La CNTE no cede: vela armas en espera del decreto derogatorio de la reforma educativa… que no llegará

Ha habido un debate intenso respecto al futuro incierto de la reforma educativa, aunque la realidad sigue siendo una sola: todas han sido promesas, pero ninguna ha venido acompañada de acciones o coordenadas concretas. El Presidente Electo ha reiterado su promesa de cancelarla; sin embargo, hasta el momento no hay luz alguna sobre cuál será el camino para cumplir su promesa. Mientras, la CNTE vela armas esperando el cumplimiento de su exigencia. El problema es que una reforma de tal magnitud no se deroga de la forma simplista con la que pretenden presionar al Presidente Electo y a Morena.

En efecto, la Coordinadora sigue con el dedo en el renglón respecto a la derogación inmediata de la reforma educativa. El fin de semana CNTE en la Ciudad de México lanzó una advertencia al Gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.  Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CDMX apremiaron al Presidente Electo y a la bancada de Morena en el Congreso, a cancelar la reforma educativa en su totalidad.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, afuera de la oficina donde despacha López Obrador, quien no se encontraba en el lugar, Roberto Gómez, director Político de la Sección 9, afirmó que al nuevo Gobierno no le “conviene” iniciar funciones con un conflicto magisterial. Tras entregar un pliego de peticiones en el despacho de López Obrador, Gómez pidió a Morena en la Cámara de Diputados utilizar su mayoría absoluta para aprobar un punto de acuerdo en el que se exhorta a las autoridades a frenar la evaluación docente.

“No vamos a descansar hasta que la reforma educativa sea abrogada. ¿Qué les pedimos a las nuevas instancias? Que esto se lleve a cabo antes del 1 de diciembre. ¿Qué cosa le planteamos al nuevo Gobierno? Que no se eche la bronca encima, que se resuelva antes del 1 de diciembre, tienen tres meses los diputados (…) Yo creo que lo que le conviene a este nuevo Gobierno es que empiece a gobernar sin el problema magisterial”, señaló.

Luego de anunciar que hoy martes se discutiría un “punto de acuerdo” en la Cámara de Diputados federal para lograr la cancelación de la reforma educativa —cuestión que técnicamente resulta imposible de cumplir por la vía de un punto de acuerdo—, Gómez señaló que en la Cámara baja hay legisladores de Morena solidarios con la CNTE y que han participado en sus movilizaciones.

“Se va a llevar al Pleno, seguramente va a haber debate, pero nosotros esperamos que, así como votaron a favor de darle licencia al Gobernador de Chiapas (Manuel Velasco), también se tomen ellos el tiempecito para votar con la mayoría que ya tienen a favor de este punto de acuerdo, que plantea la suspensión de la evaluación educativa y punitiva en lo que respecta al ingreso, la promoción y la permanencia (…) Posteriormente, van a presentar otros puntos de acuerdo con temas específicos, como son la reinstalación de los compañeros cesados y para demandar la libertad de los compañeros presos; ésa es la dinámica que ellos plantean llevar a cabo”.

Esta postura, es la primera que constata el largo anuncio hecho con relación a que la CNTE asumiría una postura intolerante respecto a un tema sobre el cual no ha habido referencias aún de cómo sería abordado.

DEROGAR LA REFORMA, ¿CÓMO?

Los profesores de la CNTE hacían referencia a un punto de acuerdo. Aunque ésta, en realidad, es una herramienta del derecho parlamentario mediante la cual se eleva una petición, exigencia o posicionamiento de parte del Poder Legislativo ante los Poderes del Estado, Órganos constitucionalmente autónomos y entidades federativas, con el objeto de conminarlos a realizar o abstenerse de alguna conducta o cuestión administrativa.

Aunque ésta es una postura institucional que emana del Poder Legislativo, lo cierto es que los efectos de un punto de acuerdo carecen de cualquier evento vinculante, y mucho menos podría tener el efecto de un acto formalmente legislativo. Además, vale la pena considerar que la suspensión —acto parcial, administrativo— de la reforma educativa o al menos de la evaluación docente, tendría que ser una decisión tomada en conjunto por el Titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública, y de un órgano constitucionalmente autónomo denominado “Instituto Nacional de Evaluación de la Educación”, y no del Legislativo, que carece de toda injerencia en los actos administrativos que recaen en el ámbito del Ejecutivo.

Ahora bien, vale también la pena considerar otra cuestión: la reforma educativa se encuentra establecida en la Constitución de la República. Sabemos que Morena tiene la mayoría en las dos cámaras integrantes del Poder Legislativo federal, y también cuenta con la mayoría en la mayoría de las Legislaturas estatales. Con ello, queda claro que no tendrían ningún problema en lograr la aprobación de una modificación al artículo tercero constitucional, incluso en el contexto del proceso dificultado de aprobación de una reforma constitucional. Más bien, el problema sería que conseguir una reforma de esa magnitud llevaría tiempo para que pasara por ambas cámaras, y luego fuera asimismo aprobado por 17 legislaturas locales. Por eso, aún en el caso de que hubiera voluntad a favor de la derogación de la reforma, no sería fácil que esto ocurriera en el plazo que se están proponiendo los integrantes de la Coordinadora.

