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Nombran a Marco Cuevas como secretario de organización del PRI en Oaxaca

En el marco de la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, Marco Antonio Hernández Cuevas, fue nombrado secretario de organización de este instituto político.

En este sentido, Hernández Cuevas, expresó que de manera inmediata se revisará la vigencia de todos los comités municipales, la operatividad de los sectores y organizaciones, para fortalecer el priismo en todo el territorio oaxaqueño.

«El objetivo es el fortalecimiento del comité y del priismo en el estado de Oaxaca, con miras al proceso electoral 2024, tenemos que fortalecer todos los sectores, y preparar las estrategias que se necesitan para ganar las elecciones», manifestó Marco Antonio.

Cabe mencionar, que  Marco Antonio Hernández Cuevas fue nombrado como coordinador de Campaña del candidato del PRI a la gubernatura del estado, Alejandro Avilés Álvarez (AAA).

Cuenta con una gran experiencia en el ámbito político-electoral, fue también coordinador de campaña del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué además de dos veces diputado local. Se caracterizó por sus seis años de trabajo como representante legislativo en el IEEPCO.

Cómo funcionario público, en el 2019 se desempeñó  como Coordinador General de Atención Regional; en el 2017 como Director del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, en donde fue reconocido por sus resultados; mientras que del 2013 fue Gerente Estatal de Liconsa.

También se desempeñó como catedrático de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y fue subdirector del Instituto Oaxaqueño de atención al Migrante del Estado. A su extenso currículo se suma haber sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI y del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), ahora Instituto Reyes Heroles del PRI en donde se han forjado políticos, jóvenes responsables, comprometidos con el partido, conocedores de la realidad del país, creadores de propuestas, atentos a la ciudadanía y en constante capacitación para cada vez ser mejores.

AL MARGEN || Avilés y los ‘chalanes’ que se cansaron de militar en el PRI

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Ante las recientes renuncias de militantes al Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, el excandidato a la gubernatura Alejandro Avilés Álvarez soltó una frase que dibuja perfectamente una de las razones de fondo de la debacle priista entre sus militantes. En la red social Twitter, Avilés espetó: “El que es chalán es chalán… aquí o allá… sea rojo o sea verde…”. Instalado en la arrogancia y quizá sin querer, el también diputado local dibujó exactamente la razón por la que su partido perdió estrepitosamente no sólo los comicios, sino también gran parte de su base social y su militancia en la entidad. 

En efecto, la semana pasada se realizó una reunión entre militantes y representantes populares emanados del Partido Verde con el gobernador Salomón Jara. Ahí aparecieron dos personajes que hasta entonces se habían considerado priistas, los cuales se sumaron a otros más que también han dejado las filas tricolores en el pasado reciente para integrarse a esa fuerza política aliada a Morena. Las reacciones no se hicieron esperar, desde aquellos que lamentaron la decisión de sus ex compañeros de partido, hasta aquellas que rayaron en el franco insulto. Pero de entre todas ellas resaltó la postura Avilés, quien tildó de “chalanes” a los que se fueron. 

En esto, habría que preguntarse si no en medio de la ira Avilés fue traicionado por sus propias emociones. ¿Por qué llamar “chalán” a alguien? Un chalán, todos los sabemos en México, es un ayudante. En la albañilería, un chalán es el peón, que se encarga de las tareas más pesadas y menos relevantes; en prácticamente todos los demás oficios se les denomina así a las personas que son aprendices o que no poseen ninguna categoría dentro del escalafón técnico. 

En lo político y en lo partidista, igual que en todos los demás trabajos, se supone que esos rangos son de formación y de entrenamiento. Así, si el término chalán se equiparara a lo político entonces estos serían quienes llevarían a cabo las tareas básicas: activismo, propaganda, rutas y promoción del voto. Y, paradójicamente, se supone que esa fue una de las razones de mayor peso por las que fue designado Alejandro Avilés como candidato a la gubernatura: porque al haber sido un militante de base, se supone que había “chalaneado” lo suficiente como para conocer todos los estratos de la estructura electoral y ser aceptado por todos. 

