+ Medios-Estado: la relación debe subir su nivel
Hoy, no parece más que un mero lugar común aquel que dice que la prensa es “el cuarto poder”. En los últimos años, el gremio periodístico ha —hemos— sido de los más golpeados no sólo por las agresiones físicas, de presión o de intimidación por parte del poder, sino que también la prensa ha sido presa de una de las mayores voluntades por la impunidad de que se tenga memoria. Hoy, más allá de los actos de victimización, es evidente que la relación entre el poder y la prensa está descompuesta, y que las soluciones no llegarán mientras los hacedores del periodismo nos mantengamos cruzados de brazos.
¿Por qué asegurar que existe una relación tirante? Porque hoy en día, el ensanchamiento democrático del país, trajo como consecuencia un México en el que, a diferencia de antes, ahora sí es posible hablar, denunciar y criticar con más libertad, desde los medios de información, a quienes materializan las funciones del Estado. Esa libertad parte de una de las garantías fundamentales de toda persona que se encuentre en territorio nacional: la libertad de expresión, que no tiene más límites que el ataque a la paz pública, la moral o el derecho de terceros.
Al estar garantizada esa libertad, sería de suponerse que también debería estar protegida por las leyes y las instituciones del Estado. Es decir, que tanto por mandato constitucional y legal, como también por la salvaguarda de las garantías constitucionales a que están obligadas las autoridades competentes, todo aquel que vulnerara la libertad de expresión —a través de agresiones físicas directas, chantajes, actos de intimidación o incluso de presión por medio de cualquier tipo de acciones coactivas— tendría que ser castigado con todo el peso que la misma norma jurídica señala para tal efecto.
En la realidad, el problema es que, aún cuando sí existe un amplio margen para ejercer la libertad de expresión, también existe un margen tanto o más ancho para vulnerar impunemente esa garantía. De ahí que, al hacer su trabajo periodístico de investigación, reseña y denuncia, el llamado “cuarto poder” sea también objeto de todo tipo de presiones, chantajes o agresiones que, por la vía de hecho, limitan y vulneran ese derecho a expresarse, y a escribir y publicar artículos, que se supone que tiene garantizados por la Constitución de la República.
En este sentido, la inacción de la autoridad es poco más que abominable. En los últimos años, ningún país del continente americano, e incluso prácticamente ninguno del mundo, ha sido tan violento en contra de la prensa como México. Es alarmante que, aquí, se cuenten por decenas la cantidad de trabajadores de la información que cada año son amenazados, intimidados, agredidos e incluso asesinados; y que también se cuenten prácticamente todas esas agresiones, en las dolorosas y agraviantes cuentas alegres de la impunidad.
Esto revela, pues, que a las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo último que les importa, es investigar sobre los delitos que se cometen en contra de quienes, desde los medios de información, se dedican —nos dedicamos— a ser los mayores fiscalizadores y revisores de la función pública en el país.
Hasta ahora, ninguna de las instancias creadas por el mismo poder público para frenarse y contrarrestarse a sí mismo, ha sido tan efectiva como la acción de la prensa. De ahí que —seguramente por esa vocación excesiva en el ejercicio del poder que hay entre quienes detentan la función pública del Estado y el gobierno, y las incomodidades que recurrentemente les generan los medios de información, el último de los puntos que tienen las autoridades en su agenda para atender y esclarecer durante sus tareas públicas—, sean las agresiones a quienes hacemos la prensa.
RELACIÓN POLARIZADA
En México, la subcultura del caudillismo, del partido hegemónico, o de los gobernantes todopoderosos, crearon una idea equivocada sobre la relación entre la prensa y el poder público, que ha prevalecido por décadas. Movidos siempre por aquella vocación por el culto a la personalidad, y el control ejercido sobre la prensa a través del dinero o de las acciones violentas, los hombres de poder se acostumbraron a que ésta fuera condescendiente, cómplice y alabadora de una función de gobierno que, ni en el mejor de los casos, fue del todo pulcra como para no merecer ciertas críticas.
Por décadas la prensa fue sumisa al poder, por la alta concentración de potestades —todas— que tenía el gobernante en turno. Sólo que en algún momento el Estado cambió, y giró hacia formas más democráticas de determinarse. Ahí fue donde el poder tuvo que comenzar a reconocer el papel social que debía representar la prensa. Y ésta misma, paulatinamente, comenzó también a asumir su posición de fiscal y denunciador, y no de lacayo o palero del gobernante en turno.
Sólo que las formas de relacionarse entre unos y otros no varió. Si antes el Gobierno tenía el control de la prensa a través de la comercialización del papel, o de las acciones violentas de censura, hoy lo tiene por medio de los presupuestos publicitarios. El gobernante en turno, decide discrecionalmente a qué medios les compra publicidad, asimismo negocia con secrecía cuánto paga por ésta, y las condiciones de no agresión que impone para continuar ejerciendo el gasto publicitario en beneficio de ciertos medios. Es decir, que el gobernante ocupa como suyo, y en buena medida para fines personales, el dinero del Estado, que está destinado para la promoción de las obras del gobierno, no del gobernante.
Eso ocurre hoy en todo el país, y atenta contra las libertades fundamentales de todos los que hacemos la prensa. El gasto publicitario es del Estado, no del gobierno, y mucho menos del gobernante en turno. Por tanto, ese gobernante debía ejercer esos recursos basado en reglas claras, firmes y equitativas con todos los medios; es decir, que debía desaparecer, por completo, aquella antidemocrática idea del “no te pago para que me pegues”, que tanto daño le ha hecho a la democracia actual, y a la relación entre la prensa y los gobiernos que se dicen democráticos.
CONVENIO
Hoy se anunciará la firma de un convenio de colaboración entre la CNDH, la CEDH y los representantes principales de la prensa oaxaqueña, para fortalecer la legislación y las acciones que protejan a los periodistas. En ese marco, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, dictará una conferencia en el Hotel Fiesta Inn, a las 11 horas.
