Aurelio Ramos Méndez
En el colmo de la desesperación pero ahora con un nuevo recluta, el multimillonario Carlos Slim, la microscópica oposición abrió una suerte de festival de cine terror, dedicado a pronosticar un inminente desastre económico y propagar miedo respecto a la dizque inevitable eliminación de los programas sociales gubernamentales.
El presidente de Grupo Carso levantó polvo y también sospechas de distanciamiento de la 4T, al instar a empresarios combatir la pobreza “no sólo dando dinero sino capacitando a la gente para dar empleo y generar bienestar”.
Habló el Día del Ingeniero y, en efecto, se refirió al sector privado; pero en los medios de opinión esa frase fue interpretada como una indirecta muy directa, mediante la cual le envió al gobierno su nueva ubicación política, muy cerca de los detractores de los programas insignia de la 4T.
Slim, no obstante, sigue siendo visitante frecuente del Palacio Nacional, donde se prodiga abrazos y deferencias con la presidenta Sheinbaum y sus funcionarios. Fiel a su formación de ingeniero civil, hasta construye puentes de entendimiento con los hombres de negocios.
Junto con las gestiones de otros adinerados, a su capacidad de persuasión y mano izquierda se debió el encuentro del jueves pasado de la Presidenta con los empresarios más prominentes, quienes se comprometieron a “motorizar” sus planes económicos que han avanzado a paso de mula.
Cualquiera que sea el punto en que el GPS de la política ubique a Slim, su dicho sobre los programas sociales dejó en muchos la impresión de que ya no comparte la estrategia de darles dinero, becas, insumos agrícolas y otros apoyos a adultos mayores, estudiantes en la inopia, campesinos, madres solteras…
El hombre que ha propalado el cuento chino de que empezó a forjar su fabulosa fortuna desde niño, vendiendo dulces en un puestecito bajo las escaleras de su casa, en las fiestas familiares, podría estar ya al lado de la derecha más rancia.
Derecha para la cual el dinero de los programas públicos no constituye la última esperanza de la enorme masa de pobres para salir de la postración y conjurar con ello un estallido social, sino populismo, paternalismo, clientelismo, dilapidar impuestos, alentar la holganza y desconocer la meritocracia.
¡Ah, la meritocracia…! Glorificada, convencida de que cuna no es destino, pues quien nace en un entorno de pobreza puede fácilmente (ajá) remontar su condición; que las desigualdades se explican no por estructuras sociales injustas sino por un designio divino.
Y que basta con desearlo fervientemente para salir de la indigencia, como si de verdad las grandes fortunas se hubieran amasado vendiendo gelatinas, no mediante influencias, trafiques y cochupos con el poder político.
A la par de la enigmática sugerencia de quien llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo, otras voces se alzaron alertando sobre la “segura” supresión de los programas sociales, consecuencia de la crisis económica atizada por Donald Trump. Y, naturalmente, por el mal manejo de la economía doméstica.
En ese coro se inscribe la escandalosa manipulación del Informe sobre la Situación Financiera y Riesgos 2024-2025 del IMSS entregado al Congreso de la Unión, publicada por Reforma el viernes (05).
Una somera revisión de ese documento confiere por entero la razón al director de ese Instituto, Zoé Robledo, respecto a que hay suficiencia financiera garantizada hasta 2037.
El Informe describe la necesidad de prever retos y soluciones, planear y anticipar escenarios y tendencias, tales como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y otros desafíos de los sistemas de salud a escala global.
No contiene ni la más remota referencia a que el Seguro “tiene los días contados” y solvencia económica garantizada únicamente hasta 2033, como publicó el diario en cuyo pecado original se esconde el despojo por Alejandro Junco de la Vega –su fundador y mandamás—de la fortuna de su padre. Tal como lo saben hasta las piedras, gracias a balconeadas de destacados regios, entre otros el exgobernador Jaime Rodríguez, El Bronco.
Más directo, pero a la vez más novelero y mendaz, Héctor Aguilar Camín tiró línea contra la continuidad de los apoyos a los grupos más necesitados.
En dos columnas tituladas ¿En riesgo los programas sociales? y El tope de los programas sociales, contrariando el criterio dominante entre la derecha, señaló que estas acciones constituyen “el único bien tangible, contante y sonante, que la llamada 4T le ha dado a los mexicanos”; pero que con su mal desempeño económico el gobierno podría ponerles freno.
Extraña y mentirosamente, como si acabara de llegar de Venus y jamás hubiera escuchado los discursos de dirigentes, diputados, senadores y candidatos a puestos de elección del panismo y el priismo torpedeando los programas bandera del gobierno, derramó sobre estos copiosos elogios:
“Son ya patrimonio de los mexicanos. Están inscritos en la Constitución y no hay fuerza política que pueda cambiarlos. De hecho, no hay ninguna fuerza política que quiera acabar con ellos o siquiera limitarlos.
