Aurelio Ramos Méndez
¿Qué tal si, como sociedad, vamos buscando la manera de que la entidad gobernada por Enrique Alfaro pueda resarcirle a la nación, en dinero contante y sonante –bien que por lo visto para el mandatario entraña el valor supremo–, el daño irreparable que el cartel Jalisco Nueva Generación le ha causado a nuestro país en términos de pérdida de vidas humanas, deterioro moral e institucional, problemas de salud pública, imagen internacional y riesgos para la soberanía?
En una de esas, el pago del perjuicio tan sólo por este concepto bastaría para reintegrarles al gobernador y sus adeptos el numerario que –según ellos– la Federación les escamotea a la hora del reparto de recursos presupuestales participables a las entidades federativas.
Es pertinente la propuesta de cobrarle a la tierra del mariachi el importe del quebranto que representan las operaciones del CJNG –presencia en 28 de las 32 entidades, más negocios transnacionales–, debido a que Alfaro, ya doblando la cuesta y con el sol a la espalda, tuvo la ocurrencia de revivir y atizar la artificial disconformidad de sus paisanos con el monto de recursos que les son devueltos por la Federación.
Hizo malabares para sacudirse la responsabilidad de aparecer como el promotor –lo es– de una desbandada del Pacto Fiscal, pero al final este frustrado presidenciable dejó clara su noción de República y Federalismo.
Nítido se perfila el pensamiento del emecista, que no del pueblo jalisciense.
México no es para él una confederación de estados solidarios, comprometidos a apoyarse de manera recíproca con el fin de superar sus dificultades y desarrollarse con equidad y en armonía.
Por el contrario, se trata –según su ideario—de una asociación de entidades mezquinas, en la que cada integrante se tiene que rascar con sus propias uñas y cuyas contribuciones a la Federación son aportadas con criterio de inversión, recuperable en el menor tiempo y con la mayor rentabilidad.
Debe decirse, sin embargo, que Alfaro no es el único gobernante que usa los supuestos desequilibrios e injusticias del Pacto Fiscal como burladero para ocultar su incompetencia, sacarle el cuerpo a los problemas y eludir sus responsabilidades.
El más aventajado en este escape es otro expresidenciable, el neoleonés Samuel García, supremacista convencido de que sus coterráneos son seres superiores, dotados de enorme capacidad de trabajo, genio financiero y honradez a toda prueba. “Hicimos producir al desierto”, es su discutible divisa.
Aptitudes todas éstas que hacen contrastar con la idiosincrasia de los oriundos de las entidades más pobres y menos desarrolladas; Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en general el sur y sureste: constitutivamente flojos, indolentes, atenidos, negligentes y desde luego deshonestos…
Con independencia de signos partidistas, los políticos neoleoneses históricamente han escondido una realidad demostrable: su estado es rico porque el sur del país es pobre.
Nuevo León es asiento de los principales grupos financieros y muestra alto nivel de desarrollo gracias al trato preferencial de la Federación en diversos aspectos, gordas partidas presupuestales, beneficios fiscales, infraestructura construida con petropesos en tiempos de vacas gordas, energía eléctrica subsidiada, ferrocarriles gratis y a la puerta…
Otro tanto puede decirse de la tierra del tequila, la birria y el CJNG, con el agravante de que esta entidad ha sido desde hace medio siglo asiento de poderosas organizaciones de narcotraficantes, que le han reportado incalculables perjuicios a nuestro país y cuyo combate ha absorbido montañas de recursos del presupuesto nacional.
Es cosa de recordar que desde mediados de los 70 Guadalajara y su zona metropolitana acogieron a las más renombradas familias de narcos sinaloenses, que preservaron su terruño como espacio para el cultivo de estupefacientes y eligieron Jalisco como zona habitacional.
Los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, Don Neto, y Rafael Caro Quintero, fundaron el Cartel de Guadalajara. El temible Cochiloco, Manuel Salcido, murió en 1991, abatido de 50 balazos en las calles de Zapopan.
Caro Quintero protagonizó un romance épico con Sara Cossío, hija del secretario de Educación jalisciense y sobrina del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri.
Ignacio Nacho Coronel, tío de la esposa del Chapo, Emma Coronel Aispuro, fue muerto en 2010 en un operativo militar en Zapopan.
Y, en el aeropuerto de la capital tapatía, en mayo de 1993, fue asesinado en una balacera entre narcos el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Inmensas cantidades de dinero de todos los mexicanos ha insumido el combate a los carteles con asiento en Jalisco. Entidad que, en cambio, recibe gruesas tajadas del producto del tráfico de drogas.
A la luz de semejante historial, ¿no le convendría a la mayoría de los mexicanos tomarles la palabra y hacerles cuentas a Alfaro, García Sepúlveda y otros promotores del replanteamiento por “injusto” del Pacto Fiscal? ¿Valdría la pena hacer la prueba?
Corresponde a los gobernadores, sobre todo de los estados más depauperados, en particular Salomón Jara y Evelyn Salgado, así como al electo Eduardo Ramírez –Rutilio Escandón está a dos semanas de dejar el cargo– atajar las pretensiones de mandatarios que, de manera absurda, suponen que sus gobernados mantienen a flote las entidades más pobres.
Es de esperarse que tengan la bravura necesaria para hacerlo.
