El sonido de seis balas y la Ley de Amnistía

Carlos Morales Sánchez

El sonido intermitente de seis detonaciones irrumpió la paz del medio día. En aquel cerro perdido del Valle de Miahuatlán hubo miedo y desconcierto. El MPF, dos Afis, un perito, 12 policías estatales y yo nos colocamos pecho a tierra. Luego llegó el silencio. Esperamos diez minutos eternos. “Sigamos”, dijo el comandante de la Estatal.  Reanudamos el ascenso, sudorosos y asustados. Apenas íbamos a la mitad y las nubes podían tocarse con las manos. Media hora después en lo alto de la Sierra Madre del Sur, estaban los restos de un plantío de marihuana. El MP hizo la inspección y tomó fotografías. 

A 150 metros estaba el jacal del sembrador. Accioné mi cámara Sony. Le pedí al MPF que certificara las condiciones de la cabaña. Tomó nota de los aperos de labranza y del costal de maíz que quedó abandonado. Y certificó la miseria. Piso de tierra. El fogón formado con tres piedras. Un petate raído. Las cobijas formadas de retazos. Un muñeco de luchador de plástico sin brazos.  Ropa de mujer y de niño. La letrina a ras del suelo. Un perro negro con manchas blancas que transparentaba los huesos.

El día anterior, en las oficinas de la PGR ubicadas en el palacio del Arzobispado, en el centro de la Verde Antequera, el Ejército había presentado a una persona detenida. El delito atribuido era siembra y cultivo de marihuana. Sobre los escritorios estaba la marihuana en greña. El Ejército, en un recorrido de rutina había encontrado el plantío y arrancado las plantas.

En aquellos años, el de la voz, trabajaba de defensor público federal. Vicente Fox era presidente de la República. Faltaban algunos más para que Calderón iniciara la lucha contra el narcotráfico. La carga de trabajo era tolerable. Vivíamos la rigidez del viejo sistema. Las sentencias condenatorias como un vaso de agua no se le negaban a nadie. Tenían como sustento la fe pública y las actuaciones de buena fe del Ministerio Público. 

Me tocó defenderlo. Hablaba con dificultad el castellano. El zapoteco era su lengua materna. Cuando terminó de declarar lo interrogué sobre sus condiciones de vida: “Estudié hasta tercero de primaria. Tengo diez años viviendo en el cerro. Me dedico a sembrar maíz y frijol. Vivo con mi esposa y mi hijito. Allá arriba no hay nada para comer. Tenemos pobreza. Con lo de la mota apenas sobrevivimos.” Las lágrimas no quedaron registradas en las actas.

En su escritorio, el MPF estaba redactando un texto. Me acerqué y le pregunté qué hacía: 

—Estoy haciendo la fe ministerial del sembradío. De una vez para ir avanzando, mi lic. Mi término de 48 horas está transcurriendo y el tiempo apremia. Lo voy a consignar por siembra y cultivo y requiero la inspección del plantío.

—No puedes hacer la inspección sin ir al plantío. Tienes que subir el cerro. Y certificar las medidas del terreno y dar fe de las características del lugar. Y los rastros de las plantas.

—No es necesario ir. Tengo fe pública y mi palabra es la ley.

—De cualquier manera no te van a cuadrar tus tiempos porque son tres horas de viaje a Miahuatlán, dos horas para subir el cerro y una hora en el lugar. Requieres por lo menos diez horas. Has seguido actuando en esos horarios en la averiguación previa. En el juzgado voy a tumbar tu ficticia inspección ministerial, porque se te van a encimar los tiempos.

—Para que todo cuadre, le pondré en mi inspección que fui en helicóptero. 

—Pediré un informe a Aeronáutica Civil. Le dije. 

—Tú me quieres chingar —dijo sonriente— está bien, haré la inspección por la derecha. Mañana tempranito el MPF auxiliar se pelará para Miahuayork con policías y peritos y van a hacer la inspección en el lugar. Pero también tendrá que ir tú. Porque al rato me vas a salir con que la inspección no tiene valor probatorio porque no participó la defensa.

Por eso aquella mañana de junio de 2002 me encontraba en medio de la espesura. Subiendo por las veredas de un cerro. El vehículo se había quedado junto al río y de ahí para arriba. 1500 metros de ascenso. Sudoroso, renegaba de mi suerte cuando escuché las detonaciones. Pero yo tenía un propósito claro: incluir en la fe ministerial la pobreza en la que vivía aquel hombre. 

Pretendía demostrarle al juez que conocería del proceso, la miseria y el extremo atraso cultural (sic) del imputado. Por eso subí aquel cerro. Era necesario incluir en el acta de inspección la descripción de la pobreza y las fotografías del jacal donde malvivía aquel hombre.

El Código Penal Federal establece que al campesino que siembre marihuana se le impondrá de uno a seis años de prisión si en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica. Si no se acreditan estas circunstancias la pena se agrava a seis años y ocho meses. Con seis años y ocho meses de prisión la pena no puede ser sustituida y tendría que permanecer por lo menos la mitad de la pena en la cárcel.

Mi defendido había confesado: sembraba marihuana. Lo único que quedaba era demostrar desde ahora la necesidad económica y su escasa ilustración para que cuando el juez de proceso resolviera le impusiera en su sentencia solamente un año de prisión. 

Para demostrar la necesidad económica le formulé el interrogatorio sobre sus condiciones de vida. Aunado a la inspección de su jacal generaría la certeza de que concurría en él la escasa instrucción y la extrema necesidad económica. Si el juez le imponía la pena de un año de prisión saldría rápidamente de prisión porque se le aplicaría un beneficio sustitutivo.

Cuando el asunto llegó al juzgado, el juez federal tomó en cuenta los datos aportados en la fe ministerial. Le dictó el auto de formal prisión por la hipótesis más benigna de la siembra y cultivo. En tres meses obtuvo su libertad. Cuando salió de la cárcel su jacal estaba deshecho y su esposa e hijo se habían ido a Estados Unidos.

La Ley de Amnistía de AMLO, reconociendo la injusticia que subyace en casos como el aquí narrado, favorece a los campesinos que siembran estupefacientes y los amnistía por su delito.

Pero la sola libertad no basta. Es necesario que el Estado implemente acciones de gobierno y políticas públicas para mejorar la situación de los campesinos mexicanos que hoy ven en la siembra y cultivo de estupefacientes la única opción de supervivencia.

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