Alfredo Ahuja: él mismo provocó su desgracia…

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Dice una máxima jurídica que “Lex dura sed Lex”, lo cual en castellano significa algo así como “La ley es dura, pero es la ley”. Eso es justamente lo que debe quedar bien claro respecto a los funcionarios de la actual administración del Gobierno del Estado, que han tenido problemas para acreditar la formación profesional que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado les exige para poder ostentar el cargo que se les confirió. No es, pues, un asunto de eficiencia, sino de respeto a la norma.

Primero fue la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias. La Constitución Política del Estado establece que por la naturaleza de sus funciones, quien ostente la figura de Secretario General de Gobierno debe ser ratificado por el Congreso del Estado. Esto no por un simple capricho o legalismo, sino porque constitucionalmente, el responsable de ese cargo debe ser convalidado por la representación popular, debido no sólo a sus funciones generales, sino sobre todo debido a que éste tiene la posibilidad de fungir como Gobernador Provisional del Estado, por ministerio de ley, ante la ausencia o muerte del Mandatario.

De acuerdo con los requisitos que establece la Constitución del Estado, la secretaria Piñeyro no parecía tener problema alguno para desempeñar la titularidad de la General de Gobierno. De hecho, si algún cuestionamiento podría pesar sobre ella, más bien tendría que ser por las características y la ascendencia política de donde ella emergió para ocupar dicha responsabilidad. Empero, todas las atenciones las captó el hecho de que, ante el Congreso del Estado, ella no pudo acreditar la formación profesional que le exige la Ley Orgánica en comento.

Esta circunstancia singular reveló el choque que existe entre los antecedentes políticos de un funcionario, sus capacidades funcionales, y los requisitos de forma que le son exigidos para ocupar la responsabilidad conferida. Vayamos por partes.

La Sección 22 del SNTE, desde el primer momento, hizo el cuestionamiento que seguramente debería tener mayor peso respecto a la secretaria Piñeyro: el magisterio oaxaqueño dijo que por ser ella militante del Partido Nueva Alianza —ex diputada federal y ex candidata a Gobernadora—, y por ser ese Instituto Político, uno de los brazos del SNTE que lidera la profesora Elba Esther Gordillo —a quien ellos han combatido desde hace años—, no aceptaban a la nueva Secretaria de Gobierno como una interlocutora válida con el movimiento democrático magisterial.

¿Cómo pensar en una funcionaria a quien se le encarga la conducción de la política interior del Estado, pero que carece de la aceptación de uno de los grupos de presión y lucha política más importantes de la Entidad? En realidad, muy pocos han reparado en tal escollo de la secretaria Piñeyro.

No obstante, los rasgos de funcionalidad se encuentran a su favor: en los anteriores cargos que ha desempeñado, Piñeyro demostró ser una funcionaria medianamente eficiente y disciplinada, que tenía la capacidad de cumplir con las tareas encomendadas. Ese fue, además de su ascendencia política, uno de los factores que seguramente determinaron el hecho de que le fuera conferida la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, por parte del Gobernador del Estado.

Así, tal parece que lo menos importante fue lo que más ruido hizo. Se ha dicho hasta el cansancio, en descargo de la Secretaria de Gobierno, que para desempeñar esa función es mucho más importante la capacidad de negociación y la experiencia política, que la sola acreditación de estudios profesionales.

No hay una universidad, dicen, en la que se pueda cursar una carrera para hacer política, o que garantice que se llevará a cabo un buen trabajo de gobierno. Es cierto. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo le exige a ella, y a todos los funcionarios de primer nivel una calidad académica específica que, aunque no sea “importante” o determinante políticamente hablando, sí debe ser cumplida. Esto porque, si no, entonces ésa y cualquier otra ley podría quedar sujeta a la sola interpretación o valorización por parte de particulares. Y si una de las características esenciales de la norma, es su imperio y coactividad, entonces lo cierto es que les guste o no, o estén de acuerdo o no con su contenido, deben cumplir con lo que ella establece.

ADIÓS A AHUJA

Hasta las 16 horas de ayer jueves, se veía como irremediable la renuncia del secretario de Economía y Turismo, Alfredo Ahuja Pérez. A decir de fuentes de la misma dependencia, al filo de las 15 horas, el hasta ayer funcionario habría tenido una reunión con sus colaboradores cercanos para anunciarles su decisión de retirarse de la responsabilidad. Ello confirmaría la veracidad de los señalamientos sobre los documentos apócrifos que presentó para acreditarse como profesionista.

Alfredo Ahuja no es un hombre improvisado en política. Empero, tal parece que así como no le fue posible acreditar el perfil profesional que se le requería, también un error de cálculo elemental en política, fue lo que lo llevó a esta situación de desgracia, que bien podría marcar el final de su carrera política. ¿En qué consiste ese yerro?

Hoy puede verse claramente que la desgracia de Ahuja consistió en responder a las provocaciones que se le lanzaron desde otras trincheras, que no eran las que finalmente podrían llevarlo a un verdadero cuestionamiento. El pasado 9 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter (@hectorpablo_), el diputado federal del PRI, Héctor Pablo Ramírez Leyva aseguró que el Secretario de Economía era, junto con una lista larga de funcionarios, de aquellos que habían rendido protesta sin tener título profesional.

Al día siguiente, personal de la Secretaría de Economía hizo llegar a todos los medios informativos, copia del título profesional del secretario Ahuja. Una sencilla confrontación en internet, de los datos reflejados en el documento, hizo dar en el clavo sobre la falsedad del título.

ERROR ELEMENTAL

¿En qué radicó el error? En haber tratado de defender, a través de los medios, algo que simplemente debió haber acreditado ante el Congreso del Estado o la autoridad que lo requiriera. Es cierto que la ley es dura, pero es la ley. Aunque también lo es, que en política la experiencia y la eficacia son fundamentales. Ahí quedan, pues, dos ejemplos de cómo el título no hace al político; pero cómo, también, ese mismo título puede llevarlos a la desgracia.

 

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