Oaxaca

AL MARGEN || Oaxaca capital: el aparente progresismo municipal respecto a la mariguana, es un engaño

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Sin preguntarle a nadie, y sin considerar la más mínima ponderación entre la estratagema del progresismo frente a los derechos de los habitantes de la capital oaxaqueña, el edil Francisco Martínez Neri decidió convertir el Paseo Juárez en un espacio “amigable” para la gente que desea fumar mariguana en la vía pública. Pensando en que esto lo ubicaba como un gobernante de avanzada, desdeñó no sólo a los niños y las familias oaxaqueñas que usan ese espacio público como zona de recreación y esparcimiento, sino también a la ley.

En efecto, en abril pasado el Edil citadino emitió una autorización —que no hizo del conocimiento previo del Cabildo, y que por ende éste no avaló— para que en el parque El Llano se permitiera que las personas que desearan consumir mariguana lo hicieran libremente, con el único límite de que no afectaran a terceros. Esto, seguramente emulando al gobierno morenista de la Ciudad de México que también ha dado su anuencia para que en ciertos espacios abiertos se pueda consumir dicho producto sin restricción, a partir del hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el uso lúdico de la mariguana no es ilegal, y que por ende las personas pueden hacerlo sin reserva alguna.

En todo esto, el problema es que tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el municipal de la capital oaxaqueña, han malentendido el sentido de la resolución de la Suprema Corte. Pues si bien el Alto Tribunal consideró que el uso lúdico de la mariguana no contraviene la ley y que, por ende, las personas no pueden ser perseguidas ni criminalizadas por poseer la cantidad necesaria para su consumo o —literalmente— por fumarla, lo cierto es que con esa declaratoria la Corte no dijo que su uso está ajeno a la regulación y, a la luz de un concepto denominado “parámetro de control de regularidad constitucional”, queda claro que el derecho que tienen las personas a fumar mariguana, o cualquier otro producto como el tabaco, no los exime —ni a ellos ni a la autoridad— de considerar y respetar los derechos de los demás. ¿A qué nos referimos?

A que por un lado está la posibilidad libre de las personas para fumar mariguana, el cual se funda en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; pero frente a ello se encuentran otros derechos como el de la salud, la recreación, el deporte y la cultura, así como con relevancia los derechos de la niñez —que están considerados como de interés superior para la sociedad, tanto en la legislación nacional como en la internacional— así como el derecho que tienen todas las personas a vivir y convivir en espacios libres de contaminantes.

Y es que, aunque pareciera que la disposición emitida por el Edil citadino para que el Parque El Llano fuera un espacio amigable con los consumidores de mariguana, y con ello envolverse en un halo de progresismo con el que intentan suplir y esconder diversas insuficiencias de la gestión municipal, lo cierto es que todo esto es una estratagema. La Corte definió como legal el consumo de la mariguana, pero con ello no le dio carta abierta para que su consumo sea libre en cualquier espacio.

Ello no ocurre hoy ni siquiera con el tabaco, que es el producto fumable más usado por la gente, y que además de ser cada vez más rechazado socialmente hoy su consumo está sujeto a fuertes regulaciones en espacios abiertos y cerrados en los que conviven más personas. Por ello, suponer que las regulaciones del tabaco no son de inicio equiparables frente a la mariguana, no sólo constituye un error, sino que deliberadamente es un desprecio a su propia figura como autoridad, y a la inteligencia e integridad de la ciudadanía.

LA AUTORIDAD, FUERA DE SÍ

Lamentablemente, el Parque El Llano hoy es zona de encuentro para fumadores de mariguana que han aprovechado la artimaña municipal de autorizarles ese espacio público para consumir dicho producto. Lo hacen, ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero en medio de niñas y niños que ocupan también ese espacio para aprender a patinar, para montar bicicleta, para bailar, o simplemente para jugar; lo hacen frente a familias y personas de la tercera edad que acuden a ese lugar a ejercitarse; o a familias que van a respirar aire fresco; a pasar la mañana o la tarde entre los árboles y las fuentes del parque o, lo que es tradicional, a comer un elote o un esquite.

Así, los fumadores de mariguana pueden hacerlo libremente en sus domicilios, pero la autoridad dio un brinco equivocado, precipitado e irreflexivo, y les autorizó la utilización de dicho espacio sin tener ninguna atribución para dicho efecto. ¿Quién regula el uso de la mariguana? La Corte dijo que el uso debe ocurrir previo a la obtención de un permiso emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y que su uso estaba restringido a no causar ningún tipo de molestias a terceros. Y si bien la autoridad municipal es la constitucionalmente encargada de la regulación de parques y jardines, también es cierto que su potestad tiene como límite no causarle molestias o amenazar la integridad o los derechos de las demás personas.

