Alberto Benítez Tiburcio

Las democracias contemporáneas atraviesan una paradoja inquietante. Conservan elecciones, partidos, congresos y tribunales, sin embargo, por debajo de esa normalidad institucional se ha ido desgastando algo menos visible y más decisivo: la confianza democrática. La gente vota, pero desconfía de las instituciones; escucha hablar de derechos, pero sabe que la justicia no llega igual para todos; cree en el esfuerzo, pero advierte que el origen social, el apellido, el color de piel, la escuela y las relaciones siguen decidiendo el futuro.

Ese malestar no apareció de pronto. Durante décadas, las doctrinas económicas dominantes ordenaron las prioridades públicas alrededor de variables macroeconómicas y dejaron en segundo plano lo que no cabía en una gráfica, como la dignidad, el reconocimiento y la movilidad social. A millones de personas se les educó en una promesa sencilla: vota, estudia, trabaja, esfuérzate, respeta las reglas y, tarde o temprano, saldrás adelante. La realidad fue menos generosa. La pobreza persistió, la desigualdad siguió marcando destinos, la corrupción continuó operando como un lenguaje informal del poder, la inseguridad condicionó la vida cotidiana y la justicia fue lenta, costosa e inaccesible. Para las mayorías, la democracia terminó pareciéndose menos a una promesa de libertad y esperanza de movilidad, y más a una maquinaria de reproducción de privilegios de las élites.

Por eso el enojo social contemporáneo no puede despacharse como irracionalidad. Muchas veces es memoria de abandono. Es la respuesta de una sociedad que pidió moderación a quienes no tenían oportunidades, paciencia a quienes vivían en la urgencia y confianza a quienes nunca fueron tratados con igualdad. Ese enojo tiene causas legítimas. El problema comienza cuando es capturado por liderazgos que prometen justicia, pero entregan concentración de poder; que ofrecen castigo a las élites, pero debilitan los derechos y libertades de todos y que invocan la eficacia, pero desmantelan los contrapesos que hacen posible una República. Ejemplos en el mundo sobran. Trump en Estados Undios, Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua, solo por mencionar a algunos.

Ésa es la ruta conocida del populismo contemporáneo. No siempre inventa la herida, sin embargo, a menudo la traduce en clave emocional. Toma el resentimiento de las mayorías, identifica culpables, simplifica problemas complejos y ofrece una salida emocionalmente satisfactoria: menos límites, menos prensa crítica, menos instituciones que estorben. La promesa seduce porque parece eficaz, pero el riesgo está en que el poder sin límites puede ser más rápido, pero también más peligroso.

Frente a ese deterioro conviene recuperar la intuición central del libro de Richard Haass, La carta de obligaciones: los diez hábitos de los buenos ciudadanos: una democracia no se sostiene únicamente sobre los derechos de los ciudadanos, sino también sobre sus obligaciones. No basta exigir libertad; hay que practicar ciudadanía. No basta votar; hay que informarse, participar, deliberar, cuidar la verdad pública y defender las reglas comunes incluso cuando no favorecen a los nuestros. 

Desde esa convicción propongo este sencillo decálogo para preservar nuestra democracia.

1. Informarnos antes de juzgar y cuidar la verdad pública.

Cuando una sociedad pierde hechos compartidos, la democracia se queda sin suelo común. La propaganda viaja rápido, la mentira se disfraza de certeza y la posverdad gana terreno con una facilidad preocupante. Antes de compartir, hay que verificar; antes de condenar, hay que entender. En una democracia intoxicada por redes sociales, algoritmos e indignación permanente, pensar con calma se ha vuelto una forma de resistencia.

2. Construir y defender el Estado de derecho por encima de cualquier proyecto político.

Cuando la ley sólo se aplica contra los adversarios, la República empieza a convertirse en facción. Las reglas deben valer para todos, no únicamente para quienes incomodan al poder o para quienes pertenecen al grupo contrario. Cuando la legalidad depende de quién gobierna, deja de ser regla común y se vuelve instrumento de dominación partisana.

