NADA

Algo más o menos similar ocurrirá, si AMLO impulsa una especie de plebiscito para saber si es del ánimo mayoritario que él continúe o no en el cargo de Presidente. Según sus dichos, en la elección intermedia se entregaría una ‘tarjeta’ en la que los ciudadanos podrían opinar sobre si al Presidente se le debe convalidar o si se le debe revocar el mandato. Esto entraña dos problemas: el primero, que constitucionalmente no existe la revocación del cargo de Presidente; y segundo, que si se hace a través de una ‘tarjeta’ y no de un mecanismo electoral dotado de certidumbre, método y reglamentación, entonces el resultado generará un profundo grado de incertidumbre.

Este no es un problema menor. En el ámbito federal, la revocación de mandato no está contemplada en la Constitución, y por ende tampoco existe una reglamentación respecto a cómo debe realizarse, cuáles son sus alcances y qué reglas deben cumplirse para su procedencia. Siendo así, de nuevo el Presidente se sometería voluntariamente o a una consulta sin método sobre la que él mismo podría influir, pero también —y sobre todo— la estabilidad del cargo de Presidente quedaría sujeta a las destrezas de manipulación electoral de sus no pocos adversarios políticos.

En el fondo, queda claro que en el mediano plazo esto podría significar una especie de efecto boomerang, ya que el Presidente López Obrador podría no ser siempre igual de aceptado y legitimado que ahora; y por ende, su llamado —poco responsable y demasiado abierto y abstracto— a las preguntas plebiscitarias ajenas al marco constitucional, podría poner en un serio problema de incertidumbre política no a su persona, sino a la institución presidencial que se supone que tendrá que subsistir —y fortalecerse— independientemente de quién sea el Presidente y cuál sea el tiempo para el que éste habría sido electo.

LA CONSTITUCIÓN, HOY Y MAÑANA

El otro camino posible es que AMLO y sus amplias mayorías, reformen la Constitución. Sería lo más saludable constitucionalmente hablando, aunque quién sabe si eso no termine ubicando a Andrés Manuel mucho más cerca de sus adversarios políticos, que de su feligresía. Hoy, Morena sí puede reformar la Constitución. El problema es que ellos mismos desdeñan la vía constitucional, que dentro de no mucho tiempo habrán de necesitar.

NAIM, Tren Maya, y la extraña relación de AMLO (y los gobernadores) con el federalismo


Poco se ha notado que, en discusiones paralelas, los principales factores del poder político en México han dejado solo a uno de los grandes proyectos nacionales, mientras que han decidido abrazar inopinadamente a otro que ni siquiera conocen. Es el caso de los destinos concomitantes del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y del llamado Tren Maya. Hoy, ambos proyectos enfrentan sendos déficits de aprobación y consenso tanto entre los representantes del poder, como de la ciudadanía. Y aún así, a la vista de todos —y de esa deficiencia compartida— se está decidiendo temerosamente el destino de ellos.

En efecto, por un lado se encuentra el destino del NAIM, sobre el cual existe un ánimo decidido del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador por maniobrar todo lo necesario hasta lograr su cancelación. Pudiera sorprender el hecho de que frente a esa intención, el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto simplemente ha decidido claudicar todo intento real de defensa; y que al mismo tiempo, la ciudadanía mexicana se encuentra sometida a un diálogo ensordecido entre quienes, desde el equipo de transición, quieren que el proyecto se cancele, y a los que, desde el gobierno saliente, simplemente parece haber dejado de importarle cuál sea el destino de ese mega proyecto, aún con las implicaciones que ello conllevará no para un grupo o para un partido, sino para el país.

En la vía paralela, se encuentra el proyecto del Tren Maya. Éste fue esbozado por primera vez por López Obrador cuando ya era presidente electo. Dijo desde su anuncio, que éste sería un proyecto de reactivación económica para la región sur sureste del país, y de inmediato convocó a los gobernadores de las entidades federativas relacionadas con la eventual construcción de este esquema ferroviario, para que juntos trabajaran generando condiciones para que dicho proyecto lograra cristalizarse. Por lo menos han ocurrido tres reuniones al más alto nivel (entre el presidente electo y su equipo, con los gobernadores de toda la región contemplada en la obra), a pesar de que aún no existe ni siquiera el esbozo ejecutivo —mucho menos los planos, expedientes, estudios de costos, etcétera— de las implicaciones económicas, sociales, culturales, turísticas y ambientales que tendría dicha obra.

