Complejos administrativos: el gran fraude… ¿impune?

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Una de las promesas de campaña del entonces candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, fue la de terminar con los congestionamientos viales, marchas y bloqueos, que todos los días ahogaban al primer cuadro de la capital oaxaqueña para, decía, devolverle a ese espacio la tranquilidad y belleza que había perdido, en buena medida por la concentración en ese sitio, de prácticamente todas las oficinas públicas estatales. Por ello, eran miles los ciudadanos que todos los días realizaban trámites, trabajaban, o protestaban, en el corazón de la Verde Antequera.
Para cumplir esa meta, ya como gobernador, Ulises Ruiz anunció la construcción de dos complejos que albergarían a todas las dependencias gubernamentales estatales, en espacios alejados del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez: el primero de ellos, que desde el inicio sería conocido como “Ciudad Administrativa”; y el segundo al que, apenas hace unos meses, fue presentado como “Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial”, aunque coloquialmente conocido como “Ciudad Judicial”.
Era, pues, el inicio de una de las más grandes obras de infraestructura de la administración estatal 2004-2010, que también resultó un gran fraude y una descomunal hipoteca para las arcas del Estado, que durante las siguientes décadas tendremos que pagar los oaxaqueños; y que el hoy gobernador Gabino Cué Monteagudo prometió revisar, para determinar si es conveniente o no continuar pagando cantidades millonarias de dinero por una obra onerosa, que lejos de representar un ahorro para el erario, constituye una enorme carga económica que además presuntamente representa un monumento a la corrupción gubernamental.

PLAN ORIGINAL
Como ya se ha dicho, la edificación de una Ciudad Administrativa despresurizaría al Centro Histórico de embotellamientos y plantones ocasionados por la ubicación en esa zona de organismos gubernamentales, y a la larga reportaría ahorros considerables en cuanto al pago de arrendamientos, que hasta hace poco tiempo se tenían contratados para albergar a las múltiples oficinas públicas estatales, y que constituían la suma de unos 80 millones de pesos anuales en el pago de rentas para albergar a todas las oficinas del Gobierno del Estado.
Tal planteamiento fue el motor para iniciar la elaboración de dicho proyecto. Los primeros planos de la Ciudad Administrativa comenzaron a elaborarse en la Secretaría de Obras Públicas (SOP) desde el primer día de trabajo de la actual administración. Tras varios meses de estudios técnicos, finalmente se entregó un primer proyecto de obra en febrero de 2005, el cual contemplaba la edificación de cuatro edificios dúplex que, en conjunto, tenían la capacidad de albergar a casi todas las oficinas de la administración central del Gobierno del Estado.
Junto con el proyecto, refieren fuentes cuya identidad se reserva por petición expresa, se entregó un presupuesto de costos. La edificación completa de la obra tenía un costo de alrededor de 355 millones de pesos. Había suficientes probabilidades, afirman, de que dicho monto fuera financiado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos(Banobras), ya que se trataba de la construcción de una obra pública, que sería además garantizada con los recursos federales que anualmente recibe el Estado de Oaxaca.
A la par de ello, señalan, la SOP buscó el apoyo de diversos organismos académicos nacionales de ingeniería civil, para determinar qué empresa constructora ofrecía las mejores garantías de seguridad y control de calidad en la edificación, y sobre todo para que representantes de esos organismos brindaran apoyo al Gobierno del Estado en cuanto a la vigilancia y certificación en la construcción de la obra.
La empresa constructora elegida, refiere una de las fuentes que fue contactada en la Ciudad de México, fue la misma que en la entidad encabezó la construcción de los dos almacenes y tiendas departamentales de mayor envergadura en Oaxaca. De origen canadiense, y siendo una empresa reconocida en los Estados Unidos y Europa, la constructora Canam ofrecía altos estándares de calidad, precio y garantía de entrega en tiempo de la obra, y contaba con las especificaciones técnicas y tecnológicas suficientes para encabezar el proyecto.

FINANCIAMIENTO ONEROSO
No obstante, a mediados del 2005, el tema financiero todavía se encontraba en la lista de pendientes. La dependencia oficial atribuida para atender el tema económico de la obra era la Secretaría de Finanzas. Ahí llegaron al menos tres propuestas de financiamiento: la primera por parte de Banobras, y las otras dos provenientes de la banca privada.
El financiamiento ofrecido por la banca federal, señalan, era casi tres veces más barato que los de la banca múltiple, en cuanto a las tasas de interés ofrecidas y las facilidades de pago. Sin embargo, teniendo ya encima las presiones propias del inicio de los trabajos de cimentación de la Ciudad Administrativa, el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib comenzó a interesarse por el esquema de financiamiento de obra pública, el cual se conoce popularmente como PPS, o Proyectos de Participación en Sociedad.
El modo de financiamiento por PPS —a diferencia del planteado por Banobras, que transfería la responsabilidad de la edificación y el pago al Gobierno del Estado, pero que reducía notablemente los costos de financiamiento—, contemplaba la contratación, por parte del Gobierno del Estado, del financiamiento y la construcción de la obra con una empresa privada, que edificaría con recursos propios a cambio de pagar una contraprestación por un lapso no menor a 15 años.
La “bondad” del esquema PPS es que no distrae grandes cantidades de recursos públicos para la edificación de una obra, ya que ésta es financiada por constructores privados y se concluye en un periodo menor de tiempo. El perjuicio es que, a la larga, dicho modelo cuesta al erario más del triple del monto que habría erogado de haberla construido con su propio dinero.
Así, movido por una razón poco clara, por primera vez en la historia el Gobierno del Estado decidió construir a través del esquema PPS, y desechó la propuesta de Banobras que ofrecía tasas preferenciales y facilidades de pago. No obstante, los requerimientos técnicos, administrativos y legales del sistema PPS, dieron origen a una historia negra de corrupción y complicidades, que hoy tiene ya comprometido, al menos por 15 años, al presupuesto del Gobierno de Oaxaca.