Y lamentablemente pareciera que el gobierno de la capital está aprovechando el desánimo ciudadano frente a la propia autoridad. Los oaxaqueños hemos visto cómo la ciudad continúa en un franco proceso de deterioro sin que nada ni nadie pueda o quiera detenerlo; que la connivencia —la complicidad, pues— entre autoridades y exautoridades municipales es a tal nivel, que los antecesores dejaron a la capital desfondada y desmantelada, y la autoridad actual no ha movido un dedo para perseguirlos, que por eso pareciera que los oaxaqueños ya perdieron la confianza en la autoridad y en la ley.

Pues cometer tal despropósito como convertir en un espacio recreativo y familiar para los niños y las familias, en un espacio “friendly” para el consumo de mariguana, implica diversos riesgos y afrentas que la autoridad municipal debía ver con más seriedad. La posesión de mariguana y su consumo son legales, pero no la venta. Y el riesgo que corre la ciudadanía es tener que convivir no sólo con consumidores sino también con vendedores del producto que, ellos sí, realizan una actividad ilegal. Y a nadie le gustaría que luego de batallar tanto para que sus hijos o familia dejaran de ser fumadores pasivos de tabaco, ahora lo sean inopinadamente, pero de mariguana.

Francisco Martínez Neri debería ver con seriedad este asunto y tomar medidas para evitar que este espacio público deje de ser familiar y recreativo. Debe ponderar por encima de sus engañosos anhelos progresistas, los derechos de los niños y de las familias.

Quizá el Edil no lo sabe o deliberadamente no lo recuerda, pero el octavo párrafo del artículo 4 de la Constitución federal dice a la letra: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”

Por encima de cualquier suposición, es obligación del Edil de la capital oaxaqueña cumplir con este mandato constitucional.

EPITAFIO

La ciudadanía se quedó sola ante la sinrazón. Y si la autoridad municipal está mal, queda claro que el Gobierno del Estado y la Federación están igual o peor, porque simplemente han esquivado el tema, cuando debía ser su obligación —igualmente constitucional—, exigirle a la autoridad municipal, incluso a través de una controversia ante la Corte, que revoque dicha autorización que pisotea los derechos de la niñez oaxaqueña.

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AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad.

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes.

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales.

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados.

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22.

TOMAN DISTANCIA

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello.

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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Agenda de medios en Oaxaca: van de la mano la impunidad y la discrecionalidad en el ejercicio del gasto publicitario

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La agenda de los medios de comunicación en Oaxaca no sólo está determinada por las constantes e impunes agresiones de las que cotidianamente son objeto compañeros reporteros y fotógrafos que cubren casi cualquiera de las fuentes informativas; también está delineada por la falta de claridad —que ya no se resolverá en esta administración— respecto al gasto en publicidad gubernamental. Hoy los medios informativos oaxaqueños no sólo viven bajo las amenazas constantes, sino también en una condición de precariedad que ha sido promovida desde el propio gobierno. La agenda de medios, por tanto, es de dos temas y no sólo de uno, como perniciosamente se intenta enmascarar desde la vocería gubernamental.

En efecto, desde antes del 10 de febrero —fecha en que fue arteramente asesinado el reportero Heber López en el puerto de Salina Cruz— ya había una preocupación clara respecto al clima de impunidad que impera no sólo en contra de los comunicadores sino de todos los oaxaqueños. Cuatro homicidios más perpetrados en contra de comunicadores son el contexto por el que alzó la voz el gremio periodístico oaxaqueño: el 10 de enero fue privado de la vida José Luis Gamboa, en Veracruz; los días 17 y 23 del mismo mes, fueron ultimados Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, respectivamente, en Tijuana, Baja California, y el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán, se perpetró el homicidio de Roberto Toledo.

Ante este panorama funesto, los periodistas oaxaqueños espontáneamente se manifestaron. Organizaron diversas protestas en espacios públicos y las agrupaciones de comunicadores —con la histórica Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) como punto de referencia de las expresiones, no obstante que otras organizaciones y comunicadores en solitario hicieron sus propias demostraciones de indignación— hicieron patente su preocupación e indignación por los constantes hechos de violencia y delitos que se cometen en contra de periodistas. La tenue respuesta gubernamental a todas las expresiones de irritación, fue convocar a una reunión a algunos comunicadores en particular, que sin menoscabo de su presencia en medios, por la propia naturaleza heterogénea del sector no constituyen una representación del gremio periodístico.

