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Carlos Villalobos
Negar la importancia del ejercicio democrático que representa la Revocación de Mandato, sería muy irresponsable, sin embargo, en un entorno donde la vida no está garantizada derivado de la pandemia por COVID-19, forzar que se lleve a cabo sería aún más irresponsable.
Recordemos que, a pesar de todas las líneas y líneas vertidas en diversos medios de comunicación y minutos dedicados en la mañanera, la Revocación de Mandato en un principio debía cumplir ciertos requisitos para poder llevarse a cabo de acuerdo con los distintos lineamientos marcados desde el principio. Dentro de los requisitos necesarios se encuentran contar con la firma del 3% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) en 17 de las 32 entidades federativas del país; que el proceso esté en manos de dicho instituto y que la revocación no podrá coincidir con las jornadas electorales federales o locales, por citar algunos ejemplos.
Entre dimes y diretes, el INE y toda la maquinaria de gobierno, han tenido una batalla a muerte. Mientras algunos han pugnado principalmente por el apego al proceso defendiendo al INE, hay quienes habiendo aprobado la ley de revocación de mandato hoy se sienten afectados, liberando con esto hordas y hordas de críticas en contra del organismo electoral mexicano.
Llevar a cabo una revocación de mandato no es algo sencillo, y efectivamente, aunque no se quiera reconocer, se necesita presupuesto para que se cumplan con los objetivos trazados, es decir un proceso democrático que cuente con la legitimidad suficiente para poder cumplir con la encomienda democrática de consultar al pueblo mexicano la continuidad, o en su defecto, el cambio de rumbo en el país.
De acuerdo con cifras vertidas por el propio INE, el instituto requiere de al menos 3 mil 830 millones de pesos, los cuales no incluyeron en el proyecto de egresos que se aprobó para 2022, y que se suma al recorte de 4 mil 913 millones de pesos que enfrentará el instituto electoral para el próximo año. Sin duda, la austeridad es el pretexto idóneo para realizar cambios en la aplicación del presupuesto y así impulsar mejoras en el desarrollo del gasto del país, sin embargo, en un año en donde se realizarán diversas elecciones (ordinarias y extraordinarias), además del proyecto latente del proceso de revocación de mandato es un poco contraproducente.
Con información consultada el martes 21 de diciembre a las 19 horas y con corte del 20 de diciembre a las 23:59, el INE sólo ha recibido 1,315,149 firmas, lo cual a un par de días de cerrar el proceso, los deja muy lejos del mínimo necesario, es decir 2.85 millones de firmas.
Por otro frente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), menciona que, a pesar de los recortes, el instituto debe y tiene que llevar a cabo el proceso, pero solo si se cumplen con los requisitos planteados por la propia ley, cosa que en el momento que redactó estas líneas, aún no se ha logrado. De poder alcanzar la cifra del 3% del padrón nominal, el INE tendría que llevar el proceso, de lo contrario, quienes encabezan la institución electoral tendrían que acatar sanciones administrativas, penales y de diversas índoles.
Aquel triunfo en 2018 conseguido por el hoy presidente de la república y su movimiento, representó un hito en la histórica democrática del país. Empujado por el hartazgo y la disposición de participar miles de mexicanas y mexicanos acudimos a las urnas a depositar nuestros votos, sin embargo, hoy, en un clima social y político, en donde estamos enfrentando actualmente una pandemia, crisis económica y un clima desestabilizado ante el comienzo del proceso de la sucesión presidencial de 2024, las y los mexicanos en lo último que piensan es en el presidente y su continuidad o el fin de su mandato a tan solo tres años de haber comenzado con la cuarta transformación.
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