+ Ahí, caso de abusos e impunidad en la Policía Estatal
El pasado fin de semana, unas mil personas salieron a las calles de la ciudad de Puerto Escondido, para exigir que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con sus respectivas responsabilidades en la salvaguarda de la seguridad pública. Esto ocurre, mientras que en la Policía Estatal se dan abominables casos de abusos e impunidad, ahí mismo, que lejos de abonar a lo que los ciudadanos exigen, reiteran el clima de zozobra y vulnerabilidad en que vive la población.
De acuerdo con reportes del periódico Milenio dados a conocer el fin de semana, dicha manifestación fue convocada por empresarios de Puerto Escondido, y fue encabezada por familiares y amigos de Ramiro Núñez Cervantes, joven ejecutivo de cobranza y ventas de una empresa ubicada en esa comunidad porteña, que fue arteramente asesinado en días pasados en una carretera de la costa chica oaxaqueña.
Este, que es uno de tantos hechos delictivos que de un tiempo a la fecha ocurren en ese concurrido centro turístico oaxaqueño, necesariamente habrá de llamar la atención de Eduardo Rojas Zavaleta, nuevo edil del municipio (San Pedro Mixtepec) al que pertenece Puerto Escondido; pero también, y de forma ineludible, todas estas reacciones ciudadanas tendrían que ser escuchadas y atendidas por los mandos policiacos estatales. Sólo que lejos de estar mostrando eficiencia y sensibilidad, más bien la Policía Estatal es objeto de escarnio y abusos, que en nada ayudan a su credibilidad y eficacia en la contención de la seguridad pública.
¿De qué hablamos? De una historia negra de abusos e impunidad que es ampliamente conocida en Puerto Escondido, pero que prácticamente es desconocida en la capital oaxaqueña, y que es la siguiente:
Hace apenas unos días, el domingo nueve de enero, el comandante de la Policía Estatal destacamentada en este puerto, Gustavo Castellanos Castellanos arribó al bar “La Tormenta” aproximadamente a las 21 horas, acompañado de dos elementos más, entre ellos el chofer de su patrulla, Giludio Gómez Martínez, quienes uniformados empezaron a ingerir bebidas embriagantes sin importarles denigrar a su corporación.
A pesar de la insistencia de la encargada, en el sentido de que no podía proporcionarles el servicio por su indumentaria oficial y por prohibirlo las ordenanzas municipales, los agentes permanecieron y obligaron a que se les atendiera, e incorporándose a la mesa donde se encontraba Ismael Frías Cruz, agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduria de la Costa, funcionario cuya responsabilidad era la investigación del robo de vehículos.
Sin recato alguno permanecieron conviviendo hasta las once de la noche en que se retiró del lugar el comandante Castellanos ya en completo estado de ebriedad, quedándose el suboficial de la Policía Estatal, Andrés Herrera Estrada, el representante social y otros sujetos de mala facha, entre éstos, uno que en la población es conocido como “el Tito”.
Pero resulta que ya enajenados por el alcohol, todos discutieron violentamente en el interior de la cantina, para inmediatamente desplazarse hacia afuera, desatándose una riña entre sí, lo que aprovechó “el Tito”, ya en la calle, para jalonear y desarmar al suboficial Herrera, disparándole con su propia arma de cargo, e hiriéndolo con tres impactos en diferentes partes del cuerpo.
Con esa misma arma, dio muerte al agente ministerial Díaz Cruz, dándose a la fuga. Ante los hechos, la encargada del lugar solicitó la presencia de la Cruz Roja, y telefónicamente dio aviso de lo sucedido a las autoridades, lo que originó que a los cinco minutos se apersonaran en el citado negocio, más de cinco patrullas de la Policía Estatal, increíblemente al mando del comandante Castellanos, quien apenas momentos antes había convivido con los rijosos, salió del bar en completo estado de ebriedad, y por esa razón estaba claramente impedido para atender ese tipo de responsabilidades.
HISTORIA DE ABUSOS
A pesar de todo eso, detuvieron sin ordenamiento legal alguno, y sin facultad para hacerlo, a la propietaria del bar y a una de sus empleadas, quienes con lujo de violencia fueron subidas a una de las patrullas tipo camioneta, conduciéndolas a la cárcel municipal, e internándolas en una celda por alrededor de media hora.
Transcurrido este tiempo, el comandante Castellanos nuevamente se presentó ante la propietaria, sacándola de esa celda preventiva para llevarla a las oficinas de la Policía Estatal. Ahí, junto con otras personas, fue torturada físicamente con golpes, intentos de asfixia, choques eléctricos en partes sensibles, colocándoles el cañón de una pistola en la sien, y demás procedimientos que ordenaba el ebrio Jefe de Plaza de la Policía Estatal.
Sin embargo, todas esas agresiones, y abusos que atentan contra la dignidad humana de esas personas, fueron consignadas en diferentes instrumentos legales. Así, todas esas violaciones constan en los certificados médicos expedidos por la Dirección de Servicios Periciales de la Subprocuraduría, y por el Centro de Salud Urbano de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Costa, los que obran en la averiguación previa 15 (PE) 2011 y en la queja CDDHO/004/RC(11)OAX/2011, admitida por la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos. Asimismo, estos abusos quedaron asentados en una denuncia penal interpuesta por los afectados contra el comandante Castellanos.
No obstante, vale la pena preguntarse si a alguna de estas personas injustamente detenidas, se le comprobó responsabilidad alguna en el homicidio del representante ministerial Díaz Cruz, o de las lesiones graves que sufrió el suboficial Herrera Estrada. La respuesta, tajante, es “no”. Lo peor del asunto, es que aún cuando es del dominio público quién fue el autor material de estos hechos, hasta ahora no existe ningún detenido.
ENCUBRIMIENTO
Lo lamentable de esta situación, es la falta de control y supervisión por parte del comandante Regional de la Policía Estatal, Felipe Gómez Julián, quien trató de ocultar los hechos, aduciendo que todos los agentes implicados realizaban tareas encubiertas de investigación en el espacio físico del asesinato, y tratando con dinero de acallar lo sucedido. ¿Estará enterado de todo esto el comisionado César Alfaro? ¿Si sí, por qué no pone orden? ¿Y si no, es que sus agentes le están jugando chueco en Puerto Escondido? Son preguntas.