La memoria es muy corta, pero cuando fue anunciada su candidatura, propios y extraños dentro del PRI reconocieron que Avilés era un elemento aglutinador de todas las corrientes internas, por haber sido alguien que recorrió todas las estructuras y todas las responsabilidades dentro del partido. Así lo dijeron prácticamente todos los militantes distinguidos del priismo en la entidad. Y lo expresaron además porque Avilés representaba la contracorriente al sentido cupular y patrimonialista con el que se había manejado el partido en el sexenio que concluía: mientras el gobierno estaba en manos de una sola familia que se sentía con una especie de derecho de sangre para gobernar, él representaba el encumbramiento de las bases a través de su candidatura. 

Avilés no podía sustraerse de la inercia de su partido, y parecía ser el dique de contención a ello: durante la administración de Alejandro Murat, un puñado de familias —sí, de familias— se encumbraron en el poder y establecieron las prioridades del partido: todos debían trabajar para que los integrantes de esas familias siguieran ocupando los cargos relevantes. En algunos casos por la vía de los cargos en la administración pública; otros, por la vía de los procesos electorales, y los más encumbrados a través de la vía plurinominal. 

Todos debían trabajar para que esas familias ocuparan los cargos, como si éstos fueran los tiempos de la España borbónica que distinguía entre criollos y peninsulares como referente esencial para el reparto de las responsabilidades públicas, y como si unos fueran los designados para las tareas públicas a partir del linaje y no del trabajo de campo, y los “chalanes estuvieran exclusivamente destinados a ser los ejecutantes de las tareas esclavizantes para que los elegidos de arriba gozaran de los ya conocidos privilegios.

¿QUE SE VAYAN…?

Quizá no lo pensó demasiado y Avilés lo soltó como una más de las puntadas de creatividad que ha demostrado tener para enviar mensajes en las redes sociales. El problema es que el arrebato venía cargado de una verdad que les está explotando en la cara. Es hoy imposible explicar por qué los únicos espacios con los que cuenta el PRI en Oaxaca —y ni se diga en la anterior administración— son ocupados por los hijos, los hermanos, las esposas y los socios de la cúpula priista, y no por militantes de base. 

Evidentemente, eso es algo que les está haciendo mucho daño. Más allá de si Rafael Vichido fue o no un militante priista relevante, si hizo o no trabajo político para su ex partido —que sí lo hizo— y que si son intereses económicos lo que hoy lo están moviendo a cambiarse de partido, lo cierto es que el diagnóstico va mucho más allá de él. 

Implícitamente, es lo que está demostrando el gobernador Salomón Jara al incluir en la administración pública a toda una pléyade de personajes que nunca habían tenido un espacio más allá del chalaneo de los partidos: silenciosamente, está haciendo la reivindicación con sus aliados de abajo, que el PRI nunca supo hacer. Ahí pesaron siempre más los apellidos, los linajes y el ius sanguinis, que la militancia real que se forma en la fila para acceder algún día a las responsabilidades públicas. Por eso el gobierno de Alejandro Murat fue como fue —lleno de frivolidades—, y terminó como terminó —en la derrota.

Quizá en este punto el PRI debía de ser más modesto en la autocrítica y reconocer los errores, no de la dirigencia actual, sino de sus manejadores del pasado. Hoy Avilés, Javier Villacaña y demás están recogiendo un desastre que ellos no provocaron, pero del que sí están conociendo las consecuencias. Debían preguntarse con seriedad cuál sería su postura si a ellos les llamaran ligeramente “chalanes” cuando han entregado su vida y sus convicciones políticas a una causa que ha encumbrado inmerecidamente a muchos, pero que al mismo tiempo ha despreciado reiteradamente a mujeres y hombres que han dado todo para ver ganar a su partido, aunque al final los dejen en las mismas. 

