Aurelio Ramos Méndez

El hallazgo de un narcocampo de concentración y exterminio de personas, provisto de hornos crematorios, en Jalisco, y la presunción de existencia de muchos más, ha desatado entre la clase política y gobernante –incluido el hervidero de la comentocracia– una deplorable, repugnante ola de hipocresía, amnesia, complicidades, oportunismo y desconexión de la realidad.

Con el descubrimiento –no por las autoridades sino por ciudadanos– del Izaguirre Ranch, en Teuchitlán, donde habrían sido asesinadas unas 200 personas, algunos de esos señores se dijeron “horrorizados” e “indignados” por las “monstruosidades” allí cometidas. 

¡Hasta hubo un columnista farsesco y culebrero que consideró la espeluznante localización como “un atisbo de esperanza”, porque, ahora sí, este episodio llevará la sociedad a gritar “¡basta ya!” de tanta violencia!

Hablamos de políticos, funcionarios, exfuncionarios y opinadores que vociferan y echan espumarajos mientras ocultan la parte de responsabilidad que les corresponde en la tragedia. 

Personajes a quienes, ante su estupefacción, resulta inevitable preguntarles en que planeta han vivido las últimas cuatro décadas.

Durante al menos cuarenta años la barbarie se ha enseñoreado en nuestro país, protagonizada por cárteles de las drogas, y en largos períodos, como el calderonato, consentida, alentada o ejecutada por el Estado; con las fuerzas armadas –¡qué abrazos, mejor balazos!– como un agente activo más en las hostilidades.

La violencia atroz ha sido igualmente manipulada, silenciada o magnificada –según las conveniencias—desde el periodismo por el grueso de propietarios, concesionarios, directivos y comentaristas de los principales medios.

Da grima por ello el maniqueísmo con que ahora alharaquean, lamentando la atmósfera de espanto de los hornos crematorios, que muchos de ellos indirectamente contribuyeron a edificar.

Clima de terror que persistirá mientras persistan inalterables los factores que lo propician, en primer lugar el poder del narco, principal usufructuario de la absurda y tozuda ilegalidad de las drogas.

Valga mencionar sólo algunos de los episodios de violencia más traumáticos que ha experimentado nuestro país.

Resalta el de 1985, cuando ocurrió el secuestro y asesinato del policía de la DEA Enrique Camarena, elevado a la categoría de héroe por su gobierno; pero, en los hechos, un narco más en su condición de infiltrado en la banda de Caro Quintero.

Presionado por el gobierno gringo, el gobierno mexicano ordenó la búsqueda del paradelincuente Camarena, con el resultado de que policías mexicanos masacraron a cinco integrantes de una familia en la finca El Mareño, en Michoacán. 

Deplorable remanente de aquellos hechos –valga la digresión– ha sido la calumnia en contra del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, político nacionalista a carta cabal, dizque copartícipe en el asesinato del narcogendarme de la DEA. 

Acusación ésta que el gobierno de la principal potencia mundial ¡no ha podido probarla en cuatro décadas! por la sencilla razón de que es una patraña.

De ser culpable, Bartlett merecería estar consumiéndose en un penal de alta seguridad. Mas, si nada le ha sido comprobado en casi medio siglo, ¿no es razonable exigir que nuestro gobierno, como debe ser, defienda un ciudadano mexicano y le pida a su contraparte estadunidense dejarlo de una buena vez en paz?

Muchos de quienes ahora hacen aspavientos son los mismos que han contribuido por años a anestesiar la sociedad hasta dejarla catatónica, en un ambiente de entera normalización de la violencia.

¿Capituló en su ética periodística la alianza de medios que durante el calderonato acordó abstenerse de publicar información sobre la guerra contra el narco, en particular los narcomensajes?

¿Acató sin chistar el gremio periodístico las modificaciones legales para resguardar, dizque por respeto a los derechos humanos, la identidad de presuntos delincuentes, impidiendo la difusión de los nombres e imágenes de estos en los medios? 