¿De qué se habló en esa reunión? Básicamente, de dos cuestiones: primero, la largamente esperada ley de protección a periodistas; y segundo, la posible creación de un fondo o fideicomiso de protección al gremio. Nada más. El Ejecutivo del Estado no se refirió en concreto a la necesidad urgente de que las instancias de procuración de justicia den seguimiento y concluyan las diversas carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía por agresiones a periodistas.

Tampoco hubo manifestaciones concretas sobre la necesidad de terminar, en general, con el clima de impunidad que invita a casi cualquier persona a cometer delitos en contra de los comunicadores al ver que la autoridad —estatal, federal— tolera actos de violencia en prácticamente todos los casos. El gremio periodístico es también objeto de las agresiones que impunemente todos los días se cometen en todos los contextos. Si los agresores no tienen miedo por las consecuencias por atentas en contra de la vida o integridad de cualquier persona, tampoco la tienen de ejercer algún acto violento en contra de algún periodista.

Por eso se dice que, para terminar con las agresiones contra periodistas, antes que cualquier ley nueva para crear un marco específico de protección, lo primero que debe ocurrir es el combate frontal y real a la impunidad que asola día a día a la ciudadanía. Pero sobre eso no se dice, ni se dijo, absolutamente nada.

¿Y EL GASTO PUBLICITARIO?

La discusión sobre la violencia e impunidad que priva contra el gremio periodístico pasa por otro tema: la precarización de los medios informativos y del trabajo de los comunicadores oaxaqueños en general. Hoy en día no queda claro cómo y bajo qué premisas se decide el ejercicio del presupuesto destinado a la publicidad gubernamental, y por qué se prefiere a los medios de la capital del país sobre los locales. Se pretende crear un fondo de protección a periodistas, pero en general al gremio oaxaqueño se le ha dejado al garete al cortar la gran mayoría de los recursos destinados a publicidad gubernamental —de los que depende en gran medida la subsistencia de la mayoría de los medios, independientemente de la latitud de que se trate.

En esa lógica, el Estado no ha querido comprender —porque no le importa; porque no le conviene a sus intereses— reconocer que la publicidad gubernamental ya no debiera funcionar bajo la lógica del “no te pago para que me pegues”, sino para garantizar la subsistencia mínima de todas las expresiones relacionadas con la libertad de expresión, independientemente de si son afines o no a los intereses o a la línea gubernamental. A eso se ha sumado el afán de figurar siempre en la capital del país, en detrimento de lo que se puede y debe hacer respecto a los medios informativos oaxaqueños, que en el contexto real —aquí y en todas las sociedades del mundo— necesitan de la publicidad gubernamental para subsistir.

Pero ¿qué ha pasado en Oaxaca? Que antes había medios informativos ricos y periodistas pobres, en algunos casos. Hoy unos y otros están en la misma situación —de crisis—, porque no hay una preocupación real del gobierno sobre cómo subsisten no los dueños de los medios, sino los comunicadores. Con su política de “campañas publicitarias”, concedida discrecionalmente a cada medio por la vocería gubernamental, lo que ocurre hoy es el premio y castigo según la afinidad o rebeldía del medio. Al que publica todo y se pliega al gobierno, se le concede todo; pero al que no, simplemente se le cierra la llave de la publicidad, como un castigo por tener una agenda independiente a la de la comunicación o los intereses gubernamentales. Y en todos los casos, el problema es que en medio de la transición digital, en la que siempre se apela al “todo gratis” entre medios y consumidores, al comunicador/empleado que recibe —o que debería percibir— un salario a cambio de su labor, se le pone a sufrir permanentemente porque hoy ya no tiene seguridad sobre su ingreso mínimo.

Eso ha generado un clima de informalidad en el trabajo periodístico que, en cualquiera de sus aristas, es nocivo para la libertad de expresión. Porque, de entrada, todo buen periodismo cuesta; y dejar de reconocer eso implica un quebranto no sólo para el gobierno o el gremio, sino también para la sociedad que ve mermada la calidad del periodismo que se le pone al alcance, y que consume. Hoy, por ejemplo, muy pocos comunicadores cuentan con seguridad social porque los medios están cada vez más pulverizados; y mientras, el gobierno vive de guiños discretos —con los que disfrazan la amenaza— a los comunicadores para pagarles para que no les peguen, pero sin la preocupación real de si tienen o no medios mínimos de subsistencia en un contexto de respeto mutuo.

