Aurelio Ramos Méndez
El presidente López Obrador está ante una oportunidad de oro para demostrar su voluntad –hasta ahora muy discutible– de combatir la corrupción y contribuir al robustecimiento ético del periodismo, al grueso de cuyos integrantes ha confrontado de manera cotidiana a lo largo de cinco años.
El mandatario se halla ante el imperativo institucional de ordenar una investigación a fondo de los numerosos y gruesos delitos cometidos en el proceso de extinción de Notimex, denunciados en un artículo de dos entregas por la exdirectora de esa agencia de noticias, Sanjuana Martínez.
Delitos entre los cuales, debe decirse, no está –en ninguna parte de los textos de la denunciante se menciona– la estridente mentira que periodistas beneficiarios de dineros patentemente malhabidos han propalado por estos días:
Que el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, intentó extorsionar a Martínez, con objeto de que le entregase 20 por ciento de una bolsa inflada de 156 millones de pesos, destinada a liquidaciones laborales, para ser aportados a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.
La falacia fue inicialmente difundida no sólo con irresponsabilidad y ligereza sino con ostensible mala fe por unos cuantos medios y periodistas, de manera destacada el columnista de El Financiero Raymundo Riva Palacio, quien “voló” la nota sin esperar siquiera a conocer el segundo capítulo del relato.
El primer escrito de Sanjuana (La Jornada, 8 de enero) asienta que durante meses “Marath y su equipo” se negaron de modo reiterado a darles información –a ella y sus leales– sobre sus liquidaciones, hasta que finalmente “nos dijeron” –¿quién, el titular de la STPS, un miembro de su equipo, algún emisario?– que “teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum”.
A partir de esta grave pero vaga aseveración, en un alarde de precisión, idoneidad del emisor, verificación con otras fuentes, sentido de la oportunidad y otras nociones del canon periodístico, el columnista, maestro y autor de manuales sobre periodismo, escribió lo siguiente:
“Martínez no parece haberse dado cuenta de que reveló el financiamiento ilegal de la campaña presidencial, aportando evidencia para sostener que la elección de este año será de Estado”.
Señaló que “no es nada menor” lo que denunció la exdirectora como víctima y testigo de la extorsión “hecha por el secretario del Trabajo”.
Con su computador convertido en potente compresora, Riva Palacio le aplicó helio a su columna y la lanzó a la estratósfera:
“Se puede argumentar que si esto se dio en una secretaría, no hay ninguna razón para pensar que la recaudación ilegal de fondos para la campaña de Sheinbaum no sea una práctica extendida en toda la administración pública federal y en los estados gobernados por Morena”.
Si el autor de Estrictamente Personal hubiera procedido con responsabilidad y rigor profesional, y esperado el día siguiente para conocer la segunda parte de la reseña, se habría enterado de que la supuesta o real extorsión no corrió por cuenta del secretario ni algún subsecretario sino del director jurídico de la STPS, José Luis Sánchez Cuazitl.
Se habría enterado además de que la “extorsión” no fue planteada en forma directa a Sanjuana sino al director administrativo de Notimex, Carlos Peñaloza Martínez, funcionario de cuarto nivel en el organigrama gubernamental. Con lo cual se habría percatado de que su “volada” elevaba el chisme a la categoría de género periodístico.
En días subsecuentes, cuando ya estaban cual bolas de billar sobre la mesa todos los datos, creció la chismografía.
Periodistas que –por lo visto—ni siquiera leyeron el jornalero artículo, secundaron la volada y repitieron hasta la náusea la mendacidad: “El secretario del Trabajo” intentó extorsionar a Martínez y dineros ilegales ingresan a la campaña de Sheinbaum.
A varios de estos comunicadores –algunos frente a los cuales el paradigmático Carlos Denegri semeja un inocente parvulito– les sobró hipocresía y les faltó olfato periodístico.