3. Conocer y defender nuestros derechos fundamentales y la democracia constitucional: 

Cuando una sociedad ignora sus libertades básicas, resulta más fácil que la concentración del poder las erosione poco a poco, casi siempre en nombre de la eficacia, la seguridad, la transformación o la voluntad popular. La democracia constitucional no consiste solamente en votar. También consiste en limitar a quien gana. Los pesos y contrapesos protegen al ciudadano frente al abuso del poder. Por eso deben defenderse la división de poderes, los tribunales independientes, los congresos que deliberan, la transparencia, la libertad de prensa y los derechos humanos. Todo ello forma parte de una misma arquitectura: impedir que una persona, un partido o una mayoría puedan decidir sin controles.

4. Exigir la generación condiciones de inversión, empleo y bienestar.

Una democracia que no genera bienestar deja vacío el terreno para quienes prometen orden y castigo, pero quieren ejercer un poder sin límites. La democracia no se sostiene sólo con discursos de libertad: necesita producir bienestar concreto. Cuando una economía no genera empleos formales, ingresos suficientes, inversión productiva y oportunidades reales de desarrollo y movilidad social, la confianza democrática se erosiona. La gente no vive de abstracciones institucionales; vive del salario, del transporte, de la seguridad, de la escuela y de la posibilidad de imaginar un futuro. En ese escenario, la redistribución de la riqueza se vuelve tan importante como su generación.

5. Pagar impuestos y exigir una reforma fiscal progresiva y verdaderamente justa.

Una democracia no puede pedir sacrificios iguales a quienes viven realidades desiguales. No hay democracia sólida sin un Estado capaz de financiar derechos, seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura. Pero tampoco hay legitimidad democrática cuando la carga fiscal se percibe injusta: cuando pagan proporcionalmente más quienes menos margen tienen, mientras quienes más concentran riqueza reducen su contribución efectiva mediante litigios, excepciones, deducciones o planeaciones fiscales agresivas.

Una república necesita una reforma fiscal progresiva. Todas y todos deben contribuir, pero deben hacerlo más quienes más tienen. Hay que cerrar privilegios fiscales, combatir la evasión y la elusión. La justicia fiscal no es castigo a la riqueza, es coresponsabilidad democrática.

6. Construir una sociedad más igualitaria, sin racismo ni clasismo, donde el mérito y la movilidad social puedan ser reales.

Una democracia no puede consolidarse si millones de personas sienten que su destino está condicionado desde el nacimiento por el color de su piel, su apellido, su género, su acento, su colonia, su escuela o la comunidad de la que vienen. No podemos seguir hablando de mérito mientras toleramos estructuras silenciosas de exclusión que hacen que algunos empiecen la carrera varios metros adelante y otros nazcan prácticamente derrotados.

Combatir el racismo, el clasismo y la pigmentocracia no es un gesto de corrección política: es una condición democrática. La verdadera meritocracia no consiste en repetir “échale ganas”, sino en construir un piso común suficientemente digno para que el esfuerzo, la disciplina y la excelencia puedan abrirse camino hacia una movilidad social efectiva. Una sociedad sin movilidad social se llena de frustración, y una sociedad frustrada empieza a desconfiar de la democracia.

7. Participar activamente, deliberar y discrepar sin deshumanizar.

Sin ciudadanos que participen y adversarios que puedan seguir hablando, la democracia se vuelve solo un ritual electoral. La ciudadanía no termina en la urna e implica organizarse, exigir cuentas, hacer comunidad, vigilar al poder y cuidar lo público. Los ciudadanos debemos participar más activamente en la reconstrucción democrática del estado derecho. Una democracia donde la gente sólo participa cada tres o seis años deja demasiado espacio a quienes sí participan todos los días: los grupos de interés, los partidos, las burocracias y los poderes económicos.

8. Mantener la civilidad y rechazar toda forma de violencia, especialmente la política.

Cuando el miedo sustituye a la palabra, la democracia deja de deliberar y empieza a obedecer. La democracia necesita pasión, desacuerdo y conflicto, pero no puede sobrevivir cuando la política se convierte en amenaza, intimidación o agresión. La violencia destruye el espacio común porque reemplaza la palabra por el miedo. 

9. Pensar en las próximas generaciones.

Una democracia responsable protege agua, bosques, biodiversidad, clima y futuro. La crisis ambiental no es un tema accesorio, porque gobernar democráticamente implica no hipotecar el porvenir para resolver comodidades presentes. Cuidar el agua, los bosques y la biodiversidad no es romanticismo verde, sino responsabilidad democrática con el futuro.