Este tendría que ser el punto de abandonar la soberbia y reconocer que ellos son lo que son, y están donde están, gracias al trabajo de los chalanes y de todos los militantes y simpatizantes de su partido. A ellos no habría que despreciarlos sino reconocerlos, máxime hoy que enfrentan un acelerado proceso de desmantelamiento orquestado desde el poder. Asumir la postura fácil de “no te necesito” y apartarse de cualquier forma de autocrítica, simplemente revela el estupor que silenciosamente les provoca no que los abandonen sus militantes distinguidos, sino los elementos a los que incluso en la devastación continúan menospreciando. 

Avilés no debía olvidar su origen. Es justo lo que lo hace ser ese personaje querido y aceptado por sus propios militantes. Chalanear no es indigno. Lo indigno es servirse del trabajo de los demás y ni siquiera tener pudor para reconocerlo. En fin… 

EPITAFIO 

Más allá de los arranques y las poses políticamente correctas, tanto en la Fiscalía General como en el Poder Judicial deberían establecer con precisión cuáles fueron las razones por las que le cambiaron la medida cautelar a Juan Vera Carrizal y, sobre todo, qué están haciendo para garantizar que no se sustraiga de la justicia. El derecho penal no se aplica por mayoría de razón. No bastan posturas ni indignaciones, sino acciones para dar certidumbre de que el juicio continuará hasta resolver las cuestiones de fondo.

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Ratifica Gobernador del Estado, la alianza legislativa y municipal con el Partido Verde en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó este día un encuentro de trabajo con legisladores federales y locales, así como con autoridades municipales del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca. Ahí, el Ejecutivo estatal refrendó su compromiso de trabajar codo a codo con las y los representantes populares emanados de este partido, para hacer realidad en Oaxaca los principios y metas de la Cuarta Transformación y del proyecto de gobierno que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y por el Diputado Federal José Antonio Estefan Gillessen, las y los diputados locales integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca manifestaron su respaldo a las iniciativas y propuestas presentadas por el Titular del Ejecutivo ante el Congreso, ya que éstas representan la ruta política y legislativa por la que el pueblo de Oaxaca votó en los comicios del año pasado.

Por su parte, el Mandatario estatal hizo patente el compromiso de trabajar con las y los concejales oaxaqueños emanados del Partido Verde, ya que dijo que sólo con una ruta conjunta de trabajo y esfuerzos podrá cambiarse el panorama desde las propias comunidades. Recalcó la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades municipales pues dijo que ese es un factor esencial en la construcción de una auténtica gobernabilidad y desarrollo para las comunidades oaxaqueñas.

En el encuentro el Gobernador Jara Cruz reconoció la importancia y solidez de la alianza política con el Partido Verde, y celebró el marco de unidad y acuerdos en el que las autoridades municipales y representantes populares del PVEM trabajan día a día a favor de Oaxaca. Esto garantiza, dijo, un trabajo conjunto perdurable y consistente para lograr la transformación que tanto anhela el pueblo de Oaxaca.

AL MARGEN || En Oaxaca no serán los nombramientos, sino la voluntad y el presupuesto, lo que sí cambiaría el panorama de la procuración e impartición de justicia

Adrián Ortiz Romero Cuevas

En Oaxaca estamos próximos a renovar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y tres magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Debe quedarnos claro que eso no será suficiente para cambiar el panorama actual de la procuración y la impartición de justicia en la entidad. Aunque siempre la renovación en la composición de las instituciones genera expectativa, debemos tener bien claro en dónde están los puntos medulares de ese posible cambio. Mientras esos aspectos sigan intactos, entonces los nombramientos serán francamente intrascendentes frente a la necesidad de verdaderos cambios.

En efecto, desde los primeros días del año fueron emitidas sendas convocatorias tanto para la elección de Fiscal General como para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Superior de Justicia. En el primero de los casos la Constitución del Estado establece la posibilidad de que se inscriba como aspirante cualquier ciudadano que cubra los requisitos constitucionales, y que luego de un proceso de interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo se pueda establecer una terna de entre la que deba electa la persona a ocupar ese cargo. 