EPITAFIO

¿Por qué este tema es fundamental, en el contexto de las agresiones? Porque para garantizarle la seguridad al gremio, lo primero que tendrían que hacer es estimular sus medios de subsistencia. Sin embargo, lo que priva hoy es la informalidad y la coacción disfrazada de premios o castigos. Ningún medio o periodista debería prestarse a ese juego de juego de incentivos perversos en el que quien siempre pierde es el comunicador. Por eso, si no existe un periodismo sólido e independiente, ¿cómo pretenden hablar de impunidad, de fideicomisos o de fondos de protección, si no existe un piso mínimo de dignidad promovido a partir del uso correcto de los recursos públicos destinados para la publicidad gubernamental?

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Conflictos municipales: ¿Dónde está la Segego?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

La inusual alta incidencia de conflictos en ayuntamientos regidos por sistemas normativos indígenas en Oaxaca debería tener prendidas las alertas; no sólo de la Secretaría General de Gobierno sino de toda la administración estatal, para evaluar por qué están ocurriendo tantos conflictos intramunicipales en los que pareciera que todos tienen causas conexas. En la generalidad, existen vasos comunicantes en todos los conflictos, que tienen que ver con la corrupción y el desvío de recursos, pero también con los engaños y la manipulación de los que parecen haber sido objeto autoridades municipales indígenas a manos de funcionarios estatales.

En efecto, existe un leitmotiv en diversos conflictos municipales que se han presentado en los últimos meses en municipios indígenas de Oaxaca: las acusaciones de desvíos de recursos en contra de autoridades municipales en funciones y exconcejales, y la toma de decisiones por parte de las asambleas comunitarias —en la mayoría de los casos, por habitantes de las agencias, y no de las cabeceras municipales—, relativas a la retención de sus propias autoridades, hasta aclarar el destino de los recursos económicos presuntamente desviados.

En más de un caso, de los varios que han ocurrido en las últimas semanas, han salido a relucir nombres de funcionarios estatales dependientes de la Secretaría de Finanzas, a los que las autoridades indígenas acusan discretamente —por el evidente temor a las represalias— de haber “recomendado” a integrantes de despachos contables que en algún momento les solicitaron “préstamos” provenientes de recursos municipales, a cambio de rendimientos y obras cuya autorización dependía de los mismos funcionarios que generaban el acercamiento con los despachos particulares. El problema, en diversos casos, ha sido que los préstamos nunca fueron reintegrados, y son las autoridades municipales —ediles y tesoreros— quienes cargaron con el costo del desvío.

Los casos abundan. Por ejemplo, en San Juan Teitipac, municipio perteneciente a Valles Centrales, los días 13, 14 y 15 de febrero un grupo de pobladores mantuvo retenido al edil Ezequiel Hernández, a quien acusaron de un presunto desvío de recursos públicos. Después de una asamblea general, habitantes de ese municipio acordaron tal medida por considerar que ese presidente municipal encubrió al tesorero municipal, quien no había entregado cuentas claras sobre los gastos de la administración de San Juan Tepitipac. Los pobladores manifestaron que gestionarían ante el Congreso de Oaxaca la revocación de mandato por la opacidad con la que se ha manejado el edil, quien fue finalmente dejado en libertad pero sin haber librado la acusación que le formuló su propia asamblea comunitaria.

Ahora bien, en el caso de la comunidad de Santiago Tlazoyaltepec, ubicada en el distrito de Etla, ésta enfrenta una combinación de conflictos. Hace algunas semanas, el expresidente municipal Anastasio Ignacio Pacheco López fue retenido por habitantes de ese lugar a por un presunto desvío de recursos durante su administración.

Igual que en el caso de Teitipac, en una asamblea comunitaria, decidieron retener también a quienes fungieron como síndico municipal y como regidor de Hacienda, Bernabé Pacheco y Victorino Morales, respectivamente. La retención la acordaron debido que los convocaron a comparecer para que informaran sobre el manejo y destino de los recursos públicos, pero no se presentaron. Asimismo, estas personas fueron removidas del cargo y el pasado 16 de diciembre, ratificaron su renuncia ante la comisión de Gobernación del Congreso del Estado. En su lugar nombraron a Jorge Morales López como edil, así como a Lorenzo Pérez y Anastasio Ramírez como síndico municipal y regidor de Hacienda.

