Aurelio Ramos Méndez
Luis María Aguilar Morales, ministro de bolsillo del tercer hombre más rico de México, el connotado evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, banalizó con insultante frivolidad el debate público sobre la reforma judicial. Propuso elegir también mediante voto popular directo a los miembros del gabinete presidencial.
Se hubiera visto menos irresponsable este togado, de haber recomendado la integración con ciudadanos del común y mediante sorteo, de los poderes del Estado.
En modo alguno la selección aleatoria es una idea absurda o descabellada. Vigente en varios países, los expertos ubican su origen en la Grecia clásica. Y, de acuerdo con las experiencias conocidas, cualquier juez así escogido tendría mejor desempeño que… digamos, Aguilar Morales.
Asimismo, cualquier ciudadano raso ajeno al estamento de políticos profesionales, nombrado mediante el método científico de tin marín de do pingüé puede resultar mejor diputado o senador que –por ejemplo—Alejandro “Alito” Moreno, Marko Cortés, Manlio Fabio Beltrones, Ricardo Monreal o Beatriz Paredes.
Es comprensible que a quienes conforman la aristocracia judicial les parezca una aberración el que, tómbola de por medio o selección a pico por un pajarito de la suerte, el hombre de la calle pueda ser ministro, magistrado, juez o legislador.
Los actuales ministros se las dan mucho de lo que no son y los jueces por sorteo les parecen que carecen de experiencia, no cuentan con los títulos ni cartones académicos que se necesitan para el cumplimiento de sus tareas, ignoran los intríngulis y secretos de la administración pública, no entienden lo complejo del país. Sólo ello, ¿quién más?
Sin embargo, jurados populares, mesas de votación, asambleas sobre presupuesto participativo y autoridades por usos y costumbres prueban que los ciudadanos comunes, con los recursos necesarios que sí tienen los políticos profesionales, suelen ser serios, responsables, honestos y dedicados en su desempeño cívico, incontaminados por la política tal como se practica en nuestro medio.
A los poderes Judicial y Legislativo se accede ahora –a despecho de quienes combaten la reforma–, vía el clientelismo, el nepotismo, el influyentismo y toda suerte de maquinaciones y cochupos mal disfrazados de democracia y meritocracia.
Dígalo si no la frondosa parentela de ministros y magistrados que pueblan la Corte, los circuitos, tribunales, juzgados, salas, o quienes se apropiaron de candidaturas plurinominales en todos –todos—los partidos.
Con decir, a guisa de ejemplo, que en Morena hasta a la disposición estatutaria del sorteo la dirigencia le hace trampa.
En el proceso electoral aún en curso, de 120 lugares para aspirantes a diputados de representación proporcional 69 los reservó la cúpula –la Comisión Nacional de Elecciones– para amigos y recomendados, con lo que en ambos casos los sorteos dispuestos por los Estatutos quedaron en letra muerta.
Del PRI y el PAN, seamos serios, pasemos la hoja, pues Alito y Marko Cortés simbolizan la rapiña de candidaturas al Congreso.
En el caso específico del blanquiazul, partido en que los abogados forman el grupo dominante, huizacheros traficantes de influencias como Diego Fernández de Cevallos y otros tinterillos choznos de Gómez Morín han tenido por coto de caza, durante décadas, a la Corte y el Poder Judicial todo.
En este escenario de perversión institucional la chabacanería de Aguilar Morales resultó una puerilidad. O, peor, una burla inadmisible para los mexicanos.
Su propuesta –cual chiste de beodo impertinente—aterrizó en momentos en que nadie hablaba de universalizar la elección popular directa en la función pública.
La discusión versaba sobre elegir a los ministros, magistrados y jueces y darle una vigorosa sacudida al poder que ellos conforman, carcomido hasta el tuétano por la corrupción.