En esta lógica, queda claro que ambos proyectos de infraestructura son de alcance nacional, más allá del clasismo que cada uno de ellos representa. Por un lado, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha sido rechazado a partir de la explotación eficaz del sentimiento de rechazo y no pertenencia, que ha tenido como objetivo un sector de la población que por lo menos se declara indiferente —o en abierto rechazo del proyecto— a partir de la idea de que nunca se han transportado a bordo de un avión, y que probablemente nunca lo hará.

A la par de ello, frente a la ciudadanía, el proyecto del NAIM parece estar corriendo el mismo destino político que el régimen gobernante que lo impulsó, independientemente de su viabilidad y utilidad para la economía y el desarrollo del país. El hecho mismo de haber sido un proyecto apadrinado e impulsado por el fustigado Presidente Peña Nieto —depositario de una derrota electoral histórica en el México del último siglo—, parece haber también sellado el destino del NAIM: un proyecto de gran calado que, sin embargo, se quedó solo y sin defensa ante el rechazo de la ciudadanía al régimen que lo impulsó, y sobre el que nadie quiere argumentar a favor ante el temor de ganarse la animadversión del régimen entrante, que rechaza dicho proyecto casi por sistema y porque de hecho esa fue una de sus banderas de lucha electoral durante los tiempos de campaña.

¿Y EL FEDERALISMO?

Lo que quizá no se ha alcanzado a ver con claridad, es que tanto el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, como el Tren Maya —e incluso en mayor medida la terminal aérea que el tren—, representan proyectos detonantes de la economía nacional. Es decir, ni uno ni otro son, o deberían ser vistos como proyectos caprichosos de una u otra administración federal, sino como parte de una visión de país de mediano y largo plazo que lo que busca es seguir estimulando el crecimiento de la economía, la confianza del país frente a la inversión extranjera, y la generación de empleos.

En gran medida, dichas inversiones tienen como objetivo implícito —o deberían tenerlo— la utilidad y la potenciación no de una región, sino de todo el país. Por eso, el aeropuerto está planteado como un proyecto nacional que por esa razón perdió el sentido local de ser sólo de la Ciudad de México, para denominarse únicamente como Aeropuerto Internacional de México. La razón es que su utilidad no sólo beneficiaría a la capital nacional, sino que podría ser un polo de desarrollo económico para todo el país, debido a que éste no sólo fungiría como una terminal de pasajeros sino también como un gran centro de recepción e intercambio comercial entre México y los países con los que sostiene relaciones de negocios y de intercambio de mercancías.

En esa misma lógica, quién sabe qué tanta utilidad nacional podría tener el Tren Maya, comenzando porque nadie conoce la realidad sobre su viabilidad financiera en el mediano y largo plazo, y como un proyecto autofinanciable y autosostenible en todos los aspectos. Podría ser una obra de gran calado, pero siempre subvencionada por las arcas públicas.

El aeropuerto, hasta donde se sabe, es una inversión porque en el largo plazo termina siendo un negocio para quien invierte. Tan es así, que hoy varias de las operadoras de aeropuertos mexicanos son empresas privadas altamente rentables que incluso cotizan en los mercados de valores. En el caso del NAIM, la coinversión del gobierno federal con capitales privados en los mercados de valores, tendría como propósito la rentabilidad y la utilidad financiera en el mediano plazo a favor de las arcas federales.

La incógnita en toda esta discusión, es respecto a qué postura han tomado los gobernadores frente a ambos proyectos. Queda claro que respecto al Tren Maya, hay un consenso de los gobernadores del sureste del país a favor de su construcción. Lo relacionado con el NAIM es una completa incógnita, a pesar de que ésta es una obra de calado verdaderamente nacional.

LOS MIEDOS

Al parecer, la idea del desarrollo nacional está siendo sometida por los resquemores relacionados, primero, con la subida inopinada a la ola del nuevo grupo gobernante que tendrá al país en las manos a partir de diciembre próximo; y segundo, con el hecho de que la oposición al proyecto del nuevo gobierno, o la defensa del polémico y rechazado aeropuerto, podría traer aparejada la animadversión del régimen obradorista, que pinta para ser muy poco, o nada tolerante al disenso, aún cuando éste tenga como base la defensa del federalismo, del que nadie en México parece hoy querer acordarse.