Y es que más allá de los nombres y los currículums de las diez personas que fueron seleccionadas por el Congreso del Estado para que de ahí el Ejecutivo elija una terna, la contundente realidad revela que la Fiscalía General lleva una inercia muy lamentable de insuficiencias y carencias presupuestales, que son las que verdaderamente impiden que la procuración de justicia pueda tener un mejor panorama. 

En ese sentido, podemos hacer un contraste muy claro entre dos personajes diametralmente opuestos en formación académica, atención a sus funciones e incluso experiencia en tareas jurídicas o de gobierno, que en Oaxaca sucesivamente ocuparon el cargo de Fiscal General: Rubén Vasconcelos Méndez y Arturo de Jesús Peimbert Calvo. El primero, más allá de cualquier cuestión política, es un abogado de inmejorables credenciales profesionales y académicas, que durante su periodo como Fiscal estuvo dedicado de tiempo completo a atender sus funciones, y que incluso se hizo de enemistades en el propio gobierno por intentar cumplir con sus obligaciones. 

En el lado opuesto, se encuentra Peimbert, que podrá gozar de relaciones políticas, pero no de respeto académico (su cédula profesional de licenciado en derecho la obtuvo apenas en el año de 2013, cuando ya ocupaba el cargo de ombudsman estatal), que además nunca estuvo presente ni atento a sus funciones como Fiscal, y que durante su corto periodo como titular del Ministerio Público no logró resolver ninguno de los asuntos relevantes que le tocó conocer.

¿El común denominador? Que ambos se enfrentaron a los problemas estructurales de la Fiscalía, que más tienen que ver con el presupuesto y con la verdadera intención del Estado oaxaqueño porque se procure justicia al público tanto en los casos de alto impacto como en los de la justicia cotidiana, que con la persona titular del órgano. Tendría que existir un verdadero consenso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para dotar a quien sea el nuevo titular de la Fiscalía, tanto del presupuesto como de las funciones que necesita para poder tener un mejor panorama en el desempeño de sus funciones. 

Porque lamentablemente, quien sea electo por el Congreso como nuevo Fiscal General se enfrentará a las mismas situaciones que sus antecesores, y ni sus méritos académicos ni el respaldo político con que pueda contar para su elección, será suficiente para lograr que haya más insumos, que el personal gane mejor, que trabaje en condiciones más dignas o que haya la suficiencia de recursos humanos, económicos, técnicos y materiales para brindar un verdadero servicio de calidad a la ciudadanía.

NUEVOS MAGISTRADOS 

En el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendría que haber un mejor equilibrio entre los nombramientos de naturaleza política y los de personal especializado y de carrera. ¿Por qué? Porque las magistraturas deben dejar de verse como premios políticos para personas afines al régimen en turno, y debía prevalecer una visión cada vez más enfocada a una justicia especializada. Si propios y extraños se quejan todos los días de las deficiencias en la impartición de justicia en el fuero común, entonces debía comenzar a verse la función judicial más como una labor especializada que como un espacio para premios de orden político.

Y es que existe una visión engañosa de que los magistrados impulsados por un gobernante en realidad podrían protegerlo después de terminar su periodo. En términos estrictos de justicia, la gran mayoría de los asuntos judiciales que normalmente persiguen a un ex servidor público (desde un gobernador hasta un modesto jefe de departamento) por omisiones o excesos en el desempeño de sus funciones, no pasan por el Poder Judicial del Estado sino que, más bien, se dirimen en otras arenas jurisdiccionales, salvo que sean casos extraordinarios (el caso Tenorio es ejemplo de ello) o que las faltas administrativas que hubieran cometido también configurasen delitos del orden estatal. 