Como si esto no fuera suficiente, apenas el viernes pasado resultaron tres personas muertas por disparos de proyectil de arma de fuego, a causa de un enfrentamiento entre comuneros de las localidades de Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, quienes mantienen un añejo conflicto por límites de tierra, en la región del Valle de Oaxaca. Igual que en el caso del desvío de recursos, la inacción de las autoridades estatales provocó que el conflicto escalara al punto de las armas, y al lamentable costo de vidas humanas.

MÁS CONFLICTOS

En Mazatlán mixe, familiares de dos hombres retenidos en La Mixtequita, de nombres Rey Martínez Pérez y Tadeo Rivera, suplente del presidente municipal Eleuterio Macario Jiménez, solicitaron a las autoridades estatales en febrero pasado que intervinieran para lograr la liberación de sus familiares, que habían sido retenidos desde los primeros días de febrero por habitantes de dicha comunidad.

Igual que en los casos previos, los familiares de Tadeo y Martínez responsabilizaron a Gregorio Fernando Manuel, agente de policía de El Tortuguero, y a Aristeo Santiago Cruz, agente de La Mixtequita, de lo que les pudiera pasar a los hombres retenidos; por su parte, los señalados exigían, a cambio de liberar a los retenidos, la entrega de los recursos públicos del 2021 que supuestamente no han recibido, y que sigue siendo un misterio dónde o a quién fueron realmente entregados.

Ahora bien, a la par de este hay otro conflicto en San Martín Peras, municipio de la región Mixteca. El edil de esa localidad Román Juárez Cruz, fue retenido por pobladores de la comunidad, quienes no estaban de acuerdo en que éste presentara su renuncia frente a acusaciones similares de desvío de recursos, hasta que no aclarara el destino de los faltantes en las arcas municipales.

Junto a estos, hay otros conflictos intermunicipales, e intramunicipales, que deberían ya tener todas las alertas prendidas de las autoridades estatales, no sólo para tratar de desenmarañar estos conflictos sino también para aclarar si desde las áreas financieras del propio gobierno estatal hay una especie de “fuego amigo”. Es inusual que en tantos casos se hable de funcionarios involucrados, de gestiones ante despachos privados, y de claras tomaduras de pelo contra autoridades indígenas que ahora no están pagando las consecuencias, sino que están poniendo en vilo la gobernabilidad y la aparente situación de control de los conflictos municipales.

EPITAFIO

El problema es que, por un lado, una cosa es el respeto a la autonomía municipal y otra que las dependencias estatales no asuman su responsabilidad de tomar al toro por los cuernos cuando este tipo de asuntos se desbordan. ¿Qué puede decir la Segego ante las demandas de la gente de las comunidades indígenas —y, en general, de los 570 municipios de la entidad— por asuntos que impactan en su vida cotidiana? El ser, o parecer rebasados, los colocan en la posición —voluntaria o no— de parecer cómplices de quienes desde otras áreas del gobierno están provocando estos conflictos. Cualquiera que sea el caso, por ningún lado se ven las acciones del subsecretario de Fortalecimiento Municipal Martín Vela Gil, para enfrentar estas y otras situaciones que son potencialmente problemáticas; y qué decir del titular de la Secretaría General de Gobierno Francisco García López, que está claramente rebasado frente a las circunstancias.

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¿Tiene futuro el Proyecto Interoceánico de Salina Cruz?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

El proyecto del Tren Interoceánico, que se desarrolla entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, representa uno de los mayores retos, y uno de los mayores dilemas, para el Estado mexicano. De su conclusión depende no sólo el éxito de la presente administración federal, sino también el desarrollo en el mediano y largo plazo del sureste del país. El conjunto de obras se enfrenta a interrogantes relacionadas no con la posibilidad de que técnicamente logren ser concluidas, sino con la capacidad del gobierno mexicano de generar condiciones reales de gobernabilidad y de Estado de Derecho para lograr su conclusión antes de que obras similares en la región centroamericana le ganen en atracción, viabilidad y practicidad a este proyecto que cruzará el Istmo de Tehuantepec para unir el Océano Pacífico con el Golfo de México.