La CNTE abre su juego: fustigando los foros, va por la derogación —sin diálogo— de la reforma educativa

Un abrazo fraterno a mi colega y amiga Carolina Espina, ante el fallecimiento de su señor padre. Respetuosamente.

Hoy queda claro que Andrés Manuel López Obrador no necesitaba ni al SNTE ni a la CNTE para ganar la elección presidencial, pero que se rodeó de ellos —a pesar de que son el agua y el aceite— para afianzar el consenso social que ya tenía a su favor. Lo hizo aduciendo la derogación de la reforma educativa. El problema es que no es lo mismo ser oposición que gobierno, y por eso hoy —que todavía no llega al poder, pero que ya cogobierna fácticamente con la administración federal saliente— cuando intenta dialogar con sus aliados electorales, está recibiendo sus primeras dosis de realidad. La reacción violenta de la CNTE en Guerrero no es sino preámbulo —anunciado— del enorme problema al que se enfrentará por el destino de la reforma educativa.

En efecto, el pasado domingo uno de los foros convocados por el Presidente Electo para recabar propuestas y definir la nueva política educativa del país, fue cancelado luego de que un grupo magisterial irrumpiera y se desataran hechos violentos, agresiones con sillas y otros objetos, en un centro de convenciones de Acapulco.

Maestros de la CETEG —organismo espejo de la CNTE en aquella entidad—, marcharon y llegaron al recinto, acusando que ahí había integrantes del “charrismo sindical”, que aprobaron la reforma educativa; esto, en referencia a maestros del SNTE. Los de la CETEG quitaron vallas, subieron al templete, y lanzaron gritos en contra del SNTE y la exdirigente Elba Esther Gordillo; en respuesta, maestros de la sección 14, comenzaron a corear el nombre de su organización, y de ahí pasaron a los insultos y luego a los golpes, por lo que dicho foro fue cancelado.

Para muchos esta fue una reacción inusitada. En la interpretación lineal, se pensaba que al haber una promesa y un eje discursivo concreto y aceptado —la cancelación de la reforma educativa— por los simpatizantes magisteriales de Morena tanto en la CNTE como en el SNTE, lo único que debían hacer es construir juntos las rutas para llegar a ese resultado, y luego establecer los mecanismos y las reglas bajo las cuales se va a regir el magisterio nacional luego de quedar cancelada la reforma educativa.

El problema es que nadie en Morena vio —porque no quiso ver— que el diálogo y la concertación entre las dos facciones magisteriales es imposible, y que sus diferencias son históricas. No había forma de prever entendimiento cuando las discordancias de la CNTE y la SNTE no tienen su origen en la reforma educativa y, acaso, ésta no ha sido más que una simple coyuntura de coincidencias.

De hecho, ayer el portal Diálogos Oaxaca reportaba que a pesar de que Oaxaca es de una las entidades dominadas por la CNTE, es de las que menos propuestas ha aportado a la plataforma de la consulta educativa denominada “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación”, que promueve el gobierno electo de López Obrador. Hasta la fecha, indica la información, se han subido 48 mil 171 ideas a la página “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación” que, junto con los foros que se realizan en el país desde el 27 de agosto, tiene como objetivo la construcción de la política educativa que implementará el próximo Gobierno federal. Del total, Oaxaca registra sólo 50 propuestas, es decir el 0.1 por ciento, en el portal en las cuatro categorías: educación básica, educación media superior, educación superior y otros servicios educativos.

¿Cuál es la razón? La misma nota lo aclara: la Sección 22 acordó realizar un Congreso Político para integrar sus propuestas en la materia y remitirlas de forma directa al Gobierno electo y no a través de los foros organizados por el futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma. “El mecanismo no es exactamente los foros. En los foros lo que hemos ido a manifestar es nuestro posicionamiento político, sobre todo, sobre las consecuencias o los desastres que ha dejado la reforma educativa”, señala la nota, al tiempo de establecer que la disidencia considera que los foros impulsados por Moctezuma son insuficientes, pues una consulta tiene que abarcar la totalidad de los maestros, no sólo los que puedan llegar a los encuentros o registren sus propuestas en la plataforma.