Por esa razón, debía impulsarse con mayor ahínco no sólo la integración de las salas del Tribunal con personal especializado y de carrera, sino que además debe seguirse privilegiando la paridad de géneros (el respeto irrestricto a este principio, que lamentablemente no siempre ocurre), para que con esa fuerza puedan irse implementando mejoras sustantivas en la forma en cómo los juzgadores conciben, fundamentan y plasman sus criterios en las resoluciones que emiten. 

Por una razón propia de la naturaleza del federalismo, en México los poderes judiciales nunca terminarán de alejarse de la política. Pero en los hechos, y a contrapelo de la inercia política actual en el marco de la 4T, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado muestras sustantivas del sentido de independencia y legitimidad que reclama la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho en México, y que también debía replicarse en los poderes judiciales locales.

EPITAFIO

No debió caer nada bien en la nueva administración que uno de los fiats otorgados en pleno ocaso de la gestión del gobernador Alejandro Murat, haya sido para la esposa del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. No se le regatean méritos a la nueva notaria. El problema son las formas. Aparentemente nada impactó en lo político, porque la renovación de la titularidad del Poder Judicial corresponde por ley para enero de 2024. Ahí se verá la verdadera consecuencia de esa situación.

@ortizromeroc

@columnaalmargen

AL MARGEN || Ley de Austeridad: una norma redundante… pero paradójicamente necesaria en Oaxaca

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Recientemente el gobernador Salomón Jara Cruz presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana. Aunque su contenido en realidad no establece más que algunas disposiciones legales adicionales a las ya existentes en el marco jurídico local, lo cierto es que ante las circunstancias parecía apremiante que una ley venga a recordarle a todos los integrantes de la Administración Pública Estatal cuáles son las responsabilidades, obligaciones y límites en el cumplimiento de sus funciones.

En efecto, en la exposición de motivos de dicha Ley, el Gobernador establece que ésta tiene como finalidad alinear los esfuerzos de la administración estatal a los principios y metas establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Si bien es cierto que las consideraciones —y el contenido en general de la Ley de Austeridad— son más teóricas e ideológicas que operativas, lo cierto es que pareciera que el remarcar estos principios y normas resulta algo necesario ante los excesos, el dispendio y la frivolidad con que se han conducido muchos servidores públicos estatales a lo largo de varios sexenios. 

Vale la pena revisar algunos puntos fundamentales de esa iniciativa.

En primer término, no está demás señalar que prácticamente todo el contenido de la Ley de Austeridad podría conceptualizarse en lo que se conoce como “normas programáticas”. ¿Por qué? Porque teóricamente éstas son concebidas como “normas que no contienen proposiciones imperativas ni establecen mecanismos suficientes para asegurar su aplicación, sino que se limitan a formular un programa de actuación, criterios u orientaciones de política legislativa, o a declarar derechos cuya consagración definitiva, dotando a las normas declarativas de eficacia plena, se deja a la intervención posterior del legislador secundario”.

Y es que resulta que ésta Ley de Austeridad Republicana no establece nuevos parámetros de austeridad, de honestidad, de control del gasto público o de la contratación de bienes y servicios, sino que más bien remarca y refuerza un junto de disposiciones y principios ya existentes tanto en la Constitución federal como en la local, así como en leyes estatales como la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras. 

En ese sentido, recalca el cumplimiento puntual de la austeridad en diversos rubros: en la no contratación de bienes y servicios no indispensables; el no “derroche” —así dice— de recursos como agua, telefonía o energía eléctrica; la compra de materiales no indispensables; la no contratación de seguros de retiro o médicos; o, entre otras, la prohibición de la compra o arrendamiento de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos. 

En este último rubro, la iniciativa dispone que sólo podrán realizarse operaciones de compra o arrendamiento de vehículos, cuando las unidades no rebasen el valor comercial de cuatro mil 343 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente… algo así como 450 mil pesos netos. Por lo que puede preverse que, de convertirse esta iniciativa en ley, la administración pública estatal no poseerá ni arrendará vehículos más allá de sedanes compactos, porque la disposición no ancla el límite de valor a la operación de arrendamiento sino al valor de mercado del vehículo.

