Aurelio Ramos Méndez
El presidente López Obrador les asestó merecidos y certeros puyazos a los dueños de medios de comunicación –“los de mero arriba” — a quienes llamó caraduras y cretinos. ¡Bien hecho!
Sólo que ni una palabra dijo sobre si aparte de persistir en aguijonearlos asumirá su obligación institucional y democrática de instrumentar medidas para depurar, moralizar, transparentar y reconfigurar el periodismo.
¿Habrá reparado, en algún momento de su gestión, en la aseveración según la cual la prensa es pilar de toda democracia, y por consiguiente en su responsabilidad como jefe de Estado de propiciar el desarrollo de un cuarto poder libre, sano, independiente, poderoso, realmente útil a la sociedad?
Y, ¿qué planes tiene para evitar entrar en la historia como un gobernante si no de paso pusilánime porque a diario confronta una prensa rabiosamente pugnaz, sí como omiso en el uso de su poder para modificar el estado de cosas imperante en el sistema de medios?
Es extenso el menú de opciones para contribuir al saneamiento de la industria de la información, mediante acciones de gran calado, dignas de una genuina cuarta transformación histórica.
Se puede, por ejemplo, incidir en la modificación del régimen de propiedad de los medios, casi todos en manos de individuos, familias o grupos inmensamente ricos que de modo preferencial protegen su clase.
Las herramientas pueden ser tratamientos fiscales, laborales, comerciales y de diversa índole, favorables al impulso de cooperativas mediáticas.
Tal como en 1929 hizo Calles al poner Excelsior en manos de sus trabajadores, en una forma de propiedad con el tiempo adoptado por numerosas organizaciones periodísticas como La Prensa, El Día y Unomásuno.
No faltará quien diga que las cooperativas terminan pervirtiéndose para servir intereses particulares, convertidas unas en cooperativas “con dueño”, como con el paso del tiempo le ocurrió a Excelsior, o “espirituales”, como de Unomasuno dijo su detentador, Manuel Becerra Acosta.
Así y todo, se trata de positivas modalidades de asociación de trabajadores, cuyo funcionamiento la autoridad debe vigilar y controlar, no eliminar –como hizo el salinato– con el criterio de quien quita los semáforos porque hay quienes se pasan el alto.
Puede el menú, asimismo, incluir el otorgamiento de apoyos fiscales a un paquete de medios, convencionales y modernos, seleccionados vía procedimientos colegiados y con independencia de líneas editoriales o ideológicas.
O, mediante la masiva adquisición por el Estado de suscripciones de un catálogo plural de publicaciones, para ser entregadas en forma gratuita a jóvenes, conforme accedan a la mayoría de edad y con respeto a su elección.
Fórmula, esta última, aplicada en Francia en su momento por Nicolas Sarkozy, como estrategia para el rescate de un gremio periodístico a punto del naufragio debido a la irrupción de las nuevas tecnologías de la información.
A diez meses del final del sexenio parece perdida la esperanza de que Amlo pueda ensayar alguna imaginativa acción orientada a configurar una prensa distinta de la que encontró en 2018, en el cual, en efecto, dondequiera que se apriete brota pus.
A diario les recrimina a periodistas y directivos su ausencia de ética y objetividad, la manipulación, sesgos y corrupción; pero, la semana pasada, centró sus críticas en los propietarios de empresas de información.
De los concesionarios habló poco, cuidándose de que sus señalamientos pudieran revertírsele como búmeran, pues ¿no es el gobierno el responsable vigilar el cumplimiento de la ley por estos posesionarios?
El Presidente punzó a los empresarios, quienes por boca de ganso se quejan de ataques desde el poder; pero, vergonzosamente, han renunciado a su libertad de expresión.
No han tenido arrestos para defenderse de manera directa ni dignidad para dejar de sacarle el bulto al indispensable debate sobre el desempeño de sus corporaciones empresariales.
Durante cinco años han nadado de muertito, resistiendo las embestidas presidenciales, hasta el punto de que la credibilidad de sus medios ha quedado a nivel del piso. “Se les mojó la pólvora”, celebró el de Macuspana.
Cierto. Ante la crítica feroz y por sistema la gente ya sabe de dónde proviene y a qué se debe.
Juan Francisco Ealy Ortiz, Olegario Vázquez Raña, Alejandro Junco, Manuel Arroyo, Ricardo Salinas Pliego, Paquita Ramos de Vázquez y otros empresarios se han limitado a azuzar colaboradores y amanuenses, sin entrar ellos al debate público; el silencio como estrategia.
El presidente deploró que, con honrosas excepciones, se han lanzado en su contra todos los medios, y develó el porqué.
Dijo que en los últimos sexenios se creó “un grupo de interés muy poderoso, con muchos negocios al amparo del poder público, ya sea porque se quedaron con bienes que eran del pueblo, de la nación, o porque se quedaban también con buena parte del presupuesto nacional, dinero del pueblo”.
Explicó que el sistema de control de medios les costaba a los mexicanos “miles de millones de pesos, porque les tenían que dar contratos de obras: hospitales, reclusorios, carreteras, la construcción de aeropuertos…”.
Un medio de información –dijo– proveía influencia para que el gobierno les diera a los dueños todo lo que pedían, y aclaró que suele creerse que lo más grave era el ‘chayote’ entregado a periodistas, pero no. “¡Eso es una bicoca en comparación con lo que obtenían los dueños de las corporaciones mediáticas!”.
Detalló:
“Imagínense, si tengo una empresa, dos, tres, cuatro, un banco, y tengo que pagar dos, tres, cinco mil millones de pesos de impuestos y no los pago… ¿qué tiene que ver eso con un sobre, un embute de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil pesos mensuales?”.
Allá los empresarios si renuncian a defenderse de acusaciones tan graves y directas. El Presidente, empero, está ante la obligación de estimular una modificación del estado de cosas que denuncia.
Y, para hablar de un cambio de fondo, no cosmético, cabe preguntar si entre las eventuales acciones transformadoras se considera la conversión en cooperativa de TV Azteca, y si el Estado será tutelar de los derechos de trabajadores en litigios laborales con medios como Radio Centro, por sólo mencionar un caso.
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