+ Inseguridad: no todo tiene que ver con “motivos políticos”
A diferencia de prácticamente todo el país, en el que las corporaciones policiacas estatales y municipales deben enfrentarse a la delincuencia, en Oaxaca los cuerpos de seguridad pública deben hacerlo en dos frentes: por un lado, el de la criminalidad común; y, en el otro frente, a la violencia que emerge por motivaciones sociales, étnicas, políticas o electorales. Hoy, cuando los tiempos marcan una intensa actividad político-electoral en el Estado —que también incluye a la seguridad—, no deberíamos dejar de poner atención a lo que ocurre en el campo estricto del control y combate a la delincuencia.
Tal parece que las últimas semanas no han sido fáciles tanto para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, como para las corporaciones policiacas. El pasado 28 de abril, una caravana de observadores de derechos humanos, fue atacada en las inmediaciones del municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui del Estado. Ante ello, los cuerpos de seguridad estatales desplegaron importantes operativos para resguardar una zona que ha sido azotada por andanadas intermitentes de violencia.
Días después de ese hecho —que se incrustó como un foco rojo en la contienda política que hoy se desarrolla—, el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, aseguró en sendas declaraciones a la prensa local, que la seguridad para los comicios del próximo cuatro de julio está garantizada; que existe también vigilancia permanente en la zona triqui para evitar nuevos enfrentamientos. Y, particularmente, que solicitaría al Instituto Nacional de Migración la expulsión del país, en base al artículo 33 de la Constitución federal, que se encontraran inmiscuidos en asuntos políticos del país, en los que sólo se pueden involucrar ciudadanos de la República.
Sin duda, todo esto deja ver que, en efecto, para las corporaciones policiacas estatales es un asunto de primer orden el de la manutención de la paz y la seguridad, respecto al proceso electoral que ahora se desarrolla en Oaxaca. Hoy, para la administración estatal, la paz es una condición determinante para la imagen de buen gobierno que están tratando de hacer percibir a los ciudadanos, y a la opinión pública nacional que tiene puestos los ojos en Oaxaca.
No obstante, al margen de los acontecimientos que, directa o coyunturalmente se encuentran relacionados con la efervescencia electoral, es claro que también ocurren hechos enmarcados en la delincuencia común, que deberían ser motivo de atención no sólo para las corporaciones policiacas o las instancias públicas de las que dependen, sino también de los altos círculos del poder estatal, y de la sociedad que exige seguridad en su vida cotidiana.
Veamos si no: en la última semana, ocurrieron al menos dos hechos que revelan la facilidad de desplazamiento y operación que tienen algunos grupos de delincuentes bien organizados, y los fallos de las corporaciones policiacas a la hora de hacer no labores de altos vuelos, sino de cumplir con las funciones más básicas de su misión de proteger y servir a la sociedad.
Así, la noche del pasado viernes fue asaltado un lote en el que se realizaba la compraventa de vehículos usados, ubicado en las inmediaciones de un centro comercial al sur de la capital oaxaqueña. De acuerdo con reportes de la prensa local, en la operación los delincuentes hurtaron libremente una docena de vehículos apenas unas horas después de concluidas las operaciones cotidianas de la negociación, y señalaron la posibilidad de que también pudieran haberse llevado consigo a tres personas, en calidad de rehenes o secuestrados.
El segundo hecho es no menos grave: ese mismo día viernes, un recluso en el Penal de Santa María Ixcotel, que había sido ingresado al Hospital Civil para recibir atención médica, se fugó del nosocomio ante las sospechas, los errores, y, por decir lo menos, el exceso de confianza de quienes ordenaron su traslado, permitieron su salida del reclusorio, y lo custodiaron mientras recibía la atención médica.
DELINCUENCIA LIBRE
Pero vayamos por partes, en cada uno de los hechos. En primer término, respecto al hurto en el lote de vehículos usados, el hecho resulta grave en cuanto a las corporaciones policiacas, porque una operación de esta magnitud conlleva la movilización de más de una docena de personas, un número similar de vehículos y, sobre todo, el accionar de maniobras violentas a horas de la noche, en las que aún había un tránsito de personas más o menos fluido, y que por tanto la presencia policiaca debería de ser más constante y sensible.
Además de todo eso, también se debía estar poniendo atención a las posibilidades que se desprenden de ese hecho. Así, el robo de una docena de vehículos debe llevar también a preguntarse qué finalidad tenía respecto a los propios dueños de la negociación (por la posibilidad de un autorobo); también debía ser motivo para accionar las instancias de información e inteligencia que ya debería tener bien armada una corporación como la Policía Estatal. Esto, con el objeto de determinar si este fue un indicativo claro de que grupos relacionados con la delincuencia organizada nuevamente hicieron presencia importante en la entidad, y están haciéndose de pertrechos para sus operaciones.
El segundo de los hechos no es menos grave. ¿Cómo decidir el traslado de un reo de alta peligrosidad —si se toma en cuenta que se le sigue un proceso penal por secuestro, y se sabía perfectamente de sus ligas con corporaciones policiacas estatales de élite, e incluso con el Ejército mexicano— solamente resguardado por un par de elementos? ¿Cómo haber terminado, con tanta simpleza, que no intentaría escapar? Y, sobre todo, ¿Cómo explicará el comisionado Quezadas Jiménez, que por negligencia o complicidad de sus agentes, un secuestrador altamente peligroso está nuevamente suelto en la entidad?
DOS POLOS
Ahora que comenzará el traslado de dependencias del gobierno estatal a Ciudad Judicial, parece haber entendimiento pleno entre el Sindicato de Burócratas que encabeza Víctor Hernández, y el secretario de Administración, Francisco Márquez Méndez. A ellos debería recurrir Evencio Martínez para pedir consejo, pues no da una en su relación con la Sección 22 del SNTE. A éste sí, y pronto, le van a estallar los problemas. No hay duda: el cargo no hace necesariamente eficaces a los funcionarios.
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