¿Cómo aplicarán el “Mando único” en Oaxaca?

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+ La nuestra, entidad con mayores complejidades

Anteayer, el presidente Felipe Calderón anunció el envío al Congreso, de un paquete de  iniciativas de reforma constitucional para establecer el llamado “mando único” que unificaría a las policías municipales y estatales en una sola corporación por cada entidad federativa y que, lógicamente, llevaría a la desaparición de la mayoría de las corporaciones de seguridad pública que existen en los 2 mil 445 municipios del país. Ante ese panorama, es menester preguntarnos tal medida será viable para Oaxaca. Y, sobre todo, cómo será llevada a los hechos.

Este no es un asunto menor. Desde que se inició la lucha contra el crimen organizado, el gobierno federal realizó un diagnóstico en el que encontró fallas estructurales en la conformación de las corporaciones encargadas de velar por la seguridad pública. Se encontró, por ejemplo, que al haber concentrado la mayor inversión de recursos económicos del Estado en la creación, manutención y perfeccionamiento de las corporaciones policiacas federales, pero que, en cambio, tanto las Policías Estatales, como las Municipales, tenían un alto grado de vulnerabilidad y atraso, que las hacían poco confiables, y nada eficaces en el cumplimiento de sus labores.

Mientras realizaba tales labores de diagnóstico respecto a las entidades federativas, el gobierno federal incrementó el monto de inversión a sus corporaciones policiacas. Consecuencia de ello, nunca antes en la historia del país, un gobierno había destinado más de 35 mil millones de pesos anuales para sostener la operación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que, relativamente, es de reciente creación. No obstante, la inversión extraordinaria a la seguridad pública en estados y municipios continuó siendo menor a los 10 mil millones de pesos, en términos globales.

Esa disparidad —que puede incluso considerarse como uno más de los innumerables atentados que el propio gobierno federal comete en contra del espíritu mismo del federalismo que, según, nos rige— dio pauta para que luego el gobierno federal recriminara duramente a las entidades federativas por su falta de inversión en este rubro, y los acusara de ser los responsables de que, por su falta de confiabilidad, por sus posibles complicidades o corrupción, y por su bajo nivel de preparación, instrucción, salarios y capacidad de fuego, el crimen organizado crecía indiscriminadamente y tomaba libremente el control de plazas que luego disputaba a sangre y fuego al Estado o a las bandas delincuenciales con las que rivalizaba.

Tales acusaciones, sin embargo, están llenas de claroscuros. A pesar de que el presidente Calderón señala, por ejemplo, que los gobiernos estatales no invierten lo suficiente en seguridad pública, o que los Gobernadores “se desentienden” de los problemas relacionados con la seguridad pública y el combate al crimen organizado, los números hablan por sí mismos: mientras una entidad como Oaxaca, invierte alrededor del tres por ciento neto de su presupuesto para todas las labores de la Secretaría de Seguridad Pública local (algo así como tres pesos de cada cien que tiene de presupuesto), el gobierno federal gasta únicamente seis pesos por cada mil que tiene de presupuesto.

Guardando las proporciones, es evidente que aún teniendo un presupuesto mayor, es la Federación quien hace sacrificios menores en la inversión en seguridad pública, y es quien más recrimina a los demás ámbitos de gobierno por las supuestas desatenciones en la materia.

En ese contexto emergió la propuesta de la Policía Única para cada entidad federativa. Aunque hubo resistencias iniciales, y se dijo que tal medida violaría las atribuciones y funciones del municipio y las entidades federativas, hoy es una iniciativa que cuenta con mayor aprobación para llevarse a cabo. El problema, en realidad, radica en cuánto costará esa unificación, y cómo harán para consensar su aprobación en entidades federativas que guardan entre sí tantas diferencias culturales, sociales, políticas e incluso de arraigo comunitario.

 

CASO OAXACA

El caso de nuestra entidad, en ese sentido, es harto representativo. En Oaxaca, a diferencia de la mayoría de las entidades federativas del norte de la República Mexicana, en las que el conjunto de Policías Municipales es por mucho mayor al de su Policía Estatal, aquí la corporación más fuerte es la que depende directamente del Gobierno del Estado.

Esto se explica en la compleja circunstancia de que nuestro Estado concentra nada menos que el 23 por ciento de todos los municipios del país, y en que la gran mayoría de éstos son tan marginados y pobres que son incapaces de sostener una corporación de seguridad pública al menos testimonialmente. Por si fuera poco, 412 de los 570 municipios que tiene la entidad, son gobernados bajo el régimen de usos y costumbres, en los que la comunidad y la asamblea de ciudadanos tienen más peso que una norma escrita y publicada en la normatividad  federal o del Estado.

¿Cómo establecer un mando único, y concentrar a las más de 400 corporaciones policiacas municipales —con todo lo avanzadas o paupérrimas, y poco confiables que cada una de ellas pueda ser— en una entidad en la que una gran cantidad de ayuntamientos no tienen recursos ni para lo más básicos, y en la que el gobierno estatal hace enormes esfuerzos para gastar los recursos que ejerce?

La respuesta, finalmente, habrá de estar en los recursos económicos que el gobierno federal decida invertir en seguridad, tanto para la Federación, Estados y municipios. La ambiciosa reforma que envió el presidente Calderón al Congreso, planea modificar los artículos 21, 73, 115 y el 116 de la Constitución, para adecuar el nuevo modelo policial tanto a las entidades federativas y los municipios, como también para dotar de garantías y facultades de legislación de esa materia que ahora sólo quedaría en las Federación y las entidades federativas. Pero que necesita de grandes cantidades de dinero para llevarse a cabo.

 

¿MISIÓN IMPOSIBLE?

Habría que revisar, en el caso de Oaxaca, si funciona la coordinación entre las corporaciones estatales y municipales, que se ha ensayado desde hace un par de años para vigilar la capital oaxaqueña y sus zonas conurbadas. El problema es que el gobierno federal considera que Oaxaca, por ejemplo, es igual a Nuevo León. Y cada estado, además de lo económico, enfrenta panoramas totalmente distintos para organizarse y entenderse política y socialmente.

 

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