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Uno de los principales resolutivos del Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Justicia y la Seguridad, celebrado en agosto de 2008, fue el de la creación de un registro nacional de líneas de telefonía móvil. La razón, era que la mayoría de los ilícitos que se cometían a través de las telecomunicaciones, se realizaban a través de llamadas provenientes de teléfonos celulares. Todos, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, estuvieron de acuerdo en establecer ese registro, ponerle plazos fatales y establecer sanciones ejemplares a quien no cumpliera con la ley.
Han pasado 20 meses desde entonces, y estamos en el umbral del fin del plazo dado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que las más de 80 millones de líneas de telefonía móvil que existen en el país, completaran su registro. Hasta ayer viernes, y de acuerdo con datos oficiales del propio Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), no habían sido más de 54.7 millones de números los que habían sido incorporados al padrón. Así, alrededor de un 34 por ciento del total de usuarios en el país (algo así como 25 millones de líneas celulares activas) se quedarían irremediablemente sin el servicio, a partir de las cero horas de mañana domingo.
¿Por qué tanto problema, por algo aparentemente tan sencillo? Primero, porque el plazo fatal dado por el gobierno federal y la Ley, para el registro de las líneas, dejaría sin servicio a más de 25 millones de usuarios, que una vez cumplido el plazo no tendrían ni comunicación ni tampoco la posibilidad de recuperar su número o de registrar extemporáneamente su línea. Es decir, que un número no registrado hasta hoy habría de desaparecer definitivamente.
Pero hay más. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expidieron en tiempo y forma, ni han explicado con claridad, quién, cómo y bajo qué condiciones se resguardarán las bases de datos de lo hasta ahora recopilado por el Renaut.
Desde el pasado 16 de marzo, en su columna Plaza Pública de Reforma, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa alertaba sobre la ausencia de un reglamento específico para el almacenamiento, conservación y protección de los datos del Renaut. Y, también, se hacía partícipe de la desconfianza ciudadana que prevalecía sobre dicho registro. Apuntaba que “Si no hay reglamento, no puede haber confianza. El Grupo Reforma realizó el 11 de marzo una encuesta nacional telefónica entre quienes no han registrado su celular, y encontró que el mayor porcentaje de quienes están en ese caso ha sido movido por la desconfianza. Yo no fui interrogado pero figuraría en esa porción de los usuarios morosos y desconfiados. Me preocupa que el mal uso, doloso o culposo, de esa información sirva al propósito contrario al que llevó a establecer el registro, y que delincuentes tengan a su alcance el más completo directorio de usuarios a los cuales agredir.”
Incluso, basado en datos fidedigno, el columnista Granados Chapa fue más allá al señalar que “el Grupo Reforma no sólo realizó la encuesta. Hizo comprar cinco celulares en el DF y Guadalajara. Supongo que de modo inocente y no sarcásticamente, los adquirió a nombre de Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública. Sin cumplir los requisitos establecidos por la ley los aparatos fueron registrados a pesar que no los compró la persona cuyo nombre fue citado. De no ser porque se les desactivó una vez concluido el experimento periodístico, esos aparatos hubieran podido servir para llamadas de cualquier índole atribuibles a García Luna. Lo mismo pude ocurrir con aparatos robados no reportados inmediatamente.”
Esta es, sin duda, apenas una parte del potencial fracaso que podría ocurrir en el Renaut si no se buscan mecanismos sólidos para complementar la confiabilidad de los datos hasta ahora establecidos, y la certeza que debería existir sobre los mismos. La otra parte del problema, ocurre frente a las disposiciones legales. La SCT ha reiterado que cancelará todas las líneas que a partir de mañana no cuenten con registro. Las compañías telefónicas han comenzado el desafío legal, esgrimiendo razones y argumentos nada despreciables. Y al final, nadie sabe bien a bien qué ocurrirá con el combate a los ilícitos que se cometen a través de las líneas telefónicas, que es el origen de todo este asunto que tiene entrampado a un sector importante de la economía nacional.
TELEFONÍA MÓVIL,
SIN CONFIABILIDAD
Desde que apareció el servicio de prepago en la telefonía móvil, y se redujeron los precios del mismo para hacerlo más accesible al gran público consumidor, en México se volvió extremadamente fácil tener una línea de telefonía móvil y usarla libremente para cualquier fin, lícito o no.