La guasa del ministro famoso porque zambucó un grueso expediente para ayudarle a Salinas Pliego a dejar de pagar impuestos por decenas de millones de pesos, tuvo la finalidad de trivializar la propuesta de reforma para evadir el debate.
Aguilar Morales le sacó el anca a la jeringa quizá porque ya se percató de que no hay modo de impedir la formación de una legítima mayoría calificada morenista, y por este camino aprobar las modificaciones constitucionales. “¡Sobrerrepresentación!”, alharaquea la pulverizada oposición.
No hay tal. El reparto de curules y escaños para pluris tendrá que hacerse como establecen la Constitución y las leyes: en función de los votos obtenidos por partido, no por las coaliciones como exigen los muy demócratas antagonistas de la 4T.
Por partido ha sido la distribución no sólo en los comicios del presente sexenio, sino desde la fundación del IFE, en 1990.
El Diario Oficial de la Federación publicó el 10 de septiembre de 2012 el acuerdo para la asignación de plurinominales de aquel año. Acuerdo validado bajo la presidencia del IFE no de un duro morenista sino del santo patrono de la oposición, Lorenzo Córdova Vianello.
El documento refiere que, desde su creación, en 1990, ese órgano electoral era el responsable de organizar las elecciones y de la asignación a los partidos –sí, a los partidos—de diputados de representación proporcional “como lo ha hecho en los procesos electorales federales de 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009”.
Hasta el año del acuerdo mencionado, en siete elecciones el reparto había sido a los partidos no a las coaliciones, y de entonces a la fecha el mismo criterio –por partido—fue aplicado en cuatro más: 2012, 2015, 2018 y 2021.
En 2014 el Congreso dominado por priistas y panistas realizó cambios a la legislación electoral, pero ambas bancadas no hubo mapache ni operador electoral que propusiera cambiar el sistema de distribución de plurinominales.
¿De dónde sacan ahora los quejumbrosos adversarios de la 4T la patraña de que la Constitución y las leyes ordenan repartir las curules y escaños no a los partidos sino a las coaliciones, si el criterio ahora objetado furiosamente ha regido desde antes incluso de la reforma electoral de 1996?
Por si todo esto no fuera suficiente, en 2008 el Congreso pripanista modificó la legislación para suprimir a las coaliciones de las fórmulas de reparto. ¿Cuál es la razón por la que ahora atacan una norma que ellos establecieron?
Para el proceso comicial todavía en curso fue aprobado por los representantes de los partidos en el INE un acuerdo de distribución según el cual el reparto de plurinominales debe hacerse a los partidos, no a coalición ninguna. ¿Se pueden cambiar las reglas a la mitad de la contienda para hacerlas a contentillo de sus objetores?
Lo dicho: Preferible sería integrar los Poderes del Estado con ciudadanos sin relación alguna con la clase política y seleccionarlos mediante el infalible sistema de zapatito blanco, zapatito azul…
RESCOLDOS
Que a nadie le extrañe si Joe Biden, a quien sus malquerientes tienen por anciano decrépito, se acerca por estos días al SUTERM. Lo haría para pedirle orientación y consejo al dirigente Víctor Fuentes del Villar, que tiene 90 años de edad y acaba de ganar otra elección para seguir al frente de ese sindicato, de 67 mil electricistas. Fuentes ya cumple veinte años como dirigente del SUTERM y su nuevo periodo terminará en 2031, cuando él tenga 96. ¡Felicidades a este chavalo apuntalado por el director de la CFE, Manuel Bartlett…
Por sus casas los conoceréis. En 300 millones de pesos está valuada una de las varias mansiones de Alito Moreno, un dirigente más bien mediocre pero cínico del moribundo PRI. Es cosa de imaginar las humildes moradas de los gallones de ese partido y de los mentores de Alito, entre estos José Murat Casab. A ese ladronazo campechano acuerpan nuestros más notables intelectuales, muchos opinadores de medios y dirigentes de la oposición…
aurelio.contrafuego@gmail.com