BRASAS
La Presidenta Claudia Sheinbaum está en mora de explicarles a los mexicanos las razones por las cuales su gobierno se ha abstenido de investigar las fundadas sospechas de complicidad de Felipe Calderón con el narcotraficante Genaro García Luna.
Viene a colación este señalamiento debido a que la omisión de la mandataria ha envalentonado a tal punto al expresidente, que no sólo se muestra indiferente a los reclamos de explicaciones, sino que ya maniobra para intentar regresar por sus fueros.
Desde los cuatro puntos cardinales, en todos los tonos y en los más diversos foros, vox populile ha pedido al jefe de García Luna que detalle de qué tamaño fue la rebanada del pastel que a él le tocó, producto de las andanzas delictivas de su protegido.
Los mexicanos del común hemos percibido que eso le ha sido demandado a Calderón en las tribunas legislativas, los corrillos políticos y sitios públicos –del Metro a la cola de las tortillas y las salidas de misa—, y no se diga en las mesas de debates de radio y televisión.
Con un oído mucho más fino que el del común de los ciudadanos, Calderón oye otra cosa. Oye que la gente le pide a gritos que regrese a la arena política, de ser posible con un partido de su propiedad.
La misma música al parecer escucha Margarita Zavala, quien a pesar de abrumadores indicios de complicidad de su cónyuge con el narco que compurga ¡38 años de cárcel! en Estados Unidos, ella no ha tenido la decencia de dejar su curul, como correspondería a quienquiera que tenga una mínima noción de la responsabilidad política.
Con inigualable cachaza Calderón embistió a esa otra mancuerna unida por la complicidad, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a quienes les recriminó la denegación en 2020 de registro como partido al membrete México Libre.
Con el tono de quien no está en sus cabales, sino en un estado alterado de conciencia por la ingesta de algún brebaje intoxicante, el michoacano, por medio de X, llenó de piropos al expresidente del INE: mentiroso, prejuiciado, falso demócrata…
Córdova le recordó que el registro fue denegado porque fue utilizado “un mecanismo de financiamiento que impedía identificar quiénes eran sus aportantes”.
Y, le clavo la puntilla:
“Es lamentable cómo nuestros políticos, de uno y de otro lado, siempre buscan justificar sus errores y desaseos endilgándole las faltas a otros; nunca es su culpa ni su responsabilidad, ¡patético! Eso evidencia el poco apego con la democracia y la legalidad de la clase política”.
De nuevo: ¿Qué esperan Sheinbaum y las instancias del Ejecutivo para investigar a Calderón y sus allegados?
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Si, por la razón que sea, quienes fueron los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón se consideran habilitados políticamente y aptos para contender por puestos públicos, las autoridades están en la obligación de atajarlos y ponerles los pies en la tierra.
De algún modo ellos comparten, si no la muy probable responsabilidad penal por complicidad, sí al menos la responsabilidad política derivada de haber trabajado durante seis años con Genaro García Luna, sin –supuestamente– haberse percatado de la clase de alimaña que es el exsecretario de Seguridad, hoy preso por narco en Estados Unidos.
Es el caso de quien fue secretario particular del expresidente, Roberto Gil Zuarth, furibundo opositor de la reforma judicial, que sin embargo ya se postuló a un mullido y esponjoso sillón ergonómicos de la Corte. “Son las reglas del juego”, justificó su oportunismo.
Político cuyo descaro es comparable con el de su exjefe, Gil tiene el agravante de un grueso expediente de antecedentes penales, con sentencia y todo, por delitos de violencia por él cometidos en España, en 2006.
Picapleitos cuyo despacho lleva la defensa de lindas personas como delincuentazo exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, juega en doble pista.
Junto con otros amigazos de García Luna, como Ernesto Cordero y Javier Lozano Alarcón, busca además conformar un partido político, en el cual pueda recalar el calderonismo por ahora deambulando apestado en la arena política.
Convengamos en que la responsabilidad política, es sólo eso, política, y se castiga apenas con la separación del puesto, un tirón de orejas y las muecas de repugnancia del entorno. Gil Zuarth, sin embargo, es un convicto.
La Constitución exige de los aspirantes a ministros gozar de buena reputación. No es el caso de Gil, quien despide penetrante olor a corrupción; su postulación es improcedente por donde se mire, a menos que la cercanía de personajes como Cabeza de Vaca reporte beneficios reputacionales.
En todo caso, ¿consentirán las autoridades que abogados de la calaña de quien fue secretario particular del jefe de García Luna tenga un asiento en la primera Corte reconfigurada con fines de saneamiento y depuración?
RESCOLDOS
Con el aplomo de quien ha perdido la vergüenza, Guadalupe Acosta Naranjo va por el registro de una nueva Pyme electoral, falazmente considerada partido político. A sido dos veces diputado federal y en ambas ha dejado huella por su nepotismo y su adicción al dinero público. Ahora llevará como abanderada a Xóchitl Gálvez, la hidalguense que constituyó empresas y forjó una fortuna con la venta de gelatinas…
Si México no tuviera que “cargar” con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Eso dijo hace cinco años el federalista Gabriel Quadri, quien hoy está de nuevo siendo lapidado en las redes sociales. Lo pillaron tramitando su Pensión Bienestar de adulto mayor. Sí, la misma que ha combatido con tanta enjundia como tontería. ¡Cinicazo!
aurelio.contrafuego@gmail.com
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