Ernesto Ruiz
- “Errar es de humanos, pero convertir el error en política de Estado y además cobrar un sueldo público por ello, eso es puro talento gubernamental”
Vivimos en una época de profundas contradicciones. Por un lado, la ciencia global nos ofrece diagnósticos con una precisión jamás vista sobre el estado del planeta; por el otro, la política electoral y económica insiste en tomar decisiones que ignoran, de forma deliberada, la evidencia científica. En esta semana, dos eventos distintos pero ligados por el mismo hilo conductor, nos recuerdan que el costo de poner el cálculo político por encima del conocimiento técnico puede ser alto.
La primera alarma proviene de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial. El más reciente informe sobre el estado del clima global confirma que la temperatura media de la Tierra ya superó en +/- 1.45°C el promedio de la era preindustrial (1850 a 1900), registrando los años más cálidos de los que se tenga memoria instrumental. Más preocupante es que en las superficies continentales el incremento medio ha tocado picos superiores a los 2.0°C, mientras que las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron un récord de aproximadamente 420 partes por millón (ppm), lo que significa un incremento de nivel del 150% superior al de la era anterior a la industrialización.
La advertencia de la ONU no es superflua: cada décima de grado de calentamiento adicional no solo altera las gráficas; se convierte en sequías prolongadas, pérdida de productividad agrícola, incendios de ecosistemas y un ritmo de deshielo en los polos que acelera el aumento del nivel del mar. La ciencia nos está diciendo que la barrera de los 1.5°C dejó de ser un escenario lejano para convertirse en una realidad, un aviso de que ya estamos cruzando el umbral.
Al mismo tiempo que la ONU llama a coordinar la supervivencia colectiva, desde Washington se gira el timón en la dirección opuesta. La administración del presidente Trump ha ordenado revisar y flexibilizar el estatus de protección del lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi), abriendo la puerta para su cacería en favor de las demandas del sector ganadero.
El caso del lobo mexicano es un paradigma. Este fue casi erradicado por completo a mediados del siglo XX debido a campañas sistemáticas de envenenamiento y cacería, la especie logró ser salvada de la extinción total gracias a la Ley de Especies en Peligro de 1973. A partir de apenas siete ejemplares capturados y mantenidos en cautiverio, con un gran esfuerzo biólogos de ambos lados de la frontera lograron criar y reintroducir una población que hoy ronda apenas los 319 individuos en libertad en E.E.U.U. y una cifra similar en México.
La especie enfrenta un grave problema genético que la mantiene al borde de la fragilidad, ya que su descendencia es equivalente a estar emparentando entre hermanos. En lugar de invertir más en su viabilidad genética, hoy el argumento político para autorizar su abatimiento es el supuesto impacto económico en las granjas. Sin embargo, los propios datos oficiales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos desmienten el mito: los informes del USDA confirman que la depredación por lobos representa menos del 0.2% (e históricamente menos del 1%) de las pérdidas totales de ganado en ese país, siendo las causas más graves, por mucho, las provocadas por enfermedades, condiciones meteorológicas extremas, problemas en el parto e incluso ataques de perros domésticos.
Permitir la cacería de una especie en recuperación evidencia que se ignoran los datos de las propias agencias gubernamentales, como consecuencia se destruyen décadas de inversión biológica y se rompe la conectividad ecológica en la Sierra Madre Occidental y el suroeste de E.E.U.U.
Tanto en la crisis climática como en la gestión de la biodiversidad, la lógica dominante parece ser la misma: la ciencia y las agencias técnicas aportan datos duros para la sostenibilidad a largo plazo, pero la agenda política dispone de atajos inmediatos para complacer a un grupo de intereses económicos o electorales.
No podemos seguir gestionando el planeta con la miopía del calendario político. Cuando la toma de decisiones ignora la evidencia científica, el resultado no es un desacuerdo ideológico más, sino la destrucción irreversible del patrimonio natural que sostiene la vida humana. Si permitimos que el interés del momento aplaste el conocimiento acumulado, no habrá discurso político que nos proteja de las consecuencias.
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