En efecto, la historia del puerto está ligada a su actividad como puerta de entrada a mercancías y productos del exterior transportados por vía marítima. Hasta principios de la segunda mitad del siglo XIX el sitio utilizado como puerto fue la Bahía denominada como Ensenada la Ventosa —una playa al oeste de Salina Cruz—, en la que incluso se encuentra un faro cuya construcción se atribuye al conquistador Hernán Cortés, junto el astillero en el que armó la flota con la que exploró el que ahora es conocido como Mar de Cortés, el Golfo de California.

A partir de 1870 los barcos comenzaron a llegar a Salina Cruz, en cuyo periodo también se ubica su fundación como población, compuesta fundamentalmente por pescadores provenientes de Tehuantepec, que extraían sal para venderla en los pueblos adyacentes. Ya antes, en la década de los 50s del siglo XIX, las condiciones geográficas del Istmo de Tehuantepec habían sido exploradas por ingenieros norteamericanos, en el contexto de los estudios que dieron paso a la negociación del Tratado McLane-Ocampo, firmado en 1859 entre los gobiernos mexicano y estadounidense de los presidentes Benito Juárez y James Buchanan, respectivamente.

No está de más anotar que, de haberse ratificado dicho tratado, nuestro país habría concedido a los ciudadanos y bienes de los Estados Unidos un derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec; y en el que, entre otras cuestiones, el gobierno mexicano se habría comprometido a no imponer derechos a las mercancías estadunidenses que circularan por el mencionado paso interoceánico, salvo las destinadas a consumirse en México.

Así, derivado de los estudios hechos por los norteamericanos, en 1871 el gobierno juarista dispuso que la aduana se trasladara de Tehuantepec a Salina Cruz porque ésta resultaba más práctica y amplia. Al año siguiente, Juárez firma un contrato con la Compañía de Ferrocarril Nacional de Panamá, para que sus barcos ingresaran a los puertos ubicados en Soconusco, en el Estado de Chiapas; y a Puerto Ángel y Salina Cruz en el litoral oaxaqueño. En los registros históricos de Salina Cruz está establecido que, en su calidad oficial de puerto, el Barco Winchester fue el primero que arribó el 13 de julio de 1872.

Al ver incrementada su actividad portuaria, y manteniendo la atención en la necesidad de conectar al Pacífico con el Golfo de México, en 1878 comenzó a construirse el Ferrocarril Interoceánico, durante el primer periodo presidencial del General Porfirio Díaz, concluyéndose en 1894. Dicha obra inicial, presentó problemas técnicos que fueron corregidos a partir de la firma, en 1899, del acuerdo para la construcción de los Puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz con la empresa norteamericana Pearson. Para ese efecto, se constituyó una empresa denominada Compañía del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.

En el año de 1900 se inició formalmente la construcción del Puerto, obras que incluían, a saber: las escolleras o malecón, el muelle, el dique seco, el faro, la estación eléctrica, las grúas, los patios y un conjunto de chalés, que se añadieron a la edificación de la ciudad, con las obras de urbanización que persisten hasta la actualidad. Por eso, la pequeña población zapoteca antiguamente compuesta por pescadores y vendedores de sal fue trasladada a su ubicación actual, pues originalmente ésta se hallaba donde hoy se encuentra la dársena de maniobras. Y finalmente el 23 de enero de 1907 el general Porfirio Díaz inauguró el conjunto de obras del puerto y ferrocarril de Salina Cruz.

¿HAY FUTURO?

En el contexto de la Revolución Mexicana el puerto de Salina Cruz perdió relevancia, hasta quedar prácticamente en el abandono. El general Lázaro Cárdenas lo reactivó, pero no volvió a tener la preeminencia que se le proyectó inicialmente, y nuevamente fue rebasado por otras regiones portuarias. Aunque desde siempre se conoce la importancia y la ubicación privilegiada del Istmo —tiene una distancia entre mares de alrededor de 300 kilómetros—, no se le volvió a dar relevancia hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió reactivarlo como proyecto estratégico de desarrollo.

Los problemas no son sólo domésticos, sino regionales, y deben considerarse con esa dimensión e importancia. En lo interno, el proyecto actual del Tren Interoceánico se enfrenta a retrasos provocados por las constantes presiones que ejercen las organizaciones de transportistas y materialistas de la región, además de los no pocos problemas que está generando el acaparamiento de tierras en los alrededores de la amplia zona a desarrollar. La especulación de terrenos para desarrollos turísticos y para establecimiento de infraestructura privada relacionada con la zona portuaria, están despertando ambiciones inimaginables, a la par de la nociva presencia —que no es sólo privativa de la región, o de Oaxaca, sino que está en todo el país— de la delincuencia organizada.

