Aurelio Ramos Méndez
En cosa de horas, al finalizar este lunes, Claudia Sheinbaum estará al timón del buque del Estado y al mediodía de mañana martes habrá bosquejado sus metas, prioridades e ideas esenciales de gobierno. ¿Qué podemos esperar los mexicanos del común del cambio de mando?
Desde luego, el reforzamiento de las líneas generales de la administración precedente; pero, además, acciones, programas y planes novedosos, imaginativos, que incluyan aspectos en los cuales el obradorismo se quedó corto o fue omiso y fallido.
En un país en que el tiempo y la preferencia gubernamental por las élites hicieron su trabajo de cuatro décadas, persisten numerosos rezagos y diversos sectores presentan la apariencia de verdaderas zonas de desastre.
Da grima, en medio de semejante escenario, la irreductible inquina de una oposición pulverizada, pero aun así obstruccionista, irresponsable y reacia a reconocer incluso avances democráticos incontrovertibles.
No se requiere perspicacia para suponer que nuestra oligarquía –y no pocos ejemplares del peor rastacuerismo clasemediero– ya puso a enfriar la champaña para descorcharla en el último minuto de este lunes.
Brindarán los malquerientes de la 4T no por el acontecimiento histórico de la asunción del cargo por la primera mujer en la presidencia, sino por el fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Es previsible, eso sí, que aguardarán la celebración hasta el último instante, temerosos de que todavía puedan cumplirse sus propios y necios pronósticos de que el Peje busca eternizarse en el poder e instaurar una dictadura.
Algunos de los más resentidos y rabiosos periodistas ya han despedido al tabasqueño con leperadas como obuses y juegos de palabras originalísimos, distantes del lugar común, revoleando el estridente nombre del peje-rancho de Palenque, Chiapas.
En la otra orilla, para la mayoría de los ciudadanos –36 millones, según el INE–, lo realmente importante es la renovación democrática del poder.
Y la llegada de un gobierno con revitalizados bríos, del cual los mexicanos –en especial los más desamparados– puedan con todo derecho esperar beneficios palpables.
Esperar, obviamente, la realización de los ajustes necesarios para cesar de dar palos de ciego en el terreno de la seguridad pública y contener la violencia atroz que convulsiona el país.
Combatir no de palabra sino con toda la fuerza del Estado la corrupción, persistente lo mismo en el sector público que el privado. Y hacer pasar por el aro de la legalidad a los peces gordos de la deshonestidad, cuyo arquetipo por ahora es Ricardo Salinas Pliego.
Procurar una reforma fiscal que grave las fortunas más descomunales e insultantes, la mayoría forjadas al amparo del poder público, y perseverar en la austeridad en el servicio público.
Con especial apremio debe reducirse el costo del sistema político-electoral, tan alto ya que no parece lejano el día en que sólo pueda ser financiado con la solvencia inusitada del narcotráfico.
Una reforma política digna de este nombre se antoja impostergable para tijeretearles el presupuesto a los partidos y adelgazar el Congreso.
Se impone decirles adiós a los legisladores plurinominales, cuyos lugares son reservados para amigos, incondicionales, novias y parientes de caciques partidistas.
Del nuevo gobierno cabe asimismo esperar que la educación sea atendida con toda la seriedad y trascendencia que entraña, con miras a ampliar la cobertura y elevar la calidad.
Objetivos estos para los cuales se requiere no sólo de becas sino, entre muchas otras cosas, de propiciar el genuino mejoramiento profesional del magisterio y hacer cumplir a cabalidad calendarios y programas escolares.
Cabal cumplimiento que, su vez, impone la urgencia de atender las necesidades de los trabajadores de este sector y respetar a plenitud sus derechos; pero, a la vez, frenar con determinación el activismo gremial logrero, desenfrenado y venal, expresado en recurrentes paros, marchas y asuetos injustificados.
Este sindicalismo pervertido les ha causado a niños y jóvenes durante décadas, sobre todo en el sureste, daños irreparables en su formación académica.
Y ha nutrido a la educación privada –en su mayoría de precaria calidad— no porque ésta sea mejor que la pública sino porque en ella al menos se cumple el calendario de clases.
Huelga hablar del duro impacto económico de la transferencia de la escuela pública a la privada en el bolsillo de las familias.
Claudia Sheinbaum debe, además, voltear a ver con sumo interés al campo.
No a la agricultura de riego y exportación, que está bien y caminando, sino a la de temporal y autoconsumo, a los campesinos de unos cuantos surcos o hectáreas
El objetivo último tiene que ser detonar la prosperidad de las zonas expulsoras de migrantes y favorecer el retorno al terruño de quienes otrora huyeron de la miseria.
No bastan para tal propósito los programas ya vigentes de apoyo económico o entrega de insumos a productores rurales. Claudia debe poner el tema entre los primeros lugares de sus prioridades.
Tendrá que acometer con decisión y eficaz coordinación federal con gobiernos estatales y municipales un plan integral que incluya dar seguridad jurídica sobre la tierra y sanear la dispersión de recursos para productores de básicos o nuevos cultivos.