De hecho, desde febrero la CNTE dejó clara su postura respecto a qué esperaba de la reforma educativa, y su destino frente al triunfo de AMLO. En aquel entonces, frente a la postura de AMLO de enviar una iniciativa abrogatoria al Congreso, dijeron: “Su acuerdo no convence a la CNTE puesto que en vez de establecer un decreto que abrogue la reforma educativa, plantea una iniciativa de ley, Obrador le deja la tarea al legislativo”, indicó la Coordinadora, en un comunicado.

¿Qué se puede esperar frente a la realidad? Que la esperada derogación de la reforma educativa no llegue ni sea tan rápida como pretende la Coordinadora, y que ese será uno de sus pretextos para mantener vivas sus protestas. Es un tema previsible.

DE MEDIOS Y COMPARECENCIAS

La semana pasada comparecieron en el Congreso los secretarios de Sinfra, Economía y algunos funcionarios más. De todos, el único que tuvo un resultado positivo en los medios fue Fabián Sebastián Herrera Villagómez. El diputado Dónovan Rito comentaba que le faltó muy poco para cortar oreja y rabo ante los diputados y ante los medios le fue muy bien porque fue el único que cumplió la encomienda de Comunicación Social de dar una conferencia de prensa al terminar la comparecencia. Los demás prefirieron evitar a los medios y el resultado fue bastante negativo. Muchos funcionarios no acaban de entender que es mejor hablar de frente en una conferencia organizada, que salir huyendo de los reporteros o una entrevista de banqueta multitudinaria dónde los riesgos son mucho más críticos.

Uno de los retos más importantes de Morena radicará en moderar a sus sectores más radicales

Mi solidaridad y afecto para mi amigo, Carlos Roberto Aguilar Jiménez,

y familia, ante la irreparable pérdida de su Señor Padre. Respetuosamente.

 

Los mexicanos hemos visto un proceso de transición extremadamente civilizado entre administraciones del gobierno federal, que no habríamos creído posible hace apenas unos meses. Durante las campañas electorales, el gobierno federal y el partido Movimiento de Regeneración Nacional, protagonizaron una de las batallas retóricas más feroces de que se tenga memoria, y en ella salieron a relucir todos los radicalismos existentes en ambos bandos. Hoy, a pesar de que en el ámbito formal hay un proceso cuidadoso de reconstrucción de la concordia, también surgen expresiones radicales que ahora quizá deberían ser atemperadas. Uno de los retos esenciales de Morena como partido gobernante será justamente moderar al interior a quienes no han dudado, no dudan y parecen seguir dispuestos a no hacerlo.

En efecto, a lo largo del proceso electoral vimos cómo las expresiones extremas fueron paulatinamente ganándole la batalla a los argumentos. Por un lado, en el sector moderado, se encontraba el propio candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de no estar en el sector más tirante de su partido y las facciones aliadas, sí envió mensajes cargados de dureza. Así fue como planteó la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la disolución del Estado Mayor Presidencial y el no uso del avión presidencial de reciente adquisición, la descentralización de la Ciudad de México del gobierno federal, o la reducción de salarios para la burocracia federal y la cancelación de la reforma educativa, entre muchos otros temas.

En el sector más radical hubo expresiones de mayor dureza. Entre sus cercanos, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de encarcelar a diversos funcionarios federales de la actual administración, e incluso hubo quienes se trazaron vías aún más radicales. Entre ellas, hubo quien proponía una nueva Constitución; quien lanzaba argumentos para desmantelar por completo las estructuras del gobierno federal; o quien hizo planteamientos como los del escritor Paco Ignacio Taibo II sobre fusilar a quienes fueran considerados como traidores a la patria, o de expropiar las empresas y capitales privados que, en un escenario ficticio, pudieran cuestionar al nuevo régimen lopezobradorista.

¿Qué dijo Taibo II que causó tanto revuelo? En el video en cuestión, Paco Ignacio Taibo II recomienda a Andrés Manuel López Obrador que, de llegar a la presidencia de la República, expropie a las empresas que no cooperen o lo quieran chantajear. En el material audiovisual, Taibo II ejemplifica un escenario hipotético: un día después de ganar las elecciones, en Los Pinos, López Obrador recibe a altos hombres de finanzas, entre ellos Carlos Slim.

Parafraseando a los empresarios, complementa su idea ante una decena de asistentes identificados como morenistas: “’No. No. Cuidado, Andrés, porque, si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica’”. “Si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo: ‘Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos. Chinguen su madre. Exprópialos”.