Es decir, que para ellos los foros educativos ni son un mecanismo constructivo, ni son relevantes.

HOY, IGUAL QUE SIEMPRE, IRÁN POR TODO

La postura actual de la Sección 22 en Oaxaca, y de la CETEG en Guerrero —ambos, referentes de la CNTE— eran previsibles. Aquí escribimos el 4 de abril: “Si AMLO se convierte en Presidente, la Coordinadora y la Sección 22 no esperarán a que manifieste voluntad por la derogación de la reforma educativa, sino que desde el primer día de su gestión —y quizá desde antes, porque el cambio de la Legislatura federal ocurrirá desde el mes de septiembre, y posiblemente Morena llegue a tener mayoría— comenzarán a exigirle el cumplimiento de su palabra a través no de las vías institucionales, o las que llegara a plantear AMLO para lograrlo, sino como ellos mismos lo quisieran en forma y fondo.

‘¿Qué querría la CNTE y la Sección 22?’, nos preguntábamos en aquel entonces. Y la respuesta hoy, cobra puntual sentido: “Querrían lo que han dicho, como forma de derogación: es decir, la emisión de un decreto presidencial que deje sin efecto la reforma educativa. Pero además, como fondo del planteamiento, ellos asumirán la postura de que no quieren la reforma actual —por eso piden su derogación—, pero que además tampoco aceptarán cualquier otra forma de evaluación de la educación pública, que no sea las que ellos mismos establezcan.”

Esto es exactamente lo que estamos viendo: grupos políticos que están de acuerdo en la meta inicial (la derogación de la reforma educativa), pero que no están dispuestos a aceptar consensos y tampoco a negociar sus posturas. Ellos no quieren diálogo con el SNTE ni con el gobierno, siempre que uno u otro no estén dispuestos a plegarse a sus consideraciones. Por eso, el foro educativo que se supone que fue creado para recabar propuestas y construir la vía alternativa, para la CNTE no es sino un espacio de denuncia política en el que no caben las propuestas, porque éstas deben emanar de un proceso distinto en el que sólo ellos pueden dictar las condiciones.

DESTINO: EL CAOS

Evidentemente, ni el gobierno de López Obrador ni el SNTE querrán plegarse a las condiciones, o a la visión educativa o política de la CNTE. Unos y otros conocen el valor de sus respectivas porciones de legitimidad. Y por eso, la reforma educativa no parece tener otro derrotero que el del caos, la confrontación y la reiteración de escenarios violentos como el que vimos hace algunos días en Acapulco; o acciones legislativas impulsadas por los diputados federales de la CNTE, que más allá de su planteamiento político no son sino una invitación velada para que las autoridades de la SEP —las actuales y las próximas, obligadas a cumplir y hacer cumplir, mientras viva la actual legislación educativa— violen la ley.

La discusión sobre la reforma educativa ha sido dominada —y sigue así— por las élites

Cuando en 2013 el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma constitucional que contenía su proyecto educativo, lo anunció bajo el discurso del beneficio a los niños y jóvenes del país que reciben instrucción pública, pero lo hizo pensando en desmantelar el poder de las élites; hoy, cuando el gobierno electo ha prometido que “cancelará” la reforma educativa, nuevamente lo hace pensando en los instrumentos y no en los destinatarios de la educación pública en México. ¿Eso puede significar el cambio de rumbo que millones esperan?

En efecto, cuando hace cinco años se presentó la reforma educativa, el rechazo unánime vino de los trabajadores de la educación, y particularmente de los agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero nunca de los alumnos o padres de familia que, en su mayoría, nunca alcanzaron a entender de qué se trataba la reforma. Las élites de la educación en México —el SNTE, la CNTE, y las demás disidencias magisteriales, etcétera— dijeron —no sin razón— que la reforma educativa del presidente Peña era en realidad una reforma administrativa y laboral para los trabajadores de la educación. Por eso la rechazaron, aunque sin proponer ni establecer al menos coordenadas básicas de qué sí podría ser una verdadera reforma educativa.

