Aurelio Ramos Méndez
El hallazgo de un narcocampo de concentración y exterminio de personas, provisto de hornos crematorios, en Jalisco, y la presunción de existencia de muchos más, ha desatado entre la clase política y gobernante –incluido el hervidero de la comentocracia– una deplorable, repugnante ola de hipocresía, amnesia, complicidades, oportunismo y desconexión de la realidad.
Con el descubrimiento –no por las autoridades sino por ciudadanos– del Izaguirre Ranch, en Teuchitlán, donde habrían sido asesinadas unas 200 personas, algunos de esos señores se dijeron “horrorizados” e “indignados” por las “monstruosidades” allí cometidas.
¡Hasta hubo un columnista farsesco y culebrero que consideró la espeluznante localización como “un atisbo de esperanza”, porque, ahora sí, este episodio llevará la sociedad a gritar “¡basta ya!” de tanta violencia!
Hablamos de políticos, funcionarios, exfuncionarios y opinadores que vociferan y echan espumarajos mientras ocultan la parte de responsabilidad que les corresponde en la tragedia.
Personajes a quienes, ante su estupefacción, resulta inevitable preguntarles en que planeta han vivido las últimas cuatro décadas.
Durante al menos cuarenta años la barbarie se ha enseñoreado en nuestro país, protagonizada por cárteles de las drogas, y en largos períodos, como el calderonato, consentida, alentada o ejecutada por el Estado; con las fuerzas armadas –¡qué abrazos, mejor balazos!– como un agente activo más en las hostilidades.
La violencia atroz ha sido igualmente manipulada, silenciada o magnificada –según las conveniencias—desde el periodismo por el grueso de propietarios, concesionarios, directivos y comentaristas de los principales medios.
Da grima por ello el maniqueísmo con que ahora alharaquean, lamentando la atmósfera de espanto de los hornos crematorios, que muchos de ellos indirectamente contribuyeron a edificar.
Clima de terror que persistirá mientras persistan inalterables los factores que lo propician, en primer lugar el poder del narco, principal usufructuario de la absurda y tozuda ilegalidad de las drogas.
Valga mencionar sólo algunos de los episodios de violencia más traumáticos que ha experimentado nuestro país.
Resalta el de 1985, cuando ocurrió el secuestro y asesinato del policía de la DEA Enrique Camarena, elevado a la categoría de héroe por su gobierno; pero, en los hechos, un narco más en su condición de infiltrado en la banda de Caro Quintero.
Presionado por el gobierno gringo, el gobierno mexicano ordenó la búsqueda del paradelincuente Camarena, con el resultado de que policías mexicanos masacraron a cinco integrantes de una familia en la finca El Mareño, en Michoacán.
Deplorable remanente de aquellos hechos –valga la digresión– ha sido la calumnia en contra del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, político nacionalista a carta cabal, dizque copartícipe en el asesinato del narcogendarme de la DEA.
Acusación ésta que el gobierno de la principal potencia mundial ¡no ha podido probarla en cuatro décadas! por la sencilla razón de que es una patraña.
De ser culpable, Bartlett merecería estar consumiéndose en un penal de alta seguridad. Mas, si nada le ha sido comprobado en casi medio siglo, ¿no es razonable exigir que nuestro gobierno, como debe ser, defienda un ciudadano mexicano y le pida a su contraparte estadunidense dejarlo de una buena vez en paz?
Muchos de quienes ahora hacen aspavientos son los mismos que han contribuido por años a anestesiar la sociedad hasta dejarla catatónica, en un ambiente de entera normalización de la violencia.
¿Capituló en su ética periodística la alianza de medios que durante el calderonato acordó abstenerse de publicar información sobre la guerra contra el narco, en particular los narcomensajes?
¿Acató sin chistar el gremio periodístico las modificaciones legales para resguardar, dizque por respeto a los derechos humanos, la identidad de presuntos delincuentes, impidiendo la difusión de los nombres e imágenes de estos en los medios?
¿Ha sido atinada y útil autocensura la aplicación generalizada del criterio academicista que recomienda no publicar con exhaustividad las narcosalvajadas –descuartizados, decapitados, colgados, disueltos en ácido, enterrados vivos— con objeto de que nada perturbe la tranquilidad de las audiencias?
El grueso de los medios ha maquillado la realidad, cuando lo procedente tendría que haber sido sacudir a la sociedad, tratar de hacerla tomar conciencia mostrándole, como en un espejo, la brutalidad de los hechos.
No caben ahora quejas porque la población está adormecida y acabó por considerar la violencia como algo ajeno, lejano, cuando es pan de todos los días.
El concesionario de TV-Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por medio de su colaboradora Adriana Delgado, les prohibió por años a sus periodistas hablar en la tele de la insensata guerra antinarco.