10. Poner la República por encima de cualquier partido, líder o proyecto personal.

La República no se hereda completa: se defiende todos los días o se pierde poco a poco. Los partidos pasan, los gobiernos cambian, los liderazgos terminan, pero las instituciones republicanas deben permanecer porque pertenecen a todos. La democracia se degrada cuando confundimos lealtad política con obediencia ciega, o cuando creemos que defender a un líder importa más que defender las reglas comunes. Cuando el poder deja de tener límites, tarde o temprano deja también de servir a la libertad.

————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Ernesto Ruiz

¿Y si los desastres ambientales no son el costo inevitable del desarrollo, sino negligencias punibles?

¿Y si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indagará qué ha pasado con el recurso para mantenimiento de la refinería Antonio Dovalí Jaime y los ductos?

¿Y si está violando nuestros Derechos Humanos?

La narrativa oficial y corporativa se ha vuelto experta en el arte de la ingeniería del deslinde. Cada vez que una mancha negra devora una playa, un río o un campo de cultivo en nuestro estado, el guion institucional es casi idéntico: fue una toma clandestina, un acto de vandalismo o una desafortunada anomalía fortuita. Pero quienes conocemos las tripas de la administración ambiental y hemos caminado el territorio oaxaqueño, sabemos que aquí el olor a amoníaco y chapopote no es un accidente; es síntoma de una sistemática simulación.

De Salina Cruz a Palomares, los desastres no son anomalías de la naturaleza, sino las cicatrices abiertas de una infraestructura obsoleta que colapsó hace años. En el puerto de Salina Cruz se acumulan más de 60 derrames en el último lustro, con crisis urbanas y costeras recurrentes que asfixian bahías como La Ventosa. La herida en la zona norte del Istmo cala de forma distinta: En octubre de 2022, el tramo del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Salina Cruz reventó en San Juan Güichicovi, el petróleo crudo convirtió al río El Corte y al Arroyo Tonto en cementerios flotantes de tortugas, ganado y aves, dejando los pozos artesanales de comunidades indígenas como El Triunfo, Tolosita y Sarabia inservibles y oliendo a muerte. 

Apenas dos meses después, en diciembre de ese mismo año, el ducto en la agencia de Donají, Matías Romero, exhaló una nube tóxica de amoniaco que provocó el desplazamiento forzado de más de 1,200 almas y quemó los maizales. En febrero de 2023, fue el rugido invisible del gas isobutano el que obligó a evacuar familias en plena noche ante el pánico de una explosión.

El mapa de México se está tiñendo de negro a una velocidad alarmante. Datos oficiales revelan que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, la petrolera estatal registró un total de 1,490 derrames y fugas a nivel nacional. En el 2025 se consolidó esta tendencia crítica con 1,015 desastres operativos, la inmensa mayoría de ellos catalogados bajo la causa de “falla industrial”. No es el huachicol; es el envejecimiento de la infraestructura y la criminal falta de mantenimiento.

Frente a la terca realidad de los datos y el testimonio de ingenieros y exfuncionarios de la refinería Antonio Dovalí Jaime que han denunciado cómo el presupuesto de integridad de ductos se esfuma en el laberinto de la corrupción interna, la pregunta que da título a esta columna deja de ser una hipótesis técnica para convertirse en un reclamo político urgente: ¿Y si sí?

¿Y si resulta que los técnicos tienen razón? ¿Y si los desastres ambientales no son el costo inevitable del desarrollo, sino negligencias punibles?

Imaginemos por un momento un México donde las instituciones encargadas de la gobernanza y la justicia ambiental no fueran meros espectadores de adorno. ¿Cuál sería nuestra realidad si la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ejerciera sus facultades de inspección y vigilancia con rigor? Entre 2015 y 2022, Pemex reportó casi 6,000 incidentes en sus informes de sustentabilidad, pero la ASEA solo emitió 14 sanciones. Una impunidad del 99.7%. ¿Qué pasaría si en lugar de actuar como una condescendiente oficina de trámites de escritorio, la ASEA clausurara las instalaciones que son una bomba de tiempo en el Istmo?

