Alberto Benítez Tiburcio
Durante siglos, uno de los principales problemas de la política fue bastante fácil de identificar: siempre alguien tenía demasiado poder. Lo tuvieron los reyes, las aristocracias, el clero y los señores feudales y, después los caudillos, los dictadores y los partidos únicos. Cambiaron las justificaciones y los instrumentos, pero permaneció el problema: quien acumula suficiente poder siempre enfrenta la tentación de abusar de él para conservarlo y acrecentarlo.
Buena parte de la historía política de la humanidad puede entenderse como el lento aprendizaje de esa lección. Al monarca se le opusieron parlamentos y límites; al gobierno, constituciones; al presidente, congresos y tribunales e incluso a las mayorías, derechos fundamentales. Con el paso del tiempo descubrimos algo elemental: el poder sin límites termina produciendo abusos, incluso cuando comienza con buenas intenciones.
El constitucionalismo se ha encargado de poner límites al poder para garantizar derechos y nos enseñó que no basta preguntarnos quién gobierna, sino cuánto poder tiene, qué puede hacer con él y quién puede detenerlo. La democracia agregó otra pregunta: ante quién rinde cuentas. Gobernar dejó de ser un derecho del poderoso para convertirse, al menos idealmente, en una función temporal concedida por los ciudadanos.
Resulta paradójico que, después de siglos construyendo mecanismos para contener el poder, contemplemos con relativa naturalidad algunos de los poderes privados más grandes de la historia. Empresas capaces de moldear la opinión pública a conveniencia, almacenar cantidades extraordinarias de información y preferencias personales, desarrollar inteligencia artificial y decidir mediante algoritmos buena parte de la información que recibimos.
Gil Durán advierte sobre este fenómeno en The Nerd Reich: Silicon Valley Fascism and the War on Democracy. Lo llama tecnofascismo y la describe como una corriente surgida alrededor de una parte de las élites tecnológicas que considera a la democracia demasiado lenta, ineficiente e irracional, y que imagina sociedades administradas mediante estructuras privadas, tecnológicas y corporativas con la eficiencia con la que se dirige una empresa.
Conviene evitar la caricatura. Silicon Valley no es ideológicamente homogéneo y sería absurdo presentar a la tecnología como enemiga de la democracia. Internet democratizó el conocimiento y la inteligencia artificial puede ampliar enormemente nuestras capacidades. El problema comienza cuando riqueza, información y capacidad de influencia se concentran hasta transformarse en poder político sin los controles que normalmente exigimos a quien lo ejerce.
La democracia tiene algo particularmente incómodo para quienes están convencidos de saber más que los demás: parte de una noción de igualdad que cuenta personas, no capacidades. El voto de un multimillonario vale lo mismo que el de un desempleado, por tanto inguna superioridad económica, intelectual o tecnológica concede el derecho a gobernar a los demás.
Desde la lógica tecnoempresarial, semejante sistema puede parecer desesperante. Hay que convencer, negociar, formar mayorías, así como tolerar oposiciones y críticas. La democracia es lenta porque hemos decidido que ejercer poder debe ser difícil. El poder absoluto suele ser mucho más eficiente y expedito, pero también mucho más peligroso.
El problema aparece cuando una parte de esas élites ya no se limita a imaginar alternativas a la democracia. Algunos líderes tecnológicos participan directamente en el poder político. Peter Thiel y una red de empresarios tecnológicos financiaron el ascenso de JD Vance al centro del poder estadounidense. La frontera entre poder tecnológico y poder político comienza así a volverse menos clara.
Pero la influencia puede ser todavía más sutil. Cambridge Analytica utilizó datos obtenidos de millones de usuarios de Facebook para construir perfiles de votantes y dirigir publicidad política de manera individualizada con miras a influir en elecciones democráticas. El precedente es inquietante: no hace falta alterar las urnas si se puede intervenir antes en la información y en los mensajes con los que cada ciudadano toma decisiones electorales.
Ahí aparece una nueva vulnerabilidad democrática. Plataformas que conocen nuestros intereses, temores y hábitos pueden influir en qué información vemos, qué asuntos consideramos importantes y qué mensajes políticos llegan a nosotros. El ciudadano conserva formalmente su voto, pero las condiciones en las que forma su preferencia electoral pueden estar siendo moldeadas e influidas por actores privados con agenda propia.
Así entra a escena una de las virtudes de la representación política. Podemos criticar a nuestros diputados, partidos y gobiernos, muchas veces con razón, pero un representante democrático puede ser removido. Un presidente termina su mandato, un diputado puede perder una elección y un partido puede ser expulsado del gobierno. La representación no garantiza buenos gobernantes; garantiza algo quizá más importante y eso es que nadie tenga un derecho permanente a gobernar.
La pregunta se vuelve entonces incómoda. ¿Cómo destituye una sociedad al propietario de una infraestructura digital de la que depende buena parte de su conversación pública? ¿Ante quién responde una empresa capaz de conocer sobre millones de ciudadanos más de lo que cualquier gobierno habría podido imaginar hace apenas unas décadas? Esos poderes fácticos siguen pobremente regulados y su rendición de cuentas es bastante limitada.
La respuesta no consiste en combatir la tecnología. Necesitamos inteligencia artificial, empresas innovadoras y mejores herramientas digitales. Una sociedad que le tenga miedo al futuro terminará perdiéndolo. El siguiente desafío del constitucionalismo será hacer con el poder tecnológico lo que antes hicimos con otros poderes: reconocerlo, transparentarlo y ponerle límites.
Así llega la verdadera advertencia del tecnofascismo. Una democracia puede conservar sus elecciones, sus congresos y sus libertades formales y, sin embargo perder poco a poco el control sobre las condiciones en las que sus ciudadanos deciden.
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