¿Ha sido atinada y útil autocensura la aplicación generalizada del criterio academicista que recomienda no publicar con exhaustividad las narcosalvajadas –descuartizados, decapitados, colgados, disueltos en ácido, enterrados vivos— con objeto de que nada perturbe la tranquilidad de las audiencias?

El grueso de los medios ha maquillado la realidad, cuando lo procedente tendría que haber sido sacudir a la sociedad, tratar de hacerla tomar conciencia mostrándole, como en un espejo, la brutalidad de los hechos. 

No caben ahora quejas porque la población está adormecida y acabó por considerar la violencia como algo ajeno, lejano, cuando es pan de todos los días. 

El concesionario de TV-Azteca, Ricardo Salinas Pliego, por medio de su colaboradora Adriana Delgado, les prohibió por años a sus periodistas hablar en la tele de la insensata guerra antinarco. 

Se entiende que así haya sido. En 1993 el narcotraficante Raúl Salinas de Gortari –así lo catalogó el gobierno de Suiza– le prestó, sin documento alguno de por medio, por puro crédito a la palabra, la bicoca de 29.8 millones de dólares para adquirir Imevisión.

Son legión quienes se dicen horrorizados por la sangre que rezuman los hornos crematorios. Héctor Aguilar Camín, Ciro Gómez Leyva, Loret, Joaquín, Marín, Héctor de Mauleón, Jorge Castañeda…

Y los panistas Jorge Romero y Germán Martínez Cázares, el inefable Alito, Emilio Alvarez Icaza, Sergio Sarmiento y muchos, muchos más…

Renglón aparte merece el columnista Raymundo Riva Palacio, quien la semana pasada reconoció que mantuvo relaciones “profesionales” con Genaro García Luna. Algo que hasta el menos perspicaz de sus lectores ha percibido en sus textos de cínica defensa del exfuncionario mafioso, confinado ahora en una celda de castigo, con aislamiento extremo, en un penal de Virginia.

En la trayectoria laboral del autor de Estrictamente Personal resaltan sus servicios –¡que vocación!– a prominentes generadores de violencia, como se denomina a los capos en la jerga policiaca. El extitular de la SSP, Carlos y Raúl Salinas, Carlos Ahumada, Juan Francisco Ealy Ortiz, entre varios más.

En los meandros de la manipulación mediática fueron sesgados o acallados en estos años episodios estremecedores.

Desde el asesinato del tristemente célebre Cochiloco, Manuel Salcido Uzeta, en calles de Guadalajara, en 1991, hasta el macabro lanzamiento de cinco cabezas humanas a la pista de baile del antro michoacano Sol y Sombra, en 2006.

Y del ataque a balazos a unos 60 estudiantes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, con saldo de 16 muertos, en enero de 2010, a la masacre de 72 migrantes fusilados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de ese mismo año, 2010.

O, del incendio provocado al Casino Royal, en Monterrey, con saldo de 52 muertos, en agosto de 2011, al enfrentamiento de la Policía Federal con delincuentes en el rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, que dejó 43 muertos, en mayo de 2015.

¿Qué puede llevar entonces a pensar que el caso Teuchitlán marca un punto de quiebre y que la violencia entrará por fin en declive? ¡Fariseísmo puro!

BRASAS

Levantó polvo el aplazamiento hasta 2030 de la reforma constitucional que impide la relección y el nepotismo. Por mucho que irrite, así tuvo que hacerse en aras de la buena técnica legislativa.

Por principio, ninguna modificación normativa –lo saben legisladores veteranos de todos los partidos– puede ser confeccionada con destinatario incluido. Menos si es para favorecer o perjudicar a quien o quienes inician la reforma.

En las cámaras del Congreso se dice y repite que “en buena técnica legislativa” debe establecerse un periodo de gracia para que la ley resulte lo más general posible.

¿Esperaban los objetores del cambio en cuestión que los Salgado Macedonio, los Monreal, Ruth Salgado y otros legisladores cuyos clanes familiares están enchufados a la política se ahorcasen solos?

Estamos ante una típica tormenta en vaso de agua, agitada por la grilla, la polarización y el odio.