El escritor añade: “la presión social a la que puede ser sometido un caudillo, por más radical, competente y honesto que sea, es tremenda. Necesita la presencia del movimiento social detrás que impulse hacia el cambio”. En el video, de poco más de dos minutos y del que se desconoce su fecha original de publicación, se observa a Taibo II explicar a los asistentes que se requerirá del apoyo de la sociedad civil, ya que proyecta que tendrán, “con mucha suerte”, una presencia del 35% en el Congreso de la Unión y la mayoría de los gobernadores serán panistas y priistas.

POSICIONES RADICALES

Antes ya habíamos hecho alusión a esto (ver Al Margen 04.05.2018). En aquel entonces, sobre este tema, apuntamos: Esto causó todo tipo de reacciones, a partir de dos cuestiones que bien pueden ser sofismas: la primera, que deliberadamente se tomaron las “recomendaciones” de Taibo II a AMLO como una verdad anticipada, para trasladarlo de ahí a un cuestionamiento en el marco del proceso electoral (como si Taibo y no Andrés Manuel, fuera el candidato). La segunda cuestión, es que además nadie pareció considerar que igual que en todos los partidos, en Morena hay expresiones radicales y moderadas, y que Taibo responde a una de las más comprometidas con los postulados más duros del tabasqueño, sin que eso signifique — incluso— que el propio Andrés Manuel coincida con ellas o que, aún coincidiendo, esté dispuesto a llevarlas a cabo.

Por eso, en el intento de aclaración, Taibo II no sólo no dejó contentos a los mismos que ya estaban más alarmados, sino que pareció echarle más leña al fuego… aunque en realidad lo que intentaba dejar en claro es que, el hecho de que él diga o recomiende algo, no significa que alguien vaya a considerarlo o aplicarlo.

Días después de que surgió esa polémica, el periódico El País publicó una entrevista realizada a Taibo sobre estas afirmaciones. El escritor dijo, para calmar las críticas, lo siguiente: “Es un debate artificioso armado con malicia y mala fe. Unas declaraciones de hace siete meses donde analizaba una hipotética intervención en caso de una victoria de López Obrador y que las empresas amenazaran con irse del país. Yo dije que desde el movimiento social habría que presionar para que se expropiaran. Pero ni Obrador quiere expropiar ni yo lo pienso, salvo condiciones de emergencia, como sucedió con el petróleo en 1938. Se ha creado una polémica artificiosa como parte de la guerra sucia de la que ninguno estaremos a salvo en las próximas semanas.”

Luego le preguntaron sobre la inclusión de Alfonso Romo, Napoleón Gómez Urrutia, el Partido Encuentro Social, o Germán Martínez Cázares a la campaña presidencial morenista, y Taibo II recordó implíctamente la necesidad de que al interior de un partido diverso como Morena, exista la pluralidad.

Sobre eso, afirmó: “Hay cosas que no me gustan de la apertura al centro de López Obrador y no veo razón para callarme. No es normal que alguien diga que no vamos a tocar los contratos petroleros. Yo solo pregunté: ¿En nombre de quién habla? [Alfonso Romo], porque las bases de Morena han dicho otra cosa. Sobre Germán Martínez, a mí no me gusta. Ha dicho cosas insultantes como que Cárdenas era un cadáver que había que enterrar. Si estuviera en mi circunscripción no votaría por él. Cómo llegó a donde está no lo sé ni tengo idea, pero quiero que se sepa quién es…”.

Hoy, apenas tres o cuatro meses después, vemos multiplicadas esas expresiones de radicalidad. Entre ellos, está el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que nuevamente ha causado desencuentros incluso al interior de su partido y de su fracción parlamentaria, al calificar incluso de traidores a Porfirio Muñoz Ledo y Marí Batres por acudir, en calidad de representantes del Poder Legislativo, al mensaje del presidente Peña en días pasados. El Presidente Electo ha llamado públicamente a la moderación. Pero quién sabe si haya el suficiente sentido de autoridad entre sus correligionarios, para aceptarlo.

INCÓGNITAS

El problema es que Morena es un partido que en realidad nadie conoce aún. Llegó al poder presidencial y tiene la mayoría legislativa en las cámaras federales y locales, pero en realidad no sabemos cuál será su talante real. Morena es un conjunto de expresiones de derecha, centro e izquierda, que aún no sabemos hacia dónde va a ir como partido, más allá de lo que disponga López Obrador. ¿Logrará el tabasqueño moderar las posiciones radicales? ¿O es que veremos replicada aquella máxima de que “cuando la fiera es brava, hasta a los de la casa muerde?

Estado-magisterio: discusión sobre la reforma educativa, ¿comenzará a correr en carriles distintos?