En lo regional, se encuentra el hecho de que Honduras tiene ya muy avanzado un corredor logístico que unirá, mediante una carretera, el Atlántico con el Pacífico, en una suerte de canal seco de casi 400 kilómetros. De acuerdo con información del diario español ABC, el propósito del corredor es conectar Puerto Cortés, la principal infraestructura portuaria de Honduras, en la costa atlántica, con el puerto salvadoreño de La Unión, en el Pacífico. Todo depende que El Salvador culmine las obras faltantes para activar esta vía como un corredor interoceánico que competiría directamente con el Istmo de Tehuantepec. Existe, además, otro proyecto de canal interoceánico en Nicaragua, que en 2013 se intentó impulsar con capital chino. Aunque inicialmente fracasó, el dictador Daniel Ortega insiste en que éste se construirá, aunque no existen datos sobre algún avance en la planeación de la obra.

Ante este panorama vale la pena preguntarse: ¿De verdad el gobierno del presidente López Obrador está viendo el proyecto interoceánico del Istmo con la relevancia y preocupación que merece? Sin duda, es la obra más trascendente, necesaria y útil de todos los proyectos estratégicos y de infraestructura que ha impulsado su administración.

El problema es que pareciera que la administración federal enfrenta tantos retos y dilemas —como eficientar la construcción de las obras; o reconocer y atender los riesgos relacionados con la inseguridad, el crimen organizado y el Estado de Derecho en la región, entre varios otros—, que sería muy paradójico y desconcertante que una obra realizada en territorio centroamericano le terminara nuevamente negando el papel protagónico que debió siempre tener el Istmo de Tehuantepec como alternativa al transporte marítimo entre los océanos Pacífico y Atlántico.

EPITAFIO

Debe haber Estado de Derecho, como premisa para garantizar la integridad y la seguridad de los trabajadores de la información en Oaxaca. Ese sería el paso inicial para abrir una discusión más compleja y profunda —a la que en cinco años la vocería del gobierno estatal nunca quiso entrar— sobre qué rol y utilidad debe tener ejercicio del presupuesto de publicidad gubernamental para bienestar de todos los periodistas, antes o a la par que de las empresas informativas.

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¿Llegó la hora de la transición en la UABJO?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Existen indicios claros de que se avecina un cambio de circunstancias políticas en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En ese contexto, vale la pena considerar algunas claves determinantes para entender su situación actual, así como la posibilidad de un acuerdo político que logre garantizar la viabilidad de la Máxima Casa de Estudios en el mediano y largo plazo.

En efecto, el repentino cambio de medida cautelar —que pasó de prisión preventiva justificada, a prisión domiciliaria— impuesta al ex rector, Eduardo Martínez Helmes, respecto a la acusación penal que le formuló la hacienda pública oaxaqueña por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, pareció ser el banderazo de salida para un intento de transición en la conducción académica, política y administrativa de la UABJO. A la par de la excarcelación de Martínez Helmes, comenzaron a sonar nombres y expresiones tanto universitarias como gubernamentales, que abren la posibilidad de la construcción de un acuerdo político para el cambio en la Rectoría. Al respecto, estas son algunas de las claves que es necesario considerar:

