Aurelio Ramos Méndez
Distraídos en los preparativos de la llegada del Niño Dios, las posadas, los villancicos y el arbolito, o en las vacaciones, el grueso de los ciudadanos no se ha percatado del peligro: una caterva de políticos está abocada a idear maniobras para tramitar con éxito, a partir de enero, el registro oficial de turbios negocios denominados partidos políticos, verdaderos apiarios de la corrupción y la violencia.
La Operación Enjambre, primera redada de funcionarios coludidos con la delincuencia y señal de que en el presente gobierno federal la deshonestidad no será tolerada, ha encaminado a la cárcel una turba de munícipes mafiosos y desnudado la cobertura de los partidos a causantes de la barbarie que desangra el país.
En el primer minuto de 2025 iniciará por mandato de ley el plazo para que los ciudadanos interesados en constituirse en partido informen de ello a las autoridades del INE, con lo cual iniciarán las gestiones para tener derecho de contender en los comicios federales intermedios de 2027.
Y, en últimas y a partir de su desempeño en las urnas, tener acceso al descomunal presupuesto –no nos digamos mentiras, es el principal objetivo– destinado a financiar nuestra democracia, según especialistas en asuntos electorales la más cara del mundo.
Conviene, en semejante tesitura, exigirles a los consejeros, funcionarios y magistrados electorales el mayor rigor en el cumplimiento de sus obligaciones, y desear con fervor y las doce uvas del Año Nuevo que así sea.
A estos servidores públicos les corresponderá atajar no sólo francos delincuentes sino también a los zánganos del erario y políticos marcados por el desprestigio, o integrantes de clanes enquistados en el servicio público y la política que ya dieron la medida de su incompetencia e improbidad.
Será imperioso revisar con lupa documentos básicos –declaraciones de principios, estatutos, programas de acción—, monitorear la realización de asambleas genuinamente democráticas, cotejar padrones y, sobre todo, validar el origen lícito del dinero, auténtica misión imposible.
¿Cómo determinar la licitud de los recursos, si el dinero carece de color y olor, es sólo dinero?
¿Cómo, si se desconoce si sus aportantes los obtuvieron de manera honesta o si son producto de la evasión de impuestos, la especulación financiera, el contubernio para el encarecimiento artificial de productos básicos, el control monopólico de mercados, o de despojos y peculados cuando no la extorsión, el secuestro o el tráfico de drogas, influencias, armas o migrantes?
La delincuencia anidó en la política y el servicio público, mientras las autoridades, en particular del ámbito electoral, dormían plácidamente u ocupaban el tiempo en grillas y cochupos, como hicieron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Maniqueísmo y estridencia opositora aparte, la Operación Enjambre en marcha en el Estado de México, así como episodios de violencia en San Luis Potosí y otras entidades, prueban que el crimen ha experimentado una rápida enjambrazón, la formación de nuevas colmenas.
Los delincuentes ahora están infiltrados no únicamente en el gobierno, el partido en el poder y la totalidad de arco partidista, el PRI, PAN, PVEM y MC, sino que se esconden como en un enorme colmenar en la estructura institucional de los tres órdenes de gobierno. Un escándalo por estos días prueba el aserto.
El 15 de diciembre fue asesinado en San Luis Potosí, sobre la autopista Ciudad Valles-Tamazunchale, el alcalde (Morena) de Tancanhuitz, Jesús Eduardo Franco Lárraga. Crimen que involucra a panistas, priistas, morenistas y ecologistas.
Este episodio demuestra la indolencia de las autoridades del INE, que durante lustros han consentido no sólo la desvinculación y nula responsabilidad de los partidos con respecto a los personajes que llevan al poder, sino la descarada postulación de curtidos delincuentes.
A sólo unas horas del asesinato de Franco Lárraga fue detenido Manuel Aguilar Acuña, El Kippi, quien de 2009 a 2012 –cuando era líder nacional del panismo el michoacano Germán Martínez Cázares, alfil de Felipe Calderón, sucedido por el también michoacano y exsecretario particular de Calderón, César Nava– fue alcalde por el PAN, arrestado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Tal presunción, no obstante, en 2015 –bajo el liderazgo panista de Ricardo Anaya, a quien sucedió Gustavo Madero– El Kippi se convirtió en diputado local del blanquiazul y en su gestión fue detenido con un arsenal de 445 cartuchos calibre 223, usados para rifles AK47 y R15. Se dijo inocente y sin más recuperó su libertad.
En las elecciones de 2021, ya con Marko Cortés en la dirigencia, el PAN de nuevo postuló a El Kippi a la alcaldía. Fue derrotado por Gustavo Contreras Medina, en cuya administración –debe decirse– nadie perturbó la tranquilidad del panal Aguilar Acuña.
Prueba de que la delincuencia está en todas partes no sólo en Morena, por el homicidio de Franco Lárraga también fue detenido José Guadalupe Aguilar Acuña, Pepelupe, hermano de El Kippi, en cuya casa las autoridades hallaron armas y un leopardo enjaulado.
Caciques inextirpables como cáncer del poder, al igual que El Kippi Pepelupe fue alcalde de Tancanhuitz (2012-2015), en su caso por el PRI, y su pareja, Limbania Martell Espinosa, es regidora por Morena en la capital potosina, mientras que el hijo de ambos, Alejandro Aguilar, está prófugo acusado junto con su padre y su tío del asesinato del munícipe morenista.
Tiene sentido, a la luz de este podridero, preguntarse cuántos casos similares a los de Tancanhuitz existen en nuestro país.
Cómo explican las autoridades electorales la impunidad de políticos-delincuentes y la postulación de estos por los partidos.
Si en tiempos de la 4T seguirá siendo más difícil poner un puesto de chicles que registrar una asociación delictuosa con parapeto de partido.
Y, si en enero veremos a los políticos de siempre, a los amigos de Calderón, Zavala y García Luna, los Chuchos Zambrano y Ortega, los Acosta Naranjo, Ruiz Massieu y una punta de vividores de la política notificándoles a las autoridades su interés seguir en las mismas.
O, peor, si como siempre el enjambre de políticos hampones y sinvergüenzas –alcaldes, regidores, diputados, senadores, gobernadores—recuperará su libertad en los tribunales.
Porque en tal hipótesis, ni el Niño Dios podrá ayudarnos.
RESCOLDOS
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¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a los remotos lectores de esta columna!
aurelio.contrafuego@gmail.com
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