Con la instalación de la LXIV Legislatura federal comenzó a correr la cuenta regresiva para conocer tanto el destino de la reforma educativa actual, como las nuevas directrices que marcarán el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los grupos a los que están consultando, para sustituir la actual reforma por un proceso de evaluación distinto al actual. Aunque la consulta y los foros educativos están en proceso, el espacio vacío que está dejando la incógnita sobre el destino de la reforma educativa del gobierno saliente, ha comenzado a generar rutas distintas en los derroteros posibles, que muy probablemente terminen enrareciendo —o descarrilando— la posibilidad de una segunda reforma educativa aprobada y aceptada en consenso.

En efecto, desde hace algunos días comenzó la realización de los foros relacionados con la realidad educativa. Dichos foros, fueron convocados por el Presidente Electo para definir el rumbo de la política educativa del próximo sexenio que sustituirá a la reforma educativa. “El propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio”, dijo el propio López Obrador, cuando habilitó una página web (http://porunacuerdoeducativo.com) en la que se establece que cualquier persona puede subir su propuesta sobre qué camino debe de tomar la siguiente reforma educativa, que será tomada en cuenta.

Según la convocatoria a dichos encuentros de discusión sobre el futuro de la educación en el país —uno de esos foros nacionales se realizará en las instalaciones de la UABJO, en Oaxaca—, esto ocurre por el compromiso de construir una verdadera transformación educativa, y argumentan que para ello es necesaria la participación de la sociedad; para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural”. Estos foros son organizados por el equipo de transición en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; serán en total 32 (uno por estado) y se prolongarán hasta el 29 de octubre.

Esos foros han tenido el contenido esperado. Por ejemplo, según información del encuentro celebrado hace algunos días en Puebla, se dijo que los participantes –trabajadores de la educación— plantearon al próximo Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, homologación de pagos para los docentes de los estados y evaluación apoyada por capacitación. Éste prometió que en la próxima administración federal habrá apertura a la participación social y no habrá más reformas educativas sin diálogo de todos los involucrados: maestros, tutores, alumnos y expertos.

De acuerdo con la información, Moctezuma Barragán también dijo que otras cuestiones que planea hacer la próxima administración, son un plan educativo incluyente, fortalecer las Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional, revalorar al magisterio y respetar su autonomía, proveer de alimentos a las escuelas de educación básica marginadas, suspender cuotas para mantenimiento de las escuelas, garantizar que estudiantes no sean rechazados de las universidades públicas, brindar becas a estudiantes de nivel medio superior y superior de escasos recursos, entre otras estrategias.

CAMINOS DISTINTOS

Lo hemos apuntado aquí, y es algo bastante claro: tanto el SNTE, como su expresión interna disidente, la CNTE, tienen un consenso claro respecto a qué se debe eliminar de la reforma educativa. Ambos sectores coinciden en que el problema central se encuentra en la evaluación al personal docente, y concretamente en el hecho de que la consecuencia de esa evaluación pueda llegar a ser el cese del trabajador cuando repruebe cierto número de evaluaciones en forma consecutiva.

A pesar de que parece haber cierta claridad en ese sentido, lo cierto es que la disipación que existe respecto al tono y las propuestas que se están socializando en los foros educativos —que hasta ahora no han dejado ver que el gobierno electo tenga un derrotero y una propuesta definidos para socializar con los sectores a los que se les está consultando, y que más bien parece que los foros serían una especie de “buzón de quejas y sugerencias” pero con formato de encuentro de la sociedad— en cualquier momento puede motivar que la radicalización de las posiciones, o de las “propuestas alternas”, marque un rumbo distinto al posible para la evolución de esa reforma.

Pues, tal y como lo hemos apuntado, lo único que no podrá ocurrir es la cancelación lisa y llana de la reforma actual, pero sin la sustitución de otra redacción que garantice constitucionalmente el derecho a la educación de calidad que ya tienen los niños y jóvenes mexicanos que se instruyen en escuelas gubernamentales.

En esa lógica, vale la pena repensar las posturas que han mantenido tanto el SNTE, como la CNTE, respecto a la “reforma de la reforma” en materia educativa, y los riesgos que implican las posiciones radicalizantes que eventualmente podrían tomarse en el camino rumbo a la modificación de la Constitución federal y las leyes que actualmente rigen la evaluación educativa.

A este respecto se ha referido el investigador en temas educativos Carlos Ornelas, quien recientemente apuntaba en Excélsior (https://bit.ly/2oyFBoy) lo siguiente: “parece que los militantes de la CNTE, que alguna vez estuvieron enojados con el presidente electo hoy le dan el sí, pero con ciertas condiciones. En el otro lado, sin quedarse atrás, el SNTE también quiere que se olviden sus mohínas y regresará al carril de subordinación corporativa ante el nuevo jefe; claro, con algún provecho.