Si la ley lleva la prohibición hasta 2030, ¿impide esto que los partidos, el INE, el tribunal electoral y otras instancias hagan lo que se debe para impedir que parentelas acaparen los puestos de elección popular?

¿Se necesita que el impedimento esté plasmado en la ley para que los políticos tomen la iniciativa de moralizar su actividad y atajar a los Murat, Beltrones, Cabeza de Vaca y otros parásitos perfumados?

Frenar el nepotismo es algo que, con ley o sin ley, debe hacerse de inmediato con las herramientas de la política, en los procesos electorales locales más cercanos y en el federal de 2027. ¿Quién dice que no se puede?

RESCOLDOS

¡Asomó la oreja el burro! El patán megaevasor de impuestos y socio de narcos, Ricardo Salinas Pliego, apresura –chasqueándoles los dedos– a los ministros de la Corte, con la finalidad de que resuelvan ¡ya! Una pila de amparos a su favor. Busca evitar tener que vérselas con una Corte por elección, menos condescendiente. Intenta evitar pagarle al Estado ¡63 mil millones de pesos! Esto explica por qué llegó a la barbajanería de llamar “burra” a la ministra Lenia Batres…

¡Viva la ejemplar democracia gringa! Donald Trump promoviendo sin ningún prurito ético, desde el más alto cargo del Estado, negocios privados. Ya tiene un auto Tesla comprado a su socio y empleado Elon Musk. Tal como en Argentina Javier Milei emplea el poder del Estado para maquinar megaestafas por comisión con criptomonedas y publicitar escuelas particulares. ¡Réquiem por la noción de la responsabilidad pública!

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Omar Rodríguez

El pasado domingo 9 de marzo se llevó a cabo un acto sin sentido, financiado con recursos públicos que bien pudieron haberse destinado a cubrir necesidades más urgentes, como la compra de medicamentos, por ejemplo. Encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre acarreados y seguidores incondicionales, la mandataria se vanagloria de haber logrado retrasar la imposición arancelaria con la que el presidente Donald Trump pretende acorralar a México contra las cuerdas. Ciento seis minutos duró el discurso de la presidenta, quien se cuelga laureles por un “logro” que ni siquiera es un hecho consumado: el arancel solo se ha pospuesto un mes. No hay nada que celebrar todavía. Un mensaje flojo y sin

contenido, pura palabrería que bien pudo haberse comunicado mediante una transmisión televisiva en lugar de montar lo que llamaron “Aranceles Fest”. Pero esta es la cara del populismo: de la mano de la demagogia, atrapa al fanático y al que porta el báculo de los fatigados, siempre incitando a la polarización del pueblo. “Divide y vencerás” es una táctica de manipulación que ha sido utilizada por milenios. El populismo, cuyo discurso se basa en la narrativa del “nosotros”contra “ellos”, provoca la división social entre colectivos. Esta polarización erosiona el sentido de comunidad y solidaridad, generando conflictos internos que impiden el diálogo constructivo y el consenso en torno a las políticas públicas.

El desprecio por los contrapesos y los mecanismos de rendición de cuentas facilita la toma de decisiones unilaterales, lo que puede derivar en prácticas autoritarias. Esta es la columna vertebral del gobierno de los cuatroteístas, quienes disfrazan su desprecio por las instituciones con un falso amor por lo que llaman “el pueblo bueno y sabio”. Está claro que eventos como el del domingo son una táctica para simplificar problemas complejos con distracciones burdas: “Pan y circo” para el pueblo. Mientras bailan y cantan, el gobierno populista se aprovecha de la necesidad y la ignorancia, logrando que, con un espectáculo, 600 pesos y una torta, muchos queden satisfechos y cegados, listos para ir al matadero.

Estos líderes recurren a la coacción social, presentando soluciones simplistas a problemas estructurales en lugar de hacer un verdadero análisis de sus causas. Esta estrategia, lejos de resolver, suele generar políticas ineficaces o incluso contraproducentes que, a largo plazo, agravan las desigualdades y los desafíos sociales.