NORMAS PROGRAMÁTICAS 

En otra porción, la ley hace referencia al “tráfico de influencias” aunque no lo define, y tampoco establece una sanción especial que las ya habidas en otras normas vigentes. En el artículo 9 establece: “Los contratos que hayan sido suscritos con empresas que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la hacienda pública serán nulos de pleno derecho, de conformidad con el marco normativo aplicable.” 

No dispone qué norma será la específicamente aplicable, ni qué autoridad será la competente para declarar la existencia de ese tráfico de influencias, actos de corrupción o lesivos para la hacienda pública, aunque en las líneas siguientes lo resuelve a través del marco jurídico y las instituciones ya existentes al establecer: “La nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial competente”.

Además, en un ejercicio que podría parecer redundante pero que resulta hasta didáctico para un gabinete conformado por personas que en su mayoría han sido ajenas a la administración pública, la Ley establece ciertos límites que ya existen en otras normas pero que aquí son remarcados quizá para que no los olviden. 

Además de algunos de los puntos antes mencionados, en el artículo 15 se establece por ejemplo que: “Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de los entes públicos. Queda prohibido cualquier uso privado de dichos vehículos (fracción II); No se realizarán gastos de oficina innecesarios. En ningún caso se autorizará la compra de bienes e insumos mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de reposición (fracción VI); Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo (fracción VII) …” 

Asimismo, hay varias disposiciones relativas a la prohibición de que los ex titulares del Poder Ejecutivo gocen de recursos económicos, materiales y humanos a cargo del erario. No hacen ninguna referencia a una disposición contenida en el último párrafo del artículo 75 de la Constitución local relativa a ese mismo rubro, la cual dispone que “una vez concluido su periodo, la persona que haya ocupado el cargo de Gobernador no tendrá derecho a haber de retiro alguno, así como tampoco a prestaciones o beneficios humanos, materiales o económicos provenientes del erario estatal”. En su tiempo como diputado local (año 2017), esa disposición fue adicionada por iniciativa del actual Secretario de Gobierno Jesús Romero López.

Finalmente, y pareciera que para que a nadie se le olvide, la Ley de Austeridad remarca diversas obligaciones y prohibiciones, algunas de ellas que parecieran lógicas en exceso, pero no por ello irrealizables. Por ejemplo, subraya el deber de brindar un expedito y buen trato a la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones; la prohibición de acudir al trabajo ebrio o de ingerir bebidas embriagantes en su centro de trabajo; o una a la que han sido muy proclives los funcionarios antes y ahora: recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad.

EPITAFIO 

La citada Ley establece una prohibición en particular que les debería retumbar a varios que hoy en día, a nombre del Gobernador y presumiendo incluso lazos de parentesco, intentan acaparar plazas de trabajo de todos los niveles en la administración estatal. La fracción V del artículo 20 dispone: “Tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.” Ahí, la infracción no la comete quien pide el espacio, sino quien lo concede. ¡Aguas a todos aquellos que se están dejando llevar por ese tipo de peticiones supuestamente a nombre del Ejecutivo!

@ortizromeroc

@columnaalmargen

AL MARGEN EXPRESS || Acerca Salomón Jara la posibilidad de un ejercicio real de la Revocación de Mandato

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Este 14 de diciembre el Gobernador Salomón Jara Cruz envió al Congreso del Estado una iniciativa en materia de revocación de mandato. Siguiendo una evidente lógica cuatroteísta, el Mandatario propuso al Poder Legislativo hacer más asequible a la ciudadanía a ejercer su derecho a revocar el mandato del Titular del Ejecutivo. Este mecanismo de democracia directa ya estaba comprendido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, pero en parámetros que, como el propio Ejecutivo lo reconoce, eran inalcanzables para la ciudadanía. Y eso es lo trascendente de esta iniciativa. 

