Aurelio Ramos Méndez
El expresidente Enrique Peña Nieto debería estar en la cárcel debido a la densa corrupción en que chapalearon él, su familia y su gobierno; mas, con la información disponible hasta ahora, en modo alguno podría vestir el uniforme caqui de presidiario por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se necesita perversidad para suponer que la noche del 26 de septiembre de 2014 el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas o su subalterno, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tomaron el teléfono y les ordenaron a soldados desaparecer los jóvenes.
Valga esta conjetura ante el alud de interpretaciones malévolas desatado en los medios tras el encomiable ejercicio de transparencia realizado por el presidente López Obrador, mediante una minuciosa relatoría del caso.
La comentocracia habló de equiparación de la verdad histórica con las indagaciones de la 4T, de politización, afanes de carpetazo, protección presidencial al Ejército, desbroce del camino a Claudia Sheinbaum, liberación de criminales, acusaciones mentirosas de tortura, y otros desvaríos.
El grueso de opinadores puso oídos de artillero ante exhortaciones explícitas del presidente:
“Si abogados y asesores de padres de los normalistas tienen pruebas de que hay ocultamiento de información por la Sedena, que las presenten; si las encontraron, que las den a conocer”.
Desoyeron la reafirmación de que “vamos a seguir investigando” y eso de “estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir, dando a conocer lo que sucedió, castigando a los responsables; que no haya impunidad, y, lo más importante, no dejar de buscar a los jóvenes…”
Menos oyeron aquello de “no estoy quitándole responsabilidad a nadie…”, ni este vehemente llamado a la colaboración pública:
“Aprovecho para pedirles a quienes tengan información, a quienes participaron y están arrepentidos, decirles que es tan importante hacer justicia, encontrar a los jóvenes… Que hay los que se llaman ‘testigos protegidos’, criterios de oportunidad… (A) todos los que ayuden dándonos información, se los vamos a agradecer mucho.
“Que recuerden: el gobierno somos todos, todos pueden ayudar. Hay quienes participaron y están libres, saben lo que sucedió. Hay quienes están en la cárcel… Hay familiares… Mucha gente que nos puede ayudar”.
Eso dijo el presidente el martes 3, y si bien la resolución de los episodios de violencia debe ser producto de la capacidad investigativa del Estado, sorprende que los medios silenciaron la refrendación de compromisos y la convocatoria presidencial.
Dieron la impresión que no les interesa contribuir a solucionar el doloroso pasaje sino enmarañarlo, tornarlo irresoluble y usarlo para tundir al gobierno en pos de rentabilidad electoral.
Entre las derivaciones de la información expuesta por Amlo resaltó la demanda de exonerar al exprocurador Jesús Murillo Karam –pídanle perdón y libérenlo, escribió Carlos Marín, su más notable abogado mediático– y al prófugo Tomás Zerón de Lucio.
Destacó también el hallazgo por Sergio Sarmiento de una “asociación delictuosa” entre el Jefe del Estado, el procurador Alejandro Gertz y el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tramada en una junta interinstitucional –que el comentarista considera ilícita—, en Los Pinos.
Tripuló igualmente la tragedia el excolaborador de Carlos Salinas y de EPN y exlíder del 68, Gilberto Guevara Niebla. Acusó al de Macuspana de defender “represiones brutales, atroces” y le recriminó “absolverse” diciendo que “él no mata, pero justifica que otros maten”.
Quien la sacó del estadio en términos de volada periodística fue el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio.
En un texto azas confuso –que, no obstante, tuvo el mérito de develar intenciones de un sector de la oposición– buscó escalar hasta Peña y Cienfuegos la responsabilidad de la noche de Iguala.
Le atribuyó al mexiquense graves acciones y omisiones, todas punibles; pero, al final, las redujo a simple “responsabilidad política”.
Periodista de altos vuelos, desglosó lo que consideró “las galimatías” (sic) del presidente, quien estaría interesado en exculpar a su antecesor.
Se embrolló en una patente confusión conceptual, convencido de que la responsabilidad política se castiga con cárcel y quizá cadena perpetua, cuando –no es necesario ser politólogo para saberlo– merece apenas la separación del cargo –si es el caso—, y un leve tirón de orejas.
Riva Palacio concedió que el gobierno peñista no fue culpable directo de la desaparición ni se trató de un crimen de Estado, pero dijo que las averiguaciones de la 4T “están terminando con el perdón al expresidente, que no debía de ser”.
Recriminó que el tabasqueño habla de omisiones castrenses la noche de la tragedia, aunque la cosa fue mucho más grave, porque su gobierno “fue omiso durante meses”. Lo cual, de ser verdad, elevaría la omisión a la categoría de complicidad.
Hilarantemente autorreferencial, recordó que en noviembre de 2014 él publicó “los detalles de cómo el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, fue documentando los delitos criminales de las autoridades municipales y su colusión con Guerreros Unidos unos seis meses antes de la desaparición”, pero “Murillo Karam soslayó las peticiones de atracción”.
Y que en reuniones del Cisen “surgieron los nombres de militares y policías federales coludidos con los delincuentes, pero “no se hizo nada”.
Bueno, pues de estos presumibles graves delitos el columnista sólo tipificó “responsabilidad política”. Un enredo que moverían a risa, si no hablásemos de un episodio trágico.
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