La tarde del 22 de diciembre de 2007, la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que dio a conocer la autorización a los concesionarios del transporte público, para que incrementaran sus tarifas de tres pesos con 50 centavos, a 4.50 pesos por pasaje.
Ante una ciudad caótica e inundada de problemas que precisamente han sido ocasionados por los distintos rubros del transporte público, Gonzalo Ruiz Cerón, titular de la Cotran, aseguró en aquellos momentos que las empresas camioneras que prestan el servicio en la capital oaxaqueña, tenían el compromiso de capacitar a los conductores de las unidades, emprender una renovación de su parque vehicular para eliminar a los autobuses chatarra, brindar un seguro de usuario a los pasajeros, iniciar un programa de reordenamiento vial, y otras medidas que, en teoría, habrían de mejorar el servicio que ofrecen a miles de oaxaqueños diariamente.
Han pasado casi 25 meses desde que dichas promesas fueron intercambiadas por una autorización de incremento de casi un 30 por ciento, pero todo sigue igual. Para mal de los oaxaqueños, la llegada de la crisis económica y la escalada de precios que ello ha provocado, hoy tienen a autoridades y concesionarios tratando de empujar un nuevo incremento a la tarifa del transporte público.
La connivencia y las complicidades entre esos dos núcleos, hoy está nuevamente sobreponiéndose a la estrecha economía familiar que, aunada a los golpes económicos que el gobierno le ha propinado con el inicio del año, en las semanas próximas podría también cargar con un incremento a la tarifa del transporte público.
EXCUSAS,
AYER Y HOY
Cuando a finales de 2007 el gobierno estatal autorizó el incremento a la tarifa del transporte público, lo hizo utilizando el sigilo y una serie de argumentos que no tenían cabida ni legitimidad ante una sociedad que de inmediato se sintió agraviada. Al autorizar aquel incremento sólo dos días antes de la navidad de 2007, la Cotran buscó no la aceptación sino aprovecharse de un momento en que buena parte de los ciudadanos no estaba tan atento, ni tan lleno de actividades, como en otros momentos. Muchos oaxaqueños se dieron cuenta del incremento, hasta los primeros días del año siguiente cuando volvieron a sus labores cotidianas… sólo que ya para ese momento, el golpe a la economía familiar estaba dado, y era prácticamente irreversible. Finalmente, nada ni nadie pudo echar abajo tal determinación.
Cuando eso ocurrió, el gobierno estatal se valió de dos argumentos. Gonzalo Ruiz Cerón aseguró que el incremento de un peso a la tarifa era proporcional a los cinco años que el costo al público se mantuvo intacto, y explicó que todo eso correspondía a un incremento de 20 centavos por cada año que el precio se había sostenido.
Además, una de las principales premisas bajo las cuales la Cotran decidió autorizar el incremento de precio al pasaje, fue por las pérdidas que habían sufrido las líneas camioneras durante la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006, donde varias decenas de unidades de transporte público fueron quemadas durante los disturbios y las manifestaciones encabezadas por los grupos inconformes. Nadie se acordó que el usuario final no tenía por qué cargar con esos costos que ellos no habían ocasionado, pero que ahora tendrían que pagar.
Hoy los argumentos son muy parecidos. De hecho, los concesionarios han argumentado que los insumos, refacciones y combustibles de las unidades se han incrementado en más de un treinta por ciento en los últimos dos años, y que por tanto las operaciones pronto resultarán incosteables si no se autoriza un nuevo ajuste a las tarifas del transporte.
Todas son verdades a medias. Esto porque si bien es cierto que una unidad de transporte urbano genera gastos importantes, también lo es que éste representa ganancias extraordinarias para todos los que lucran a partir de ella. Los dueños de las concesiones y de las unidades, se han caracterizado por su buena posición económica, independientemente del costo del servicio ni de las ganancias que ellos obtengan. Es evidente, por tanto, que si este ya no fuera negocio, todos, o la mayoría, lo habrían abandonado desde hace tiempo para disponer de sus inversiones en otros rubros de la economía. El problema, en realidad, es que ellos quieren sostener sus ganancias millonarias a cambio de nada.
INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO
Repasemos: a cambio del incremento de la tarifa, en 2007, los concesionarios prometieron renovar la flota de autobuses para hacerla menos contaminante; dijeron que capacitarían a su personal para que prestaran un mejor servicio y ocasionaran menos accidentes; que procurarían el seguro del viajero y las unidades; y que se adherirían a programas de reordenamiento del transporte urbano. ¿Qué se ha cumplido? Nada.
Al contrario: todos los días, los oaxaqueños miles de oaxaqueños que somos usuarios del transporte público podemos corroborar que dicho incremento sirvió únicamente para enderezar las finanzas de los dueños de las unidades. En la mayoría de los casos, las unidades siguen siendo las mismas; los conductores no han dejado de ser lo imprudentes y atrabancados de siempre; y el famoso programa de reordenamiento del transporte urbano continúa durmiendo el sueño de los justos. Nadie le ha querido entrar, ni ha tenido las herramientas suficientes, como para que los transportistas dejen de prometer dando una palabra de honor que no vale nada, y los obligue a cumplir los ofrecimientos que ellos han hecho a cambio de los privilegios obtenidos.
Las ofertas de 2007 fueron incumplidas por la sencilla razón de que la Cotran no estableció mecanismos coactivos para lograr que los concesionarios cumplieran con sus promesas. Éstos, reiteradamente, han asegurado que las condiciones y los recursos no son suficientes para emprender de un solo golpe todas las mejoras que se plantean. Lo cierto es que todo esto es parte de un bien logrado guión de simulación y engaño en el que los únicos perjudicados son los usuarios que pagan por un pésimo servicio. Veamos por qué.
¿COMPLICIDAD O ENGAÑO?
Los concesionarios se niegan a entrar a un programa de reordenamiento urbano, porque saben que con eso perderán rutas y pasaje cautivo que todos los días les permite ganancias millonarias.
El gobierno estatal, por su parte, “olvidó” incluir en los acuerdos de 2007 medidas coactivas para obligar a los concesionarios a cumplir con su palabra, porque de antemano sabía que éstos no cumplirían; y porque también sabían que esas promesas no eran más que una justificación para retribuirles las pérdidas que ellos habían resentido. El problema es que nadie perdía, excepto el pueblo que sería quien pagaría “los platos rotos”.
Todo les ha funcionado perfectamente: los concesionarios no han dejado de ser fieles aliados del partido y el grupo en el poder, y reciben todas esas prebendas como parte de un jugoso pago por los aportes que ellos hacen a las causas electorales y en los momentos decisivos.
¿Alguien cree, por ejemplo, que los miles de “acarreados” que se ocupan en los mítines políticos, las cargadas partidistas y las maquinaciones electorales, se transportan solos o que van por su propio pie? No. Alguien los lleva y alguien paga por ese servicio. Evidentemente, son pagos en especie que luego se retribuyen en medidas tomadas desde el poder público.
MAL SERVICIO
Para el usuario común todo esto podría pasar, si a cambio recibiera un buen servicio. Un transporte colectivo caro pero eficiente, se retribuye solo y genera certidumbre para quien lo utiliza. El problema, en este caso, es que aquí se paga por un servicio de pésima calidad a un costo elevado, y teniendo como marco los innumerables riesgos que corre todo aquel que decide abordar una unidad de este tipo.
Si el problema es el excesivo costo que les generan las unidades a sus dueños, entonces deberían apegarse a los programas de reordenamiento urbano. Así harían más dinámico el transporte, distribuirían de mejor modo las rutas, y cancelarían todos aquellos trayectos que son innecesarios, costosos y que afectan al tráfico y el medio ambiente.
Si la intención fuera la de continuar ofreciendo el servicio sin lastimar al usuario, esa sería la solución. Sin embargo, un remedio de ese tipo difícilmente lo podremos ver materializado, porque la finalidad de todo esto es mantener las ganancias y la explotación feroz de las rutas y las calles, independientemente de los daños y las irregularidades que todo esto provoca a la ciudad y a sus habitantes.
Los concesionarios quieren un incremento que no de uno, sino de dos pesos a la tarifa. Esto, en tiempos de crisis, no significa una decisión equilibrada sino más bien un signo claro de la voracidad que caracteriza al transporte público. De nuevo, sería un aumento a cambio de nada. Porque si la codicia desmedida es una de las características del transporte público, otra de ellas es la predilección que ellos tienen hacia una grosera anarquía que los invade pero también los beneficia.
¿Y la autoridad? Bien, gracias.