Los únicos que pretendieron hacerlo fueron los maestros oaxaqueños agrupados en la Sección del SNTE e identificados como principal bastión de la Coordinadora —la CNTE— en el sureste del país. Presentaron un año más tarde su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, cuyo contenido fue duramente cuestionado incluso al interior del magisterio oaxaqueño, al reconocer que eso no era ni un plan educativo ni una alternativa a la reforma que había presentado el gobierno federal.

El PTEO era, en realidad, un conjunto de pincelazos desbalanceados sobre anhelos y buenas intenciones en materia educativa, pero sin lograr acercarse a las alternativas para la educación que se supone que se debían plantear, para mantener a salvo el proyecto educativo nacional sin trastocar los derechos de los trabajadores de la educación. Propios y extraños reconocían además que muchos de los planteamientos base del PTEO eran más ideológicos que pedagógicos, y que dicho documento aparentaba más ser un conjunto de intenciones políticas que una visión sobre la educación básica y media básica, incluso en un escenario tan particular como el oaxaqueño (multiculturalidad, indigenismo, consuetudinariedad, oralidad, etcétera).

Así, la reforma educativa impulsada por el gobierno federal nunca pasó por el balance de sus detractores, y en realidad sí fue una modificación constitucional dedicada a las élites magisteriales, aunque nunca logró sus objetivos. La intención era desmantelar el poder que tenía el sindicato magisterial sobre sus agremiados, y terminar con la discrecionalidad en el otorgamiento de plazas y beneficios para los docentes.

El gobierno federal no logró con el SNTE —élite a la que necesitó, luego de encarcelar a la maestra Elba Esther Gordillo, para mantener en paz a dicho sindicato— y tampoco con la CNTE. En Oaxaca intentaron desmantelar el poder de la Sección 22 expropiándole el control administrativo del instituto educativo en 2015. Pensaron que con eso lograrían menguar la capacidad de la movilización de la Coordinadora —al ya no tener los trabajadores de la educación, la amenaza permanente de acudir al llamado sindical so pena de ser castigados en su salario, ubicación o condiciones de trabajo—, sin considerar que la disciplina es parte de la cultura magisterial en la entidad.

Los hechos apuntan a que la CNTE jamás ha perdido su capacidad de movilización. Al llegar los tiempos electorales, ellos se fueron con quien les ofreció devolverlos a su estatus previo a la reforma educativa: Andrés Manuel López Obrador se pronunció por cancelar la reforma educativa, y eso les valió la simpatía del movimiento magisterial, que con eso ve la posibilidad de recuperar los espacios de control que había perdido, y de volver a tener garantías sobre su salario e inamovilidad, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer, o de su desempeño frente a grupo.

Esas eran sus condiciones previas a la reforma educativa de 2013. Y es a donde volveremos en el gobierno de López Obrador.

NADA CAMBIA

Andrés Manuel López Obrador ha planteado su intención sobre la reforma educativa, pensando sólo en las élites y ha engañado con la verdad a millones de personas que creen genuinamente que con la cancelación de la última reforma al artículo 3 constitucional, se resolverá el problema educativo del país. Esto es trágico por el engaño abierto que constituye.

Cancelar la reforma educativa significaría volver al estado previo, en el que había un abierto cogobierno entre el sindicato magisterial y los gobiernos estatales y federal, en dicho ámbito. Hasta antes de la reforma, todo movimiento administrativo y salarial de los trabajadores de la educación debía pasar por el aval sindical, y de no contar con él, simplemente no ocurrían esos movimientos.

Es cierto que había inamovilidad y no existía ninguna amenaza relacionada con el despido de los trabajadores de la educación si no cumplían con ciertos parámetros en su desempeño frente a grupo. Sin embargo, también es cierto que ni la evaluación ni el establecimiento de sanciones para quienes no las aprobaran, era lo más importante o el fin último de una verdadera reforma educativa.

Esos elementos, en realidad, fueron establecidos como parte de la lucha entre élites, una queriendo controlar a otra por medio de instrumentos legales y constitucionales; y en medio de ello, millones de ciudadanos se manifestaron a favor de la cancelación de la reforma educativa, aunque seguramente no pensando en los abultados derechos de los docentes —los derechos perdidos y los que aún conservan—, sino en que quizá eso sí garantizaría que hubiera clases todos los días, que los maestros pusieran más empeño en su trabajo, o entregaran mejores resultados. Lamentablemente, sabemos que estos anhelos no dependen de la reforma o contrarreforma por la que se han trenzado maestros y gobierno en México.

