Aurelio Ramos Méndez
En mayo de 2023 Tom Hanks les pidió a los alumnos, profesores, trabajadores y egresados de la Universidad de Harvard –donde hicieron estudios tres presidentes mexicanos y algunos miembros de nuestra élite intelectual– que fuesen “superhéroes en la defensa de la verdad”. Menos de un año y medio después la comunidad harvardiana se erigió campeona de la mentira y la estulticia.
Nada asimiló esa colectividad académica del conceptuoso discurso pronunciado entonces por el extraordinario actor, quien en tres películas ha representado a un profesor de esa casa de estudios y cuyo exhorto fue formulado como exaltación del lema –Veritas, verdad—de esa institución.
Una muestra representativa de la cofradía harvardiana intentó, el pasado 10 de octubre, a punta de risas estúpidas y de una ridícula supremacía en el campo del Derecho, mofarse de la reforma judicial mexicana, aprobada en un sistema de gobierno soberano, democrático, apuntalado por 36 millones de ciudadanos, el 59.75 de quienes sufragaron.
Tal muestra fue reunida en un foro en la Escuela de Derecho, la cual, a decir de un periodista de obeso ego, ocupa –¡uy, nanita!—“el primer lugar en el ranking de facultades de derecho en Estados Unidos”.
La muy informada y culta audiencia estalló en risas al escuchar la versión del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre la reforma, sin reparar en que el conferenciante es resentida parte interesada en el tema de su exposición.
Los dichos del jurisconsulto debieron haber sido tomados con reservas. Como los de un marido cornúpeta que no es el más idóneo para ensalzar los méritos del amante de su mujer.
Conflicto de intereses políticos, económicos, laborales y académicos aparte, Gutiérrez le explicó de manera pormenorizada ¡a un auditorio de juristas estadunidenses!, la manera como, copiando el modelo gringo, serán electos nuestros jueces, magistrados y ministros. Fue algo así como tratar de enseñarle a McDonals a preparar una Big Mac.
La elección de juzgadores mediante voto popular directo es ampliamente conocida en Estados Unidos, por más que nuestros togados y la comentocracia pretenden hacer creer lo contrario, y establecer una diferencia absurda con el argumento de que el mecanismo allá rige para juez estatales, no federales como acá.
Ocultan que las competencias entre ambas categorías, federal y estatales, son similares. Y que existe un apartado de asuntos comunes, susceptibles de ser conocidos de manera indistinta, en una u otra jurisdicción.
La Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos refiere que federales y estatales atienden por igual delitos punibles por las leyes de uno y otro ámbito, lo mismo que asuntos constitucionales federales y ciertos reclamos de derechos civiles; demandas colectivas, normas ambientales, disputas relacionadas con leyes federales…
Los impugnadores de la reforma, no obstante, se empeñan en sentar la idea de que los jueces estatales no atienden altos asuntos de Estado sino chismes de vecindad y pleitos menores como el robo de una gallina.
O, sólo materias que no involucran aspectos de verdad importantes, trascendentes, patrimoniales o vitales, de las personas. Mienten.
Unos y otros jueces tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución federal. Los estatales también cuentan con atribuciones para invalidar leyes que consideren contrarias al espíritu de la Constitución federal.
Frente a estas similitudes, en honor a la verdad, en la atmósfera del campus donde se pasearon Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Felipe Calderón se instaló la duda de si los presentes se rieron como bobos de un procedimiento de elección que ocurre en sus narices, en la mayoría de los estados norteamericanos y ahora ocurrirá en México…
O, si se descostillaron de la risa ante las mentiras de Gutiérrez y las tonterías, perversidades y patrañas de la oposición mexicana, en especial de nuestros líderes de opinión, que atizan discusiones bizantinas a punta de babosadas.
Como esa de negar la preeminencia jurídica, democrática, universalmente reconocida del Legislativo en la elaboración de leyes y modificaciones a la Constitución, al punto de haber inducido al oficialismo afianzar tal concepto en la Carta Fundamental y así alegar que se ha roto el equilibrio de poderes.
Sostienen que el presente gobierno carece de facultades para impulsar reformas de gran calado… los mismos que aplaudieron hasta dolerles la mano las reformas estructurales impulsadas, junto con otros, por los tres mandatarios harvardianos, quienes modificaron la Carta Magna hasta hacerla irreconocible.
¿Cómo se elige a los jueces estatales de EU? Lo detalla un despacho la agencia AFP:
Mediante una amplia gama de procedimientos. En 14 entidades, en elecciones no partidistas; es decir, elegidos por el pueblo en una boleta sin etiqueta que identifique su filiación partidista.
En otros siete estados, en elecciones partidistas, mediante voto popular, con una boleta que sí muestra la filiación de partido.
