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Carlos Villalobos
Con el reciente descubrimiento de una “mina de criptomonedas” en San Luis Potosí en las instalaciones de un Conalep en el estado, se ha abierto una conversación muy interesante, el rol que las criptodivisas podrían tener en el país.
A pesar de que aún existe una investigación abierta por parte de las autoridades estatales, pero especialmente de la policía cibernética al respecto, la caja de pandora se ha abierto: ¿Deberían existir regulaciones en torno a las criptomonedas?, pero especialmente ¿podrían las autoridades aprovechar esta oportunidad?
Primero tendríamos que dejar en claro ¿Para qué sirven o con qué se comen las criptomonedas?; las también conocidas como las criptodivisas o cripto activos, es un medio digital de intercambio que busca tener la función de moneda, sin embargo, todo lo anterior cumpliendo una característica peculiar, todo tiene que dar de forma digital, utilizando métodos criptográficos para que las transacciones sean seguras y para poder controlar las unidades activas.
El nacimiento de esta “nueva moneda” se da para poder contar con una alternativa descentralizada, es decir que no son controladas por una empresa o servicio, o en el caso de las divisas nacionales, por entidades de gobierno o bancos centrales.
Aunque el bitcoin se ha posicionado como la criptodivisa más importante, ya existen diversas opciones como el ethereum o la Dogecoin (la cual nació a partir de un meme). Su valor es variable y tal como los bienes “normales” su precio depende de la especulación, dada la “facilidad” con la que se pueden conseguir, han ganado popularidad.
En el caso potosino, diversos medios de comunicación han afirmado, sin confirmación alguna, que lo que se llegó a minar fueron “saldos millonarios”, sin embargo, en la nota realizada por el medio Xataka México, sitio especializado de ciencia y tecnología, nos permitió ver que ni se estaban minando bitcoins, ni se tenían “ganancias millonarias”.
El principal problema al que se enfrenta hoy el Conalep de San Luis, es que los equipos contaban con software, hardware y configuración donde sí estaban acumulando ganancias, con material, mobiliario y recursos públicos para generar ganancias, lo cual fundaría el primer antecedente público de un evento así a nivel nacional.
Y justo ahí viene lo interesante: ¿Qué pasaría si entes públicos educativos que no cuentan con el respaldo institucional federal pudieran minar sus recursos y convertirse en polos de desarrollo en sus comunidades? Para este caso planteado, primero se tendría que delimitar y explicar el contexto.
Los sistemas educativos estatales, que no cuentan con financiamiento (o si cuentan con ello con límites extremadamente burdos) en ocasiones tienen que literalmente rogar por recursos a gobernadores y legisladores, para poder llevar a cabo la labor educativa en municipios de alta y muy alta marginación. Con esto tenemos el principal problema, la falta de recursos, la cual, si se construye con el andamiaje institucional necesario, podría colocar de nuevo a la escuela como un centro comunitario, que con sus propios centros de minería, pague servicios y pueda otorgar facilidades para que la escuela se convierta en un kiosko ciudadano.
Esta idea, por más atractiva que parezca, con la actual política de no apostar a la innovación, en los tres órdenes de gobierno parece extremadamente lejana.
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