¿Cuál sería la realidad si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rascara a fondo en las partidas presupuestales de mantenimiento preventivo, encontrara los desvíos y pusiera nombres y apellidos al dinero desaparecido que debió usarse para sustituir las líneas de distribución en Oaxaca y dar mantenimiento a la Refinería Antonio Dovalí Jaime?.

¿Y qué pasaría si la Fiscalía General de la República (FGR) hiciera su trabajo y dejara de usar la coartada perfecta? Cuando se presenta una denuncia —como las cinco que la Procuraduría Ambiental Estatal (PROPAEO) interpuso formalmente ante la federación en febrero de 2023—, la FGR se apresura a catalogar a Pemex como la “víctima” del robo de combustible. El caso se archiva bajo el argumento de que el daño no fue intencional por parte de la empresa, sino una consecuencia del “Huachicoleo” dejando intacta la responsabilidad de los altos mandos por omisión. ¿Qué pasaría si la FGR judicializara con seriedad las carpetas por los daños ambientales contra los funcionarios responsables?.

La respuesta es clara para quienes hemos estado en la trinchera del servicio público: si esas tres instituciones —ASEA, ASF y FGR— hicieran su trabajo, la impunidad petrolera se terminaría mañana. Los ríos de Oaxaca correrían limpios, los pescadores podrían tener un sustento seguro y el desarrollo regional en el marco del Corredor Interoceánico sería sustentable y digno para los pueblos originarios.

Si la ley ambiental se aplicara sin dobleces ni tintes políticos, Pemex tendría que dejar de gastar en retórica nacionalista y empezar a invertir en tuercas, soldaduras, estudios de daño ambiental, programas de remediación y tecnología. Hoy nos quieren convencer de que el desastre es el precio del progreso. Pero la sospecha está sembrada: ¿Y si sí es corrupción? ¿Y si sí es abandono? ¿Y si sí es omisión? ¿Y si sí es violación a los Derechos Humanos? Si las instituciones cumplieran con su deber, la verdad nos daría un país muy diferente. Uno en el que el futuro de Oaxaca, por fin, no huela a petróleo.

————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Alberto Benítez Tiburcio

Decía Lord Acton que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». Hay frases que sobreviven al paso del tiempo porque describen una constante de la condición humana. La de Acton no habla de un gobernante específico ni de una ideología determinada; habla del poder mismo. Durante siglos pensamos que el gran problema de la política consistía en encontrar buenos gobernantes. Con el tiempo descubrimos que esa era la pregunta equivocada. Incluso los mejores gobiernos cambian, las mayorías se transforman y los partidos desaparecen. Lo único que permanece es una realidad incómoda: el poder tiende naturalmente a expandirse. Nunca considera suficientes las facultades que posee y siempre encuentra razones plausibles para justificar otras nuevas. La verdadera pregunta de la política nunca ha sido quién debe gobernar, sino cómo impedir que quien gobierna termine ejerciendo un poder sin límites.

Ésa es la idea fundacional del constitucionalismo y, probablemente, una de las aportaciones más importantes de la civilización occidental. El constitucionalismo y el republicanismo modernos surgieron como respuesta al absolutismo monárquico que dominó buena parte de Europa durante los siglos XVII y XVIII, cuando la concentración del poder en la figura del rey prácticamente no reconocía límites jurídicos. Solemos imaginar que una Constitución sirve para organizar el Estado y distribuir competencias. Todo eso es cierto, pero no constituye su finalidad principal. Las constituciones modernas nacieron, sobre todo, para limitar al poder. En su esencia expresa desconfianza hacia el poder. Parte de una premisa sencilla, pero profundamente realista: ningún ser humano debería disponer de facultades suficientes para imponer su voluntad sin encontrar límites institucionales.

