Renaut, telef贸nicas y su “compromiso” con M茅xico

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Hace exactamente una semana que se venci贸 el plazo establecido por el Registro Nacional de Usuarios de Telefon铆a M贸vil, para que los tenedores de l铆neas de telefon铆a celular en nuestro pa铆s completaran el registro de sus datos de identificaci贸n ante dicha instancia. Datos preliminares difundidos el mismo 10 de abril, se帽alaban que m谩s de 25 millones de l铆neas de telefon铆a m贸vil no hab铆an realizado el tr谩mite; luego se dijo que por la saturaci贸n del sistema, la cifra final era de 8 millones de faltantes. Y junto a ello, se dej贸 ver por qu茅 el Renaut est谩 predestinado al fracaso.

Antes, durante y despu茅s del vencimiento de dicho plazo, hab铆an quedado claras las flaquezas de dicho registro. La primera de ellas, ten铆a que ver con el relativamente corto tiempo dado a los usuarios para hacer ese tr谩mite; el segundo, la misma desidia que caracteriza a millones de personas por cumplir con las disposiciones que les marca la ley; y una tercera era la fundada desconfianza por la potencial mal utilizaci贸n de esos datos personales. Pocos, o casi nadie, se detuvieron a considerar que la responsabilidad no es s贸lo de quien utiliza la l铆nea, sino tambi茅n de quien presta el servicio.

As铆, dos d铆as antes de que venciera dicho plazo, la compa帽铆a espa帽ola Telef贸nica, operadora de Movistar en M茅xico, hizo un anuncio importante. Dijo que el servicio de la telefon铆a m贸vil era parte de las telecomunicaciones que la Constituci贸n federal mexicana garantizaba y proteg铆a a todos los mexicanos, y que por esa raz贸n el incumplimiento a las obligaciones del Renaut no era considerado como suficiente para que ellos se vieran en la obligaci贸n de cancelar el servicio a sus usuarios que no completaran su registro.

A煤n cuando Telcel no dijo algo previamente al respecto, menos de tres d铆as despu茅s del vencimiento de dicho plazo, obtuvo de un juez federal, una suspensi贸n provisional del acto reclamado (que era la suspensi贸n del servicio de telefon铆a a quienes no hubieran cumplido con su registro), a trav茅s de un juicio de amparo. La disposici贸n judicial les concedi贸, al menos moment谩neamente, la no cancelaci贸n del servicio a quienes no inscribieron sus datos en el Renaut. Es decir, que anunciado o no, ambas operadoras cumplieron su amague de no suspender el servicio a los usuarios incumplidos.

Hab铆a, y a煤n prevalece, un problema a煤n mayor: unos doce millones de usuarios de telefon铆a registraron sus l铆neas a nombre de personajes como el presidente Felipe Calder贸n Hinojosa, el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim Hel煤; y otros individuos de alta relevancia social, econ贸mica y pol铆tica de nuestro pa铆s. Es decir, que la presunci贸n de que la buena fe hace cumplir a las personas cabalmente con lo que dice la ley, no oper贸 en este caso entre los mexicanos.

驴Qu茅 hacer ante este total fracaso de la disposici贸n? La respuesta debe ser analizada en todos los 谩mbitos y no en la sola v铆a que se pretende. Veamos.

MERCANTILISMO

DE LAS TELEF脫NICAS

Por lo menos Telcel, que es la compa帽铆a predominante en el servicio de telefon铆a m贸vil en nuestro pa铆s, s铆 cuenta con un registro propio de todos, o la gran mayor铆a de sus usuarios. Todo aquel que ha tenido una l铆nea telef贸nica nueva, sabe que ante cualquier utilizaci贸n aparece previamente al enlace de llamada, una grabaci贸n que pide el registro de datos, y que s贸lo desaparece cuando el usuario llama a un n煤mero telef贸nico proporcionado por la misma compa帽铆a, e inscribe todos sus datos generales. Lo mismo, en t茅rminos m谩s o menos parecido, hacen las dem谩s compa帽铆as de telefon铆a m贸vil con sus usuarios.

Esta es, en apariencia, una medida de control que podr铆a ser mucho m谩s fuerte. Los est谩ndares de control en Estados Unidos y la mayor铆a de los pa铆ses desarrollados, se fundan en que todo aquel que tiene una l铆nea de telefon铆a m贸vil debe proporcionar al operador del servicio no s贸lo sus datos en calidad de buena fe, sino soportados en su veracidad, con alg煤n documento que corrobore su identidad. Esto no ocurre en M茅xico.

驴Por qu茅? Porque es m谩s f谩cil atender al mercantilismo que a la responsabilidad, y privilegiar la venta de tiempo aire, l铆neas y servicios de voz y datos, que exigir que todo aquel usuario que tenga una l铆nea, sea plenamente identificable ante la posible comisi贸n de un delito. Esto no ocurre en nuestro pa铆s, debido a que aqu铆 existe lo mismo un registro poco confiable de usuarios, una base de datos permanentemente hostigada y puesta en riesgo por quienes lucran con ella, la venden o la roban; por la pirater铆a de l铆neas que permite a grupos delincuenciales contar con aparatos de telecomunicaci贸n sin ning煤n registro y forma de rastreo. Y, sobre todo, porque los prestadores del servicio no han querido asumir la parte de responsabilidad que les corresponde.

