+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

CONTRAFUEGO || Partidos, abejeras de mafiosos

Date:

Aurelio Ramos Méndez

Distraídos en los preparativos de la llegada del Niño Dios, las posadas, los villancicos y el arbolito, o en las vacaciones, el grueso de los ciudadanos no se ha percatado del peligro: una caterva de políticos está abocada a idear maniobras para tramitar con éxito, a partir de enero, el registro oficial de turbios negocios denominados partidos políticos, verdaderos apiarios de la corrupción y la violencia.

La Operación Enjambre, primera redada de funcionarios coludidos con la delincuencia y señal de que en el presente gobierno federal la deshonestidad no será tolerada, ha encaminado a la cárcel una turba de munícipes mafiosos y desnudado la cobertura de los partidos a causantes de la barbarie que desangra el país.

En el primer minuto de 2025 iniciará por mandato de ley el plazo para que los ciudadanos interesados en constituirse en partido informen de ello a las autoridades del INE, con lo cual iniciarán las gestiones para tener derecho de contender en los comicios federales intermedios de 2027.

Y, en últimas y a partir de su desempeño en las urnas, tener acceso al descomunal presupuesto –no nos digamos mentiras, es el principal objetivo– destinado a financiar nuestra democracia, según especialistas en asuntos electorales la más cara del mundo.

Conviene, en semejante tesitura, exigirles a los consejeros, funcionarios y magistrados electorales el mayor rigor en el cumplimiento de sus obligaciones, y desear con fervor y las doce uvas del Año Nuevo que así sea.

A estos servidores públicos les corresponderá atajar no sólo francos delincuentes sino también a los zánganos del erario y políticos marcados por el desprestigio, o integrantes de clanes enquistados en el servicio público y la política que ya dieron la medida de su incompetencia e improbidad. 

Será imperioso revisar con lupa documentos básicos –declaraciones de principios, estatutos, programas de acción—, monitorear la realización de asambleas genuinamente democráticas, cotejar padrones y, sobre todo, validar el origen lícito del dinero, auténtica misión imposible.

¿Cómo determinar la licitud de los recursos, si el dinero carece de color y olor, es sólo dinero? 

¿Cómo, si se desconoce si sus aportantes los obtuvieron de manera honesta o si son producto de la evasión de impuestos, la especulación financiera, el contubernio para el encarecimiento artificial de productos básicos, el control monopólico de mercados, o de despojos y peculados cuando no la extorsión, el secuestro o el tráfico de drogas, influencias, armas o migrantes?

La delincuencia anidó en la política y el servicio público, mientras las autoridades, en particular del ámbito electoral, dormían plácidamente u ocupaban el tiempo en grillas y cochupos, como hicieron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Maniqueísmo y estridencia opositora aparte, la Operación Enjambre en marcha en el Estado de México, así como episodios de violencia en San Luis Potosí y otras entidades, prueban que el crimen ha experimentado una rápida enjambrazón, la formación de nuevas colmenas.

Los delincuentes ahora están infiltrados no únicamente en el gobierno, el partido en el poder y la totalidad de arco partidista, el PRI, PAN, PVEM y MC, sino que se esconden como en un enorme colmenar en la estructura institucional de los tres órdenes de gobierno. Un escándalo por estos días prueba el aserto.

El 15 de diciembre fue asesinado en San Luis Potosí, sobre la autopista Ciudad Valles-Tamazunchale, el alcalde (Morena) de Tancanhuitz, Jesús Eduardo Franco Lárraga. Crimen que involucra a panistas, priistas, morenistas y ecologistas. 

Este episodio demuestra la indolencia de las autoridades del INE, que durante lustros han consentido no sólo la desvinculación y nula responsabilidad de los partidos con respecto a los personajes que llevan al poder, sino la descarada postulación de curtidos delincuentes.

A sólo unas horas del asesinato de Franco Lárraga fue detenido Manuel Aguilar Acuña, El Kippi, quien de 2009 a 2012 –cuando era líder nacional del panismo el michoacano Germán Martínez Cázares, alfil de Felipe Calderón, sucedido por el también michoacano y exsecretario particular de Calderón, César Nava– fue alcalde por el PAN, arrestado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Tal presunción, no obstante, en 2015 –bajo el liderazgo panista de Ricardo Anaya, a quien sucedió Gustavo Madero– El Kippi se convirtió en diputado local del blanquiazul y en su gestión fue detenido con un arsenal de 445 cartuchos calibre 223, usados para rifles AK47 y R15. Se dijo inocente y sin más recuperó su libertad.

En las elecciones de 2021, ya con Marko Cortés en la dirigencia, el PAN de nuevo postuló a El Kippi a la alcaldía. Fue derrotado por Gustavo Contreras Medina, en cuya administración –debe decirse– nadie perturbó la tranquilidad del panal Aguilar Acuña. 

Prueba de que la delincuencia está en todas partes no sólo en Morena, por el homicidio de Franco Lárraga también fue detenido José Guadalupe Aguilar Acuña, Pepelupe, hermano de El Kippi, en cuya casa las autoridades hallaron armas y un leopardo enjaulado.

Caciques inextirpables como cáncer del poder, al igual que El Kippi Pepelupe fue alcalde de Tancanhuitz (2012-2015), en su caso por el PRI, y su pareja, Limbania Martell Espinosa, es regidora por Morena en la capital potosina, mientras que el hijo de ambos, Alejandro Aguilar, está prófugo acusado junto con su padre y su tío del asesinato del munícipe morenista.

Tiene sentido, a la luz de este podridero, preguntarse cuántos casos similares a los de Tancanhuitz existen en nuestro país. 

Cómo explican las autoridades electorales la impunidad de políticos-delincuentes y la postulación de estos por los partidos.

Si en tiempos de la 4T seguirá siendo más difícil poner un puesto de chicles que registrar una asociación delictuosa con parapeto de partido.

Y, si en enero veremos a los políticos de siempre, a los amigos de Calderón, Zavala y García Luna, los Chuchos Zambrano y Ortega, los Acosta Naranjo, Ruiz Massieu y una punta de vividores de la política notificándoles a las autoridades su interés seguir en las mismas.

O, peor, si como siempre el enjambre de políticos hampones y sinvergüenzas –alcaldes, regidores, diputados, senadores, gobernadores—recuperará su libertad en los tribunales.

Porque en tal hipótesis, ni el Niño Dios podrá ayudarnos. 

RESCOLDOS

¿Quién le teme a Donald Trump? El presidente electo de Estados Unidos amenazó con imponerles aranceles a los 28 países de la Unión Europea. ¿La causa? Un déficit comercial gringo de 209 mil millones de dólares. La advertencia busca obligar a la UE elevar sus importaciones de combustibles de EU. Pero dibujó a un Trump más bien desquiciado, en pie de guerra contra el mundo; de China y Canadá a México y Europa toda…

Ver para creer. En el PAN se inició el proceso de reforma estatutaria tendiente a fortalecer este partido. Arrancó con una linda y memorable estampa: los jefes del Cartel Inmobiliario en el presídium. “Somos el PAN, siempre por la defensa de México”, expresó el dirigente Jorge Romero…

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a los remotos lectores de esta columna!

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

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