Los cuatroteístas privilegian la retórica emocional sobre el análisis crítico, reduciendo el espacio para un debate político basado en argumentos sólidos y evidencia empírica. Esto empobrece la calidad del debate público y dificulta la construcción de consensos necesarios para abordar problemas históricos del país con soluciones integrales.

Las movilizaciones masivas como esta se convierten en un fin en sí mismo, desvinculadas de la construcción de propuestas sustantivas. Con el tiempo, moldean una ciudadanía reactiva y poco reflexiva, cada vez más distante de una participación realmente informada y comprometida con los procesos democráticos profundos.

El populismo, al explotar las emociones y fomentar la división social, socava la estabilidad política y destruye poco a poco el entramado social y las instituciones democráticas. Sus consecuencias son
fatídicas para el desarrollo y sostenibilidad de nuestro país.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Aurelio Ramos Méndez

Al igual que en 1941, cuando –en plena Segunda Guerra Mundial—debutó en su lucha por la paz y la justicia, La Mujer Maravilla aún combate y vence a los nazis, agazapados ya no entre las potencias del Eje sino –ironías de la Historia– entre quienes lideraron a los Aliados, enemigos de Hitler.

Esta recreación encastra perfecto en el papel que la semana pasada protagonizó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sin más recursos ofensivos que un teléfono y su capacidad persuasiva, doblegó en la batalla contra los aranceles a Donald Trump, el jefe de un soterrado movimiento mundial neonazi y presidente de los Estados Unidos. 

De acuerdo. Bien visto el asunto, la jefa del Estado mexicano no contendió desde el desamparo. Luchó provista de poderosas armas defensivas, que la hicieron invulnerable. 

¿Cuáles armas? La patente unidad nacional –genuina cohesión de casi la totalidad de los sectores sociales, destacadamente el empresarial–, y el blindaje de un asombroso respaldo ciudadano, plasmado en ¡80 por ciento de favorabilidad en las encuestas!, verdadera armadura con coraza de acero.

Añádase la habilidad negociadora y la eficacia diplomática del gabinete, en especial de Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente; el aplomo, la dignidad, sensatez y responsabilidad de la propia Jefa del Ejecutivo, y los buenos, demostrables resultados en la colaboración para el combate al narcotráfico.

Nuestra Presidenta convenció al mandamás de la Casa Blanca de que una guerra comercial a todos perjudicaría, en particular a EU, y le hizo meter reversa en la aplicación de aranceles de 25 por ciento a las importaciones de la potencia provenientes de México y Canadá. 

Lo forzó a respetar el T-MEC, revisado por él en su primera presidencia, en lo tocante a que la imposición de aranceles es improcedente para productos contenidos en este tratado.

Caracterizada como la princesa Diana de Temiscira –nombre real de la superheroína de la famosa historieta— pero sin el Lazo de la Verdad, que obliga a no mentir y vuelve amnésico a quien se lo impone, Sheinbaum consiguió amansar al peligroso gobernante, convicto de 34 delitos.

Conversó con él por teléfono, el jueves 6, y entre los rugidos cavernosos que alcanzó a escuchar logró descifrar algunas lisonjas –“una mujer maravillosa”—y el compromiso de que el tema de los aranceles ya está cerrado. 

Hablamos de Trump, es cierto… Sufre el síndrome de la amnesia selectiva, pero es lo que hay. Solo cabe confiar en que, hasta el 2 de abril cuando definirá lo concerniente a los denominados aranceles recíprocos –generalizados a todo el mundo– mantendrá sus compromisos del jueves.

Cualquiera que sea al final la decisión de este moderno cesar, está claro que en lo atinente a México el diferendo aranceles está zanjado.

Así lo entendió el secretario de Comercio, Marcelo Ebrard. “La orden ejecutiva de Donald Trump protege de aranceles a casi 90 por ciento de los productos que se exportan de México a Estados Unidos”, dijo.

Y el Consejo Coordinador Empresarial, que en un comunicado manifestó que “con el nuevo compromiso se garantiza la estabilidad económica y la continuidad de las cadenas de suministros de la región T-MEC”.