En este punto es donde radica el peligro de que una discusión, aparentemente consensada sobre la eliminación de los efectos de la evaluación docente, se desvíe a otros temas que no podrían establecerse en la ley. Pues Ornelas apunta las exigencias de la CNTE: “Líderes representantes de varias facciones de la CNTE se reunieron en la Cuidad de México el sábado 25 de agosto. Tras horas de discusión, acordaron desplegar un “Manifiesto a la Nación”, en el que exigen al Presidente electo: 1) abrogar la matriz constitucional de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias; 2) desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 3) eliminar al Servicio Profesional Docente; 4) desechar el Nuevo Modelo Educativo; 5) frenar la Reforma en Normales; 6) acabar con la autonomía de gestión; 7) prescindir del Sistema nacional de información y gestión educativa; 8) desmantelar al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo y regresar el control de la nómina a los estados; 9) finiquitar los programas de Escuelas al Centro, Escuelas al CIEN y Escuelas de Tiempo Completo; y, 10) que el próximo gobierno federal repare los daños, resuelva las consecuencias y costos provocados por la aplicación de la ley educativa.

DISCUSIÓN SIN VÍAS POSIBLES

El SNTE, por su parte, sostiene un conjunto de propuestas abstractas que más bien parecen encaminadas a que el nuevo régimen les permita seguir siendo el sindicato cogobernante que siempre han sido. Lo que preocupa, en el fondo, es la inconsistencia del gobierno electo, que no deja claro hacia dónde se pretende conducir la discusión. Ello permitirá la apertura de carriles paralelos en los que esta discusión podría terminar en las fauces del radicalismo o el detrimento de los derechos de quienes sí merecen —independientemente de cómo— educación de calidad en las escuelas de gobierno.

La ciudadanía debe hoy asumir el papel de dique, frente a la tentadora mayoría de AMLO

Puede ser entendible la euforia de los diputados federales de los partidos aliados en la coalición Juntos Haremos Historia, al asumir como tales en la LXIV Legislatura federal. Esa euforia los llevó a corear airadamente la frase “es un honor estar con Obrador”, y el posible entendimiento surge de la larga lucha política librada por Andrés Manuel López Obrador, por más de 15 años, hasta llegar a la Presidencia. Lo que no debiera ser entendible, y tampoco aceptable, es el riesgo que puede llegar a implicar la militancia incondicional no con un partido o una causa, sino con un hombre, en tiempos en los que debería fortalecerse el imperio de la Constitución, y la división de poderes.

En efecto, el pasado sábado cuando inició el primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura federal, y en la Cámara de Diputados se llevaba a cabo la sesión de recepción formal del Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo, hubo una expresión particularmente llamativa. La bancada mayoritaria de Morena en el Congreso de la Unión, interrumpió el posicionamiento del PRI en la sesión del Congreso General, en voz de su presidenta nacional, Claudia Ruiz Massieu, para reclamar por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Claudia Ruiz Massieu hablaba de que los priistas no son mercenarios de la política que cambian sus lealtades de acuerdo al proyecto en el gobierno en turno, cuando un grito ensordecedor desde las curules de Morena enumeró, uno por uno, a los 43 normalistas desaparecidos y exigieron justicia al final.

Unos minutos después Ruiz Massieu hablaba de los logros del gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto y de los costos políticos que le dejó a esta administración las reformas hacendaria y energética, cuando desde las curules de Morena se escuchó el gritó: “¡Es un honor estar con Obrador!”, en varias ocasiones. Ruiz Massieu dijo que el Poder Legislativo es contrapeso y eso incluye a los grupos parlamentarios oficialistas y deben saber decir que “no”. “Seremos una oposición valiente, crítica y constructiva. Ni abyecta (…) no obstruiremos lo que sirva y el PRI es un partido grande”, dijo Ruiz Massieu.

Estas expresiones merecen una consideración en específico. Porque si bien es cierto que la llegada de una bancada mayoritaria de un partido opositor al PRI, resulta una noticia relevante en el contexto político nacional —máxime por la historia particular del obradorismo y de Morena en la arena electoral mexicana—, y que lo es todavía más que esa sea la mayoría legislativa más copiosa e importante que se ha construido en los últimos veinte años de la historia democrática de México, también es cierto que aún con los antecedentes de Morena y del obradorismo, y de este arribo al poder tras un larguísimo trayecto siempre cuesta arriba, lo que debería siempre prevalecer es, por un lado, el principio de la división de poderes, porque eso es lo que va a garantizar siempre la salud del ejercicio del poder en México; y por el otro, la vigilancia permanente de la ciudadanía para impedir la toma de decisiones contrarias a lo que desea, y espera, la mayoría ciudadana del próximo gobierno.

En esa lógica, pareciera que las expresiones de apoyo son inicialmente producto de la euforia por el arribo al poder. Sin embargo, esa euforia no se debe convertir en una especie de “borrachera de poder” y mucho menos el preámbulo del pliegue incondicional de diputados y senadores de Morena a los designios de su Jefe Político, ahora convertido en presidente de la República.

