Aurelio Ramos Méndez
En modo alguno la presidenta de la República y el Congreso de la Unión incurrirían en autoritarismo o falta a la democracia, si soslayasen de plano del debate institucional al centenar de abajofirmantes de la propuesta alternativa de reforma electoral presentada por el salinista Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD).
Cantera de funcionarios, consejeros, encuestadores, legisladores e intelectuales orgánicos durante el prianato, la mencionada asociación civil, al presentar su propuesta, formuló más bien una declaración de absoluta incompatibilidad de intereses y objetivos con los de las instituciones de la República, misma que sencillamente torna ocioso tal diálogo.
La jefa del Estado y los líderes camerales deberían decirles a quienes parten el queso en aquel Instituto que es imposible sentarse a la mesa con interlocutores que han intentado engañar a las fuerzas políticas pidiéndoles “comprender que (la discusión y confección de la reforma) ocurrirán en un contexto fuera de toda normalidad constitucional”. O sea, en un contexto inconstitucional.
En su propuesta alternativa a la anunciada por la presidenta Sheinbaum, de manera tácita sus promotores desconocieron el carácter representativo y la plena constitucionalidad del Legislativo:
“En efecto: la presente legislatura del Congreso de la Unión fue integrada merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado alcanzada mediante la extorsión y la amenaza. Sobre esa doble anomalía, se ha erigido una mayoría que ha hecho de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el avasallamiento legislativo, el modo usual de su política”.
Semejantes expresiones mal disimulan una deliberada renuncia al diálogo. Pareciera que en los cálculos de sus autores esto pudiera ser política y electoralmente más rentable que la genuina disposición de conversar.
En todo caso, la “propuesta alternativa” anticipa el rechazo de la reforma cualquiera que finalmente sea su diseño.
Salvo por el oportunismo, el ansia de puestos burocráticos y el deseo de zambullirse en el río de oro del presupuesto electoral, no se explica el interés de los integrantes del Instituto en cuestión por dialogar con instancias a las que tienen por inconstitucionales e ilegales, amenazantes y extorsionadoras.
El documento del IETD está firmado por los expresidentes del IFE/INE José Woldenberg –cacique del Instituto–, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés, y los exconsejeros electorales Jacqueline Peschard, María Marván, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez Gutiérrez.
Y por numerosos exfuncionarios del órgano electoral, entre quienes destaca Edmundo Jacobo Molina; colaboradores cercanos del ex presidente Carlos Salinas, como su vocero José Carreño Carlón, y una legión de personajes que desde la academia, el tribunal jurisdiccional, el periodismo y las asesorías apuntalaron a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.
¿Nombres? José Narro Robles, María del Carmen Alanís, Rolando Cordera, Ricardo Becerra, Gilberto Guevara Niebla, Rafael Pérez Gay, Francisco Báez Rodríguez, Raúl Trejo Delarbre…
Es falso el argumento de la sobrerrepresentación del oficialismo con que en dicho texto se descalifica a la cámara baja.
Con un mínimo de honestidad intelectual resulta imposible negar que en la integración de ese cuerpo legislativo fue aplicado el mismo criterio que en anteriores procesos electorales favoreció al PRI y el PAN. Aserto entera y fácilmente demostrable, si se deja de lado el cinismo.
Afirmar que en el Senado la mayoría calificada de Morena y sus aliados se logró mediante la extorsión y la amenaza le impone al IETD la obligación de explicarles a los mexicanos de quiénes habla.
Con nombres y apellidos, debe detallar quiénes ejercieron tales presiones y quiénes fueron los extorsionados y amenazados. Y por qué sucumbieron estas inocentes víctimas de las perversidades del régimen, si presentaban un historial inmaculado.
Otro tanto puede decirse de senadores que vendieron, prestaron, alquilaron o de algún modo enajenaron su adscripción a la bancada mayoritaria. Si en la cámara alta hubo uno que compró fue porque había otro que se vendía…
Fundado en la efervescencia del fraude salinista de 1988, arrogándose la exclusividad del sectario apelativo “izquierda democrática”, cuando en realidad se trata de políticos camaleónicos, o más específicamente de panistas asintomáticos, el IETD ya cumple 37 años en el jugoso modus vivendi de estudiar la transición a la democracia.
Transición que los estudiosos de esa camarilla convenencieramente consideran concluida en 1997, aunque en realidad se trata de una transición que desde la apertura democrática de López Portillo hasta el sol de hoy ha insumido ¡48 años!, y sigue en obra negra.
En el batiburrillo opositor de 2024, las huestes de Woldenberg se cansaron de vociferar en marchas y mítines rosas y en los medios, que la 4T aniquiló la democracia y demolió el INE.
Estos coparticipes en la configuración del sistema de votaciones más caro del mundo –simbolizado por el propio INE—, dominado por los partidos –genuinas pymes electorales–, infestado de encuestadores venales y con campañas dilatadas a propósito para abultar partidas, buscan ahora recoger los escombros para reconstruirlo.
