Oaxaca: con la seguridad no se debe jugar

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+ SSPE, debe adecuarse a las circunstancias

Como si fuera una reedición del pasado, la actual administración del Gobierno del Estado está cometiendo los mismos errores de sus antecesores, al plantear los esquemas de seguridad pública. Así como ocurrió en el pasado, hoy el Ejecutivo estatal actúa en ese rubro en base a criterios eminentemente políticos, y no a las necesidades reales de la entidad en esa materia.

¿Por qué decir que todo esto parece una reedición del pasado? Porque hace seis años, cuando se renovó la administración estatal y Ulises Ruiz asumió la gubernatura, decidió los nombramientos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, en base a criterios políticos. Hoy ocurre exactamente lo mismo.

¿Qué pasó entonces? Hace seis años, el recién asumido gobernador Ruiz decidió sostener a los mandos policiacos estatales (José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas y Aristeo López Martínez, principalmente) en las tareas operativas tanto del gobierno estatal, como del municipal de Oaxaca de Juárez que en aquellos momentos también se encontraba en manos de priistas.

Fue visible que esa decisión, junto con el nombramiento de Juan José González Davar al frente de la Seproci, fue tomada con fundamentos puramente políticos. La permanencia en el cargo de los mandos operativos, era parte del pago de favores que el gobernador Ruiz hacía al grupo político que lo impulsó para la gubernatura.

Y el nombramiento de González Davar en la Seproci, en realidad obedecía al otro criterio que reinó en la pasada administración —también ajeno a las razones prácticas y de operatividad—, respecto a que para ostentar un cargo de primer nivel, era más fuerte la inercia de ser amigo cercano del Gobernador, que ser un experto en las tareas públicas que se encomendaban.

Así fue como quedó integrado, inicialmente, el grupo que tenía a su cargo las tareas de la seguridad pública hace seis años. Unos por pago de compromisos políticos, otros por vínculos de amistad, e incluso por las decisiones arbitrarias de quienes fueron los beneficiarios de la delegación del poder (esto último, por el nombramiento de Alma López en Seproci, que impulsó Jorge Franco cuando apenas cumplía un año la administración de Ruiz), lo cierto es que nadie era verdaderamente experto y conocedor de los retos que estaban por venir. Y el costo que pagó Oaxaca por eso, fue extremadamente alto.

¿Qué ocurría? Que todos esos personajes, estaban acostumbrados a ver la función de seguridad como parte de una tarea política. Oaxaca entonces no tenía problemas graves de inseguridad, y tampoco conocía la beligerancia de grupos radicales. Así, los policías se dedicaban no sólo a preservar el orden, sino también a vigilar, a espiar, a obtener información y a ser sombra de personajes cómodos o incómodos para el régimen. Pero, a la luz de los hechos, nadie estaba preparado para el 2006.

En efecto, si en aquel año el conflicto magisterial tuvo un punto de inflexión, éste ocurrió cuando los mandos policiacos actuaron erróneamente, y esto se combinó con las deficiencias y los errores de cálculo y visión de los operadores políticos del gobierno estatal.

El desalojo fallido, en particular, fue lo que le dio a aquella administración estatal la pauta para regresar a la escena, a aquellos mandos policiacos que en otros tiempos trajeron a raya los movimientos sociales y estudiantiles de los años setentas y ochentas. Esa fue la razón por la que fueron traídos a la escena, personajes como Pedro Ismael Díaz Laredo, o Daniel Camarena Flores.

Luego, ante los duros cuestionamientos por los abusos policiacos ocurrieron nombramientos de “defensores de los derechos humanos”, como Sergio Segreste Ríos y Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Y fueron no decisiones políticas, sino pragmáticas —por la explosión de inseguridad en que se vio inmersa Oaxaca a partir de 2008—, las que orillaron al gobierno estatal a contratar los servicios del vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, junto con la llegada de “los chilangos” Javier Rueda Velázquez, Alan Peña y Jorge Alberto Quezadas Jiménez.

EL MISMO CAMINO

Dicho recuento parecería hasta ocioso, si no fuera porque parece que ahí están, perfectamente visibles, las huellas de las decisiones que está tomando, y que tomará, el gobierno de Gabino Cué respecto a la seguridad pública.

Hoy, como en el pasado, sus decisiones están encaminadas a satisfacer intereses políticos. Pero eso, seguramente, cambiará con las circunstancias. Y ojalá que para entender eso, no tenga que pagar un costo tan alto como el que pagaron sus antecesores, y el pueblo de Oaxaca, con hechos como el del 2006, y la ola de ejecuciones y presencia criminal, que ocurrió aquí en los dos años siguientes al conflicto magisterial.

El secretario Marco Tulio López Escamilla, tiene tatuado el nombre de Roberto Pedro Martínez Ortiz desde el ángulo en que se le vea. La decisión de nombrarlo a él, fue una de las varias recomendaciones que hizo al gobernador Cué el ex Procurador de Justicia en los tiempos del gobernador Diódoro Carrasco, y que tiene que ver, más que con un tema de eficiencia y conocimiento de esa labor, con un simple pago de cuotas.

López Escamilla ya demostró que no es diestro en conocimientos respecto a lo que necesita Oaxaca. ¿Qué necesita? Nuestra entidad requiere de una policía capacitada para enfrentar no sólo los retos naturales de la seguridad pública frente al crimen organizado, sino también para poder hacer frente de manera eficaz a las agitaciones sociales que aquí ocurren con recurrencia.

Hasta ahora, parece haber quedado claro que eso último no es una de las fortalezas de los actuales mandos. Y sobre el combate a la delincuencia, también está en entredicho frente a los delitos de alto impacto que se han cometido en las últimas semanas.

¿Tendrá el gobierno de Oaxaca que resentir lecciones graves —como fue en el pasado— para aprender que la seguridad pública no es un tema político, sino de operatividad? ¿Se tomarán decisiones oportunas? Ojalá que no pretendan seguir los pasos de sus antecesores, porque ello equivaldría a tapar el pozo sólo después de que apareció el niño ahogado.

 

¿INNOVACIÓN?

Por cierto, anuncian como un descubrimiento la elaboración de una Ley para el Uso Racional de la Fuerza. ¿Sabrán en el gobierno estatal que dicho esquema ya se encuentra en el Programa Preliminar de Gobierno, y que además esa es ya una propuesta harto perfeccionada? No saben. O no quieren reconocerlo.

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