Este organismo cúpula del sector privado reafirmó su respaldo a la Presidenta “y a las decisiones que tome para proteger el crecimiento económico y los intereses del país”. 

La suspensión de los aranceles, indicó, constituye “un paso fundamental para garantizar la estabilidad económica de ambas naciones”.

Del mismo modo lo entendieron directivos de la banca. Con el nuevo arreglo con EU, “México se ha convertido en un norte seguro para las inversiones”, expresó el Director General de Banamex, Manuel Romo. 

Agregó que “la solidez económica y las decisiones que ha tomado el gobierno que encabeza la presidenta Sheinbaum dan certeza a los tomadores de decisiones del mundo”.

Y afirmó que en el sector financiero se confía en el potencial de México, en su anclaje y valía a mediano y largo plazos, pues el país tiene claras fortalezas y cuenta con estabilidad política, social y macroeconómica, diversidad productiva y apertura comercial.

La profundidad y relevancia de estas ventajas “son de tal dimensión que marcan un norte seguro para las decisiones de inversión”, recalcó Romo.

Hasta antes de que nuestra Mujer Maravilla sin brazaletes mágicos ni tiara búmeran indestructible hablara con el jefe de los neonazis Elon Musk, Jeff Bezos y Steve Bannon, la incertidumbre dominaba el mundo de los negocios en México.

Se decía con razón que el T-MEC estaba muerto y sepultado, que el nearshoring fue un sueño guajiro y que no llegaría ni un centavo de inversión extranjera para producir bienes destinados a un mercado cerrado y trancado.

No es que la cosa ahora haya cambiado mucho, si reparamos en que allende el Bravo gobierna un genocida desquiciado, cuyas hazañas más recientes han sido emboscar al presidente de Ucrania en el Despacho Oval y amenazar de muerte a la población de Gaza, en los siguientes términos:

“A la población de Gaza: un hermoso futuro les espera, pero no si retienen rehenes. Si lo hacen, ¡están MUERTOS! Tomen una decisión INTELIGENTE. ¡LIBEREN A LOS REHENES AHORA, O HABRÁ UN INFIERNO QUE PAGAR DESPUÉS!”…

Lo positivo, si algo tiene de eso la coyuntura, es que el matón ya enseño el cobre, exhibió sus puntos vulnerables.

El acuerdo con Sheinbaum prueba que sus aprietes de clavija son baladronadas de regatón en pos de ventajas; que reconoce la ineludible imbricación comercial de su país con el resto del mundo y que sus colaboradores lo chamaquean; su famoso IQ es más bien modesto o de plano tiene graves deficiencias cognitivas.

Hasta antes de su conversación con Diana Prince –uno de los nombres con que la Mujer Maravilla oculta su identidad verdadera, el otro es Claudia Sheinbaum– no estaba enterado sobre el desplome ¡en 70 por ciento! del decomiso de fentanilo, conforme a cifras recopiladas por su gobierno, por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Desde esa posición de ignorancia supina Trump ha tenido la audacia de acusar a nuestro gobierno de no hacer lo suficiente para colaborar en el combate al narcotráfico. 

Enorgullece que nuestra Diana Prince del Palacio Nacional posee aptitudes –sabiduría, destrezas, información, idiomas y conocimientos científicos– que compiten con las del famoso personaje de la historieta, las cuales le permitieron hallar el modo de desasnar al mandatario gringo.

La Mujer Maravilla, según Wikipedia, sabe de todo eso y es además uno de los integrantes más eruditos de la Liga de la Justicia; posee el don de la inmortalidad y la eterna juventud, practica magia y conoce hasta del idioma de los marcianos…

De todo este arsenal se necesitó para hacer entrar en razón, al menos por unos días, al emperador deschavetado.

BRASAS

¿Murió Isabel Miranda de Wallace? Enigma. 

Corroborar información tan concreta y en apariencia imposible de ocultar se torna supremamente complejo tratándose de una mujer cuya vida discurrió envuelta en una espesa nube de escándalos e ilegalidades y complicidades consentidas y hasta alentadas desde la cúpula del poder público.

