+ Responsabilidad conjunta: todos ayudan a incendiar la zona
Errónea y precipitadamente, organizaciones disidentes como la Sección 22 del SNTE, se apresuraron a responsabilizar al Gobierno del Estado por la emboscada que sufrieron, hace tres días, los integrantes de una misión humanitaria, y en las cuales por lo menos dos de ellos perdieron la vida y varios más se encuentran desaparecidos. El error inicial no consiste en culpar a un inocente, sino en confundir —y evadir— los señalamientos de fondo sobre la violencia que desde hace varias décadas azota a la región triqui.
Evidentemente, en un primer momento resulta ilógico considerar que un gobierno es responsable por las acciones que ejecutan particulares. En este caso, la micro región de los triquis ha padecido una disputa histórica entre tres organizaciones de lucha social —la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI)— que pretenden hacerse del control social, político y económico de una región que se ha batido en interminables divisiones y enfrentamientos.
Ante esa circunstancia tan identificable, parecería que el gobierno no tendría por qué cargar con responsabilidad alguna por las disputas históricas, que todavía hoy se dirimen violentamente entre la Ubisort, el MULT y sus diversas escisiones. Podría pensarse, incluso, que si son esas organizaciones las generadoras de la violencia, entonces tendría que ser con una respuesta implacable por parte del Estado, como se le podría dar solución a los excesos, las vejaciones, y las agresiones cometidas en contra de los indígenas, que han cometido esas organizaciones.
Sin embargo, esto es tan erróneo como el tratar de considerar que el gobierno está lejos de todos los señalamientos. Si bien es cierto que éste no puede tener el control de las disputas y las decisiones que toman y ejecutan las organizaciones en conflicto, lo es también que la responsabilidad de fondo para el gobierno estatal se encuentra en el hecho de haber desatendido por completo la zona, y permitir que entre las mismas comunidades, y las organizaciones que las manejan, ocurrieran hechos tan abominables como las matanzas, la persecución, los actos de segregación y hostigamiento en contra de los habitantes de esas comunidades, y la aparición de células paramilitares que tomaron el control de la zona.
En ese punto es donde se encuentra, en realidad, uno de los problemas más graves que enfrenta la zona triqui, y por los que su problemática social y política nunca ha podido resolverse: porque el gobierno ha asumido que las disputas entre las poblaciones y grupos no tienen remedio; y porque, al asumir esa idea como válida, fomentaron una desatención social que terminó de sumir a las comunidades en la marginación, la pobreza y el abandono, que hoy se hace patente, ante el marcado rechazo que esas comunidades manifiestan en contra de unos representantes gubernamentales, que hasta ahora se acordaron de la existencia de la región triqui.
Antes y ahora, sería imposible una solución de fuerza. El gobierno estatal ha fracasado recurrentemente en su pretensión de llamar al diálogo a las partes en conflicto, porque es fácilmente previsible que, entre ellas, posiblemente jamás haya entendimiento. Empero, independientemente de la concertación política, los conflictos pueden desactivarse, emprendiendo acciones concretas de desarrollo social, que pusieran remedio a la inconformidad de los habitantes.
Es cierto que, en gran medida, las disputas por la región triqui tienen actores y motivos perfectamente identificables. Pero esas desavenencias son alimentadas por miles de personas que tienen hambre, que nacieron y crecieron en medio de la confrontación y la marginación, y que aún cuando desean la paz y gustosos recibirían una oportunidad, saben que ahí no existen opciones sociales para hacer a un lado la violencia.
TODOS, RESPONSABLES
Así, si bien el gobierno estatal carga con responsabilidad en este asunto, por la incapacidad de quienes tienen en sus manos el control de la gobernabilidad y los asuntos políticos del Estado, también es cierto que las organizaciones sociales y gremiales que hoy nuevamente pretenden erigirse en mártires, no están exentos de ser parte de las causas de estos enfrentamientos.
¿Qué ha hecho, efectiva y palpablemente, la Sección 22 del SNTE para desactivar la violencia que impera en la zona? Evidentemente, muy poco. Es cierto que el sindicato magisterial no tiene el deber de desactivar conflictos sociales o políticos. Sin embargo, es innegable que éste es uno de los organismos con mayor presencia e influencia política en todas las regiones del Estado, y que por tanto pudo haber sido uno más de los factores que, por medio de una atención social tan básica como la educación y la concordia, habría contribuido a desactivar las posibilidades de violencia.
Sin embargo, la Sección 22 ha preferido ser parte de las discordancias políticas que ahí se viven. San Juan Copala se erigió en municipio autónomo a principios de 2007, gracias al respaldo político que recibieron de diversas organizaciones sociales que un año antes habían participado de la revuelta magisterial. La creación de esa autoridad paralela y el establecimiento de una ley y justicia particular, no hicieron sino crear un icono de la rebelión social, a cambio de someter a todo un pueblo a condiciones aún más profundas de miseria marginación, y acentuar las discordancias que ya existían entre los pueblos.
Por eso, varios de los grupos que ahora se sienten martirizados, en realidad cargan con parte de la responsabilidad por esa disputa, debido a que no fueron a tiempo un factor de paz; y porque ellos mismos intervinieron para profundizar las disputas y azuzar la violencia.
DESORIENTADO
Tuvo que intervenir el gobernador Ulises Ruiz para conjurar la potencial huelga que estaba a punto de estallarle al director del Cobao, Cándido Coheto Martínez. Éste no lograba entenderse, en la mesa de negociación, con el dirigente del Sutcobao, Tomás Matus. Hubo una razón: Coheto atendió más las negociaciones del PRI en las que se repartieron las candidaturas a presidentes municipales, que su responsabilidad con la institución que dirige. ¿Qué tal?
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