La verdad de las cosas, nada se pierde la nación si en ruta hacia una nueva reforma electoral los miembros del IETD se quedan la cuneta.
En su pliego de recomendaciones desempolvaron el fetiche de que “toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas”. Suena bien, pero recuerda cuando en las fiestas familiares alguien dice “por qué no bailamos todos” y la invitación aborta porque siempre hay uno que no quiera bailar.
Proponen ampliar de 200 a 250 las diputaciones plurinominales. Hacer crecer el pastel para darles curul a los logreros del Instituto proponente, aunque la gente detesta el principio de la proporcionalidad, porque ve que ha sido útil sólo para colar caciques partidistas, parientes, incondicionales, novias, amantes, socios, cómplices y otras lindas personitas.
Si escoger entre dos ya es democracia, entre tres un lujo y entre cuatro o cinco un larde y un derroche de democracia, resulta irritante la sofisticación política e ideológica de estos señores, que ¡no cabe en ocho o nueve partidos!
Plantean desvirtuar por completo el Federalismo, con un Senado de por sí convertido en costoso juguete a lo largo de la transición.
Esta cámara ha ido la paridad –dos padres conscriptos por entidad federativa– a la representación proporcional y la primera minoría… ¡Nutrido sancocho que representa cualquier cosa menos a estados soberanos!
El régimen bicameral fue concebido de modo que una cámara (Diputados) representara a la población y otra (Senadores) paritariamente a las entidades federativas. Woldenberg y los suyos proponen que sean electos cuatro senadores de lista por estado –una minicámara baja–, dizque para garantizar la pluralidad.
El objetivo último es que la pandilla parapetada en el IETD tenga huesos, escaños y curules. Y en una de esas resucitar a algún expresidente.
En cuanto al financiamiento del sistema electoral, proponen no que se reduzca, ¡qué va!, sino que se mantenga alto como una montaña y siga siendo público.
El propósito –dicen– es evitar el ingreso de dineros del crimen organizado. Y los de otros muchos delincuentes, debe decirse.
A menos que consideren dineros que rechinan de limpios los de empresarios evasores de impuestos, especuladores con productos básicos, conchabados para dominar mercados, amafiados para ganar licitaciones, usufructuarios de concesiones públicas…
En suma, buscan evitar el abrumador caudal de recursos negros, en cuyo control fracasaron Woldenberg, Córdova, Murayama, Jacobo, y otros muchos firmantes de la propuesta alternativa.
¡Decencia, caramba!
BRASAS
¿Tuvo el Presidente López Obrador facultades constitucionales o legales para establecer acuerdos con particulares en materia de impuestos, por ejemplo condonar o reducir gravámenes?
¿A qué tipo de arreglo en lo oscurito habrá llegado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, respecto al adeudo de éste con el SAT, que ahora suma la bicoca de 74 mil millones de pesos?
Los mexicanos tienen derecho de conocer las respuestas a esos interrogantes, derivados de una entrevista del concesionario de TV Azteca a la revista CEO.
En esas declaraciones, tras colgarse en la solapa el estigma de estúpido –“fui un pendejo”—por dizque haber confiado en AMLO, el mega evasor del SAT dijo lo siguiente sobre los impuestos que Grupo Salinas pretende escamotearle al Estado:
“Llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, nos dimos la mano y luego cambió de opinión el pinche mentiroso”.
El Peje está ante el imperativo político de dar explicaciones.
Sin embargo, con apego al principio de derecho según el cual quien acusa debe probar, el magnate tiene la obligación de avalar sus dichos con pruebas convincentes y válidas ante la ley.
Si Salinas Pliego incumple tal precepto quedará –de acuerdo con su propia valoración y nomenclatura– como un “pinche mentiroso” y un “pendejo”.
No nos digamos mentiras, sin embargo. De tonto nada tiene este marrullero contribuyente. No le llevó seis años percatarse del talante mendaz y traicionero que le atribuye al exmandatario.
Se mantuvo arrimado, como consejero económico del Presidente, por conveniencia; con la esperanza de concretar su descomunal robo al erario.
Estúpido, no; pillo de siete suelas, sí.
Renglón aparte merecen los afanes de Salinas Pliego para confeccionarse un empaque de candidato presidencial de la ultraderecha.
Pretende ser la versión mexicana de Trump o, mejor, del argentino Javier Milei. De quien solo le falta copiar la pelambrera porque el lenguaje prostibulario lo adoptó hace rato.
De la propaganda y al grito de “¡Viva la libertad, carajo!”, ya se encargan Sergio Sarmiento, Alatorre, Villalvazo y otros jilgueros. Cosplay por contrato laboral.
RESCOLDOS
¿Qué esperan las fiscalías federal y tabasqueña para tomarle la palabra y llamar a declarar a Adán Augusto López con respecto a Hernán Bermúdez, el presunto delincuentazo que este exgobernador tuvo como secretario de Seguridad Pública? ¿Pues, que no “el que nada debe, nada teme”?
aurelio.contrafuego@gmail.com
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