En efecto, es claro que las implicaciones democráticas y políticas de esta iniciativa serán trascendentales no sólo para el Gobernador Jara —que al tercer año de su gestión seguramente alentará a la ciudadanía para que solicite al órgano electoral una consulta sobre si se le revoca el mandato a él como Mandatario— sino para los gobernantes siguientes. 

Acercar este mecanismo de democracia directa a la ciudadanía, mal utilizado puede ser un instrumento de populismo. Pero si la ciudadanía oaxaqueña se empodera —como debería ocurrir—, entonces esta será una herramienta democrática fundamental para exigirle a los gobernantes un mejor y más eficiente ejercicio de gobierno, so pena de revocarle el mandato si no cumple con los imperativos de la ciudadanía.

Vale la pena observar cómo define, y qué requisitos establece la Ley de Participación Ciudadana vigente para la revocación de mandato, y cuáles propone el Gobernador Jara. En su artículo 28, la norma vigente establece que “la revocación de mandato es el mecanismo de consulta a la ciudadanía del Estado, a fin de que este se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la destitución del cargo público del Gobernador del Estado con anterioridad a la terminación del periodo para el cual fue electo.”

Luego, en el artículo 29 señala los requisitos: “Procede la revocación de mandato del Gobernador del Estado cuando se presenten los supuestos y se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian:

“I. Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos veinte por ciento de los ciudadanos oaxaqueños inscritos en la lista nominal de electores del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; II. Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del Gobernador del Estado;

“III. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución Estatal; IV. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al Gobernador del Estado que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad; y

“V. Se presente la solicitud en la forma y términos que marque esta Ley ante el Instituto.”

LA INICIATIVA 

Ahora bien, en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobernador Jara se reconoce que, además de ser materialmente inalcanzables, los parámetros actuales de la revocación de mandato en Oaxaca desalientan la participación ciudadana. 

Y por esa razón —entre otras modificaciones, entre las cuales se encuentra la emisión de una Ley de Revocación de Mandato, y la derogación de diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana—, propone una reforma a la fracción III del Apartado C del artículo 25 de la Constitución local para establecer lo siguiente: “…El proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: a) Será convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a petición de la ciudadanía, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos trece distritos electorales locales y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada uno de ellos.”

Luego, la iniciativa señala que la propia ciudadanía puede recabar las firmas para solicitar la revocación; que ésta se realizará 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, siempre que no coincida con la realización de comicios municipales o estatales; y que para ser válida se requiere la participación de por lo menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, procediendo sólo con mayoría absoluta.

Vale la pena recalcar la importancia y la trascendencia política de esta reforma: en el ámbito del deber ser, y en las circunstancias actuales —y si no ocurren acontecimientos extraordinarios durante la gestión del gobernador Jara—, es muy probable que este mecanismo sea poco riesgoso para el actual gobierno, porque durante un buen tramo del periodo seguirá gozando del voto de confianza que en general la ciudadanía le da a Morena —y más en Oaxaca a AMLO. Pero sin duda será un elemento de presión para los siguientes gobernantes oaxaqueños, a los que ya no les tocará la coyuntura de gobernar en el contexto del lopezobradorismo, y que se enfrentarán a una ciudadanía que, irremediablemente, seguirá en la senda de robustecer su participación en la vida democrática.

Hasta hoy, ningún Gobernador ha tenido el incentivo de estar presionado a hacer una gestión gubernamental correcta, porque no hay mecanismos para retirarlos del poder; y porque los que existen —como la revocación de mandato actual— son francamente imposibles de ejercer por los altísimos parámetros que establecen para su procedencia.

Ojalá que este no termine siendo un elemento más de propagandismo o de populismo, y que la administración del gobernador Jara tenga la determinación de dejar sembrado el mecanismo como una herramienta a favor de la ciudadanía para las futuras generaciones y los siguientes gobernantes —sean o no emanados de Morena—. 

Veremos. 

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