Se entiende que así haya sido. En 1993 el narcotraficante Raúl Salinas de Gortari –así lo catalogó el gobierno de Suiza– le prestó, sin documento alguno de por medio, por puro crédito a la palabra, la bicoca de 29.8 millones de dólares para adquirir Imevisión.
Son legión quienes se dicen horrorizados por la sangre que rezuman los hornos crematorios. Héctor Aguilar Camín, Ciro Gómez Leyva, Loret, Joaquín, Marín, Héctor de Mauleón, Jorge Castañeda…
Y los panistas Jorge Romero y Germán Martínez Cázares, el inefable Alito, Emilio Alvarez Icaza, Sergio Sarmiento y muchos, muchos más…
Renglón aparte merece el columnista Raymundo Riva Palacio, quien la semana pasada reconoció que mantuvo relaciones “profesionales” con Genaro García Luna. Algo que hasta el menos perspicaz de sus lectores ha percibido en sus textos de cínica defensa del exfuncionario mafioso, confinado ahora en una celda de castigo, con aislamiento extremo, en un penal de Virginia.
En la trayectoria laboral del autor de Estrictamente Personal resaltan sus servicios –¡que vocación!– a prominentes generadores de violencia, como se denomina a los capos en la jerga policiaca. El extitular de la SSP, Carlos y Raúl Salinas, Carlos Ahumada, Juan Francisco Ealy Ortiz, entre varios más.
En los meandros de la manipulación mediática fueron sesgados o acallados en estos años episodios estremecedores.
Desde el asesinato del tristemente célebre Cochiloco, Manuel Salcido Uzeta, en calles de Guadalajara, en 1991, hasta el macabro lanzamiento de cinco cabezas humanas a la pista de baile del antro michoacano Sol y Sombra, en 2006.
Y del ataque a balazos a unos 60 estudiantes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, con saldo de 16 muertos, en enero de 2010, a la masacre de 72 migrantes fusilados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de ese mismo año, 2010.
O, del incendio provocado al Casino Royal, en Monterrey, con saldo de 52 muertos, en agosto de 2011, al enfrentamiento de la Policía Federal con delincuentes en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, que dejó 43 muertos, en mayo de 2015.
¿Qué puede llevar entonces a pensar que el caso Teuchitlán marca un punto de quiebre y que la violencia entrará por fin en declive? ¡Fariseísmo puro!
BRASAS
Levantó polvo el aplazamiento hasta 2030 de la reforma constitucional que impide la relección y el nepotismo. Por mucho que irrite, así tuvo que hacerse en aras de la buena técnica legislativa.
Por principio, ninguna modificación normativa –lo saben legisladores veteranos de todos los partidos– puede ser confeccionada con destinatario incluido. Menos si es para favorecer o perjudicar a quien o quienes inician la reforma.
En las cámaras del Congreso se dice y repite que “en buena técnica legislativa” debe establecerse un periodo de gracia para que la ley resulte lo más general posible.
¿Esperaban los objetores del cambio en cuestión que los Salgado Macedonio, los Monreal, Ruth Salgado y otros legisladores cuyos clanes familiares están enchufados a la política se ahorcasen solos?
Estamos ante una típica tormenta en vaso de agua, agitada por la grilla, la polarización y el odio.
Si la ley lleva la prohibición hasta 2030, ¿impide esto que los partidos, el INE, el tribunal electoral y otras instancias hagan lo que se debe para impedir que parentelas acaparen los puestos de elección popular?
¿Se necesita que el impedimento esté plasmado en la ley para que los políticos tomen la iniciativa de moralizar su actividad y atajar a los Murat, Beltrones, Cabeza de Vaca y otros parásitos perfumados?
Frenar el nepotismo es algo que, con ley o sin ley, debe hacerse de inmediato con las herramientas de la política, en los procesos electorales locales más cercanos y en el federal de 2027. ¿Quién dice que no se puede?
RESCOLDOS
¡Asomó la oreja el burro! El patán megaevasor de impuestos y socio de narcos, Ricardo Salinas Pliego, apresura –chasqueándoles los dedos– a los ministros de la Corte, con la finalidad de que resuelvan ¡ya! Una pila de amparos a su favor. Busca evitar tener que vérselas con una Corte por elección, menos condescendiente. Intenta evitar pagarle al Estado ¡63 mil millones de pesos! Esto explica por qué llegó a la barbajanería de llamar “burra” a la ministra Lenia Batres…
¡Viva la ejemplar democracia gringa! Donald Trump promoviendo sin ningún prurito ético, desde el más alto cargo del Estado, negocios privados. Ya tiene un auto Tesla comprado a su socio y empleado Elon Musk. Tal como en Argentina Javier Milei emplea el poder del Estado para maquinar megaestafas por comisión con criptomonedas y publicitar escuelas particulares. ¡Réquiem por la noción de la responsabilidad pública!
aurelio.contrafuego@gmail.com
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