Alberto Benítez Tiburcio
Las reformas constitucionales no suelen tener segundas oportunidades. Cuando tocan el diseño del poder, dejan cicatrices duraderas. La reforma judicial no fue la excepción. Modificó las reglas del juego con profundidad al implementar un ejercicio democrático que, desde el inicio, estuvo bajo escrutinio general, pues tocó uno de los nervios centrales del constitucionalismo: la necesidad de contar con mecanismos que equilibren al poder político.
Conviene precisarlo: la reforma judicial no fracasó; simplemente no entregó del todo la certeza jurídica que prometía. Generó legitimidad de origen, pero, al mismo tiempo, sembró una duda legítima y profunda: si quienes llegan a juzgar reúnen la capacidad técnica y la independencia necesarias para ejercer la función judicial, que no busca complacer, sino proteger derechos fundamentales y poner límites al poder.
En ese panorama surge la iniciativa de ley de Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Javier Corral y Olga Sánchez Cordero, presentada el martes 21 de abril pasado, la cual no busca desmantelar la reforma anterior, sino asumirla como base y corregirla en lo esencial: el cómo. No es un viraje político, sino una intervención de ingeniería constitucional.
El constitucionalismo moderno se erige sobre la desconfianza hacia el poder. En ese marco, el Poder Judicial —al menos en las democracias contemporáneas— actúa como un contrapeso contramayoritario. No por oponerse a la voluntad popular, sino para evitar que esa voluntad derive en arbitrariedad o abuso contra los derechos fundamentales de las minorías. En la práctica, esto significa que el juez debe poder frenar al poder político, aun cuando cuente con respaldo electoral mayoritario. Así se preserva el equilibrio constitucional y se salvaguardan los derechos.
Ese equilibrio trasciende el ámbito jurídico. La economía lo resiente de lleno: la inversión no atiende a discursos, sino a garantías. Donde hay reglas claras y tribunales confiables, el capital arraiga. Donde reina la incertidumbre sobre la imparcialidad judicial, el capital duda. La secuencia es predecible: Estado de derecho sólido, inversión productiva, empleo formal, crecimiento sostenido y prosperidad. Si el primer eslabón flaquea, todo lo demás se resquebraja.
México padece hoy una paradoja. Dispone de condiciones estructurales para despegar —ubicación estratégica, tratados comerciales, una ventana histórica de relocalización de cadenas productivas—, pero arrastra un déficit de confianza institucional. No es cuestión de potencial, sino de certeza jurídica que no se puede imponer por decreto: se forja con tribunales capaces de aplicar la ley de manera previsible e imparcial, incluso frente al poder.
Ahí radica el sentido de esta iniciativa. Introduce un cambio estructural: la certificación obligatoria de competencias a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial —a nivel federal y estatal—. No es un mero añadido, sino un filtro decisivo. Obliga a que la legitimidad electoral pase por una validación técnica previa. El mensaje no podría ser más nítido: elegir jueces no exime de exigir capacidad. El voto no reemplaza al conocimiento. La justicia no puede regirse solo por lógicas de popularidad. Exige formación, experiencia, criterio y temple para resistir presiones.
El segundo ajuste es igual de crucial: desvincular la elección judicial de las contiendas políticas ordinarias y posponerla a 2028. No es mera logística, sino una definición de fondo. La justicia no debería disputar reflectores con campañas, propaganda y polarización. Evaluar perfiles judiciales demanda un espacio aparte: menos estruendo, más deliberación.
La iniciativa no erradica los riesgos; los reordena. Su prueba de fuego será la implementación: que la certificación sea técnica y no política; que los órganos evaluadores no muten en feudos capturados; que el mérito no ceda ante acomodos. La práctica dirá si la corrección es de fondo.
Pero un punto no puede diluirse: en un país donde el poder tiende a expandirse, cualquier esfuerzo por restablecer límites merece atención. No como gesto benevolente, sino como condición de certeza jurídica.
Este debate trasciende lo jurídico: es económico. Sin jueces capaces de frenar abusos, no hay contratos predecibles; sin ellos, no hay inversión de largo plazo. Sin inversión, no hay crecimiento sostenido. Reformar la reforma no es una concesión: es imperativo para que México recupere un horizonte donde la ley no se negocia y el futuro pueda trazarse con confianza.
————————————————
Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.