El real o supuesto deceso trascendió este sábado –sin fuente original responsable de la información–, al parecer ocurrido en el hospital ABC de la capital del país, desmentido, sin embargo, de manera rotunda, por el periodista Ricardo Raphael experto en el llamado Caso Wallace.

De acuerdo con las versiones extraoficiales, el fallecimiento sobrevino en medio de una intervención quirúrgica, en la sede Santa Fe del nosocomio.

Ricardo Raphael, no obstante, aseguró que ni el hospital ni los organismos de seguridad pública de la capital del país reportaron ese día deceso alguno, lo cual alimentó sospechas en torno a la veracidad de la especie.

La incredulidad no fue gratuita. Protegida política de Felipe Calderón, durante por lo menos dos décadas Miranda de Wallace fue acusada desde los cuatro puntos cardinales de haber maquinado un montaje sobre el supuesto secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace.

Se valió para ello de poderosas influencias políticas que le permitieron hacerse justicia por propia mano, detener a los presuntos culpables, ordenar la torturar de estos y encarcelarlos durante años.

Al enigma sobre la muerte de su vástago se suma ahora el misterio en torno al deceso de la propia Isabel Miranda, recipiendaria en 2010 del Premio Nacional de Derechos Humanos, entregado por el Presidente espurio.

Fue además candidata del PAN a la jefatura de gobierno de la capital del país en 2012 y fundó la organización Alto al Secuestro, membrete con el cual respaldó las políticas de seguridad pública de sus valedores políticos. 

Será todo un reto para las autoridades aclarar el caso en los próximos días, sin margen para especulación ni la duda.

Cabe, por lo pronto, deplorar el tamaño que debe tener la corrupción del aparato judicial y las instituciones de justicia, como para que un personaje tan siniestro pueda pasear muy oronda su impunidad durante décadas.

RESCOLDOS

Siete mil 780 pesos de multa deberá pagar Beatriz Pagés por haber difundido en 2023, desde las páginas de Siempre, imágenes, símbolos y expresiones de odio y discriminación en contra de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. En portada la dibujó con suástica y distintivos nazis. Le salió barato. ¡Triste manera de arrastrar el apellido!

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Aurelio Ramos Méndez

¿Si el jefe, amigo y cómplice del narcotraficante Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, fuese arrestado hoy?, ¿aceptarían los mexicanos –en especial quienes nutren la oposición—su extradición a Estados Unidos, bajo el riesgo de ser ejecutado mediante inyección letal o en la silla eléctrica? La respuesta tendría que ser un rotundo no.

Ningún Estado que, se repute democrático y soberano, y sea digno de estas consideraciones puede entregar para fines de justicia a sus nacionales, por monstruosa, aborrecible o peligrosa que sea la ralea de estos, al sistema judicial de otro país. 

La cesión significa el reconocimiento tácito de inexistencia de un sistema básico de justicia y la renuncia del Estado de Derecho.

Viene a cuento esta disquisición ante la entrega por el gobierno mexicano al de Estados Unidos de 29 delincuentes, una extradición que es la más grande –y vergonzosa– de la historia.

Extradición a la cual la potencia vecina, con miras a eludir compromisos, busca despojar de su calidad jurídica desmereciéndola mediante eufemismos tales como expulsión, expatriación, destierro o simple traslado.

Hizo bien el fiscal Alejandro Gertz Manero en asentar, en respuesta a preguntas sobre el riesgo de aplicación de la pena capital, lo que para México significa la entrega de esos delincuentes: 

“Conforme a los acuerdos y tratados entre México y Estados Unidos, no se puede aplicar la pena de muerte porque ella no existe en las leyes mexicanas, y eso debe ser respetado”.

Dijo que “cuando se sujeta una operación internacional a convención internacional, como en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención”.

Ilustrar la triste coyuntura en la persona de Calderón no es gratuito, sino producto de la voluntaria exposición del exmandatario como caso hipotético. 

Y, porque, además, él celebró con bombo y platillo la extradición colectiva, sin percatarse de que su propio pellejo está en juego.

