+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Convenio de Tierras: documento de 1545 que resguarda Archivo Judicial

Date:

Escrito en español antiguo, el documento es un convenio de tierras entre pobladores de las comunidades mixtecas de Tlaxiaco y Teozacualco

El documento más antiguo que resguarda el Archivo Histórico Judicial de Oaxaca (inscrito recientemente en el registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO), es un convenio de tierras entre Tlaxiaco y Teozacualco fechado en el pueblo de Etlantongo el 13 de mayo de 1545. El manuscrito altamente valioso se compone de 3 fojas, las dos primeras escritas por ambos lados y la última sólo por el frente y está escrito en español antiguo.

Este documento se encuentra dentro de un expediente que se formó por los malos tratos que los naturales del pueblo de Yolotepec hacían a los de la estancia de San Felipe. Aunque a primera vista podríamos decir que son dos asuntos totalmente diferentes, la realidad es que ambos documentos tiene mucha relación entre sí, veamos el porqué:

En 1574, cuando era alcalde mayor de la provincia de Teposcolula Don Pedro de Castañeda y León se presentaron el gobernador, los alcaldes y regidores del pueblo de Tlaxiaco manifestándole que ante él, siguen un pleito contra el gobernador, cacique y naturales del pueblo de Yolotepec por los malos tratos que éstos le daban a los naturales de la estancia de San Felipe.

Esta querella a simple vista pareciera una queja común, como muchas otras, que durante el siglo XVI se presentaron ante las autoridades novohispanas, y que buscaban por un lado, “se remedie y en todo aya enmienda para adelante”, y por el otro, que “el suso dicho sea castigado de su delito”, con lo que se pretendía que este tipo de delitos no derivaran en hechos de sangre.

Pero el verdadero origen del problema es que los malos tratos que sufrieron los de la estancia de San Felipe a instancias del gobernador, el cacique y principales del pueblo de Yolotepec, fue por una vieja rencilla que su cabecera, en este caso Tlaxiaco, seguía con los del pueblo de Yolotepec por unos pedazos de tierra llamados Mistepeqtongo y Chicometete, en cuyos términos se encontraba la estancia de San Felipe y que Tlaxiaco alegaba ser el poseedor desde “inmemorial tiempo”, puesto que las “han labrado, cultibado, senbrado e cogido”, alegando también, que todos los naturales que han vivido en la estancia de San Felipe siempre han reconocido como su dirigente, al cacique del pueblo de Tlaxiaco.

Ante tal situación, las autoridades de Tlaxiaco, para probar la tenencia y posesión de las tierras, ofrecieron al Alcalde Mayor de Teposcolula presentar testigos que manifestarían no sólo “aberlo ellos visto así del tiempo aca” sino haberlo oído decir “a sus padres abuelos e otros biejos mas ancianos” que las tierras siempre habían pertenecido a ellos. Asimismo presentaron “una escritura – declaración de las dichas tierras de Mistepeqtongo”, las cuales les fueron adjudicadas por Tristán de Arellano y que es el documento de que hacemos referencia al inicio de este escrito.

Este documento es un traslado de una escritura, no sólo por lo dicho por las autoridades de Tlaxiaco al final de su ocurso presentado al Alcalde Mayor, sino que también, porque en la parte superior izquierdo del documento se lee “Traslado de la escritura de los de Tlaxiaco sobre las tierras de taxcotepetongo”.

Sabemos, por lo que se desprende del documento, que éste paso ante don Tristán de Arellano, quien fungía como corregidor en el pueblo de Huaxolotitlán, y como juez “en las cosas tocantes a yndios en la cibdad de guaxaca y en toda su probincia”, y que para poder realizarlo se necesitó de dos intérpretes: uno en lengua mexicana y otro en lengua mixteca.

Esta escritura es un convenio que celebraron los de Tlaxiaco y Teozacoalco con la finalidad de terminar un pleito por un pedazo de tierra llamado Taxcotepetongo y sobre cinco casas de indios ubicados en la estancia de Uxitlán, el cual se encontraba pendiente en la Real Audiencia y con ello poder poner fin a “muchas costas e gastos e bullisios e desasosiegos”.

En el convenio se estableció que las tierras en litigio se dividirían por la mitad, tocando una de ellas a los indios del pueblo de Teozacoalco, y la otra para los del pueblo de Tlaxiaco; asimismo, se estipuló que las cinco casas “de maceguales” quedaban en poder de Tlaxiaco con la condición de que los maceguales que las poseyeran “no puedan tomar senbrar ni beneficiar mas tierras de las que hasta agora an tenido e beneficiado”.

De igual manera, y para evitar alguna diferencia en un futuro, quedaron establecidos los mojones “que parten” los términos de ambos pueblos y que quedaron “señalados e pintados en una pintura”. Resulta interesante este punto, pues en este mapa o lienzo quedaron establecidos los linderos que ambos pueblos reconocían y sobre los que en un futuro no debía de haber “pleito debate ny diferencia”.

El resultado o conclusión tanto del delito como de la posesión de las tierras no podremos saberlo, desafortunadamente, ya que el expediente se encuentra incompleto pues sólo se conservan 5 fojas, del folio 102 al 106 de la numeración original. Aunque si hay que señalar y preguntarse si las tierras llamadas Mistepeqtongo en el ocurso y la llamadas Taxcotepetongo en el convenio son las mismas.

El Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca se localiza en Hidalgo 1106, Centro.

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