Hasta antes del establecimiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, adquirir una línea tenía un costo no mayor a 120 pesos; la compañía operadora de la misma, no tenía el requerimiento de solicitar al cliente algún dato de identificación. Algunas empresas, como Telcel, sí llevaban a cabo ciertos registros, pero eran únicamente para sus archivos internos, y sin tener la posibilidad de verificar que los datos que proporcionaba el usuario de la línea fueran fidedignos. Así, en este contexto, fue como proliferó una galopante industria ilícita de la extorsión telefónica.
Hoy, no es exagerado afirmar que en la gran mayoría de las familias mexicanas que habitan en zonas semirurales y urbanas, ha habido por lo menos un caso de extorsión telefónica en tentativa o consumada. La gran mayoría de estos ilícitos, según tiene detectado la autoridad, se cometen desde las prisiones y utilizando teléfonos celulares que eran introducidos ilegalmente. Era imposible dar con los usuarios reales de las líneas, porque no existía un registro confiable de en manos de quién se encontraban las mismas. Y por esa razón, aún con la actuación de la autoridad, los delincuentes tenían carta libre para continuar utilizándolas sin ninguna cortapisa.
Por esa razón, este fue uno de los acuerdos a los que se llegó en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que se firmó en agosto de 2008, ante la conmoción nacional por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, y las evidencias notables de que en ese hecho habrían participado elementos policiacos federales y de la capital del país. La disposición, en un primer momento, dejó satisfechos a todos los participantes del acuerdo, que consideraron que esa sería una salida viable al problema de la mala utilización de las líneas de telefonía celular.
REGISTRO
CUESTIONADO
Una vez puesto en marcha, y hasta hace unas semanas, no eran ni 40 millones de líneas las que se habían inscrito en el Renaut. Una fuerte campaña de promoción del registro, y de alerta a los usuarios, fue lo que llevó a éstos a elevar el nivel de registro, hasta los casi 55 millones que había hasta este fin de semana. Hubo quien no registró su línea por desconfianza o por otras razones, que pronto veremos que se esgrimen ante las autoridades, si las compañías telefónicas cumplen con su decisión de no cancelar el servicio a sus clientes incumplidos con esta obligación legal.
Ayer viernes, a través de un comunicado, Telefónica Movistar anunció que “no cancelará las líneas de sus clientes que no se hayan dado de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) dentro del plazo legal establecido y que vence mañana (hoy) sábado.
Telefónica argumentó que pese a que se trata de un mandato de ley, “las telecomunicaciones son un servicio de interés público protegido por la Constitución que no puede ser negado a la población, y que por ello, “Movistar no perjudicará a la clientela que no registró su celular. Una cantidad significativa de personas de menores ingresos no se registró porque no cuenta con la CURP (Clave Única de Registro de Población) y en algunos casos no tiene siquiera acta de nacimiento. En otros casos, el grado de ignorancia digital que desafortunadamente existe le impide a algunos usar el método de registro a través de mensajes cortos”, sostuvo.
EL ATRASO, EN TODO
El Renaut, así, está topándose con una dura pared que podría llevarlo al fracaso. Si, como dice Granados Chapa, es posible que cualquier persona registre una línea a nombre de otra, y que esta pueda ser la referencia de la autoridad para perseguir delitos, el registro será un fiasco; si, como lo dice Telefónica, ellos mantendrán su servicio a quienes no cumplan, porque éste tiene limitaciones como el de la heterogeneidad de la CURP, entonces la exigibilidad del registro estará en entredicho, y con ello, también la finalidad misma de la disposición.
¿Cómo enmendar estos escollos? La autoridad tiene que plantear soluciones de mediano y largo plazo que hagan exigible la identidad real de todo aquel que tiene un teléfono celular, y que hagan confiable todo lo relativo a la seguridad de los datos proporcionados. El problema de las excesivas libertades que se han prohijado en el sector, no será remediado en un solo año ni con una sola medida legal. Independientemente de cuál sea el desenlace de esta historia, que parece condenada al fracaso, se debe pensar en qué sigue. Sin eso, toda esta discusión no será más que una mentira.
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