La tarde del 22 de diciembre de 2007, la Coordinación de Transporte del Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que dio a conocer la autorización a los concesionarios del transporte público, para que incrementaran sus tarifas de tres pesos con 50 centavos, a 4.50 pesos por pasaje.
Ante una ciudad caótica e inundada de problemas que precisamente han sido ocasionados por los distintos rubros del transporte público, Gonzalo Ruiz Cerón, titular de la Cotran, aseguró en aquellos momentos que las empresas camioneras que prestan el servicio en la capital oaxaqueña, tenían el compromiso de capacitar a los conductores de las unidades, emprender una renovación de su parque vehicular para eliminar a los autobuses chatarra, brindar un seguro de usuario a los pasajeros, iniciar un programa de reordenamiento vial, y otras medidas que, en teoría, habrían de mejorar el servicio que ofrecen a miles de oaxaqueños diariamente.
Han pasado casi 25 meses desde que dichas promesas fueron intercambiadas por una autorización de incremento de casi un 30 por ciento, pero todo sigue igual. Para mal de los oaxaqueños, la llegada de la crisis económica y la escalada de precios que ello ha provocado, hoy tienen a autoridades y concesionarios tratando de empujar un nuevo incremento a la tarifa del transporte público.
La connivencia y las complicidades entre esos dos núcleos, hoy está nuevamente sobreponiéndose a la estrecha economía familiar que, aunada a los golpes económicos que el gobierno le ha propinado con el inicio del año, en las semanas próximas podría también cargar con un incremento a la tarifa del transporte público.
EXCUSAS,
AYER Y HOY
Cuando a finales de 2007 el gobierno estatal autorizó el incremento a la tarifa del transporte público, lo hizo utilizando el sigilo y una serie de argumentos que no tenían cabida ni legitimidad ante una sociedad que de inmediato se sintió agraviada. Al autorizar aquel incremento sólo dos días antes de la navidad de 2007, la Cotran buscó no la aceptación sino aprovecharse de un momento en que buena parte de los ciudadanos no estaba tan atento, ni tan lleno de actividades, como en otros momentos. Muchos oaxaqueños se dieron cuenta del incremento, hasta los primeros días del año siguiente cuando volvieron a sus labores cotidianas… sólo que ya para ese momento, el golpe a la economía familiar estaba dado, y era prácticamente irreversible. Finalmente, nada ni nadie pudo echar abajo tal determinación.
Cuando eso ocurrió, el gobierno estatal se valió de dos argumentos. Gonzalo Ruiz Cerón aseguró que el incremento de un peso a la tarifa era proporcional a los cinco años que el costo al público se mantuvo intacto, y explicó que todo eso correspondía a un incremento de 20 centavos por cada año que el precio se había sostenido.
Además, una de las principales premisas bajo las cuales la Cotran decidió autorizar el incremento de precio al pasaje, fue por las pérdidas que habían sufrido las líneas camioneras durante la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006, donde varias decenas de unidades de transporte público fueron quemadas durante los disturbios y las manifestaciones encabezadas por los grupos inconformes. Nadie se acordó que el usuario final no tenía por qué cargar con esos costos que ellos no habían ocasionado, pero que ahora tendrían que pagar.
Hoy los argumentos son muy parecidos. De hecho, los concesionarios han argumentado que los insumos, refacciones y combustibles de las unidades se han incrementado en más de un treinta por ciento en los últimos dos años, y que por tanto las operaciones pronto resultarán incosteables si no se autoriza un nuevo ajuste a las tarifas del transporte.
Todas son verdades a medias. Esto porque si bien es cierto que una unidad de transporte urbano genera gastos importantes, también lo es que éste representa ganancias extraordinarias para todos los que lucran a partir de ella. Los dueños de las concesiones y de las unidades, se han caracterizado por su buena posición económica, independientemente del costo del servicio ni de las ganancias que ellos obtengan. Es evidente, por tanto, que si este ya no fuera negocio, todos, o la mayoría, lo habrían abandonado desde hace tiempo para disponer de sus inversiones en otros rubros de la economía. El problema, en realidad, es que ellos quieren sostener sus ganancias millonarias a cambio de nada.
INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO
Repasemos: a cambio del incremento de la tarifa, en 2007, los concesionarios prometieron renovar la flota de autobuses para hacerla menos contaminante; dijeron que capacitarían a su personal para que prestaran un mejor servicio y ocasionaran menos accidentes; que procurarían el seguro del viajero y las unidades; y que se adherirían a programas de reordenamiento del transporte urbano. ¿Qué se ha cumplido? Nada.
Al contrario: todos los días, los oaxaqueños miles de oaxaqueños que somos usuarios del transporte público podemos corroborar que dicho incremento sirvió únicamente para enderezar las finanzas de los dueños de las unidades. En la mayoría de los casos, las unidades siguen siendo las mismas; los conductores no han dejado de ser lo imprudentes y atrabancados de siempre; y el famoso programa de reordenamiento del transporte urbano continúa durmiendo el sueño de los justos. Nadie le ha querido entrar, ni ha tenido las herramientas suficientes, como para que los transportistas dejen de prometer dando una palabra de honor que no vale nada, y los obligue a cumplir los ofrecimientos que ellos han hecho a cambio de los privilegios obtenidos.
Las ofertas de 2007 fueron incumplidas por la sencilla razón de que la Cotran no estableció mecanismos coactivos para lograr que los concesionarios cumplieran con sus promesas. Éstos, reiteradamente, han asegurado que las condiciones y los recursos no son suficientes para emprender de un solo golpe todas las mejoras que se plantean. Lo cierto es que todo esto es parte de un bien logrado guión de simulación y engaño en el que los únicos perjudicados son los usuarios que pagan por un pésimo servicio. Veamos por qué.
¿COMPLICIDAD O ENGAÑO?
Los concesionarios se niegan a entrar a un programa de reordenamiento urbano, porque saben que con eso perderán rutas y pasaje cautivo que todos los días les permite ganancias millonarias.
El gobierno estatal, por su parte, “olvidó” incluir en los acuerdos de 2007 medidas coactivas para obligar a los concesionarios a cumplir con su palabra, porque de antemano sabía que éstos no cumplirían; y porque también sabían que esas promesas no eran más que una justificación para retribuirles las pérdidas que ellos habían resentido. El problema es que nadie perdía, excepto el pueblo que sería quien pagaría “los platos rotos”.
Todo les ha funcionado perfectamente: los concesionarios no han dejado de ser fieles aliados del partido y el grupo en el poder, y reciben todas esas prebendas como parte de un jugoso pago por los aportes que ellos hacen a las causas electorales y en los momentos decisivos.
¿Alguien cree, por ejemplo, que los miles de “acarreados” que se ocupan en los mítines políticos, las cargadas partidistas y las maquinaciones electorales, se transportan solos o que van por su propio pie? No. Alguien los lleva y alguien paga por ese servicio. Evidentemente, son pagos en especie que luego se retribuyen en medidas tomadas desde el poder público.
MAL SERVICIO
Para el usuario común todo esto podría pasar, si a cambio recibiera un buen servicio. Un transporte colectivo caro pero eficiente, se retribuye solo y genera certidumbre para quien lo utiliza. El problema, en este caso, es que aquí se paga por un servicio de pésima calidad a un costo elevado, y teniendo como marco los innumerables riesgos que corre todo aquel que decide abordar una unidad de este tipo.
Si el problema es el excesivo costo que les generan las unidades a sus dueños, entonces deberían apegarse a los programas de reordenamiento urbano. Así harían más dinámico el transporte, distribuirían de mejor modo las rutas, y cancelarían todos aquellos trayectos que son innecesarios, costosos y que afectan al tráfico y el medio ambiente.
Si la intención fuera la de continuar ofreciendo el servicio sin lastimar al usuario, esa sería la solución. Sin embargo, un remedio de ese tipo difícilmente lo podremos ver materializado, porque la finalidad de todo esto es mantener las ganancias y la explotación feroz de las rutas y las calles, independientemente de los daños y las irregularidades que todo esto provoca a la ciudad y a sus habitantes.
Los concesionarios quieren un incremento que no de uno, sino de dos pesos a la tarifa. Esto, en tiempos de crisis, no significa una decisión equilibrada sino más bien un signo claro de la voracidad que caracteriza al transporte público. De nuevo, sería un aumento a cambio de nada. Porque si la codicia desmedida es una de las características del transporte público, otra de ellas es la predilección que ellos tienen hacia una grosera anarquía que los invade pero también los beneficia.
¿Y la autoridad? Bien, gracias.