NADIE PIENSA DE VERDAD EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Tan es así, que por sí misma la reforma educativa del Presidente Peña no resolvería, ni de lejos, el enorme problema que enfrenta la educación pública en México. Su reforma no fue educativa. El problema, es que la contrarreforma de López Obrador únicamente busca beneficiar a una élite, sin atender el problema de la educación, que sigue intocado. Nadie ha pensado que la educación pública no son los trabajadores adheridos al SNTE ni los combativos maestros identificados con la CNTE —que van, al precio que sea y de quién sea, por la preservación de sus derechos—, sino que en realidad la educación son los millones de niños y jóvenes mexicanos que no reciben la educación que merecen, y que tienen que hacer grandes esfuerzos para (medio) competir en un mundo en donde otros sistemas sí garantizan lo que ellos no tienen. De eso nadie habla. Y ese debiera ser uno de los asuntos de fondo en esta discusión.

Una mirada a las lecciones de los sismos de 2017, un año después

Los sismos del siete y 19 de septiembre de 2017, nos dejaron a los mexicanos duras lecciones que, un año después, debemos repasar para mantener a flote la vieja y constante consigna de no olvidar. No debemos dejar ir a los muertos que no debieron haber perecido; pero tampoco debemos dejar pasar todas las cuestiones que ocurrieron sin que debieran, y que debieran ser coordenadas fundamentales sobre lo que ya no debiéramos volver a vivir.

En efecto, cuando ocurrió el sismo del siete de septiembre en Oaxaca, mucho de lo relacionado con la tragedia de dos regiones importantes de la entidad se identificaron con la pobreza, el atraso y hasta con cuestiones culturales. Se dijo, por ejemplo, que el alto costo en vidas humanas y daños materiales registrado en la región del Istmo de Tehuantepec, era resultado del tipo de construcción de las viviendas, y de la poca cultura de la prevención de desastres que existía en las normas y costumbres relacionadas con la construcción de casas y edificios en esa región. El problema es que el sismo del 19 de septiembre nos dejó ver que las explicaciones ofrecidas a una y otra tragedia —la del Istmo, y la del centro del país, doce días después— eran insuficientes.

Sobre el primero de los puntos, que en un primer momento creímos válido respecto a la magnitud de la tragedia particularmente en el Istmo, en este espacio apuntamos hace un año, el 10 de septiembre, que en ciudades como Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec, Matías Romero, Asunción Ixtaltepec, Niltepec y otras, se reportaron pérdidas humanas, lesionados y daños de consideración, que motivaron de inmediato la movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno para la atención de la contingencia.

“Desde el primer momento —apuntamos—, se pudo apreciar a través de imágenes difundidas en redes sociales, que la gran mayoría de los daños ocurrió en inmuebles construidos con adobe, techumbres, tejas, láminas y otros materiales que eran tradicionales en otras épocas, pero que no corresponden a construcciones de años recientes. E incluso, a pesar de la magnitud del movimiento sísmico, y de la cantidad de inmuebles dañados en la región del Istmo —muchos de ellos quedaron totalmente destruidos—, lo cierto es que el número de víctimas humanas no fue el que se habría esperado de un movimiento de dimensiones equiparables en otro tiempo y lugar.”

No obstante, la idea inicial apuntaba también a que la tragedia no se había magnificado gracias a las lecciones aprendidas respecto a los lineamientos y normas de construcción, luego del terremoto de septiembre de 1985. Por eso, apuntamos: “Una de las cuestiones de mayor trascendencia ha sido la capacidad de establecer, y de que toda la gente lo entienda, esquemas de construcción acordes con la zona en la que habitamos. En un país en donde parece que todo puede prestarse a la corrupción y a las omisiones, resulta que todos han comprendido la importancia de no brincarse, no bordear, y no simular los lineamientos bajo los cuales deben realizarse las edificaciones. En gran medida, esa fue una de las razones por las que en los núcleos urbanos no hubo más que algunos cristales rotos y daños menores provocados por el movimiento sísmico, pero no una tragedia de grandes dimensiones como la que ocurrió en el terremoto de 1985.

