+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Tlahuitoltepec: ayer la negligencia nos alcanzó

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+ Tragedia: unión de contingencia y corrupción

 

Por donde quiera que se vea, el de ayer fue un día trágico para Oaxaca. Desde muy temprano, nos despertamos con la noticia de que un alud presuntamente habría sepultado unas trescientas viviendas —y a unas mil personas— en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mixe; algunas horas más tarde, la atención de miles también se puso, en la capital oaxaqueña, en las severas afectaciones que había provocado el desbordamiento del Río Salado. Además del desastre humano provocado por la naturaleza, los oaxaqueños vimos, y vivimos en carne propia la tragedia que provocan el desdén gubernamental, las omisiones, la corrupción y la negligencia que ayer se manifestaron de manera conjunta en una implacable cifra de muertos, desaparecidos y damnificados.

A través de sus primeras emisiones, las cadenas de noticias por televisión y radio comenzaron a emitir el reporte que, urgentemente, se había enviado desde aquella mágica tierra de músicos, arraigo y cultura. Y el escenario parecía desolador. A través de la comunicación enviada por un teléfono satelital, la autoridad municipal de Tlahuitoltepec aseguraba la existencia de una catástrofe.

Decía, según lo dijeron todos aquellos que tuvieron la noticia de primera mano, que en el corazón de aquella localidad, un cerro se había desgajado a lo largo de unos doscientos metros lineales, sepultando a más de 300 familias que, a las cuatro de la madrugada en que ocurrió el hecho, se encontraban descansando.

Ante la noticia, los intentos de la autoridad por llegar al lugar de los hechos no hicieron más que recordarles que toda la marginación, el abandono y la pobreza en que viven aquellas comunidades, ahora los tenía a ellos, a la autoridad, contra la pared. Teniendo encima todas las miradas nacionales e internacionales (porque no en cualquier lugar del mundo, cualquier día, se dice que mil personas habrían muerto a causa de un alud), las autoridades locales y federales demoraron casi once horas en poder arribar al lugar de los hechos.

La carretera que comunica a esa localidad con la capital oaxaqueña presentaba innumerables derrumbes, puentes colapsados e interrupciones a la circulación que, combinados con las inclementes condiciones climatológicas, hacían imposible el acceso por tierra y por aire. Al filo de las cuatro de la tarde, fue el presidente Felipe Calderón Hinojosa quien reportó, a través de su cuenta de Twitter, que un grupo de elementos del Ejército Mexicano había logrado llegar a pie hasta el lugar de la tragedia, y que se encontraba en condiciones de asegurar que ésta no era de la magnitud que se había asegurado inicialmente.

Sin embargo, entre las doce horas transcurridas desde el acontecimiento hasta en que surgió información confiable, las especulaciones se multiplicaron infinitamente. Y también salió a relucir una potencial negligencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ante una potencial tragedia. La edición electrónica del diario español El País, aseguraba desde el mediodía que “el diario Oaxaca había informado del riesgo de derrumbe en el cerro, ubicado en la sierra Mixe.” Y, textualmente, citaba: “De un momento a otro, el cerro de hundirá y con él decenas de viviendas”, haciendo alusión a una nota informativa fechada el pasado 13 de septiembre y firmada por el periodista Alfonso Cruz López, a través del sitio electrónico www.oaxacahoy.com.

Y es que, en efecto, en aquella fecha y lugar se había establecido que “el desprendimiento de una gran parte del cerro en Santa María Tlahuitoltepec Mixe, ha generado una enorme grieta en el perímetro, que ha generado que los muros de los domicilios cercanos comiencen a desmoronarse debido al desnivel de la tierra. De un momento a otro, el cerro de hundirá y con él decenas de viviendas igualmente, por lo que se ha instruido al presidente municipal de la zona, a que evacúe de inmediato. La humedad y reblandecimiento de la tierra generó que parte del cerro muestre señas de hundimiento; las casas de igual forma por el desnivel que genera el hundimiento ya presentan grietas y se teme que una tragedia ocurra en la zona. Autoridades de Protección Civil están trabajando en la demarcación.”

Evidentemente, ni Protección Civil, ni nadie, hizo algo sobre esta alerta. Claro, hasta ayer que la “prevención” estaba de más. Y lo que se contaban eran los desaparecidos, las víctimas fatales y los incuantificables daños materiales.

 

RÌO DESBORDADO

Mientras todo esto ocurría, otra tragedia estaba en desarrollo. La crecida del Río Salado se salió de control. Y para alrededor de las 15 horas el río estaba a punto de desbordarse en diversos puntos de su cauce. Los puentes que lo atraviesan fueron cerrados a la circulación de vehículos. Los habitantes de las amplias márgenes de su caudal, comenzaron a tomar previsiones que, al final de cuentas servirían de poco, ante el tamaño del potencial desbordamiento e inundación.

De nuevo, la contingencia natural se vio sacó a relucir todo lo que no se ha hecho durante décadas, y que ayer se lamentó sistemáticamente. La autoridad se limitó a controlar el tráfico y la afluencia de curiosos y vecinos en la zona. Pero nada podía hacer, naturalmente, por contener otra potencial tragedia.

Nadie se preguntaba, porque ante el tamaño de la potencial tragedia era inconveniente e impropio, dónde están todos aquellos que permitieran que, libremente, durante décadas miles de personas edificaran casas habitación y comercios a menos de diez metros del cauce principal de ese río. ¿Era el municipio el responsable? ¿El Gobierno del Estado? ¿Las instancias federales encargadas de la regulación de los ríos y arroyos, grandes o pequeños? ¿Había responsabilidad en los tres órdenes de gobierno? Más bien, parecía que en ninguno —o que en todos había complicidad—. Pero nadie se atrevía a decir algo. Porque tanto peca el que mata la vaca, como quien le sostiene la pata.

 

TRAGEDIA Y NEGLIGENCIA

Llegado el momento, la autoridad tendría que responder no por los efectos de la naturaleza, sino por la falta de previsión, orden y cultura de protección civil que priva tanto en el gobierno como en la ciudadanía. Previsión porque ayer todos fuimos puestos en jaque; orden, porque la tragedia partió de su inexistencia; y cultura, porque se pudo haber respondido con mayor eficiencia y eficacia. Por parte de todos. Y no fue así.

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