CONSTRUCTORA FANTASMA
La empresa elegida para construir, fue una creada ex profeso para la obra, cuya titularidad se atribuye al empresario ferretero Neftalí García Arango. A pesar de que en el ámbito federal, a toda constructora que participa en esquemas PPS se les exige que acrediten solvencia moral, técnica y financiera —es decir, obras previas entregadas en tiempo y forma sin reclamos ni deficiencias, suficiencia de tecnología, de supervisión y mano de obra, así como capacidad económica para financiar ellos la obra hasta su conclusión—, en Oaxaca no se consideró nada de eso para asignar esta primera obra monumental, a una sociedad que no tenía capacidad alguna para demostrar ninguno de los requerimientos que les debieron ser solicitados.
Todo esto, sin embargo, ocurrió porque en la autorización que el Congreso del Estado le otorgó al entonces gobernador Ruiz —en un Extra del Periódico Oficial del Estado, publicado el 29 de octubre de 2005— para la contratación de la obra, no se estableció requisito alguno sobre la revisión y control de obra, así como los requisitos que debía cumplir la empresa. Es decir, que le dejó el camino libre para la contratación y para que, una vez hecha ésta, la constructora hiciera lo que quisiera con la obra.

CONTRATO VENTAJOSO
La empresa a la que se le asignó la obra de edificación fue, coincidentemente, la encabezada por García Arango. Así, ésta firmó un contrato con el Gobierno del Estado que contemplaba el financiamiento privado de la construcción de la Ciudad Administrativa y su administración durante 15 años, a cambio de que la administración estatal pagara una suma global, superior a los mil 300 millones de pesos.
Avalado por ese trato hecho con funcionarios estatales, refieren las fuentes, la constructora de García Arango —que evidentemente no podía comprobar ningún tipo de solvencia por no tener ninguna obra previa en su haber— contrató un crédito con el Grupo Financiero Banorte por 355 millones de pesos, y continuó con los trabajos de construcción, cobrando nuevamente por los estudios y el expediente ejecutivo, que meses antes ya habían realizado trabajadores de la SOP.
Así, la empresa de García Arango contrató un enorme negocio. Porque aún pagando a Banorte el doble del monto por concepto de intereses, al finalizar el contrato por 15 años, de todos modos habría ganado, libres de todo compromiso, unos 600 millones de pesos.

CIUDAD JUDICIAL, OTRO NEGOCIO
A grandes rasgos, esa misma habría sido la mecánica bajo la cual se construyó también Ciudad Judicial. Sólo que a diferencia del primer complejo administrativo, éste cuenta con trece edificios y una mayor cantidad de obras de infraestructura. Oficialmente, no se dio a conocer a cuánto asciende el costo de la misma. Pero lo que sí se sabe es que se construyó bajo el mismo esquema, con el financiamiento de la misma institución bancaria, y teniendo como socios ocultos a las mismas personas que ya habían hecho un primer negocio con Ciudad Administrativa.
Incluso, constructores aseguran que en cálculos moderados, Ciudad Judicial pudo haber tenido un costo neto para la constructora de unos mil 800 millones de pesos. Este monto sería el financiado, y a éste se le aplicarían todas las comisiones e intereses que ahora tendremos que pagar todos los oaxaqueños. Hay razón para el incremento sustancial de la construcción.
Y para muestra, un botón: A diferencia de Ciudad Administrativa —cuyos dúplex son de estructura metálica y “forrados” únicamente con lozas de concreto—, todos los edificios ahí son de materiales sólidos. Sólo eso, aseguran, encarece de manera importante esa y cualquier otra construcción.

AHORRO INEXISTENTE
El gobierno de Ulises Ruiz aseguró que para financiar el pago de ambos complejos, el gobierno estatal utilizaría los recursos con los que pagaba la renta de los edificios que hasta hace unos años albergaban a las oficinas estatales.
En términos reales, eran 80 millones de pesos los que se gastaban en el pago de arrendamientos, que serían invertidos en los complejos administrativos. Tal ahorro, sin embargo, es irreal. Sólo en el Presupuesto de Egresos 2010, se estipula(artículo 14) que para el pago del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, se destinó la cantidad de 278 millones 976 mil pesos. Es decir, más de tres veces el gasto que se hacía en el pago de alquiler de inmuebles para todas las dependencias del Gobierno Estatal.
El gobernador Gabino Cué aseguró, justamente por toda la opacidad y sospechas de corrupción que envuelve la construcción de esos complejos, que revisaría la viabilidad de continuar con el pago de esos contratos. Sólo que, de entrada, para el ejercicio 2011 ya solicitó al Congreso la autorización para el pago anual que corresponde. Hoy, sólo él tiene la palabra. Sólo el Gobernador sabe si de verdad tiene la voluntad de clarificar todo este asunto, o si permite la consolidación de estos, que bien parecen sendos monumentos a la corrupción y la voracidad de quienes gobernaron la entidad los últimos seis años.

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