La UABJO vive una crisis líquida y de liquidez. Presupuestalmente, la Universidad está ahogada y en ese aspecto su capacidad de maniobra actual no sólo es nula: es deficitaria. Esa circunstancia no le genera mayor preocupación a los ámbitos de gobierno federal y estatal sino hasta el momento en que esa circunstancia le genera una crisis política. Y por eso, paralelamente al ahogo presupuestal, la UABJO vive una crisis de dilución, porque sus condiciones sociales y políticas están marcadas por lo inestable y dúctil que siempre resulta el interés gubernamental ante ella. Sólo se le voltea a ver en la crisis, pero se le desatiende en todas las circunstancias que no resultan de su interés o ganancia política.
La llamada “Familia Real” —los Martínez Helmes, comandados por su patriarca Abraham Martínez Alavez— llegó al límite de su poder, y se convirtió en un elemento pernicioso para la sostenibilidad de la vida universitaria. Tuvieron tanto poder que, igual que como le ocurre a los virus más letales, terminaron matando al organismo huésped antes de poderse replicar, por lo que hoy ya les resulta imposible transmitir su linaje.
El cambio de medida cautelar al ex rector Eduardo Martínez Helmes, sí constituye el campanazo de salida para la búsqueda de un arreglo consensado entre los universitarios. Los delitos por los que se le persigue actualmente, nada tienen que ver con su actuación —también escandalosa, a decir de los propios universitarios— como Rector de la UABJO. Lo bueno o lo malo, que haya hecho durante los cuatro años de su rectorado, no son la razón por la que hoy enfrenta procesos judiciales. Y ese no es un elemento menor, frente a todo lo que está ocurriendo alrededor de la UABJO.
La renovación de la Rectoría por la vía de la elección universal —en la que participan normalmente trabajadores administrativos, personal académico, y alumnos universitarios—, está anclada a un regreso a actividades presenciales que luce imposible, al menos en todo lo que resta del presente año. ¿Cómo, quién, y a qué costo, podrían generar un consenso entre la diversidad de sindicatos para reabrir la Universidad? Y por ende, es indispensable reactivar la vida presencial universitaria para que primero haya clases, e inmediatamente después pueda organizarse y realizarse el proceso electoral. Todo esto, claro, tendría que lograrse dentro de los 80 días siguientes, porque de acuerdo con la determinación actual del Consejo Universitario, debe haber un nuevo rector antes de que concluya la primera quincena de mayo próximo.
Ante la imposibilidad de una elección definida por votación universal —los tiempos simplemente no dan—, queda claro que el proceso de designación de un nuevo Rector está en manos del Consejo Universitario. Éste es el único órgano colegiado con la posibilidad y la legitimidad para impulsar y afianzar un gran acuerdo político a favor de la Universidad, antes que terminar reaccionando a una injerencia abierta —un manotazo, pues— de factores externos.
Lo que está en juego no es sólo la academia, también la gobernabilidad de la Universidad. A ese último, no sólo deben abonar los actores universitarios, sino también los gobiernos estatal y federal. El problema es que todos han guardado silencio. Los únicos que han hecho manifestaciones, con más candidez que convencimiento, son dos de los seis sindicatos universitarios, que están más preocupados por sus intereses que por respaldar al rector Eduardo Bautista en sus cada vez más complicados esfuerzos por mantener a flote la institucionalidad universitaria. No habrá arreglo alguno si no hay manifestaciones políticas claras tanto de los ámbitos de gobierno en la aportación —económica y política— a la gobernabilidad universitaria, pero en el marco del respeto a su autonomía académica y presupuestal.
Existen antecedentes concretos de que los consensos a favor de la Universidad sí son posibles. En 1978 fue impulsado como Rector el hoy extinto Ildefonso Zorrilla Cuevas, a través de un acuerdo político impulsado desde el gobierno federal, y avalado por el Gobierno del Estado y los grupos universitarios. De aquel momento de crisis, ocurrido en el contexto del conflicto y la ruptura entre universitarios ocurrida en 1977, surgió un rectorado de consenso —que llegó a buen término en 1983— en el que pesó más el reencauzamiento de la Universidad que los recelos entre los grupos y sindicatos de la Máxima Casa de Estudios.
¿Héctor Anuar Mafud sería un elemento de consenso? Él ha asumido sus limitantes frente a lo que dicta la Ley Orgánica de la Universidad, pero no se ha descartado. Parece entender con toda claridad que la decisión final sobre el futuro de la Universidad está en las manos del Consejo Universitario, y así lo ha manifestado al tiempo de remarcar que han sido voces dentro y fuera de la Universidad las que lo han mencionado como un posible elemento de transición, pero que él sólo exploraría la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de existir una definición pacífica y civilizada para la UABJO, y para Oaxaca.
Lamentablemente, todos los que representan facciones de poder al interior de la Universidad, han sido parte de su panorama actual. Para los propios universitarios es difícil hallar un liderazgo al interior de la UABJO que genere consenso. La larga lucha entre los mismos factores universitarios hace que unos y otros se descarten y descalifiquen recíprocamente. Lograr unidad entre ellos, que han sido aliados y adversarios crónicos en los acomodos de cada cuatrienio, parece una labor imposible dado que todos han sido parte del mismo juego.

EPITAFIO

La transición en la Universidad es necesaria y, muy probablemente, impostergable. El primer paso, obligado, en cualquier transición, será eliminar el voto universal y empujar con toda la fuerza del Estado una nueva Ley Orgánica para la Universidad. ¿Serán capaces los universitarios de ponderar el interés general por encima de sus posiciones particulares? En el corto plazo, lo comprobaremos.

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