Hay —se supone— una militancia y una convicción ideológica afín al Presidente Electo. Pero eso no debe significar el regreso de los caudillos ni de “el país de un solo hombre”. Eso fue justamente lo que desacreditó al priismo —los excesos cometidos al amparo de la disciplina partidista—, y en el fondo es contra lo que votaron más de 30 millones de mexicanos el pasado 1 de julio.

EXCESOS

La militancia partidista es parte de la democracia. Las mayorías y minorías también lo son, y de hecho los sistemas políticos y las democracias actuales están construidos de tal forma que se supone que deben soportar lo mismo la existencia de pluralidad de partidos en los órganos legislativos, que mayorías y minorías definidas. Esa es la razón por la que hoy llama la atención que una amplia mayoría, llegada al poder como consecuencia del hartazgo frente a las formas antiguas de hacer la política, ahora asuma actitudes excesivas.

Una crónica publicada ayer en El Universal sobre el desarrollo de la sesión de Congreso general, y los excesos de algunos sectores de Morena en el Poder Legislativo Federal, dejaba ver esos rasgos: luego de relatar los problemas que enfrentaba el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, para conducir la sesión legislativa, el reportero Juan Arvizu daba pautas específicas de la actitud soberbia y excesiva de la misma bancada que dentro de tres meses dejará de ser opositora para asumir un papel que lo mismo puede ser de contrapeso que de apoyo incondicional.

“Renace el desorden. Siempre en la amplia extensión morenista. Uno ofrece su ayuda, desde el flanco del PRD que quedó en la derecha del salón. “Agradezco, pero no lo necesito tanto”, señala el político de miles y miles de batallas [Muñoz Ledo], con una certeza: “La conducción [de la sesión] es exclusiva del presidente del Congreso”. Ha hablado con energía.

“Pone luz en esta encrucijada en la que están sus huestes, a las que pedirá que sean maduras: “Esta es la hora cero de la nueva República”. Pero no oyen. Morena trae una nutrida sección de ruidosos imparables, que recuerdan ese bloque priísta que se afamó con el mote de Bronx. No paran de gritar a los antagónicos y de aplaudir a la mínima mención de Andrés Manuel López Obrador.

Las otras bancadas quedaron reducidas por el resultado electoral. Un morenista tiene la curul de mayor poder. Es Mario Delgado. En el pasillo central son morenos. En la fila uno, hoy se sientan los hombres del poder verdadero: el senador Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero celebran el discurso y el tono del joven de izquierda. Mientras, la mayoría de Morena se aplasta en el entusiasmo que genera su porra de identidad: “¡Es un honor estar con Obrador!”. Eso dan en la hora cero.” (https://bit.ly/2LUHvcs).

DIVISIÓN DE PODERES

Lo que quisiéramos ver es una división de poderes de avanzada, con un Presidente que goza de una bancada mayoritaria, pero con no el posible cheque en blanco en la mano —que le permitiría hacer y deshacer, a placer— que siempre es nocivo y engañoso para la democracia. ¿Qué queda? Que los ciudadanos, hayamos o no votado por López Obrador o por Morena, asumamos y ejerzamos nuestro papel de ciudadanía crítica, y sometamos de manera permanente a escrutinio el ejercicio del poder. Esa es una de las pocas vías que quedan para limitar y controlar, lo que esas amplias mayorías legislativas parecen no tener muchas ganas de hacer.

La reforma educativa debe ser replanteada, pero no podrá ser cancelada de forma lisa y llana

Una de las discusiones y decisiones que marcará el primer periodo ordinario de la LXIV Legislatura federal, será el destino de la reforma educativa que el Presidente Electo ya prometió cancelar, y que además puede hacerlo al contar con mayoría en las dos cámaras legislativas federales, y eventualmente la mayoría de las Legislaturas locales. La incógnita en este momento no radica en si dejarán si efecto la estructura actual de la evaluación o en si habrá una derogación total, sino más bien sobre qué rubros incidirá una posible modificación a la reforma educativa actual.

En efecto, hay elementos importantes sobre los que vale la pena prestar atención desde este momento. Uno de ellos, sobre los que se ha escrito en este espacio, es el que tiene que ver con el centro del rechazo magisterial a la reforma educativa. Queda claro que la molestia no radica en el hecho de que existan procesos de evaluación o de capacitación al docente que está frente a grupo, sino al hecho de que el destino final de esa evaluación es, se supone, el premio económico al que aprueba las evaluaciones, y el eventual el cese al que no logra aprobarlas.

Otro de los elementos que vale la pena considerar es que los componentes que fortalecen el derecho a la educación no pueden ser eliminados sino, en el mejor de los casos, reorientados. En esa lógica, no será una discusión fácil la relacionada con el destino del artículo tercero constitucional. ¿Por qué? Porque al ser éste un derecho humano, está determinado por el principio de la progresividad —establecido en el tercer párrafo del artículo 1 constitucional— el cual establece que una vez que un derecho ha sido otorgado o reconocido en el texto constitucional o en la legislación internacional suscrita por el Estado mexicano, éste no puede ser degradado ni menoscabado.