La condena de García Luna a 38 años de prisión en EU es prueba no de descuido ni mera tontería sino de complicidad de quien lo nombró y mantuvo durante seis años como su brazo derecho y secretario de Seguridad Pública.

Calderón anda por el mundo a salto de mata y la posibilidad de su arresto no es remota, sobre todo si se atiende a lo dicho con insolente grandilocuencia por el director del FBI, Kash Patel: 

“El FBI y nuestros socios recorrerán los confines de la Tierra para llevar a los terroristas y a los miembros de los cárteles ante la justicia”.

El usurpador de la Presidencia 2006-2012 festejó en las redes el envío de los 29, a pesar de que la designación ahora como “terroristas” puede significarles la pena de muerte. 

Peor, si se considera que el destino de todos ellos está en manos de un delincuente convicto de 34 delitos.

Existe, sí, un tratado de extradición que en efecto prohíbe la aplicación de la pena capital; pero ¿alguien puede dudar de que del matón del Despacho Oval pretenderá hacer con los 29 lo que le venga en gana? 

“Aunque haya sido bajo la presión del gobierno de @DonaldTrump, hay que reconocer la acción del gobierno de extraditar a Rafael Caro Quintero, y a los hermanos Treviño, los muy violentos líderes de los Zetas, el z-40 y el Z-42”, escribió Calderón en X.

Se entiende que el entreguista exgobernante esté dichoso con el tributo y no considere atenuante de la penosa obsecuencia, el que el traslado de los criminales se haya concedido “bajo la presión del gobierno de Trump”. 

Soslayó que nuestro gobierno debió torcerle el cuello al cisne del patriotismo para aceptar la cesión, dadas las presiones del despreciable tirano gringo, quien –dicho sea de paso– ya se perfila con nitidez jefe de un desembozado movimiento neonazi a escala global.

Menos procedía la extradición tratándose de “los muy violentos lideres de los Zetas”. Porque semejante condición implica que estos criminales tienen abultadas cuentas pendientes con la justicia en México, y, por lo mismo, deben pagar sus culpas acá no en Estados Unidos.

Tal como tendría que ser el caso de Calderón, que le causó inmenso daño a México y sería acá donde tendría que pagar por sus delitos, a satisfacción de la sociedad mexicana. 

La sanción a todo delincuente busca de modo primordial resarcir el daño o agravio causado por éste a una sociedad específica, o conforme a un determinado orden de prioridades si fuesen más de una las comunidades ofendidas.

Salvo los acusados de violencia y asesinatos, secuestros y extorsiones, en el mundo del narcotráfico –y entre los 29– hay mafiosos que no sólo no les han causado daño alguno a los mexicanos, sino que –por cínico que parezca—les han reportado beneficios, inyectándole al circuito financiero ingentes cantidades de dinero.

Se trata de delincuentes que han jugado con las reglas del libre mercado, las leyes de la oferta y la demanda y del capitalismo más salvaje –ese que seduce a Trump, Musk y Bezos—, y hasta podría decirse que, a riesgo de su vida, han cumplido una función socialmente útil. Les han acercado a millones de adictos lo que más les gusta.

¿Qué de malo tiene, conforme a las reglas norteamericanas, darle a alguien la substancia que demanda, si laboratorios y farmacias allá ahora mismo están vendiendo opioides para ensanchar el mercado de adictos al fentanilo?

Los narcos mexicanos han proveído a los viciosos de un vasto menú de drogas, cuya circulación es patentemente permitida por el gobierno más poderoso, con el ejército más temible de la tierra, hasta el punto de que son materia de compra-venta a las puertas de la Casa Blanca.

Se metió pa lo hondo Calderón por lengua suelta. “Sólo falta que, como acostumbra la justicia americana, les reduzca las sentencias y les dé trato privilegiado, convirtiéndolos de victimarios en héroes”, escribió en las redes.

En su tesitura, con la justicia del Tío Sam respirándole en la nuca, debió haberse atenido al dicho según el cual “el que por otros pide por sí aboga”, y demandado reducciones de penas para sus congéneres.