EMPRESAS,

DESENTENDIDAS

ANTE LA AUTORIDAD

Esto parecer铆a parte de un argumento de pel铆cula estadounidense de bajo presupuesto. Pero aunque suene a irreal, cada tel茅fono celular es un localizador. Es decir, que usando la tecnolog铆a adecuada, se puede conseguir la ubicaci贸n de cualquier persona a partir de las se帽ales que emite su tel茅fono celular. Cada aparato, independientemente de su costo y caracter铆sticas, cuenta con un sistema de posicionamiento global (o GPS, por sus siglas en ingl茅s) que es, en gran medida, lo que le permite ubicar se帽ales, facilitar el roaming y establecer comunicaci贸n entrante o saliente en cualquier sitio que cuente con cobertura del servicio.

La autoridad nunca ha podido contar ni con este ni con ning煤n otro dato, que podr铆a ser proporcionado por las telef贸nicas, para el combate al crimen organizado. Todos, sin excepci贸n, aceptan que la falta de control en la tenencia de l铆neas de telefon铆a m贸vil, es lo que permite que 茅stas sean herramientas esenciales y libres para la comisi贸n de delitos. Pero deber铆an tambi茅n aceptar que ni las compa帽铆as telef贸nicas han querido colaborar m谩s estrechamente no con el gobierno o sus usuarios, sino con el pa铆s; y que medidas como el Renaut son viables s贸lo si ven como una forma de control que deber谩 reforzarse en el mediano plazo, y si las instancias competentes garantizan la confiabilidad y la certeza de dicho registro, y lo refuerzan con otros mecanismos que corroboren que los datos ah铆 contenidos son ciertos.

Como esto no es muy posible que ocurra, y nadie ha ubicado en su magnitud de responsabilidad a las empresas que se niegan a colaborar, desde sus posibilidades con la seguridad, con el Estado y con el combate al crimen organizado, entonces es muy probable que m谩s temprano que tarde se tenga que reconocer que tales medidas fallaron y que es momento de buscar nuevos mecanismos para combatir al crimen, y para tener un control m谩s exacto de la telefon铆a m贸vil. Esto, claro, en el entendido de que las telef贸nicas seguir谩n no colaborando, sino m谩s bien cuestionando, las disposiciones 鈥攂uenas o malas鈥 que determine la autoridad para tener m谩s control sobre las telecomunicaciones en el pa铆s.

TODOS, ENREDADOS

Sin agregar m谩s palabras, terminemos reproduciendo lo apuntado el pasado 10 de abril por el periodista Ren茅 Delgado, en su columna 鈥淪obreaviso鈥 publicada en Reforma. Su reflexi贸n no tiene desperdicio. Apunta que 鈥渓as extorsiones v铆a telefon铆a celular que sufre la ciudadan铆a aumentan y, con ellas, el clamor por acabarlas. La autoridad tiene un dato firme sobre el asunto: muchas de las extorsiones se realizan desde los penales, donde adem谩s de ese delito se practican much铆simos otros y se trafica con todo.

鈥淎 pesar de la obvia necesidad de replantear a fondo el sistema penitenciario, los pol铆ticos reh煤yen la soluci贸n y optan por aplicar medidas que, sin duda, significan un gasto que s贸lo agrandar谩 el problema.

鈥淟a primera acci贸n que emprende la autoridad consiste en instalar un sistema de bloqueo de llamadas en los reclusorios pero como esa medida afecta no s贸lo al penal sino al barrio donde 茅stos se encuentran, mejor lo desconectan. Por lo dem谩s, ya instalado el equipo, se advierte que se ha generado otra fuente de corrupci贸n: encender y apagar por m贸dica suma el sistema.

鈥淐omo esa primera medida no crece suficientemente el problema se piensa en grande: castigar a todo aquel que tenga un celular en la mano y no s贸lo a quienes extorsionan con ellos.

鈥淓l agrandamiento del problema es fant谩stico y, adem谩s, le permite a la autoridad hacer demagogia legislativa. A petici贸n de un grupo ciudadano que exige registrar todos los n煤meros de telefon铆a celular, la autoridad lanza una iniciativa de ley in煤til. Una ley que no resuelve el problema, pero s铆 suma tr谩mites, obstaculiza la conectividad y expone los datos personales de los usuarios. Qu茅 importa si las extorsiones telef贸nicas decrecen o no, el objetivo era agrandar el problema y se ha logrado.

鈥淟a pregunta de c贸mo es que entran tel茅fonos celulares y chips a los reclusorios queda sin respuesta.鈥

驴C贸mo agrandar el problema, y c贸mo hacer inviable su soluci贸n? En el Renaut, y todo este l铆o, est谩 la respuesta.

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