Hasta ahora los ganones a la hora de “bajar” recursos públicos son políticos, funcionarios, empresarios e intermediarios y líderes clientelistas.
Urgen también definiciones claras en cuanto al aprovechamiento de recursos imprescindibles como el agua…
Inadmisible resulta que una empresa lechera en La Laguna tenga ¡400 pozos profundos!, mientras se impide a un campesino sureño cavar unos cuantos metros para regar su solar…
Renglón aparte merece la indispensable promoción del consumo de productos locales –algo que rige para la agricultura y otros rubros—, junto con el otorgamiento de facilidades para comercializarlos y la protección a productores nacionales. A escala global, hace rato que el proteccionismo está de vuelta.
En modo alguno es mucho pedir lo aquí anotado, frente a un gobierno que cuenta con creces con el respaldo popular necesario para concretarlo.
BRASAS
Si alguien creía que la polarización ha hecho imposibles los consensos, debería reparar en lo que sucede con el caso Ayotzinapa: en diez años este asunto no ha sido resuelto debido a un acuerdo tácito, una confabulación práctica de intereses de todos los signos partidistas, poderes fácticos e instituciones, entidades y poderes del Estado.
Peor. El traumático episodio se ha enmarañado hasta adquirir rasgos de crimen perfecto.
Enredo al cual de algún modo han contribuido incluso parientes, familiares, defensores y allegados de las víctimas –quienes ahora intentan poner en jaque al Estado–, además de los victimarios directos y los autores intelectuales.
Desde años antes de la tragedia, Iguala –lo dicen las indagaciones—estaba tomada por la delincuencia, sin que autoridad alguna, de la municipal a la federal, ni los tan traídos y llevados contrapesos u organizaciones civiles pusieran el dedo en tan purulenta llaga.
Al cabo de una década, el consensual y variopinto encubrimiento de hecho ya consiguió su objetivo: la verdad sigue oculta porque son muchos y de todos los colores políticos aquellos a quienes no les conviene que se conozca.
Consenso absoluto. En la precisa acepción que el diccionario le da a este vocablo: “Acuerdo que se produce por el consentimiento de todos los miembros de un grupo o de varios grupos”.
Se ha adulterado el caso aun con las mejores intenciones. El periodismo de investigación aporta verdaderas perlas.
La periodista María Idalia Gómez develó un episodio que, si no denota mala intención, exhibe precariedad analítica o comicidad involuntaria.
Narró en Aristegui Noticias que cuando el procurador Jesús Murillo Karam expresó aquello de “¡Ya me cansé!”, exabrupto que insumió ríos de tinta y horas de radio y tv, lo dijo –“…a mí me lo dijo”– en alusión a su agotamiento en la conferencia de prensa que daba en ese momento, no a que estuviera exhausto por su responsabilidad institucional en el caso.
Detalló que en aquella ocasión ella le formuló a Murillo cuatro preguntas y que reporteros de otros medios le soplaban interrogantes para que continuara cuestionando al funcionario…
“(Murillo) se da cuenta de que esta vez, a diferencia de otras, no iba a poder cambiar o poder esconderse…”, y entonces la miró y soltó las tres palabras que en los medios desataron un vendaval de semanas.
Hablamos apenas de uno de incontables consensos bien arraigados en nuestra polarizada atmósfera política. O, ¿no es por consenso que gobiernos van y gobiernos vienen y muchos empresarios corruptos siguen tan campantes?
Y, ¿no es el PVEM un membrete creado por consenso para servirle electoralmente, en diversas plazas, ora a uno y ora otro partido?
De que hay consensos, los hay, aunque no para lo que se necesitan.
RESCOLDOS
Sumaron en total 44 los legisladores locales y federales de oposición que desdeñaron las amenazas de sus dirigentes y apoyaron la reforma judicial. Marko Cortés, Alito Moreno y Dante Delgado hicieron el oso de su vida. Y exhibieron mediocridad jurídica y política. Muy bravos amagaron con expulsar de sus partidos a los “traidores”, pero se aplacaron después de que en la tribuna les leyeron la Constitución, que ampara el derecho de los legisladores para votar como se les dé la gana. Ahora están, asustados, escondidos en sus caniles…
Imponerle a Genaro García Luna “sólo” veinte años de prisión, pidió su abogado Cesar de Castro. ¡Caramba! Si la defensa solicita semejante pena, no parece desmesurado que un juez riguroso pueda dictarle cadena perpetua. En días se despejará la incógnita…
Haría bien el nuevo gobierno, si saliera en defensa vigorosa de Manuel Bartlett. Durante ¡cuarenta años! la justicia gringa no ha podido comprobar la supuesta participación del exsecretario de Gobernación en el asesinato del policía Enrique Camarena. ¿No es justo exigir que, así las cosas, sea dejado en paz un ciudadano mexicano?
aurelio.contrafuego@gmail.com
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