De ese modo, en la cercana hipótesis de su captura, estaría en aptitud de defender con uñas y dientes su no extradición. 

Y, si por la razón que sea fuese enviado a hacerle compañía a García Luna, podría legítimamente implorar la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, por ejemplo, sin tener que salpimentar sapos para tragárselos sin hacer gestos.

BRASAS

La orden de aprehensión girada en contra del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, infunde la esperanza de que, ahora sí, en materia de combate a la corrupción el gobierno de la 4T pasará de las palabras a los hechos.

Durante la administración de López Obrador fue patente la existencia de una amnistía a grandes corruptos de todo pelaje, desde empresarios hasta funcionarios y políticos de las más disímbolas ideologías y colores partidistas. 

Menudearon en medios y aun en la conferencia matutina del Jefe del Estado denuncias públicas, bien documentadas, que sin embargo no tuvieron consecuencia alguna en términos de sanciones, lo que dejó en la gente la sensación de que reinaba la impunidad y el aquí no pasa nada.

Ya no. La captura de cuatro colaboradores cercanos de Aureoles y el probable arresto del propio gobernador de extracción perredista, entraña el mensaje de que los más grandes ladrones tendrán su merecido.

El michoacano está acusado, de inicio, de peculado, lavado de dinero y vinculación con la delincuencia organizada, algo que hasta las piedras gritaban incluso años antes del paso de Aureoles por la gubernatura.

No se requiere imaginación para anticipar que, de ser atrapado, este pájaro de cuentas se refugiará en el socorrido burladero de la persecución política.

Y en el cuento chino de la censura a la libertad de expresión y de empresa, pues como se sabe este político fue uno de los financiadores –con dinero formal o ilícitamente sustraído del erario– del portal de noticias LatinUS. 

De las andanzas de Aureoles sabían desde hace más de una década hasta los niños de pecho, menos Marko Cortés, Alejandro Alito Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN, PRI y PRD, quienes le ¿prestaron?, ¿vendieron?, ¿alquilaron?, el aval de sus partidos para que buscase ser diputado federal por Zitácuaro, algo que afortunadamente no consiguió.

En todo caso, vale esperar que la entrada en acción de la justicia no sea una nueva engañifa, sino el inicio del cabal cumplimiento de las promesas de campaña de la Presidenta Sheinbaum concernientes a la corrupción. Lo veremos. 

RESCOLDOS

Al grito de ¡fuera máscaras!, el propietario del diario The Washington Post y de Amazon, Jeff Bezos, decidió emular a nuestros más veteranos y conspicuos dueños, editores y directivos de medios de medios de comunicación. Usará su periódico para plegarse al gobierno y así proteger y ensanchar sus negocios, sobre todo en áreas que el Estado abandonará en su proceso de adelgazamiento. Ordenó que desde el miércoles pasado el famoso rotativo publique sólo columnas de apoyo a “las libertades individuales y al libre mercado”, es decir, convertirlo en un medio de propaganda de Donald Trump. ¿Tendrán aún como referente profesional al Post ciertos periodistas de nuestros pagos que babean de admiración por la prensa gringa?

Parece mentira que a estas alturas de la historia nuestros políticos no hayan comprendido que el narcotráfico es fenómeno capaz de permear a todos –todos– los estamentos sociales, sin distinciones de ideología, filiación partidista, educación, credo, sexo o nivel socioeconómico. O, bien visto el asunto, quizá no es ignorancia sino más bien maniobra motivada por el odio y el ánimo de venganza, o en pos de impunidad. En todo caso, algo de todo esto causó que la dirigencia panista ejecutara un estruendoso tiro por la culata. Denunció vociferante a políticos de Morena que homenajearon al abogado de El Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla Rodríguez, sólo para enterarse luego de que el homenaje, en 2023, fue promovido por su copartidaria María Teresa Casatell, diputada entonces por el Estado de México. Se vale reír…

¿Pena de muerte para Rafael Caro Quintero, que ya pesó tres décadas en prisión por el asesinato de un policía gringo en suelo mexicano y por vender mariguana, yerba legalizada en casi la totalidad de estados norteamericanos?

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.