“En aquella ocasión, quedó claro que una de las razones por las que fue exponencial el número de víctimas humanas y pérdidas materiales en la Ciudad de México, radicó en la deficiente calidad de construcción, y en las incorrectas normas que regían el diseño de las edificaciones que se vinieron abajo. Aquella fue la gran prueba de un inmueble que casi cuarenta años antes se había construido con un sofisticado sistema antisísmico —la Torre Latinoamericana— y que demostró cómo cuando algo se construye a partir del reconocimiento del terreno en el que se encuentra, una posible tragedia puede no quedar más que en la anécdota.”

CHOQUE CON LA REALIDAD

Hace exactamente un año, el 19 de septiembre, ocurrió otro terremoto que agrietó la idea de que la cultura de la prevención en México —particularmente, en la capital del país— era sólida. Ahí, en la Ciudad de México, otro sismo devastó varias zonas de la ciudad dejando varios edificios caídos y alrededor de 200 personas fallecidas. ¿Qué había ocurrido, si se suponía que todos habíamos aprendido las amarguísimas lecciones que le legó al país una tragedia más o menos similar ocurrida ese mismo día, pero de 1985?

Insistimos en esa pregunta el 24 de septiembre del año pasado, y en gran medida ésta sigue sin respuesta, a la luz de verdaderas incógnitas que están en vías de convertirse en monumentos a la impunidad, como el caso del Colegio Rebsamen, sobre el que no hay mayor voluntad por parte de la autoridad para hacer justicia.

Con esa previsión, apuntamos entonces: “¿Qué se reveló con el sismo que ocurrió 12 días después en el centro del país? Que no sólo que eso no era suficiente la cultura de la prevención en cuanto al diseño y construcción de edificación de inmuebles que consideraran la zona sísmica en donde se realizaron, sino que en ese caso había también lugar a omisiones y corrupción que, aunque en una mayor medida, fueron las mismas que en terremoto de 1985 ocasionaron miles de muertos en la capital del país.

“En este caso, ciertamente, no fueron miles de muertos, pero sí los suficientes —un solo muerto lo sería— para preguntarse por qué hay edificios que se siguieron cayendo; por qué las edificaciones mejor construidas soportaron sin ninguna consecuencia el sismo; y por qué incluso edificios de departamentos de reciente construcción colapsaron con un movimiento que se encuentra dentro de lo previsible.

“En esa lógica, es claro que así como se dice que en el Istmo los daños fueron devastadores por el tipo de construcciones que predomina en la región, también lo es que en la capital del país todos sabían del llamado boom inmobiliario por el que ahora tendrán que responder autoridades y constructores por este riesgoso negocio de defraudación. Sí, en la capital del país colapsaron inmuebles que eminentemente se ocupaban para arrendamiento de casas habitación y que nadie revisaba, e incluso otros que recientemente fueron vendidos como desarrollos inmobiliarios justo en las zonas donde hubo mayor colapso de inmuebles, como la colonia Del Valle, la Narvarte, Roma, Condesa y otras.

“¿Nadie verificó que dichas construcciones se hicieran de acuerdo a los estándares de seguridad de una zona sísmica como la Ciudad de México? ¿Las autoridades de aquella entidad revisaron los proyectos o los autorizaron mediante omisiones o actos de corrupción? ¿Los contratistas, constructores y diseñadores de las obras no tienen ninguna responsabilidad en esto?”

DESPERTAR CIUDADANO, CONSTATADO

Leyendo esto, a la luz de la tibia actuación de todas las autoridades de aquel momento, y del resultado electoral del 1 de julio, todo tiene sentido: “¿Qué resulta importante de esto?”, nos preguntábamos ante la dimensión de la tragedia; y la respuesta sigue firme: “Que la ciudadanía está asumiendo con dignidad y valentía eso que la clase política siempre ha negado: la existencia de una sociedad civil organizada, pujante y exigente. Con el temblor del 19 de septiembre pareció constatarse que ahora sí la ciudadanía se está asumiendo como tal. Pero lo siguiente que debe hacer es considerar que no se trata sólo de un despertar como chispazo o anécdota, sino que después de que pase la crisis por el terremoto debe asumir los siguientes pasos para construir la opción que quizá en el mediano plazo pueda convertirse en la piedra angular de una vía distinta a la de los partidos políticos.” Un año después, vemos un México completamente virado hacia rumbos políticos y electorales distintos a los de entonces.