Ciertamente, el derecho a la educación implica el acceso a la instrucción que imparte el Estado; pero también lo es que es y deberá seguir siendo derecho de toda persona que esa educación sea progresivamente de mayor calidad y con un mejor cumplimiento de los fines y metas que se establecen en la propia Constitución. De este modo, pareciera que el único precepto del artículo tercero constitucional, que quizá llegaría a necesitar algún tipo de modificación para hacerlo acorde con los planteamientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sería la fracción III de dicho artículo. ¿Qué dice?

Textualmente señala: “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”

Acaso, la única disposición que podría ser incómoda es la que se refiere a la “permanencia en el servicio profesional”; fuera de eso, todo se refiere a procesos de evaluación que difícilmente podrían ser eliminados de forma lisa y llana, y sobre los cuales el propio Presidente Electo ha dicho que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, seguirá teniendo competencias.

TRANSITORIOS ‘INCÓMODOS’

De hecho, de manera expresa la Ley General del Servicio Profesional Docente no se refiere al cese del trabajador de la educación que no apruebe cierto número de evaluaciones. La referencia más clara a esa cuestión se encuentra en los transitorios octavo y noveno de dicha ley, los cuales castigan con mayor severidad a quien se niegue a presentarse a los procesos de evaluación —independientemente de si cuentan o no con un nombramiento definitivo— que quien no apruebe las evaluaciones.

El transitorio octavo señala lo siguiente: “El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.”

Algo muy similar establece para aquellas personas que desempeñan funciones docentes y no cuentan con un nombramiento definitivo, pues dispone que éstos deberán someterse a las evaluaciones y que, de aprobarlas, se les será otorgado su nombramiento definitivo. Y luego establece la parte medular de donde parte el rechazo de los trabajadores de la educación a las evaluaciones actuales:

“Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.”

¿Qué significa eso? Que mucho de lo prometido por el presidente electo López Obrador, puede resolverse con una modificación a los transitorios. Ello evitaría una reforma constitucional de gran calado; mantendría firme el derecho a la educación de calidad a la que sí tienen derecho millones de niños y jóvenes que reciben instrucción en escuelas del Estado; y eliminaría el sentido “punitivo” que tanto se ha denunciado de la reforma educativa actual.

¿Y LOS RECURSOS?

Otra cuestión fundamental será la de dotar —ahora sí— de los recursos necesarios para la modernización educativa. Sin evaluación, sin calidad y sin dinero, como ha sido en gran medida la educación pública antes y después de la reforma actual, lo que queda es la demagogia y el engaño sobre algo que no sólo no progresará, sino que con esas condiciones quedará condenada al atraso y al fracaso.

El epicentro de la gobernabilidad volverá a estar en el Congreso local

La elección del 1 de julio arrojó escenarios inéditos, también en Oaxaca. Uno de ellos, particularmente relevante, es el que pone en el centro de la atención la permanente disputa que habrá por el control material en la toma de decisiones en el Congreso del Estado. La LXIV Legislatura será singular, porque será la primera en la que el partido gobernante no sólo no contará con algún tipo de mayoría legislativa, sino que tendrá una bancada claramente disminuida. Si en alguna medida la gobernabilidad está depositada en el Poder Legislativo, la integración de la próxima Legislatura explica a la perfección las disputas que anticipadamente se viven en ella.

En efecto, la semana pasada el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca emitió una sentencia en la que reconfiguró la composición de las bancadas en la próxima Legislatura estatal. Al partido Movimiento de Regeneración Nacional, el tribunal local le consideró infundada la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, y por ello estableció que debía haber un nuevo reparto de curules, beneficiando esencialmente al Partido Revolucionario Institucional, pero también abriendo la posibilidad de que más partidos integren la Junta de Coordinación Política.

Esto es un asunto electoral, pero sobre todo es el reflejo de una clara lucha política al interior del Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque ahora como nunca, se está comenzando a ver la urgencia que tiene el grupo gobernante, primero por intentar pluralizar la integración de los órganos de gobierno legislativo; y después, por equilibrar las posiciones de cara a los retos de gobernabilidad y de procesamiento de leyes, en los que resulta indispensable la posición y la colaboración de la Legislatura local.

Lo reconozcan o no, queda claro que a cualquier grupo en el poder le resulta incómodo —y hasta riesgoso— un gobierno de minoría legislativa. Y de ahí la urgencia de recomponer las posiciones al precio que sea. Acaso, en esta circunstancia, la apuesta política con dicha sentencia es provocar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre al estudio no sólo de los razonamientos esgrimidos por el tribunal local —que a simple vista parecen endebles— sino sobre todo al proceso mismo de asignación de las diputaciones locales por el principio de representación proporcional.

