+ Problema no sólo son las personas, sino los atrasos legales
Independientemente de las coyunturas e intereses electorales, los hechos y revelaciones recientes que involucran al Instituto Estatal Electoral, deben llevarnos a la reflexión sobre el estado que guardan los órganos autónomos estatales, su importancia en el sistema democrático vigente, y las razones materiales por las que éstos parecen más satélites gubernamentales, que entes encargados del control, la fiscalización y la búsqueda de equilibrios en el ejercicio público de los poderes del Estado.
En Oaxaca, al igual que en el resto de las entidades federativas, existen seis entidades públicas que fungen como órganos autónomos. Estos son el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Estatal de Acceso a la Información, el Tribunal Contencioso Administrativo, y la Auditoría Superior del Estado. Formalmente, los cuatro primeros gozan, constitucional y legalmente, de un marco pleno de autonomía frente a los poderes estaduales, mientras que los dos últimos tienen autonomía técnica y de gestión respecto al Poder Legislativo del Estado.
Entendamos las razones por las cuales emergieron organismos de esta naturaleza en nuestro marco jurídico, y la importancia que tienen actualmente en el sistema democrático. Los órganos autónomos surgieron a raíz de la necesidad que existía en los ciudadanos, de tener certeza sobre ciertos procesos que entonces estaban en manos del Estado, y que por esa sola razón gozaban de poca o nula credibilidad por parte de la sociedad.
Si lo vemos en sentido contrario, los órganos autónomos, surgieron también por la necesidad que tenía el poder público de incrementar la legitimidad de ciertos procesos políticos o administrativos determinantes, respecto de los cuales el ciudadano común simplemente no mostraba credibilidad alguna.
De ahí que, inicialmente en el ámbito nacional, el IFE y la CNDH se erigieron en garantes de dos temas fundamentales sobre los que el gobierno había perdido prácticamente toda la credibilidad por parte de la sociedad. En el primero de los casos, la llamada “caída del sistema” y las sospechas sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1988 —que entonces eran organizadas por una Comisión Federal Electoral, presidida por el Secretario de Gobernación, y organizadas y resueltas por el gobierno federal—, hicieron emerger esta exigencia, que se coronó de cara al convulsionado año de 1994 en el país, con el surgimiento del IFE como un instituto autónomo, y con la participación directa de los ciudadanos, en prácticamente todas las etapas de los procesos electorales federales.
Lo relativo a la CNDH tuvo una historia equiparable. Desde los años de la guerra sucia, y hasta principios de la década pasada, las acusaciones sobre excesos y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, motivaron la creación, al inicio del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, de una instancia encargada de la protección de las garantías fundamentales que dependiera también de la Secretaría de Gobernación. En 1990, el propio gobierno, mediante un decreto, creó la Comisión de Derechos Humanos, pero aún como un órgano desconcentrado de la citada Secretaría. En 1992 se erigió constitucionalmente como un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y en 1999 alcanzó su autonomía plena.
En el ámbito federal, el surgimiento de esas instancias —y otras como la Auditoría Superior de la Federación, el IFAI o el Banco de México, entre otros—, fue determinado por la necesidad de limitar el poder otrora omnímodo del Presidente en turno. De hecho, el surgimiento de figuras de esta naturaleza dejó atrás la concepción tradicional de que el Poder Público está dividido únicamente en tres —Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pues para efectos prácticos los órganos autónomos no dependen de ninguno de éstos.
ENTES APLACADOS
Ante esos avances democráticos en el ámbito federal, paulatinamente las entidades federativas se vieron obligadas a ir reproduciendo esas figuras. Así, al menos en Oaxaca, en los últimos 15 ocurrió la repetición de prácticamente todos esos órganos constitucionalmente autónomos. El problema, hoy, es que esos entes no han dejado de parecer satélites del grupo gobernante, ni instancias que están dispuestas no a limitar, sino a proteger y minimizar los excesos y deficiencias que se cometen en el ejercicio del poder público.
En este sentido, el brete en el que deliberadamente metieron al consejero Presidente del órgano electoral estatal, José Luis Echeverría Morales —independientemente de que tenga validez moral, ética o jurídica por la procedencia de las grabaciones en las que aparece su voz—, deja ver claramente la posibilidad de que el ente aparentemente autónomo que encabeza en realidad no lo sea tanto, y que más bien sirva a intereses con los que, por salud democrática del Estado, no debería estar involucrado.
El IEE, en términos sencillos, debería ser un árbitro imparcial e implacable de los procesos electorales estatales. Del mismo modo, el IEAIP debería ser una institución sólida que conminara a los entes públicos a permitir el acceso de todos los ciudadanos a la información relativa al ejercicio de sus funciones. La ASE, por su parte, tiene como naturaleza el fiscalizar a todas las instancias que reciben dinero público estatal, y vigilar que el manejo de los mismos sea el adecuado. Y así, sucesivamente con cada uno de los órganos mencionados.
AUTONOMÍA LIMITADA
Estos principios, no se materializan cabalmente en la realidad. El motivo de todo esto no se encuentra solamente en la falta de atribuciones legales, en la falta de conocimientos y experiencia por parte de quienes los integran, o porque los órganos mismos sean “elefantes blancos”. La razón de sus inconsistencias actuales, radica en que una entidad como Oaxaca no tiene pluralidad o equilibrios políticos de origen. ¿Cómo no pensar en que los titulares de todos esos entes autónomos, son personajes afines al grupo gobernante en turno, si un solo partido tiene la mayoría abrumadora en el Congreso del Estado, y a su vez, éste se encuentra determinado por el titular del Poder Ejecutivo local? Mientras la democracia no evolucione desde sus bases actuales, la autonomía y los “equilibrios democráticos” seguirán siendo sólo aparentes.
almargenoaxaca.wordpress.com
me encanto licenciado muy interesante
ademas le agradesco me sirvio para dar mi tema en clase 🙂