“(…) el único riesgo de incumplimiento de los programas sociales viene del gobierno, de su mal manejo de las finanzas públicas, de sus malos resultados económicos, de su ineficiencia y sus inversiones catastróficas, todo lo cual podría crear una crisis fiscal y dejarlo sin dinero para los programas”.
Resulta inexplicable la metamorfosis opositora frente a la política social, si se atiende a las cifras sobre combate a la pobreza en que el ideólogo Aguilar Camín basa la voltereta.
Entre 1994 y 2018 –sostiene– la pobreza extrema en México bajó del 21.4% al 7%. Pero, a partir de 2018, “con el gobierno de ‘primero los pobres’, se interrumpió la tendencia y la pobreza extrema volvió a crecer”. Con López Obrador –dijo– la pobreza extrema aumentó del 7% al 7.1%.
Destilando nostalgia, añadió: “Quizá el actual gobierno podría darse una vuelta por lo hecho antes de 2018 y repetir la fórmula exitosa de aquel México contra la pobreza extrema”.
Así, con la oposición devenida defensora de la distribución de dinero a los pobres y la proyección de un espantoso escenario de catástrofe económica, se inició una nueva acometida contra el gobierno. Tenacidad digna de mejor causa.
BRASAS
Rebasa la mera libertad de expresión, los cánones periodísticos, la honradez intelectual o la pura benevolencia y se inscribe en la franca complicidad, la bizarría con que ¡todavía hoy!, desde ciertos medios de comunicación, se defiende al meganarco Genaro García Luna.
Capo éste a cuyo sometimiento a la justicia sus defensores de oficio atribuyen la acusación gringa de lavado de dinero contra Vector casa de bolsa, del exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
Lo protegen con arrojo aun cuando los sistemas judiciales de dos países, México y Estados Unidos, investigaron y lo hallaron culpable de una ringlera de graves delitos, al punto de que le han impuesto penas singularmente severas.
Frente a la tan gallarda persistencia de sus defensores de oficio, se imponen preguntas obvias:
¿Se habrá notado en instancias gubernamentales, en especial las de procuración de justicia, la fervorosa exculpación que de este capo hacen famosos comunicadores?
¿Tomarán cartas en el asunto las autoridades o mirarán para otro lado por temor a ser tildado de gobierno censor?
Y, ¿de qué tamaño habrán sido las obvenciones que el ex secretario de Seguridad Pública repartió como para que periodistas curtidos y reputados sagaces experimenten en su olfato periodístico trastornos que les impiden percatarse de la calaña de quien fue frecuente contertulio de ellos?
El señalamiento del Departamento del Tesoro de EU en contra de las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector ha sido oportunidad para que allegados del delincuente lo victimicen sin pudor ni miedo a la justicia, y lancen interpretaciones sobre qué propició la acción estadunidense y cuáles son sus motivaciones.
Un columnista –el más claramente conchabado con García Luna– para quien la realidad es irrelevante, publicó que el expresidente López Obrador utilizó percepciones en contra de quienes consideraba sus enemigos; pero hoy apura una taza de su propio chocolate.
Sostiene que, sin prueba alguna y sólo por percepciones y acusaciones de delincuentes resentidos, el capo fue sentenciado a 38 años de cárcel y condenado junto con su esposa a pagar 2,488 millones de dólares.
Detalló que la acusación contra Vector derivó de la denuncia que en 2019 interpuso en Miami el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en contra de quien fue brazo derecho de Felipe Calderón, acusándolos de robo al erario por 250 millones de dólares.
El dinero, detalló el columnista y virtual abogado del capo, supuestamente procedía de contratos asignados por la administración de Peña Nieto a empresas de prestanombres de García Luna.
Y el Tesoro norteamericano señaló que desde Vector se hicieron transferencias por más de 40 millones de pesos a una empresa controlada por el extitular de la SSP.
Rebosante de dicha, el periodista dijo que ahora, en el campo de las “percepciones” y dada la relación Amlo-Romo, “hay una relación directa entre el expresidente y el Cártel de Sinaloa”.
RESCOLDOS
En el sistema carcelario gringo únicamente los caimanes son insobornables. Así lo reconoció Donal Trump, de modo tácito, el martes pasado, al inaugurar la prisión Alligator Alcatraz. El penal, construido en una zona pantanosa de Florida, tiene capacidad para tres mil trabajadores migratorios. Y, para realmente ser a prueba de fugas, no será custodiado por celadores corruptos, sobornables –como la totalidad del sistema—sino por unos 200 mil aligatóridos que infestan el Parque Nacional de los Everglades.
aurelio.contrafuego@gmail.com
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