Si finalmente en la sentencia definitiva logran no que Morena pierda siete, pero sí cuatro o cinco curules en la Legislatura local, y éstas queden repartidas entre todas las fuerzas políticas que con la asignación inicial no alcanzaban a conformar una fracción parlamentaria al no tener dos legisladores, todos terminarán considerando eso como un triunfo frente a las condiciones de arranque, en las que Morena tendría —de jure o de facto— una bancada apabullante.

Esta feroz lucha por el control de la Legislatura era previsible en términos generales. Aunque en el sistema político que nos rige es totalmente posible que el Ejecutivo gobierne con minoría legislativa, lo cierto es que ese resulta ser el escenario menos conveniente para cualquier gobernante. De ahí esta primera escaramuza, de las muchas que seguramente veremos durante los próximos tres años por el control de las votaciones, los consensos y las decisiones que se tomen en la Legislatura del Estado.

PREVISIONES

Hasta hace no mucho tiempo, nadie preveía un escenario como el actual, en el que los gobiernos no morenistas quedaron arrinconados por una votación apabullante que ahora los obliga a ir con todo por la recuperación de un control que pudieron haber compartido, si hubieran visto el escenario político con una perspectiva de menos confianza.

A propósito de ello, el 26 de febrero apuntamos en este espacio algunas coordenadas de la lucha que ya se veía venir, y que hoy se está materializando en la disputa por la integración misma de la próxima Legislatura. “En estos comicios de 2018 —apuntamos— se renovarán las cámaras federales y la Presidencia de la República, pero también se elegirán diputados locales. Y, en esa lógica, lo que resulta más relevante es que ese resultado electoral local, quedará en buena medida anclado a lo que ocurra en la contienda presidencial, y a cómo se desenvuelvan las campañas para las diputaciones federales y las senadurías.

“Ello agrega ingredientes importantes de incertidumbre para el régimen estatal, que ya probó sus capacidades de triunfo, pero que no se ha enfrentado a la variable de tener ante sí una elección concurrente (con el ingrediente adicional de ir empatada con una elección presidencial) en la que son otros los factores, las inercias y las efervescencias entre los electores, que generalmente se animan más a salir a votar, y eso hace los resultados mucho más inciertos en lo que corresponde a los factores locales.

“En esa lógica, ¿el gobierno estatal ya tiene al menos lecturas y proyecciones preliminares del 2018? Porque para efectos del Gobernador, es claro que sí puede haber un gobierno con minoría legislativa; pero es también claro que esto se convierte en una pesadilla ante la imposibilidad de construir acuerdos con una mayoría parlamentaria que le es adversa (y también abre la tentación de construir consensos de espaldas a la ciudadanía). Por esa razón, si 2018 es un año en el que López Obrador y Morena pudieran avanzar en Oaxaca, lo lógico sería también suponer que en esa inercia se llevarían muchos triunfos en las diputaciones locales, dado el respaldo popular que tiene el tabasqueño en nuestra entidad, y la ausencia en general del voto diferenciado.

“En ese escenario, ¿el gobernador Alejandro Murat está preparado para gobernar con minoría legislativa a partir del tercer año de su gobierno? ¿Qué alternativas de gobierno está construyendo, en la política y en la ley, para encarar un escenario en el que no necesariamente cuente con la cómoda mayoría de su partido en el Congreso local?

“Los escenarios de 2018 sólo auguran adversidades para el PRI en la entidad. Queda claro que las votaciones presidenciales Oaxaca sigue siendo obradorista, y que el PRI no tendrá ningún candidato fuerte —ni el presidencial, porque quien resulte electo por el PRI de todos modos no tendrá ninguna conexión con Oaxaca; ni tampoco en las diputaciones federales y senadurías, como para asegurarle un equilibrio a AMLO y a quienes ponga de candidatos.

“Por esa razón, sería más importante que nunca construir el andamiaje para los gobiernos de coalición, porque además esa sería una salida no sólo viable y posible, sino también democrática y de avanzada. Hasta ahora todos le apuestan a no ensayar nuevas figuras y a ceñirse a los viejos modelos en los que una vez establecida la nueva composición electoral, unos y otros se sientan a negociar sin establecer programas exactos ni esquemas de corresponsabilidades a cambio de los temas en conjunto que se deciden a impulsar.”

ARREBATOS

Nadie construyó lo que desde aquel momento era previsible. Por eso los consensos siguen siendo bajo la mesa y todo lo que vemos son posiciones que se arrebatan y se disputan, y quizá tambien veamos manotazos. Tendrán todos que volver a encontrar los equilibrios perdidos, y ensayar nuevas formas de convivencia acorde con los tiempos inéditos en que les tocó interactuar. La mayor prueba será para la civilidad democrática de todos los participantes en el escenario actual oaxaqueño.