+ Extorsión telefónica crece, impunemente, a niveles de alarma
Peca de ingenuo todo aquel que pretendiera asegurar que Oaxaca está libre de los efectos de la onda criminal que afecta al país. Tal y como ocurrió en el pasado, hoy es nuevamente cuestión de tiempo, el que los efectos nocivos de la lucha anticrimen regresen con intensidad a nuestro estado. Habría que ver con exactitud cuáles son, y qué efectos tienen, los problemas relacionados con la criminalidad que aquejan a nuestra entidad. Ésta se encuentra contenida, mas no erradicada. Y por eso, el riesgo de un repunte, en cualquier momento, es exponencial.
En primer término, es evidente que este asunto rebasa por mucho las escalas municipal y estatal, aunque no por ello, estas esferas de gobierno tienen menos responsabilidad con el marcaje a la delincuencia. El reparto del presupuesto destinado a la seguridad pública, es un grave problema para nuestro país. En un primer momento, al analizar más o menos a detalle esta cuestión, se hace evidente por qué, a diferencia de muchos otros problemas, el de la seguridad pública implica una responsabilidad compartida que, valga decirlo, es por mucho engañosa e inequitativa.
¿De qué hablamos? De que, en nuestro país, los problemas relacionados con la seguridad pública parten lo mismo de la galopante corrupción que históricamente se ha anidado en las corporaciones y dependencias encargadas del ramo en sus tres ámbitos de competencia, como en las inequidades presupuestales que, en gran medida, determinaron el abandono de las mismas, y su irremediable cooptación y connivencia con las bandas criminales.
La explicación, en términos generales, es más o menos sencilla. Desde hace más o menos una década, el gobierno federal creó una Secretaría de Seguridad Pública, unificó a sus corporaciones policiacas y las convirtió en lo que hoy se conoce como Policía Federal. El conjunto de las fuerzas federales hoy consume unos 34 mil millones de pesos del presupuesto público de la Federación.
Un monto no mayor a ese, es el que se reparte anualmente a las 32 entidades de la República para la manutención y equipamiento de sus respectivas corporaciones de seguridad estatales. Y es una cantidad muchísimo menor (unos 5 mil millones de pesos) los que se invierten, como recursos extraordinarios, para la seguridad pública en los municipios más importantes del país.
¿Qué reflejan, por sí solos, esos números redondeados? Que, en nuestro país, existe una grave disparidad entre las posibilidades de inversión y mejoramiento entre las corporaciones policiacas de diversos ámbitos de competencia; y que, por tanto, existen posibilidades marcadamente desiguales en las cuales tanto unas corporaciones, como las otras, pueden y tienen las posibilidades de hacer frente a la delincuencia en sus dos vertientes.
Así, mientras el gobierno federal tiene a una Policía Federal y a una institución ministerial capacitada y con salarios aceptables, las policías locales y municipales del país continúan teniendo graves problemas de corrupción, de cooptación y de atraso, tanto en su número, como en sus condiciones de trabajo, salario, armamento y prestaciones.
¿Y eso qué tiene que ver con Oaxaca?
¿QUÉ SIGUE?
Este asunto, repetimos, no es sólo de interés local. En realidad, el gobierno federal parece estar tan interesado —y desgastado— por toda la violencia que hoy se desborda en el país, que poco es lo que le ha preocupado el blindaje que ya deberían haber emprendido para las entidades del sur de la República. Estamos a nada de volver a resentir los efectos de una guerra que parece no tener fin.
Tal parece que hoy en Oaxaca, las oleadas de violencia aparentemente encabezadas por el crimen organizado, parecen estar apagadas. Entre 2007 y 2009, hubo un periodo de alrededor de 18 ó 20 meses, en el que ocurrió una altísima incidencia delictiva, que parecía tener su explicación en la intensificación de las disputas territoriales y de mercados en otras entidades, las cuales hicieron emigrar u obligaron a extenderse a quienes se dedicaban a actividades ilícitas. Esto fue lo que, en dicho periodo, hizo elevar los niveles de secuestros, ejecuciones, extorsiones y venta de protección a particulares, a niveles que nunca antes se habían visto en la entidad.
Hoy, es imposible asegurar que la incidencia delictiva se encuentre en los mismos niveles. Sin embargo, subsisten problemas graves en las mismas corporaciones policiacas, que en cualquier momento podrían de nuevo combinarse para generar un escenario de riesgo: de nuevo, hoy es prácticamente inexistente la presencia de resguardos federales en los puntos álgidos del territorio, las fuerzas estatales tienen hoy graves problemas hasta para combatir a la delincuencia común.
Y si todo sigue su curso como hasta ahora, no pasará mucho tiempo antes de que Oaxaca —y todo el sur de la República mexicana—, vuelvan a convertirse en territorios de franca disputa entre bandas criminales, o entre éstas y las corporaciones de seguridad, que cuando habrían podido prevenir los riesgos, no lo hicieron.
¿Qué remedio han puesto, por ejemplo, a la altísima incidencia que tiene hoy la serie de delitos que se cometen a través de la extorsión telefónica? Aspectos como ese, revelan los insuficientes alcances de la autoridad, y la facilidad con que una banda criminal puede ponerlos en jaque. Esto porque, para perseguir a una banda de extorsionadores —que normalmente no operan físicamente en el sitio en donde realizan la extorsión—, las corporaciones estatales hacen lo que pueden, las federales se desentienden. Y mientras, todos los días docenas de personas son aterrorizadas por amenazas y mentiras, que no tienen forma de ser impedidas por la autoridad.
Más allá de las denuncias, hoy son abundantes los casos de extorsión que a diario se ejecutan en nuestra entidad. Y si la autoridad se ve impedida para detener esa, que es la forma menos violenta del crimen organizado, ¿qué pasará si de nuevo se desborda ese tipo de delincuencia?
CAMBIOS
Finalmente, se materializaron los cambios que ya se preveían en la estructura gubernamental estatal. El más significativo, es la incorporación de José Antonio Estefan Garfias a la campaña priista, en la elaboración del Plan de Gobierno. Lo releva el hasta ayer director de Recursos Humanos —y reemplazo natural—, Francisco Márquez Méndez.
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