Aurelio Ramos Méndez
Si el Congreso de la Unión sirve entre poco y nada quizá lo más conveniente para el país sea disolverlo, en aras de la austeridad republicana, y los ingentes recursos que absorbe destinarlos a la atención de los problemas sociales más acuciantes.
No es desapego o infravaloración de la democracia, sino lo que recomienda el sentido común en tiempos de vacas flacas.
El Poder Legislativo es el encargado de hacer las leyes y el principal garante de la democracia y la representatividad popular, funciones de las cuales, sin embargo, ha venido siendo despojado despacito y en silencio.
Salta esta reflexión a la luz del retiro táctico por el Ejecutivo de su iniciativa de ley en materia de desaparición de personas. Tal como ocurrió con la reforma judicial, y otros controvertidos proyectos cuyo trámite ha redundado en ninguneo de diputados y senadores.
El Ejecutivo suele jugar al amague y gambeteo con las cámaras del Congreso, pero para algunas organizaciones sociales los representantes populares de plano no existen o son un cero a la izquierda.
Los colectivos de búsqueda de desaparecidos al parecer ni siquiera se enteraron de que en 2024 hubo elecciones y fue renovado el Legislativo. Porque, hasta donde se sabe, ninguna de estas organizaciones interpeló a los aspirantes a entrar en las cámaras, sobre todo en los estados más afectados por este problema: Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, entre otros.
Les pasó de noche la elección legislativa o sus abanderados perdieron y se quedaron sin curules ni escaños. En todo caso, de otro modo no se explica el desdén que por ahora demuestran por los trabajos camerales en torno de este asunto.
La presidenta Sheinbaum cursó al Legislativo una iniciativa que suspendió enseguida, en atención al estridente escándalo generado por el variopinto conjunto de buscadores de personas desaparecidas. Compás de espera para escucharlos, como si no fue el Congreso el ámbito constitucionalmente habilitado para escucharlos y atender sus reclamos.
En el Senado y la cámara baja presumiblemente hay legisladores que conocen del grave y traumático problema, o mal pueden decirse representantes populares. Tienen la responsabilidad de escuchar todas las voces y ver el tema desde las distintas aristas del cubo.
Al desdeñar el inmediato trámite legislativo aquellos colectivos dieron a entender que aspiran a ser escuchados por la titular o algún integrante del Ejecutivo, como en los tiempos de Peña Nieto, Calderón o Fox, mandatarios de quienes en modo alguno puede decirse que no escuchaban al pueblo, pues lo escuchaban mediante Pegasus y el Cisen, pero lo escuchaban.
A juzgar por los hechos, el Ejecutivo ninguna enseñanza asimiló del azaroso destino de la reforma judicial, cuya iniciativa ventilada durante meses también fue suspendida con objeto de abrir un período de escucha a los antagonistas del proyecto.
Al igual que con el tema judicial, el riesgo con la iniciativa sobre desaparecidos estriba en el deliberado enmarañamiento por sus objetores y la posibilidad de que estos logren hacerla naufragar como es su patente intención.
Infiltrado hasta la médula por intereses obscuros, los grupos más activos tienen el claro afán de manipular el tema de los desaparecidos, con la finalidad de tundir y desprestigiar al gobierno federal. Lo denotó el pretendido hallazgo de hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, caso en el cual la apuesta de tales grupos fue alta.
La patraña de la supuesta de hornos hitlerianos buscó radicar la idea de que si las desapariciones son atribuibles al Estado responsable de la seguridad pública y si fueron hallados crematorios masivos, el mexicano es por donde se mire un estado nazi. Peor aún en el caso de los 43 de Ayotzinapa.
Cualquiera que sea el motivo de fondo que inspira las acciones de los grupos de buscadores y del Ejecutivo federal, el retiro de la iniciativa presidencial entraña un lamentable ninguneo al Legislativo. Inquietante desconsideración, si se repara en lo reiterado del recuso.
Vale por lo mismo el interrogante de si sería preferible cerrar el Congreso, vista su inutilidad ante los asuntos más trascendentes y lo escaso de los recursos económicos para solucionar algunos de los principales problemas sociales.
BRASAS
Morena es escenario de una campal entre robustos ejemplares de la delincuencia política, que luchan para evitar ser expulsados o, peor, consignados ante instancias de procuración de justicia.
Así como en la ronda infantil del grupo de elefantes que se columpiaba sobre la tela de una araña, esos personajes se defienden a empellones, codazos y patadas en las canillas, ahora que la telaraña ya no resiste más.
Desde el ascenso al poder de esta fuerza política en 2018 y aun antes, verdaderos elefantes de la corrupción fueron trepándose uno por uno a la telaraña, la cual ahora amenaza reventarse y obliga a tirar lastres.
Ya fue echado Miguel Ángel Yunes Márquez y hay indicios para suponer que viene el turno de Alejandro Murat Hinojosa, aunque son muchos los que menos insensatos que oportunistas urgidos de impunidad todavía se columpian en la frágil red, ajenos al peligro de desfonde partidista.
Son legión los caciques, corruptos, vividores y negociantes de la política que ingresaron a Morena como contraprestación del dudoso respaldo electoral o parlamentario prestado a este movimiento. Parece llegado por fin el momento de la depuración.
Con un pasado negro en la política nacional y estatal de Veracruz, los Yunes –una dinastía bíblica– resultaban sencillamente indefendibles en su interés de obtener credencial de militantes.
A la parentela Murat se la acusa de un cúmulo de delitos. Desde el peculado en su paso por instituciones como el Infonavit, hasta el lavado de dinero mediante la compra de bienes raíces en el extranjero y el despojo de centenares de predios, casas, negocios y bienes en general, aprovechando sus posiciones en distintos órdenes de gobierno. ¿No va siendo hora ya de levantarles la canasta?
———————oo—————————
Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.