Resultó equívoco y sospechoso que hablaran de dineros ilícitos algunos de quienes por años han recibido… dineros ilícitos. Que han obtenido por debajo de la mesa obvenciones, comisiones, aviadurías y suculentos contratos, públicos y privados.
O que han cobrado regios estipendios cubiertos con el producto de ilicitudes de sus patrones, dueños o concesionarios de los medios en que laboran.
El personaje más emblemático de esta pestilente realidad es Joaquín López Dóriga, quien en sus años mozos recibía su salario de manos del dueño de El Heraldo de México, Gabriel Alarcón, acusado de despojo, asesinato y otras lindezas.
Periodista que, posteriormente, cobraba su salario de manos de ese dechado de probidad que fue Emilio Azcárraga Milmo, hasta convertirse él mismo en acaudalado empresario mediático.
En una columna en Milenio López Dóriga afirmó que “el secretario del Trabajo” –¿en qué punto del texto de 3,400 palabras habrá leído tan directa imputación?– intentó extorsionar a Sanjuana.
En Reforma, bajo el título “Nido de corrupción”, Sergio Sarmiento también le adjudicó de modo directo a Marath el haberle pedido no al director administrativo de Notimex sino a Sanjuana dinero “para la campaña de Sheinbaum”. Cabe, por lo mismo, la siguiente reflexión:
Si el concesionario de TV Azteca e invasor de predios –aun detenta en Huatulco 82.5 hectáreas, campo de golf incluido, cuya concesión venció en 2022–, el despreciable Ricardo Salinas Pliego, le ha robado al fisco 41 mil millones de pesos, ¿será que con dinero robado sufraga los sueldos de Sarmiento, Javier Alatorre y otros empleados suyos que combaten al gobierno y defienden sus intereses?
Y, Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo, ¿se embuchacan dinero inmaculado o producto del talante delictivo del codueño de Latinus, Roberto Madrazo, traficante de influencias y junto con su parentela proveedor de medicamentos –a precios inflados– al sector salud?
Es extensa la lista de corsarios que al amparo de la libertad de expresión libran batallas contra el Estado para beneficio propio y de terceros, mas hay casos que rebasan todos los límites.
Riva Palacio, en su condición de director de El Independiente, ¿repararía alguna vez en el origen del dinero con que le pagaba su sueldo el empresario ladrón y expresidiario Carlos Ahumada?
¿O, cuando sus emolumentos en El Universal eran cubiertos por Juan Francisco Ealy Ortiz, apresado por fraude en 1996? ¿O ahora que recibe remuneraciones de beneficiarios de un crédito público por ¡100 millones de dólares!, que soñaron a fondo perdido?
La denuncia de Sanjuana tiene muchas y filosas aristas que el gobierno federal está en la obligación de investigar y sancionar ejemplarmente.
Asumir tal responsabilidad es imprescindible para una administración en la que sobran dedos de la mano para contar a los grandes corruptos tras las rejas.
Sanjuana ya adelantó que sus abogados presentarán pruebas. Qué bueno. Así se hace.
RESCOLDOS
Frente al auge de la inteligencia artificial, la estupidez real se defiende con todo. Lo demostró el panista, Marko Cortés. Difundió un acuerdo PRI-PAN en el que los hampones dirigentes de estos partidos se repartieron cargos de gobierno y hasta las vacantes de fontaneros en Coahuila. Y, no sólo bobo sino además necio, llamó transparencia a la imbecilidad…
De risa loca la ignorancia de Alito Moreno. Anunció que expulsará del PRI a las diputadas Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez, porque votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la CDMX. ¿Sabrá este gánster priista que constitucionalmente los diputados representan a sus electores, no a sus partidos?
Entretanto, el cínico, bravucón y corruptazo calderonista Javier Lozano Alarcón llamó “traidoras” a ambas legisladoras del PRI. Habló el león… Respaldó el anuncio de expulsión y exhibió una ignorancia del tamaño del Popocatépetl respecto a las cualidades constitucional de los representantes populares. Pobre.
aurelio.contrafuego@gmail.com