Esta distinción resulta indispensable porque con frecuencia confundimos democracia con constitucionalismo, como si ambas palabras fueran sinónimos. No lo son. La democracia responde a una pregunta decisiva: ¿quién tiene derecho a gobernar? Su respuesta es el voto ciudadano. El constitucionalismo responde otra todavía más importante: ¿qué NO puede hacer ese gobernante una vez que obtuvo legítimamente el poder? La democracia crea poder político; el constitucionalismo lo contiene. La primera otorga legitimidad para gobernar; el segundo garantiza que esa legitimidad no se convierta en arbitrariedad. Una mayoría puede decidir quién gobierna, pero no puede decidir que desaparezcan la libertad de expresión, el debido proceso o la igualdad ante la ley. Precisamente porque existen derechos fundamentales que el poder no puede vulnerar, también deben existir instituciones capaces de protegerlos incluso frente a las mayorías.

Aquí aparece el verdadero significado de la división de poderes, una idea que con demasiada frecuencia reducimos a una explicación escolar sobre las funciones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esa descripción es correcta, pero superficial. La división de poderes no existe para distribuir tareas administrativas; existe para distribuir el poder mismo. Su lógica consiste en impedir que una sola autoridad acumule suficientes atribuciones para convertirse en juez de sus propios actos. Los pesos y contrapesos no representan un obstáculo para gobernar; constituyen la condición indispensable para que el gobierno permanezca sujeto al derecho.

No deja de ser paradójico que, justamente cuando las democracias contemporáneas han alcanzado los mayores niveles de desarrollo constitucional de su historia, haya resurgido la tentación demagógica de presentar esos límites como un problema. Con creciente frecuencia se afirma que los tribunales obstaculizan las transformaciones, que los órganos constitucionales autónomos son prescindibles, que la prensa crítica desestabiliza o que la oposición simplemente bloquea el mandato de las mayorías. El argumento parece atractivo porque promete eficacia. Si el gobierno dejara de enfrentar controles, podría actuar con mayor rapidez. Sin embargo, la experiencia histórica enseña exactamente lo contrario. El poder sin límites puede ser más veloz, pero también es mucho más peligroso. La eficiencia nunca puede ser un sustituto de la libertad.

Los estudios contemporáneos sobre la erosión democrática coinciden en una conclusión inquietante. Las democracias ya no suelen desaparecer mediante golpes de Estado ni por la suspensión abierta de las constituciones. Se deterioran gradualmente desde el interior de sus propias instituciones. Poco a poco, el problema deja de ser el abuso del poder y pasa a ser la negación misma de los límites al poder. Ése es el momento en que una democracia comienza a confundirse con la simple concentración del poder.

Conviene recordar entonces para qué fueron creados los derechos humanos. No constituyen una concesión generosa del Estado ni un catálogo de aspiraciones morales. Representan un espacio de autonomía que el poder no puede invadir. Son la frontera jurídica que protege la dignidad de las personas frente a cualquier autoridad, incluso frente a aquella que llegó legítimamente mediante el voto. Por eso los derechos humanos y el constitucionalismo son inseparables. Los derechos carecerían de eficacia sin instituciones independientes que los hicieran valer, y esas instituciones perderían sentido si dejaran de existir derechos que proteger. La división de poderes, en consecuencia, no es un fin en sí mismo; es el mecanismo mediante el cual las libertades dejan de depender de la buena voluntad del gobernante y pasan a descansar en la fuerza del derecho.

Quizá el mayor error de nuestro tiempo consista en pensar que las instituciones fueron diseñadas para facilitar el ejercicio del poder. En realidad fueron creadas para limitarlo. Por eso los pesos y contrapesos no protegen a los poderes públicos; protegen a los ciudadanos frente a los poderes públicos. Ésa es la diferencia entre un Estado constitucional y un régimen autoritario donde el poder termina respondiéndose únicamente a sí mismo.

En el fondo, la división de poderes es una convicción profundamente democrática: ningún gobernante, por popular que sea, puede colocarse por encima de la Constitución porque la Constitución, antes que un pacto entre quienes ejercen el poder, es un pacto para proteger la libertad, la dignidad y los derechos de las personas. Ésa es la razón por la que las democracias constitucionales siguen siendo la mejor herramienta que hemos construido para convivir en libertad: permiten que el pueblo decida quién gobierna, pero impiden que cualquier gobernante, incluso aquel elegido por el propio pueblo, pueda convertirse en dueño del poder. Porque el poder sólo es verdaderamente democrático cuando encuentra límites; cuando deja de tenerlos, tarde o temprano deja también de servir a la libertad.

————————————————

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.