En 27 estados la decisión recae en los gobernadores, aunque en algunos se debe tener la confirmación de otros órganos políticos locales. Y en dos estados, son nombrados por las legislaturas estatales.
En total –dice AFP– son 38 estados los que utilizan alguna forma de elección para designar o mantener en el cargo a los jueces del tribunal superior.
En el escuadrón de mentirosos periodistas que niegan las similitudes en la elección de enjuiciadores en México y EU, hay de todo:
Desembozados progringos, farsantes que bogan de progresistas en el extranjero y en México son de ultraderecha, y hasta un compadre de Calderón que no se ha sentido en la obligación ética de explicar los motivos de su constante y ardorosa defensa al jefe de Genaro García Luna, y al propio GGL, su proveedor de información privilegiada… para servirle a la delincuencia.
Personajes de esta ralea han desatado una fortísima andanada de descrédito y golpeteo, en su intento de tomarle la medida y debilitar a la Presidenta Sheinbaum.
La tienen por una ingenua incapaz de percatarse de que “la están llevando a cometer una ilegalidad y una traición a la patria, y que sólo ella terminará pagando los costos de sus extralimitaciones”.
Afirman, sin más pruebas que sus autorreferenciales y delirantes especulaciones, que por presiones de López Obrador “ha perdido la narrativa” y se ha convertido en una réplica discursiva de su antecesor.
Son legión los comunicadores que incluso celebraron el intento de mofa y repudiaron la dura, obligada y justa recriminación de la Presidenta Sheinbaum a las insolentes risas en Harvard.
Deplorable pretensión de burla por cuenta de integrantes de una comunidad a la cual el pobre Tom Hanks también les pidió, con patente desatino, “que se resistan ante quienes tergiversan la verdad en su beneficio”.
BRASAS
El secuestro y expatriación de Ismael El Mayo Zambada y el aparente choque entre la banda de este capo y los mafiosos herederos de Joaquín El Chapo Guzmán, desde luego han recrudecido la violencia en el mundo de la delincuencia. Pero el empleo de carros-bomba delata la intervención de otras aviesas manos de la narcopolítica.
De cara a estos indicios, es pertinente recordar que si bien el narco infestó la política nacional hace más de medio siglo, este fenómeno fue potenciado a partir de 1988 desde la Presidencia de la República por el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari.
Durante el gobierno de López Obrador fue notorio el uso de este problema y su manipulación informativa por la oposición para tratar de establecer una relación de complicidad entre los cárteles y el Jefe del Estado.
La infame patraña se hizo ostensible en el último tramo de la administración, cuando periodistas del salinato incluso se trasladaron a los epicentros del narco, de Miami a Colombia pasando por Sinaloa, para sembrar mediante crónicas y reportajes la falacia de que el narco y Amlo eran la misma cosa.
En el arranque del gobierno de la primera mujer en la Presidencia la maniobra se ha avivado, mediante la ruindad de usar el caso Zambada y la barbarie sinaloense para imputarles complicidad a Amlo y Claudia.
Está por verse si existe vinculación intrínseca entre lo que sucede en la tierra de los once ríos y los carros-bomba de Guanajuato; si se trata de exacerbación de la violencia por otros grupos delictivos o de una estrategia de la narcopolítica de tufo salinista o de la dupla Calderón-García Luna.
En todo caso y por espantosos que sean los saldos, se debe evitar la tipificación de terrorismo, que no lo es y tildarlo como tal equivaldría a centrarle el balón al gobierno gringo, deseoso de aplicar sus leyes de maneta extraterritorial, promover sanciones económicas y comerciales y hasta intervenir de manera abierta en nuestro país.
RESCOLDOS
En el Ejecutivo deshojan la margarita para decidir si investigar o no a Felipe Calderón; pero, en la cámara baja, ya se busca expulsar, vía juicio político, a Margarita Zavala. Que bueno. A falta de sanción jurídica al socio de García Luna tiene que imponerse al menos una sanción política. La cual pasa por limpiar el calderonato de la escena pública. Es obvio que Felipe y Margarita tienen ronchas del mismo bicho. Y es asimismo imperioso cerrarles las puertas o echar a escobazos a los Gil Zuarth, Lozano, Cordero y otras alimañas de la política…
Los Claudio X. ya comenzaron su juego del policía bueno y el policía malo. El papá, González Laporte, ha llegado a la ignominia con tal de acercarse a la presidenta de la República. Y el hijo, González Guajardo, intensificó su embestida en contra de la mandataria. La llamó autoritaria, inepta e insensata. Ella fue deferente con el papá y al nene lo etiquetó de “junior tóxico”. Error. Los X. buscan lo mismo. Más que la consanguinidad los une el interés común de hacer negocios al amparo del poder público…
aurelio.contrafuego@gmail.com
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