IMSS: Fantasma de la corrupción y la quiebra

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+ Garante social en riesgo, por el estancamiento

Como casi siempre ha sido, el Instituto Mexicano del Seguro Social se volvió tema de interés, sólo cuando el gobierno federal puso sobre la mesa las alarmantes cifras sobre su grave estado de salud financiera. Poco se había atendido el pasivo económico que enfrenta la institución, pero es menos aún lo que se ha entendido sobre la importancia que tiene ese Instituto para el país, y lo grave que puede costarnos a todos los trabajadores del país, el seguir teniendo una economía deprimida a la que le es imposible crecer.

Por lo menos desde hace quince años, el Seguro Social enfrenta una situación caótica. Fue a mediados de la década pasada, cuando se hizo ver con alarma que la situación de esa institución era ya insostenible en las condiciones en que se encontraban. Su ley, que databa de la década de los setentas, contemplaba una serie de garantías y derechos para los trabajadores afiliados al IMSS, que ya para entonces no podían seguir siendo costeadas frente a una masa laboral que crecía exponencialmente, y que lejos de inyectar recursos se los absorbía al hacer uso de los servicios médicos y todas las prestaciones sociales que otorgaba la institución.

Hasta entonces, por ejemplo, un trabajador podía tener derecho a jubilación al haber cotizado únicamente quinientas semanas al IMSS (algo así como unos diez años de trabajo con prestaciones sociales); y era éste, directamente, quien a partir del retiro del trabajador otorgaba una pensión que erogaba de su presupuesto; para mediados de los años noventas, sostener el régimen de jubilaciones en estas condiciones, haría inviable la posibilidad del coste de las mismas en el corto plazo.

Fue entonces que se impulsó una nueva Ley del Seguro Social, en la que se fijaban nuevas reglas para, entre muchos otros tópicos, hacer viables y costeables los derechos a futuro de los trabajadores. Se abandonó el régimen de las quinientas semanas, y se sustituyó por otro en el que se estableció la necesidad de haber aportado al Seguro Social durante mil quinientas semanas (algo así como treinta años de trabajo) para poder tener derecho a un haber por retiro, que sería costeado por los fondos personales que cada trabajador acumulara en su Administradora de Fondos para el Retiro. Con ello, se suponía, el IMSS haría viable su existencia en el largo plazo.

A la par de ello, se establecieron otras modificaciones en cuanto a los seguros que otorga a los trabajadores, y las prestaciones que incluye en cada uno de ellos. Esto fue trascendental para las millones de personas que cotizan al IMSS, o que son beneficiarias de sus servicios a través de sus familiares trabajadores, porque sólo así fue como esa institución pudo salvarse de la quiebra. Aunque en muchos sentidos, los usuarios soslayamos al Seguro Social por su recurrente atención médica poco humana, o por la masificación en sus hospitales, clínicas y centros de atención, es evidente que éste representa la materialización de una de las garantías sociales más necesarias e indispensables para todas las personas, que tiene además su origen en las exigencias del sector obrero que dieron vida y fundamento ideológico y político a la Revolución Mexicana. El IMSS representa, sin duda, la materialización de una de las garantías sociales más anheladas por los mexicanos, independientemente de nuestra condición social.

 

IMSS, POR QUÉ EN QUIEBRA

Hace más o menos una semana, el presidente Felipe Calderón reconoció que el IMSS se encuentra en una situación crítica, que hace necesaria una nueva reforma de fondo. Para el gobierno federal, la responsabilidad de dar viabilidad social y económica al Instituto tiene que ver con una serie de reformas que dependen de quienes conforman el Poder Legislativo. Para éstos, a su vez, el problema se encuentra en otros rubros como la corrupción. Una corrupción que, si se denuncia, es porque parece ser asimismo vista por todos; pero sobre la cual nadie hace algo efectivo para eliminarla de verdad.

Ante esa realidad, tanto diputados del Partido Revolucionario Institucional, como del PRD y otras fuerzas políticas distintas al PAN, dejaron ver la consideración de que, para ellos, primero se debe limpiar al IMSS de la corrupción, para después pensar en una nueva cadena de reformas que restrinjan aún más los derechos de los nuevos trabajadores. Incluso, esa fue la dinámica en la que “manos extrañas” hicieron llegar al noticiero nocturno de la cadena Televisa, unas grabaciones en las que supuestamente se escucha a un alto funcionario del IMSS haciendo una negociación ilegal con un ejecutivo de una firma farmacéutica, para que se le compraran medicamentos de bajo costo a cambio de compartir las ganancias de esas facturas infladas en cuanto a los costos reales de lo vendido.

¿De verdad el problema está en la corrupción? Seguramente una parte importante sí. Estudios internacionales han revelado que los mexicanos perdemos cantidades exorbitantes de dinero en la manutención de la corrupción, y que ésta se encuentra incrustada firmemente en la gestión pública que no puede abandonar sus vicios de corrupción y extorsión.

Pero evidentemente, esa no es la única arista de dicho problema. El conflicto más grave a que se enfrenta el IMSS, más que la corrupción que le desvía recursos que bien podrían utilizar para mejorar la calidad de la atención que prestan, se encuentra en la necesidad de que el país y el empleo crezcan a un ritmo más acelerado.

Hasta hoy poco se ha dicho al respecto. De eso, sin duda, son responsables tanto el gobierno federal, como el Congreso de la Unión, porque en ambos recae el señalamiento por no poder procurar los acuerdos y las medidas necesarias que hagan crecer al país. Por eso, todos en conjunto pretenden responsabilizar a la corrupción —que es infame— por otros vicios que más bien tienen que ver con la falta total de impulsos reales a la economía.

 

CRECIMIENTO NEGADO

El país necesita crecer a un ritmo más acelerado y consistente para poder dar viabilidad al IMSS. Apretar a quienes ya cotizamos, es tanto como querer tener una mayor recaudación sin extenderse antes a ampliar la base de contribuyentes, y por tanto seguir cobrando todavía más a los mismos que ya pagan. Algo así ocurre aquí. Mientras no haya honestidad en esa visión y afirmación por parte de quienes integran los poderes públicos, se seguirán diciendo las mismas verdades a medias de siempre.

 

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