Caso MAO: Golpe político ya está asestado

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+ Investigación pasó a linchamiento mediático

En efecto, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Margarita Liborio Arrazola, no solicitará licencia a su cargo. Por lo menos no lo hará en el futuro cercano. Porque independientemente de que sean ciertas o falsas las acusaciones que hoy se vierten en contra de su suplente, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por la posible comisión del delito de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o algún otro que se le pudiera imputar, de todos modos el golpe político al gobierno de Ulises Ruiz, y la alerta dentro y fuera del PRI, ya quedaron perfectamente asestados por sus adversarios políticos.

Este asunto, como bien parece, tiene una arista judicial, y otra política, ambas perfectamente definidas. De acuerdo con el periódico La Jornada, en los tribunales competentes, quedó ya establecida la presunta responsabilidad de Martha Ortega Habib, Daniel García Teruel Ortega y Rosa Elvia Orozco Santiago —hermana y sobrino del funcionario estatal, además de la empleada doméstica de los dos detenidos—, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de depositar —en territorio nacional— recursos procedentes o que representan el producto de una actividad ilícita. Por esa razón, hace unos días se les dictó un auto de formal prisión, y se encuentran recluidos en el Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco.

No obstante lo anterior, lo que parece claro es que la línea con mayores posibilidades de ser explotada es la política. Aunque hasta el momento no existe un dato fehaciente sobre la presunta participación del Secretario de Finanzas en este asunto, era lógico que por el tipo de delito y el millonario monto de dinero del que la PGR investiga su procedencia, de inmediato surgiera la duda, y la intriga, sobre la posibilidad de que el secretario Ortega Habib sí se encontrara involucrado. Todo se reforzó cuando algunos medios informativos hicieron eco a una filtración en la que, presuntamente, uno de los detenidos reconocía la participación de funcionarios del Gobierno de Oaxaca en las actividades que se encuentran bajo investigación.

Todo eso convirtió un asunto judicial, en un auténtico lío político en el que, de nuevo, el gobierno de Oaxaca no supo cómo reaccionar. Es cierto que los directamente señalados son los familiares de un servidor público de alto nivel; es cierto que, derivado de esas acusaciones, también el secretario Ortega Habib resulta ser un sospechoso tanto para las autoridades como, sobre todo, para la opinión pública; es evidente que esas sospechas, y las intrigas, se reforzaron frente al cúmulo de excesos, frivolidades y presunta corrupción cometidas no sólo por uno sino por la mayoría de los funcionarios de primer nivel en el actual gobierno. Pero lo cierto, en el fondo, es que el verdadero objetivo que tiene todo este escarnio público, es el gobernador Ulises Ruiz y su administración.

En ese sentido, como quiera que sea el gobierno estatal de nuevo reaccionó medroso, y mal, frente a una situación que no deja de ser, y parecer, un evidente obús de intereses políticos. Diversos medios informativos de la Ciudad de México, han reseñado en los últimos días detalles sobre el procedimiento penal que se les sigue a los parientes del Secretario de Finanzas.

A través de ello, han asegurado —a través de fuentes no reveladas, que lo mismo pueden ser reales, que utilizadas en la medida de insertar una duda o intriga, o satisfacer un interés en específico— por ejemplo, que el gobernador Ruiz Ortiz le exigió a la diputada Liborio Arrazola que solicite licencia, o que, de acuerdo con “fuentes” de la PGR, pudieron confirmar que el funcionario estatal sí se encuentra sujeto a investigación derivado de los delitos presuntamente cometidos por sus parientes.

REACCIÓN POLÍTICA

Siempre fue evidente que Margarita Liborio Arrazola asumió la posición de la curul federal, únicamente para esperar los tiempos correspondientes. El año pasado, durante el periodo de campañas en el proceso electoral federal, el secretario Ortega Habib se separó supuestamente de su cargo para hacer proselitismo y aparecer como candidato suplente a una diputación por la vía de representación proporcional.

Era público que la priista Liborio Arrazola no tenía el perfil ni la ascendencia política suficiente como para hacerse, por sí misma, de una postulación por la vía plurinominal; era asimismo público, y aceptado por la clase gobernante, que ella asumiría la curul mientras culminara el periodo de gobierno; y que esa maniobra, realizada en favor de un personaje con amplia cercanía, personal y política, al gobernador Ulises Ruiz, tenía, para él, una doble ganancia: seguir detentando el cargo de Secretario de Finanzas, y al terminar éste, el de diputado federal, con toda la posición, protección, influencia y prerrogativas que implica un cargo de esa naturaleza.

Todo eso daba pautas para suponer que, al final, habría un trato económico entre la propietaria y el suplente, para la cesión de la curul. Mucho tiempo antes de que se desatara este escándalo, pero ya a sabiendas de la derrota priista en la carrera por la gubernatura, en nuestra entrega del 21 de julio pasado apuntamos que “en los círculos priistas se preguntan cuánto costará la firma en la solicitud de licencia al cargo, de la diputada federal Margarita Liborio Arrazola. Dicen que, en las condiciones del priismo, no será por disciplina, sino por conveniencia, que dejará su curul.”

Esa duda fue la que resurgió ante el escándalo que desde hace unos días envolvió al Secretario de Finanzas. Algunos medios aseguraron que la diputada Liborio pedía 10 millones de pesos por firmar su solicitud de licencia. Aunque ésta desmintió tajantemente la versión. Y es posible prever que hoy, aunque hubiera arreglo entre uno y otro, de todos modos no podrá haber movimiento alguno en la detentación del cargo de elección popular.

NEGATIVA PRIISTA

Independientemente de que exista o no responsabilidad penal, o de que ésta sea una eficaz medida de linchamiento de los adversarios del gobernador Ruiz, lo cierto es que el PRI no querrá cargar, y pagar costos, por este escándalo. Permitir que Ortega llegue al Congreso será tanto como avalar los señalamientos que hoy mismo ellos hacen a personajes como el diputado Julio César Godoy. El llamado “MAO” no será diputado. Eso está claro.

 

1 COMMENT

  1. tssss ya le cargo patas de cabra…

    saludotes mi adrián… a cuánto haciendo el monto “financiado” más de 1000 millones?? o de a cuanto es el muertito que le estan imputando???

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